Bertha Celina Solano Reyes

Expediente 175/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
175/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Bertha Celina Solano Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, en el presente juicio de amparo 175/2023-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otro lado, con fundamento en el citado artículo 21, del Acuerdo General, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo; previa copia simple y toma de razón que por su recibo se asiente en autos, apercibida que de no solicitarlo en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******* por propio derecho, contra actos del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y otras autoridades; así, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 175/2023-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de garantías, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, que dice "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, este Juzgado considera que en el caso existe un motivo de improcedencia de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." El dispositivo transcrito establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia invocada requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, que prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Como se advierte, el precepto constitucional establece que en materia administrativa el amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; y que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. La norma constitucional dispone como excepción, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Así, a fin de verificar si se cumplen con los requisitos señalados con anterioridad, resulta conveniente señalar que de la demanda de amparo en el capítulo de actos reclamados, la quejosa señaló: "IV.- ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN EN ESTA VÍA CONSTITUCIONAL. Actos que reclamo de las autoridades señaladas como responsables: ACTOS DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE 1.- ACTOS DE AUTORIDAD ARBITRARIOS, INDISCRIMINADOS, ILEGALES, ILÍCITOS E ILEGÍTIMOS que exponen mi integridad física y psicológica, incluso EXPONEN MI VIDA, "POR SOLICITAR EL DESCUENTO TOTAL DE MI NÓMINA SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LAS NORMAS Y LEYES CORRESPONDIENTES QUE COMO RESULTADO ME DEJARÁ SIN INGRESOS PARA SOBREVIVIR, ya que, DE EJECUTAR SU ACTO ME DEJARÁ SIN INGRESOS PARA CUBRIR MIS ALIMENTOS Y LOS DE MI HIJA QUE DEPENDE DE MI" y en consecuencia "ME DEJARA SIN SEGURIDAD SOCIAL", porque además, esta H. Autoridad, QUE SOLO ES ADMINISTRATIVA "SABE QUE ME ENCUENTRO BAJO PROTOCOLO DE CANCER Y CON LESIONES DE CERVICALES, RODILLA, Y DE HOMBROS, ya que, la suscrita ya presente ante Recursos Humanos más de 100 incapacidades por mis lesiones, en muchas de ellas dice riesgo de trabajo otro motivo es por el problema del tumor del cuerpo carotideo, con las cuales, acredito que el Director de Recursos Humanos conoce mis padecimientos y sabe que debe de acreditarme que no padezco una enfermedad laboral para poder suspenderme mi pago de salario y no lo hizo. 2.- ACTOS CONSISTENTES EN LA SOLICITUD DE DESCUENTO TOTAL DE PAGO A MI NÓMINA SIN FUNDAR Y MOTIVAR SU ACTO DE AUTORIDAD, toda vez que, LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL DÍA DE HOY HA SIDO OMISA EN FUNDARME QUE LA FALTA PARA SOLICITAR EL DESCUENTO TOTAL A MI NÓMINA, así como, HA SIDO OMISA EN ACREDITAR QUE NO PADEZCO UNA ENFERMEDAD LABORAL Y QUE CUMPLO CON LAS CONDICIONES QUE MARCAN LAS LEYES Y LAS NORMAS RESPECTIVAS SE SEÑALA EN SUS ESCRITOS PARA SOLICITAR QUE ME APLICARAN EL DESCUENTO TOTAL A MI NÓMINA, tomando en consideración que el DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN NINGÚN MOMENTO ME HA FUNDADO Y MOTIVADO QUE LO FACULTA PARA SOLICITAR DIRECTAMENTE SIN NINGÚN JUICIO PREVIO U ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE EL DESCUENTO TOTAL DE PAGO DE MI NÓMINA, porque además, NO ME HAN DADO DE BAJA Y SIGO VIGENTE COMO POLICÍA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO O A MENOS NADIE ME HA INFORMADO AL DÍA DE HOY QUE YA NO LABORO AHÍ, esto es evidente porque aun participo en actividades dentro de la Policía, en consecuencia por su culpa ME DEJARÁN SIN INGRESOS y por ende ME DEJARÁN SIN SEGURIDAD SOCIAL y ESTARAN PONIENDO EN RIESGO mi integridad física y psicológica INCLUSO PONDRÁN EN RIESGO MI VIDA Y EL SUSTENTO DE MI HIJA que depende de mí. 3.