Bertha Elena Cabañas Garcia
Expediente 1223/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1223/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Bertha Elena Cabañas Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II. Por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativo del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, su oficio 118/2018-P1, de dieciséis de marzo del año en curso, con el que remite constante de diecisiete fojas útiles, el testimonio de la resolución pronunciada por dicho Tribunal el uno de marzo de ese propio año, en cuyo único punto resolutivo declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Bertha Elena Cabañas García, contra el acuerdo dictado por este Resolutor Federal, el cinco de octubre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo a la Superioridad. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo; como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio de amparo y que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA II.Agréguese en autos para que obre como corresponda, el oficio 9909, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo del juicio de amparo 1223/2017-lI, que fue enviado por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por Missoury Consuelo Marrufo Quiñones, apoderada de Bertha Elena Cabañas García, en contra del auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete; asimismo, informa que se admitió el recurso de queja quedando registrado con el número 122/2017.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el escrito firmado por Missoury Consuelo Marrufo Quiñones, apoderada de Bertha Elena Cabañas García, parte quejosa en este juicio, con el cual interpone recurso de queja en contra el acuerdo dictado en estos autos el cinco de octubre del presente año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo; ríndase a la Superioridad, el informe justificado correspondiente manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en el referido acuerdo se determinó desechar la demanda de amparo promovida por el nombrada por la citada apoderada, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, por encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, del juicio constitucional, contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una resolución emitida por una autoridad administrativa que puede ser combatida previamente a través del recurso ordinario. A fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, se ordena remitir a la Superioridad copia certificada de las constancias que este Juzgador considera pertinentes para el análisis del presente recurso de queja. Cúmplase.
- Principal
MESA II.Vista la demanda de amparo promovida por Missoury Consuelo Marrufo Quiñones, quien se ostenta apoderada legal de Bertha Elena Cabañas García, contra los actos que reclama del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán con sede en esta ciudad, y otra autoridad; se acuerda: Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la personalidad con que se ostenta la ocursante, en términos de la copia certificada del acta de audiencia de conciliación de fecha quince de agosto del año dos mil trece llevada a cabo ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, donde quedó ampliamente acreditada dicha personalidad, así como también el original de la carta poder de nueve de agosto del año dos mil trece. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la promovente reclama del Director del Registro Público y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad, la inscripción en último lugar en orden de prelación respecto de otros gravámenes, del embargo derivado del juicio reclamatorio laboral promovido por la quejosa en el expediente 456/2013 que cursa ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado que se hiciere con número de inscripción 729571 sobre el predio número doscientos cinco de la calle cincuenta y cinco, ubicado en la Colonia Hidalgo de esta ciudad, y del Registrador del Registro Público y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la negativa de inscripción del embargo sobre el predio antes mencionado. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez debe analizar el escrito de demanda; por lo que en el caso, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la aludida demanda de amparo, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio constitucional, contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de: definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo indirecto, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, novena época, bajo el rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Del criterio anterior, se advierte que aún ante lo excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Sentado lo anterior, se tiene que el acto ya precisado no es susceptible de ser analizado en la presente vía constitucional, ya que en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que como ya se adelantó, prevé la obligatoriedad de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación, juicio o medio de defensa legal, que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, procede el recurso administrativo de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en el caso el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Es menester poner de relieve que el impetrante de amparo señala como acto reclamado la inscripción en último lugar en orden de prelación respecto de otros gravámenes, del embargo derivado del juicio reclamatorio laboral promovido por la quejosa en el expediente 456/2013 que cursa ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado que se hiciere con número de inscripción 729571 sobre el predio número doscientos cinco de la calle cincuenta y cinco, ubicado en la Colonia Hidalgo de esta ciudad, y la negativa de llevar a cabo la inscripción de embargo sobre el predio antes mencionado. Para mejor comprensión, es menester señalar algunos artículos de la Ley que Crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán: "Artículo 1. Este Reglamento es de interés público y social, de observancia general en todo el territorio del Estado y tiene por objeto proveer el exacto cumplimiento, en el ámbito reglamentario, de las disposiciones de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para cumplir con las funciones que se asignan al Gobierno del Estado en las materias de Registro Público de la Propiedad, Catastro y Archivo Notarial. Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, deberá entenderse por: (.) VII. Dirección del Registro Público: la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; (.) XVIII. Titular del Registro Público: el Titular de la Dirección de Registro Público de la Propiedad del Instituto, quien ejercerá la fe pública registral de la que es depositario y que por ministerio de Ley la delega en los registradores sin perjuicio de poder ejercerla de manera directa. "Artículo 4. Son atribuciones de la Dirección del Registro Público de la Propiedad: I. Promover, organizar, vigilar y controlar el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; II. Realizar las anotaciones o inscripciones de la constitución, transmisión, modificación, gravamen y extinción del derecho de la propiedad y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles sitos en el Estado, después de que hayan satisfecho los requisitos legales; III. Realizar las anotaciones o inscripciones de la constitución modificación y extinción de personas morales naturaleza civil con domicilio en el Estado, después de que hayan satisfecho los requisitos legales. IV. Realizar las anotaciones o inscripciones de los demás actos, negocios, resoluciones y diligencias judiciales relacionados con los bienes inmuebles y las personas morales, después de que hayan satisfecho los requisitos legales. V. Realizar las anotaciones o inscripciones de las consecuencias inherentes a las inscripciones referidas en las fracciones anteriores, después de que hayan satisfecho los requisitos legales; VI. Expedir las constancias y certificaciones de los actos jurídicos inscritos y documentos relacionados con los mismos que se encuentren archivados, y VII. Las demás que establezcan la Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables." Por otra parte la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, establece: "Artículo 1.