Bertha Carrera Castillo

Expediente 104/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
104/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
08/07/2019

Partes del expediente

  • Juzgado Primero Civil de Ciudad Valles, S.L.P.
  • Bertha Carrera Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por el cual acusa recibo del diverso oficio 3735/2019 del índice de este Juzgado, por el que se remitió el informe correspondiente, original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de las actuaciones que obran en autos y que sirvieron de sustento para emitir el proveído que es objeto del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, correspondiéndole el número de expediente 257/2019; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. DESIGNACIÓN DE JUEZ DE DISTRITO Visto el estado de autos, hágase del conocimiento de las partes procesales que en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la readscripción de la Jueza Ma. Guadalupe Torres García, como titular de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, con efecto a partir del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese. Lo

  3. Principal

    Téngase recibido el escrito presentado por ..., en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente en contra del proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve. Por tanto, como lo solicita el promovente y al versar el recurso de que se trata sobre el auto que desechó la demanda de amparo, remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, que se encuentre en turno, con fundamento en el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto reclamado, dado que el cinco de abril de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por Ángel Francisco Torres Carrera, en su carácter de apoderado legal de Bertha Carrera Castillo, al encontrarse de su análisis motivos manifiestos de improcedencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por ..., en su carácter de representante legal de ..., por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de marzo del año en curso; y al efecto señala que en contra del acto reclamado dentro de los presentes autos (proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del incidente de previo y especial pronunciamiento en el proceso civil 909/2017, del índice del Juzgado Primero Civil en esta ciudad), no interpuso ningún medio ordinario de defensa. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ..., en su carácter de apoderado legal de Bertha Carrera Castillo, contra actos del Juez Primero Civil en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; misma que registró su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que señaló como acto reclamado el proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del incidente de previo y especial pronunciamiento en el proceso civil 909/2017, del índice del Juzgado Primero Civil en esta ciudad. Bien, de lo anterior se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo numeral 107, fracciones III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan...". Por su parte, en la Ley de Amparo en sus artículos 113 y 61, fracción XVlll, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora, en el artículo 932 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, se establece: "ART. 932.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." En esa tesitura, analizada en su integridad la demanda de garantías que se plantea, se tiene que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primeo Civil en esta ciudad, consiste en el acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del incidente de previo y especial pronunciamiento en autos del proceso civil 909/2017, del índice del Juzgado Primero Civil en esta ciudad, en el cual la responsable realiza las gestiones correspondientes para llevar a cabo el desahogo de las pruebas confesional a cargo de Bertha Carrera Castillo y periciales de valoración médica, neurológica y psicológico, lo que arguye vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Sin embargo, es improcedente su demanda de amparo, toda vez que en contra del proveído dictado por el Juez responsable, procede el recurso de revocación, medio ordinario de defensa, en virtud del cual puede ser revocado, ello, en términos del artículo 932 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí. Lo anterior es así, toda vez que, debe destacarse que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de garantías y que se encuentran consignados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de definitividad, el cual consiste en que, para ser procedente éste, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma ley establezca; es decir, en el caso a estudio no se advierte que se actualice alguna de las excepciones previstas en el inciso a) de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que no se está en el supuesto de que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Como se dijo, el acto reclamado a estudio, puede ser impugnado mediante el recurso de revocación, cuya tramitación prevé el artículo 932 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí; y al ser la quejosa parte en el juicio del que emana el acto reclamado, está en posibilidad de interponer el citado medio ordinario de defensa y lograr con su tramitación, la revocación; de ahí que antes de acudir al juicio de garantías tuvo necesariamente, como se dijo, agotar los medios de defensa que establece la ley, y al no acontecer ello así, procede desechar la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el pretranscrito numeral 113, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en la fracción XVIII, del artículo 61, de la propia ley de la materia en cita. Es aplicable la Jurisprudencia número 44/2012, sostenida por la Primera Sala de nuestro más alto Tribunal, aprobada en sesión de catorce de marzo de dos mil doce, pendiente de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo a anularlo." Asimismo encuentra apoyo lo expuesto, con la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de dos mil dos, materia común, página novecientos dos, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No es óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso reclame la falta de fundamentación y motivación del proveído del que se duele, pues si bien basta con que se ubique en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto para actos de esa naturaleza, esa sola circunstancia no es causa para dejar de promover los recursos o medios de defensa ordinarios que prevé la ley para satisfacer el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, en virtud de que no se está en el supuesto de que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Pensar de otro modo sería tanto como permitir que cualquier acto que revista la falta de fundamentación y motivación, independientemente del estado procesal que guarde el juicio o procedimiento del que emane, podría impugnarse a través del juicio constitucional en cualquier momento, lo que conllevaría implícitamente a un abuso en la promoción del juicio de garantías por parte del gobernado. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en la fracción XVIII del artículo 61 de la propia ley de la materia en cita, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Ángel Francisco Torres Carrera, en su carácter de apoderado legal de Bertha Carrera Castillo, contra actos del Juez Primero Civil en esta ciudad. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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