- ACTOS DE AUTORIDAD consistentes en que la RESPONSABLE DE MANERA ILEGAL, ILICITA E ILEGÍTIMA DA POR HECHO LA EXISTENCIA DE UNA ENFERMEDAD NO LABORAL de la suscrita BERTHA CELINA SOLANO REYES SIN DICTAMEN QUE ASÍ LO JUSTIFIQUE POR ALGÚN MÉDICO DEL ISSEMYM. 4.- ACTO DE AUTORIDAD consistentes en EL INCUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE ACREDITAR QUE LA "SUSCRITA PADEZCO UNA ENFERMEDAD NO LABORAL", cabe señalar que ESTA AUTORIDAD TIENE LA CARGA DE LA PRUEBA Y EN NINGUN MOMENTO LO MENCIONA QUE ESTE ACREDITADO DICHO HECHO EN SUS OFICIOS QUE ME ENTREGARON en fecha 30 de enero del 2023. 5.- ACTOS DE AUTORIDAD consistentes en LA INEXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PARA REALIZAR UN ACTO DE AUTORIDAD VIOLATORIO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA SUSCRITA, SEÑALADOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN, ya que, EN NINGUN MOMENTO EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS ME HA ACREDITADO QUE ME ENCUENTRO EN LAS CONDICIONES QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS DE LA LEYES Y NORMAS QUE SEÑALAN LOS OFICIOS QUE ME ENTREGARON EL 30 de enero del 2023 los representantes de Recursos Humanos. 6.- ACTOS DE AUTORIDAD que consisten en la SOLICITUD DE UNA SUSPENSIÓN DE PAGO "SIN UNA ORDEN JUDICIAL O POR DESPIDO DE MI PATRON o RENUNCIA DE LA SUSCRITA", por lo que, VIOLA MIS DERECHOS HUMANOS A LA CERTEZA JURÍDICA, A LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, AL SER OIDA Y VENCIDA EN UN JUICIO ANTE UNA AUTORIDAD JUDICIAL. 7.- ACTOS DE AUTORIDAD que VIOLAN DE MANERA ARBITRARÍA A MI DERECHO A RECIBIR UN INGRESO DE MI FUENTE LABORAL, ya que, AUN NO HE SIDO DADA DE BAJA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, NI HAY UNA ORDEN JUDICIAL QUE ORDENE LA SUSPENSIÓN DEL TOTAL DE MI PAGO DE NÓMINA, sin embargo, la solicitud del Director de Recursos Humanos NO CUENTA CON SUSTENTO LEGAL ALGUNO QUE LO FACULTE PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE MI PAGO DE NÓMINA A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS... 8.- ACTOS DE AUTORIDAD que VIOLAN DE MANERA ARBITRARÍA MI DERECHO HUMANO A LA SALUD, ya que, SI ME QUEDO SIN INGRESOS YA NO CONTARE CON SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMO CONSECUENCIA YA NO RECIBIRÉ ATENCIÓN MÉDICA, tomando en consideración que NO HE RECIBIDO LA ATENCIÓN MÉDICA DESDE EL AÑO 2019 AL DÍA DE HOY, QUE ES DONDE SURGEN EL EXCESO DE INCAPACIDADES QUE ME RECLAMA LA AUTORIDAD SOLICITANTE. 9.- ACTOS DE AUTORIDAD que VIOLAN MI DERECHO HUMANO A LA VIDA, ESTOY EN PROTOCOLO DE CÁNCER Y SIN INGRESOS NO TENDRÉ SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMO CONSECUENCIA NO RECIBIRÉ ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ONCOLOGÍA LO QUE PONDRÁ EN RIESGO MI VIDA Y ME DEJA EN COMPLETO ESTADO DE VULNERACIÓN. 10.- ACTOS DE AUTORIDAD QUE VIOLENTAN MI CALIDAD DE VIDA COMO DISCAPACITADO, ya que, POR LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA DE MIS LESIONES PROVOCADAS POR MI TRABAJO ME HAN COLOCADO EN ESTADO DE INCAPACIDAD FÍSICA POR LA FALTA DE ATENCIÓN DE MI INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM). ACTOS DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: 1.- QUIENES AL DÍA DE HOY HAN SIDO OMISAS EN INFORMARME O DE NOTIFICARME ALGO REFERENTE A LA SUSPENSIÓN TOTAL DE MI PAGO DE NÓMINA. 2.