BERTHA ELENA DÍAZ DE NICOLAS y Otros.

Expediente 89/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 39 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
89/2022
Año
2022
Actuaciones
39
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • BERTHA ELENA DÍAZ DE NICOLAS y Otros.
  • Bertha Elena Díaz de Nicolas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Agréguese el oficio de la Sala responsable, en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que las constancias que refiere fueron remitidas el treinta de marzo de la presente anualidad, como se advierte del acuse respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de cuadernos auxiliares entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL DOS DE MARZO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTE DE FEBRERO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 89/2022, promovido por..., albacea de la sucesión a bienes de ..., contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo de la Justicia Federal, contra actos que consideró contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Segundo. Admisión. Previo desahogo de prevención, el ocho de marzo posterior, se admitió la demanda; se dio intervención a la representante social federal adscrita; se requirió informe justificado; y se señaló día y hora para celebrar de la audiencia constitucional. El veinticinco de abril y diez de mayo, ambos de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, Tercero. Trámite. Se rindió el informe de ley, la fiscal federal adscrita no intervino, se emplazó a la parte tercera interesada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta precedente; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento civil, seguido ante tribunales del fuero común, residentes dentro de la jurisdicción donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La resolución dictada el trece de enero de dos mil veintidós en el toca..., por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó la determinación emitida el tres de agosto de dos mil veintiuno por el Juez Trigésimo Séptimo de la propia especialidad y residencia, donde se decretó la improcedencia de requerir a los arrendatarios de diversos inmuebles, para informarles que esos bienes ocupados pertenecen a la sucesión e informaran en qué calidad los poseen. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó los actos reclamados, y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se narran las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. El ocho de enero de mil novecientos noventa y seis..., denunció la sucesión testamentaria a bienes de ... . II. El quince de marzo siguiente, tuvo verificativo la audiencia de herederos, donde se declaró la validez del testamento, y se reconoció con tal carácter a..., y..., todos de apellidos..., III. El treinta de mayo de dos mil once, se ordenó formar el cuaderno correspondiente a la segunda sección de la sucesión. IV. La quejosa solicitó girar oficios a las personas que ocupan los locales pertenecientes a la masa hereditaria, para hacer de su conocimiento esos bienes pertenecen a la sucesión, y bajo qué calidad poseen dichos locales comerciales. Previo desahogo de vista, recayó el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno que decretó la improcedencia de requerir los oficios a los arrendatarios solicitado, atento al contenido del convenio de veintisiete de marzo de dos mil nueve. Este convenio fue celebrado entre los herederos para el otorgamiento de la posesión provisional de los locales que forman parte de la masa; el proveído mencionado consta en los siguientes términos: "(.) Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de..., desahogando la vista ordenada en autos, atendiendo al contenido de sus manifestaciones y constancias del presente juicio, no se hace procedente requerir los oficios a los arrendatarios que solicita la C..., atendiendo al contenido del convenio de fecha veintisiete de marzo del año dos mil nueve, sin perjuicio de la rendición de cuentas que en su oportunidad el albacea se encuentra obligado a rendir." V. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de apelación que fue fallado el trece de enero de dos mil veintidós en el toca..., en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E PRIMERO. Resultan FUNDADOS PERO INOPERANTES POR UNA PARTE E INFUNDADOS POR OTRA, los agravios hechos valer por la apelante, en consecuencia.- - - - - SEGUNDO. Se CONFIRMA el AUTO de fecha TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO." Esta última decisión integra la materia del acto reclamado. Quinto. Improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal que debe analizarse previo a las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. La parte tercera interesada sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haberse presentado un cambio de situación jurídica porque en sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós, las partes llegaron a un convenio ante la autoridad judicial, donde dieron por concluida la segunda sección de la sucesión, que es la etapa donde se emitió el acto reclamado. Empero, dicha causal no puede acreditarse dado que la parte tercera interesada ofreció copia