- Esta Ley tiene como objeto regular los actos y procedimientos administrativos previstos en las diversas disposiciones legales vigentes y establecer un único recurso para impugnar los actos administrativos que causen agravio a los particulares, y sus disposiciones son aplicables a: I.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen los órganos de la administración pública centralizada del Estado de Yucatán; II.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen las entidades de la administración pública paraestatal del Estado de Yucatán, respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el propio Estado a través de una paraestatal, y III.- La actuación de los particulares ante la Administración Pública del Estado. Esta Ley podrá ser aplicada por la administración pública municipal centralizada y paramunicipal en el Estado de Yucatán, en ausencia de disposiciones administrativas de observancia general emitidas por la misma, de conformidad con el artículo 177 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán." "Artículo 2.- Para los efectos de la Ley, se entenderá por: I.- Acto Administrativo: la declaración unilateral de conocimiento, juicio o voluntad de un órgano de la Administración Pública, de naturaleza reglada o discrecional, susceptible de crear, modificar o extinguir, con eficacia particular o general, derechos, obligaciones o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa; II.- Administración Pública: el órgano o conjunto de órganos que forman parte del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está la responsabilidad de desarrollar la función ejecutiva; III.- Autoridad Administrativa: los servidores públicos u órganos colegiados dotados del poder público del Estado por la ley, con facultades de decisión o de ejecución; (.) IX.- Procedimiento Administrativo: el conjunto de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todo acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son necesarios para su perfeccionamiento, condicionan su validez y persiguen un interés general, y X.- Tribunal: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán." "Artículo 126.- Contra los actos y resoluciones de las dependencias y entidades, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, los particulares podrán interponer el recurso administrativo de revisión. Será optativo para el particular agotar el recurso administrativo de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Contra la resolución definitiva que se emita en el recurso administrativo de revisión, el afectado podrá acudir en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal." Partiendo de las anteriores premisas, es de concluirse, que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, es un órgano centralizado de la administración pública del Estado de Yucatán, y que su Titular tiene entre algunas de sus facultades vigilar y controlar el funcionamiento de esa dependencia, realizar las anotaciones o inscripciones de la constitución, transmisión, modificación, gravamen y extinción del derecho de la propiedad y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles sitos en el Estado, después de que hayan satisfecho los requisitos legales, así como, realizar las anotaciones o inscripciones de los demás actos, negocios, resoluciones y diligencias judiciales relacionados con los bienes inmuebles y las personas morales, después de que hayan satisfecho los requisitos legales, actos de naturaleza administrativa, los cuales son susceptibles de ser impugnados a través del recurso administrativo de revisión, o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en el caso, lo es juicio contencioso administrativo ante el Tribunal, como lo estable el invocado artículo 126 de Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. En este contexto, y tomando en consideración que en la especie no se está en el caso de una excepción al principio de definitividad que caracteriza al juicio de amparo, ya que el medio ordinario exige los mismos requisitos para conceder la suspensión definitiva que la Ley de la Materia señala en los artículos 128, 132 y 136, si se toma en cuenta que acorde a lo dispuesto por los preceptos 24 y 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, la cual continúa siendo aplicable al caso, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, procede la suspensión del acto, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; en estas condiciones, es claro que la suspensión del acto que reclama la empresa demandante de garantías, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. En este orden de ideas, es evidente que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga la parte quejosa, el juicio de amparo, en términos generales es improcedente, ya que por su naturaleza, constituye un medio extraordinario de defensa. Esto es, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos que en este caso impugna. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis que a la letra dice: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS: En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías". , "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. (LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI). El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente "contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados...". Ahora bien, una interpretación lógica jurídica de dicho precepto lleva a concluir que, al utilizar la conjunción disyuntiva "o", la intención del legislador fue dejar claro que sólo tratándose de la revisión de oficio se exige que ésta se encuentre contemplada en la misma ley que rija al acto; de manera que cuando no concurre esta hipótesis, para que el gobernado esté obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, sólo se requiere que exista una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, y que con su interposición se suspendan sus efectos en los términos y condiciones a que se refiere la invocada norma, pues en estas condiciones, si el quejoso antes de acudir a la acción constitucional no hace valer cualquiera de los referidos medios ordinarios de defensa, que en el caso concreto resulte procedente, origina como consecuencia que resulte operante la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XV, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." . Y por analogía la diversa tesis, visible con el rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO): De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, promovida por Bertha Elena Cabañas García, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el predio número que señala en su demanda de amparo, y como autorizados para tal fin a Missoury Consuelo Marrufo Quiñones y Edwin Rangel Sosa Noh con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
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