- ACTOS DE AUTORIDAD ARBITRARIOS, INDISCRIMINADOS, ILEGALES, ILÍCITOS E ILEGÍTIMOS que exponen mi integridad física y psicológica, incluso EXPONEN MI VIDA, "POR APLICARME SIN INFORMARME EN NIGUN MOMENTO MOTIVOS O CIRCUNSTANCIAS PORQUE ME HACE PROCEDENTE "EL DESCUENTO TOTAL DE MI NÓMINA" QUE COMO RESULTADO ME DEJARA SIN INGRESOS PARA SOBREVIVIR y que en consecuencia "ME DEJARAN SIN SEGURIDAD SOCIAL", Y NO PUEDO QUEDARME SIN ESOS INGRESOS, porque, ME ENCUENTRO BAJO PROTOCOLO DE CANCER Y CON LESIONES DE CERVICALES, RODILLAS, HOMBROS Y LUMBARES, LESIONES PROVOCADAS POR MI EMPLEO Y DE LAS CUALES AÚN NO HE RECIBIDO LA ATENCIÓN MÉDICA REQUERIDA DE OCTUBRE DEL 2019 AL DÍA DE HOY, A PESAR DE QUE FUE ORDENADA A LOS RESPONSABLES Y TITULARES GENERALES DEL ISSEMYM. 2.- (sic) ACTOS CONSISTENTES EN LA APLICACIÓN DE DESCUENTO TOTAL DE PAGO DE MI NÓMINA SIN FUNDAR NI MOTIVAR SU ACTO DE AUTORIDAD, ya que, el DIRECTOR DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL SUBDIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN NINGUN MOMENTO ME HAN INFORMADO ALGO AL RESPECTO DEL DESCUENTO TOTAL QUE ME HARÁN A MI PAGO DE NÓMINA, porque además, NO ME HAN DADO DE BAJA Y SIGO VIGENTE EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO O A MENOS NADIE ME HA INFORMADO AL DÍA DE HOY QUE YA NO LABORO AHÍ, ya que, al día de hoy sigo participando en actividades dentro de la Policía, en consecuencia, ME DEJARÁN SIN INGRESOS, como consecuencia, VIOLARÁN MI DERECHO A LOS ALIMENTOS QUE SON DE ORDEN PÚBLICO, DE INTERÉS SOCIAL Y DE INAPLAZABLE CUMPLIMIENTO, ya que, PRETENDEN MATERIALIZAR LA SUSPENSIÓN DE MI PAGO DE NÓMINA y como consecuencia ME DEJARÁN SIN SEGURIDAD SOCIAL y ESTARAN PONIENDO EN RIESGO mi integridad física y psicológica INCLUSO PONDRÁN EN RIESGO MI VIDA Y EL SUSTENTO DE MI HIJA que depende de mí. 3.- ACTOS DE AUTORIDAD consistentes en que las RESPONSABLES DE MANERA ILEGAL, ILICITA E ILEGÍTIMA DAN POR HECHO LA EXISTENCIA DE UNA ENFERMEDAD NO LABORAL de la suscrita BERTHA CELINA SOLANO REYES SIN DICTAMEN QUE ASÍ LO JUSTIFIQUE POR ALGÚN MÉDICO DEL ISSEMYM. 4.- ACTO DE AUTORIDAD consistente EN LA OMISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE HACERME DE MI CONOCIMIENTO Y DE ACREDITAR QUE LA SUSCRITA PADEZCO UNA ENFERMEDAD NO LABORAL, cabe señalar que COMO AUTORIDAD TIENE LA CARGA DE LA PRUEBA. 5.- ACTOS DE AUTORIDAD consistentes en LA INEXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PARA PRETENDER MATERIALIZAR UN ACTO DE AUTORIDAD VIOLATORIO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA SUSCRITA. 6.- ACTOS DE AUTORIDAD que consisten en la EJECUCIÓN DE UNA SUSPENSIÓN TOTAL DE MI PAGO DE NÓMINA "SIN UNA ORDEN JUDICIAL O POR DESPIDO DE MI PATRON o RENUNCIA DE LA SUSCRITA", por lo que, VIOLAN MIS DERECHOS HUMANOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES. 7.- ACTOS DE AUTORIDAD que VIOLAN DE MANERA ARBITRARÍA A MI DERECHO A RECIBIR UN INGRESO DE MI FUENTE LABORAL, y por consecuencia, VIOLAN MI DERECHO A RECIBIR ALIMENTOS, ya que, AUN NO HE SIDO DADA DE BAJA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO QUIEN ES MI FUENTE LABORAL, NI HAY UNA ORDEN JUDICIAL QUE ORDENE LA SUSPENSIÓN DEL TOTAL DE MI PAGO DE NÓMINA... 8.- ACTOS DE AUTORIDAD que VIOLAN DE MANERA ARBITRARÍA MI DERECHO HUMANO A LA SALUD, ya que, SI ME DEJAN SIN INGRESOS YA NO CONTARE CON SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMO CONSECUENCIA YA NO RECIBIRÉ ATENCIÓN MÉDICA, tomando en consideración que NO HE RECIBIDO LA ATENCIÓN MÉDICA DESDE EL AÑO 2019 AL DÍA DE HOY, POR PARTE DE ISSEMYM. 9.- ACTOS DE AUTORIDAD que VIOLAN MI DERECHO HUMANO A LA VIDA, YA QUE ESTOY EN PROTOCOLO DE CÁNCER Y SIN INGRESOS NO TENDRÉ SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMO CONSECUENCIA NO RECIBIRÉ ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ONCOLOGÍA LO QUE PONDRÁ EN RIESGO MI VIDA Y ME DEJA EN COMPLETO ESTADO DE VULNERACIÓN. 10.