simple de la resolución judicial invocada, lo cual impide constatar la existencia, alcances y contenido del eventual fallo. Es así, dado que las actuaciones presentadas en las condiciones referidas carecen de valor probatorio, al ser una simple reproducción sin certificación por algún fedatario; máxime que tampoco se propusieron pruebas adicionales para acreditar la existencia de algún derecho sancionado ante la autoridad judicial, de ahí que son ineficaces para acreditar la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia 1/89, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 379, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Primera Parte, enero a junio de 1989, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Al no existir diversas causales de improcedencia invocadas por las partes o advertidas oficiosamente, procede analizar el fondo de la controversia. Sexto. Conceptos de violación Precisado lo anterior, los conceptos de violación resultan inoperantes, dadas las razones que enseguida se exponen. En principio cabe precisar que en los juicios seguidos ante tribunales judiciales, cuando cualquiera de las partes formula alguna petición, obliga al resolutor a realizar un análisis exhaustivo de ella, a fin de dictar sentencia. Posteriormente, si mediante el recurso respectivo se controvierte la resolución que virtud a esa solicitud se emitió en el juicio de origen, el impugnante no se puede concretar o limitar a repetir los argumentos expresados en su escrito primigenio, ni a esgrimir argumentos genéricos, subjetivos o novedosos en la instancia de alzada o en el medio de impugnación procesal, sino que tiene la carga de fijar su posición argumentativa, frente a la asumida por el órgano que tomó la anterior decisión, con razonamientos orientados a evidenciar que las consideraciones fundantes de la resolución recaída a su solicitud, no están ajustadas a derecho. De ese modo, puede continuar sucesivamente esta forma de proceder si se decide acudir al juicio de amparo contra la resolución dictada en el recurso, porque la sentencia recaída en éste constituye un acto nuevo contra el cual se debe enderezar argumentación específica del subsecuente medio de defensa, que es la respuesta del impugnante a la resolución dictada por la autoridad, en cada juicio o recurso promovido. Para que en un juicio de amparo en materia civil, por regla general regido por el principio de estricto derecho, se pueda analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario que el promovente formule argumentos relativos a las razones que fundaron la resolución impugnada, esto es, que sus conceptos de violación evidencien que las consideraciones tomadas por la autoridad responsable no son legalmente correctas, para que el tribunal de amparo pueda analizar si efectivamente dicho acto es o no violatorio de sus derechos fundamentales. La secuela impugnativa formada por el juicio natural está conformada de tal manera que el recurrente o inconforme plantea los agravios que le causa el acto impugnado, y con esto obliga al órgano revisor a formular las respuestas en la resolución propia del medio de impugnación; pero al existir posteriormente un juicio de amparo indirecto, el quejoso no puede limitarse a repetir en sus conceptos de violación, los argumentos expuestos como agravios, pues estos razonamientos ya fueron objeto de una resolución jurisdiccional. Lo anterior, se justifica porque al promover el juicio de amparo, el quejoso debe establecer los argumentos lógico-jurídicos para evidenciar que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable son contrarias a las disposiciones de la Ley Fundamental. Sirve de apoyo, la jurisprudencia II.3o.J/42, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 28, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Si el quejoso expresó ciertos agravios ante la autoridad responsable, ésta los estudió y declaró infundados, resultan inoperantes los conceptos de violación en que aquel se limita a repetir tales agravios, sin aducir razonamiento alguno tendiente a desvirtuar las consideraciones que dicha responsable hizo para llegar a la conclusión apuntada." Por el contrario, el quejoso no puede solicitar por medio del juicio de amparo un nuevo análisis de los agravios hechos valer ante la Sala responsable, ignorando el fallo recaído a su inconformidad, sino que debe hacer valer argumentos que evidencien la inconstitucionalidad de éste, para que el Juez de Amparo se pronuncie sobre tal materia. Para evidenciar la inoperancia de los conceptos, se realizará una confronta de los agravios expresados por la quejosa en el recurso de apelación, contra la determinación recurrida, además que se destacará la respuesta a los primeros. En el escrito de apelación, la garante señaló los siguientes agravios: - La determinación apelada no está fundada ni motivada. - El convenio de veintisiete de marzo de dos mil nueve es ineficaz, porque no se demostró el consentimiento de los herederos de sus respectivas sucesiones, para que su albacea pudiera convenir, ante la falta de una declaración pedida y otorgada por los herederos representados. - El convenio no fue ratificado ante presencia judicial, y acorde al juicio sucesorio..., instruido por el Juez Séptimo Familiar local, una de las coherederas ratificó su firma aunque no su contenido. - Dicho acuerdo de voluntades tampoco es apto para conservar la masa hereditaria, porque no abarca la totalidad de los bienes que la integran, y son imprecisos porque de los que se tuvieron por exhibidos el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, faltan los ubicados en..., Ciudad de México. Los argumentos de la Sala para confirmar la determinación de primera instancia y contestar agravios, son: - El agravio donde se alega que la determinación apelada carece de fundamentación legal, es fundado pero inoperante, porque la autoridad no citó una norma, empero, la inconforme carece de legitimación para asumir la defensa de la masa hereditaria, porque tampoco hay evidencia de que el albacea haya dejado de ejercer las funciones inherentes a su cargo. - Aunque la apelante tuviera razón al señalar que los frutos del haber hereditario se entregan a personas diversas a los herederos de Gabina Gómez Galván, no implica constituir el derecho a requerir a los ocupantes de tales bienes, porque esa circunstancia corresponde al albacea. - Ante el desacuerdo con la administración de la albacea, se cuenta con el derecho a ejercer la acción prevista en el artículo 1725 del Código Civil local, de ahí lo inoperante del agravio. - La falta de fundamento en el acuerdo recurrido no afecta la eficacia jurídica del convenio de veintisiete de marzo de dos mil nueve, porque en él concurre el consentimiento de las herederas legalmente reconocidas en la sucesión, al asentar su firma al margen y a calce, que implica tanto su perfeccionamiento y habilitó la facultad de la albacea de la sucesión para celebrar dicho convenio respecto de la posesión provisional de los locales comerciales incorporados a los bienes, pertenecientes a la masa hereditaria. - Lo anterior se respalda con el reconocimiento de firma formulado por la propia recurrente en la audiencia de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, que le confiere autenticidad al convenio, que tampoco tiene prueba directa o indirecta de su alcance. - La negativa de girar los oficios solicitados, se funda en el contenido del convenio de veintisiete de marzo de dos mil nueve, que obliga a las partes que lo celebraron en los términos que se aprecia que quisieron hacerlo, acorde al ordinal 1796 del Código Civil local. - Es incorrecto que el convenio terminara por el fallecimiento de uno de los coherederos, porque ese evento da certeza de la fecha de un contrato. - No hay fundamento que obligue a la ratificación del convenio invocado, por alguna de las partes que intervinieron, su falta de ratificación no implica falta de consentimiento, el cual tampoco requiere de formalidad alguna para su validez. En su orden, los conceptos de violación participan de los siguientes términos: Si bien el albacea es el único legitimado para defender la masa hereditaria, por excepción los herederos pueden hacerlo cuando evidentemente omite asegurar los bienes de la herencia, como sucede en el caso porque no se han solicitado los oficios instados por la recurrente, que es la acción lógica y legal para esos fines. El albacea tiene obligaciones inherentes y no inherentes a su cargo, que se distinguen por estar, o no, indicadas en la ley; las primeras no deben ser requeridas y las segundas sí acorde al artículo 28 fracción II de la legislación adjetiva, y las últimas, se incumplen por rehusarse a efectuarlas o descuidar su realización. No es lo mismo que el albacea haya dejado su cargo a dejar de ejercer las funciones, porque puede tenerlo sin ejercerlo, pues ha omitido acatar la obligación inherente de asegurar la masa. El convenio de veintisiete de marzo de dos mil veintidós se analizó incorrectamente, porque no contiene mención expresa de consentimiento de los signantes, o mayoría de votos, sobre el acto jurídico celebrado por el albacea, que es un requisito sine qua non. Como se advierte de la confronta de los agravios y los conceptos de violación, los últimos devienen inoperantes, porque el inconforme insiste en los planteamientos e inconformidades que fueron materia del recurso ordinario. En efecto, la inconforme reitera vía concepto de violación los agravios expresados contra la determinación que motivó el acto reclamado, absteniéndose de controvertir las respuestas que le dio la Sala a esas objeciones. Lo cual se corrobora al revisar que redunda en cuanto a la necesidad de formalidades adicionales a la firma, para dar validez al convenio exhibido en el proceso por el albacea de la sucesión, para demostrar el cumplimiento de las obligaciones que impone el cargo, al sugerir que además de los requisitos legales con los cuales adquiere validez el documento, es necesaria una frase solemne o especifica donde se indique el contenido concreto del acto jurídico y hechos sancionados en el acuerdo de voluntades. Empero, la quejosa no controvierte las razones del acto reclamado en cuanto a que la firma es un requisito suficiente, para que el convenio exhibido adquiera plena validez y sea exigible su cumplimiento, porque es demostrativo de la voluntad de acatar la obligación consignada dentro del