- ACTOS DE AUTORIDAD QUE VIOLENTAN MI CALIDAD DE VIDA COMO DISCAPACITADO, ya que, POR LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR PARTE DE ISSEMYM MI INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL QUIEN DEBIA DE DARME LA ATENCIÓN REQUERIDA Y NO ME LA PROPORCIONO ME HA COLOCADO EN ESTADO DE DISCAPACIDAD FÍSICA PROVOCADO POR MI PROFESIÓN." Por su parte, en el apartado VI "PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO", inciso c), precisa la quejosa, que en el presente juicio de amparo, únicamente reclama en esencia, la suspensión total de su pago de nómina por exceso de incapacidades, con motivo de que en diverso sumario 416/2021-VIII, se encuentra dilucidando respecto a su falta de atención médica. De igual forma, en la página uno de su escrito, precisa que: "el día 30 de enero del 2023 me notificaron y entregaron dos copias de dos escritos donde el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México donde él solicita se me aplique el descuento total de mi pago de nómina por exceso de incapacidades de manera ilícita." Lo que pone de manifiesto, que la quejosa reclama en el sumario: Los oficios 20603000010000L/DRH/10081/2022, de trece de julio de dos mil veintidós y 20603000010000L/DRH/13196/2022, de cinco de septiembre de dos mil veintidós, por medio de los cuales el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, informa a la Directora de Remuneraciones al Personal de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, que la quejosa generó cuarenta y dos días y, ciento diecinueve días por incapacidad, respectivamente, por lo cual, ordenó el descuento parcial y total del pago de su nómina correspondiente al cargo de Oficial de Prevención Penitenciaria adscrita a dicha Secretaría, con motivo de las incapacidades médicas que la servidora pública ha presentado ante dicha dependencia. Precisado el acto reclamado, se verifica el primero de los requisitos antes señalados, consistente en que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; se advierte que el acto se reclama al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quien es una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por cuanto al requisito consistente en que contra el acto reclamado proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, este también se encuentra satisfecho tal como se expone a continuación. En el caso a estudio, la quejosa tiene a su disposición en forma optativa el recurso de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 186, 187 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que disponen: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 10 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." Del análisis de los artículos anteriormente reproducidos, se observa que la interposición del recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad responsable a quien atribuye el acto reclamado, o bien, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Respecto a los requisitos consistentes en que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan y que dicha suspensión no exija mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo, en el presente caso se configura. Dado que, en el caso particular, el acto reclamado puede ser suspendido, de conformidad con el precepto 194, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se aprecia que ahora, para obtener la suspensión del acto combatido a través del recurso de inconformidad o del juicio contencioso administrativo, no prevé mayores requisitos a los que exige la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Ley de Amparo Artículo 194. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad. Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectivos los depósitos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito. De la comparación de los preceptos trascritos se advierte que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos para la procedencia de la suspensión del acto impugnado que los que se establece en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión. Al caso, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 933 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXI, junio de 2013, tomo 1, de rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.II.A. J/3 A (10a), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Décima Época, pagina 2936, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL." En esas