documento. De igual modo, la inconforme tampoco argumentó contra la consideración consistente en que la voluntad expresada por los suscriptores, faculta al albacea para comprometer los bienes objeto del convenio; lo cual es relevante porque en términos del acto reclamado, en el acuerdo citado intervinieron los interesados por conducto de su representación legal, de modo que la inconforme debió sustentar la forma en que se nulificaban la facultades de quien suscribió a nombre de terceros, el documento señalado, o bien, que tuviera limitadas sus posibilidades de comprometer los derechos que representaba. En suma, el planteamiento de la quejosa tiene implícita la posibilidad de admitir que la firma expresada en un contrato, admite excepciones en la voluntad de su emisor, porque para algunos actos jurídicos requiere un requisito adicional por resultar insuficiente, es decir, que es una expresión parcial de la voluntad, aunque su signatario tenga constituida una representación delegada bajo las formalidades que así lo sancionan y reconocen. Empero, sobre ese aspecto únicamente se redunda en la necesidad de una frase especifica que no consta en el documento, sin demostrar por qué los suscriptores están obligados a expresarla, o bien a ratificar y/o especificar los términos en que quisieron obligarse, o el sentido, necesidad o fundamento de tal requisito. Por otra parte, si bien la quejosa construye una distinción entre el tipo o clase de obligaciones que pudiera tener el albacea, lo relevante es que no controvierte el argumento con el cual se descalificó ese agravio, consistente en que el reproche formulado corresponde a una acción diversa, susceptible de fundar responsabilidad distinta a la falta de integración de la masa. Lo cual es capital porque ese planteamiento del acto reclamado, excluye de plano la posibilidad de exigir al albacea el acogimiento de la pretensión de la quejosa, por no resultar procedente la vía, así como tampoco imponerle el apremio para instar la integración de la masa amén del requerimiento propuesto por la inconforme, pues como sostuvo la autoridad responsable, deben litigarse sus efectos y consecuencias en términos del artículo 1725 del Código Civil local. Además, la quejosa tampoco justificó por qué se han dejado de ejercer las funciones del albacea u omitido la integración de la masa, para hacer necesario instaurar acciones adicionales a las empleadas hasta ahora, para concluir que contrario a lo alegado, sí hay evidencia de incumplimiento en una actividad orgánica del representante sucesorio; porque lo que hasta ahora redunda la impetrante, es que al no acceder específicamente a la medida solicitada se inobserva el deber de vigilar la masa sucesoria. En esos términos, al revisar la materia de impugnación constitucional, se concluye que se trata de cuestiones repetidas que no controvierten lo resuelto en el fallo impugnado. Al respecto sirve de sustento la jurisprudencia V.2o.J/18, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA.- Si el quejoso no se ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta." También es aplicable, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SON INOPERANTES EN MATERIA CIVIL. Es evidente la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso cuando omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la sentencia impugnada." Igualmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." Consecuentemente, al ser inoperantes los conceptos de violación, y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente es negar el amparo solicitado. No es óbice a lo resuelto la cita de los criterios de rubros: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES.", "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017).", "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO.". Dichos criterios desarrollan principios constitucionales que orientan la forma de garantizar el derecho de acceso a la jurisdicción, en un procedimiento donde hay partes en controversia y genéricamente se orientan a privilegiar la resolución de la controversia, mediante el equilibrio entre los derechos en pugna. Empero, como se explica en esta sentencia, la parte quejosa no aportó argumentos para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, con los cuales respaldar la aplicación de los criterios indicados, o bien, demostrar que la autoridad responsable los inobservó, por ello, es que tampoco resulten susceptibles de modificar lo resuelto por sí solos. Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a..., albacea de la sucesión a bienes de ..., contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinte de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

  4. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 89/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y su escrito aclaratorio; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció las documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto de legal y humana, descritas en su escrito de demanda. Pronunciamiento: Se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la tercera interesada los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

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