condiciones, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación correspondiente contra el acto reclamado, es dable concluir que el amparo es improcedente, sin que en la especie se actualice excepción alguna al principio de definitividad, por lo que el inconforme estuvo en aptitud de hacer valer los aludidos medios de defensa contra el acto reclamado. Por ello, si tales medios de impugnación no se intentaron por la quejosa, antes de promover el juicio de amparo respecto de los actos de autoridad en cuestión, el procedimiento constitucional, como se indicó, resulta improcedente, sin que pudiera tenerse como actualizada alguna excepción al señalado principio. Pues en el caso particular la quejosa, no es una tercera extraña a juicio, pues los actos reclamados provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, se trata de actos administrativos en los que no existe un controvertido al que no se le haya llamado a deducir sus derechos, tan es así, que el descuento total del pago de su nómina que corresponde al cargo de Oficial de Prevención Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, fue emitido por el Director de Recursos Humanos de dicha dependencia; por tanto, no se actualiza la excepción referida. Asimismo, como se adujo en párrafos que anteceden, la ley que rige los actos no prevé mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, tiene los mismos alcances, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que la ley aludida no prevea la suspensión de la ejecución de los actos, o bien, establezca mayores requisitos. En relación a la excepción a dicho principio, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, no es aplicable en el presente asunto, pues la parte quejosa no reclama una absoluta falta de fundamentación y motivación, sino su indebida fundamentación y motivación, aunado a ello de las documentales que adjuntó la inconforme a su demanda de amparo, no se aprecia la ausencia total de fundamentación de ese acto, inclusive se citaron los numerales que a criterio de la responsable le son aplicables a la suspensión del pago de sus percepciones correspondientes al cargo que desempeña dentro de la Secretaria de Seguridad del Estado de México. Además, no se actualiza la excepción relativa a que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución, pues la parte quejosa además de señalar transgresión a los derechos contemplados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alega cuestiones relacionadas con la legalidad de los oficios reclamados, es decir, que no se le otorgo su derecho de audiencia -ofrecer pruebas y alegatos- para defenderse de dichos actos que impugna de ilegal, en específico respecto de la aplicación del contenido y formalidades de los preceptos legales 137, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Mu8nicipios; 118, fracción IV, de las Disposiciones Reglamentarias en Materia Laboral para los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de México; la Norma 20301/271-04, inciso d), del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal y lo correspondiente de la Ley Laboral Federal, Siendo aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, Materia Común, Página 119, de rubro "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION.". Por otro lado, el juicio contencioso administrativo no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley, en este caso, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. El acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16, constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20, constitucionales. Tampoco se atacan actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22, constitucional, con independencia de que alegue que la suspensión de pago de su salario repercute en sus ingresos para cubrir sus necesidades alimentarias y de su hija, aunado de que no ha sido dada de baja de dicha Institución laboral, para que se le deje de pagar su salario, debido de que sus incapacidades ocurrieron por falta de atención médica de su seguro y también influirá en su servicio médico para seguir atendiéndose de los padecimientos de los cuales adolece. Sin embargo, dicha circunstancia acontece con motivo de que existe una regulación de las incapacidades por parte de la dependencia donde labora y se rige bajo esos parámetros legales, aspectos que deben ventilarse ante la autoridad correspondiente, para defender sí tiene derecho o no a su salario íntegro, pese a las incapacidades otorgadas por la institución de salud, aunado de que no se soslaya que tenga que cubrir las necesidades de su hija, pues, no precisó si era menor de edad y si es su única fuente económica para sostenerla. Máxime, que en el diverso sumario 416/2021-VIII, del índice de este Juzgado, se advierte que Sara Villicaña Mancilla, en su carácter de representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informó las atenciones médicas que se encuentran realizando a la quejosa, con el propósito de atender sus padecimientos y que su vigencia de derechos de salud está vigente hasta el treinta y uno de marzo último, lo que sobre el particular, deja patente que la quejosa no dejará de ser atendida, y a la presentación de su demanda cuenta con ese servicio. De igual manera, de los oficios 20603000010000L/DRH/10081/2022, de trece de julio de dos mil veintidós y 20603000010000L/DRH/13196/2022, de cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitidos por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en su calidad de patrón, por medio de los cuales informa a la trabajadora (aquí quejosa) el descuento parcial y total del pago de su nómina correspondiente al cargo de Oficial de Prevención Penitenciaria adscrita a dicha Secretaría, como quedó asentado en líneas precedentes, pueden ser impugnados a través del recurso de inconformidad o juicio de nulidad, por los cuales puede obtener una defensa adecuada de lo que se aqueja, ya que se cumpliría el procedimiento del cual señala le debió ser aplicado con anterioridad a la suspensión de sus pagos de salario, toda vez que como se explicó, el acto no carece de fundamentación o motivación o que impugne violaciones directas a la constitución. No es inadvertido para este órgano jurisdiccional que el acto reclamado pudiera ser considerado de imposible reparación, al poderse ver afectados derechos sustantivos de la parte quejosa; sin embargo, ello no altera de forma alguna las exigencias de procedencia establecidas, por lo cual, este juzgado de Distrito está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, tal como lo prevé la ley para el acto reclamado, recurso que tiene como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Por tanto, al ser de estricta interpretación las leyes que establecen excepciones, como regla general, en contra de actos de ejecución irreparable es obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que tiene a su alcance. Es aplicable a lo anterior por el criterio que sostiene, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Entonces, de lo antes expuesto se considera se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación a la presente demanda de amparo, promovida por ********************, situación que obliga a DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo designado expresamente. Con relación a los profesionistas que autoriza, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos, por así haberlo señalado expresamente la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa proporcionando el número de teléfono ******************** así como el correo electrónico celbth_sr@outlook.com, para estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. En términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. De igual modo, se hace del conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 55 53870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto, se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Se hace del conocimiento que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales.

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