Bertha Beatriz Mijangos Sánchez

Expediente 908/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
908/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Bertha Beatriz Mijangos Sánchez
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 41-44), que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por conducto del Presidente y secretario auxiliar de amparos, con residente en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada del aviso de suspensión de labores de doce de agosto de dos mil diecinueve, y auto de diecinueve de agosto del año en curso, mediante el cual se desprende que regularizó el procedimiento a efecto de señalar nueva fecha y hora para que se lleve a cabo la reinstalación de la parte quejosa, de igual forma, dictó de nueva cuenta auto de ejecución con efectos de mandamiento, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del cual se advierte que en auto de siete de agosto de dos mil diecinueve (foja 35), se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable mediante el cual se desprende que el quince de julio de dos mil diecinueve, proveyó del escrito de veintidós de mayo de año actual, dictando auto de ejecución con efectos de mandamiento en el expediente laboral *******del índice de la responsable. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama en esta vía constitucional lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada como responsable, la omisión de la JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, pues la autoridad señalada como responsable recepcióno el día 22 de Mayo del año 2019, en el expediente *******; la solicitud por escrito de EIECUCION DE LAUDO; sin que a la presentación de este recurso haya acordado lo conducente, notificando a las partes en conflicto; por lo que dicho acto viola el ARTICULO 885 DE LA Ley Federal del Trabajo en mi perjuicio y los principios de CELERIDAD, EQUIDAD PROCESAL Y SEGURIDAD JURIDICA, toda vez que de acuerdo a nuestras leyes la JUSTICIA DEBE SER PRONTA Y EXPEDITA, siendo además de que el numeral 685 de la Ley Federal del Trabajo, señala que, el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, INMEDIATO predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, CONCENTRACIÓN y sencillez del proceso, por lo tanto y análogamente, considero que se ha conculcado lo establecido en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, así como también la violación de las garantías de Legalidad y Seguridad jurídica, y las garantías Sociales del Trabajo y la Previsión Social, contenidas en la Constitución las cuales garantizan principios de equidad y debido proceso en los términos establecidos". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de acordar su escrito de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el que requirió emita auto de ejecución con efectos de mandamiento, dentro de los autos juicio laboral *******, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte que el quince de julio de dos mil diecinueve, proveyó lo solicitado mediante escrito de veintidós de mayo del año en curso, emitiendo auto de ejecución con efectos de mandamiento, en el juicio laboral*******, asimismo, comisionó al actuario, a efecto de que llevara a cabo la diligencia encomendada en forma personal y en compañía de la actora, para constituirse en el domicilio de la parte demandada, (foja 31-34). Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que se agregan en esta propia fecha, se advierte que remite copia certificada del aviso de suspensión de labores de doce de agosto de dos mil diecinueve, y auto de diecinueve de agosto del año en curso, mediante el cual se desprende que regularizó el procedimiento y dictó de nueva cuenta auto de ejecución con efectos de mandamiento, a efecto de señalar nueva fecha y hora para que se lleve a cabo la reinstalación de la parte quejosa (fojas 38-40). De lo antes señalado se aprecia que en fecha posterior a la presentación de la demanda,*******la autoridad responsable subsanó la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de proveer del escrito de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el que requirió a la autoridad responsable dictar auto de ejecución, dentro de los autos juicio laboral*******, de su índice, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del dos de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado; asimismo, por medio de lista a los terceros interesados y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por conducto del Presidente y secretario auxiliar de amparos, con residente en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada del aviso de suspensión de labores de doce de agosto de dos mil diecinueve, y auto de diecinueve de agosto del año en curso, mediante el cual se desprende que regularizó el procedimiento a efecto de señalar nueva fecha y hora para que se lleve a cabo la reinstalación de la parte quejosa, de igual forma, dictó de nueva cuenta auto de ejecución con efectos de mandamiento, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del cual se advierte que en auto de siete de agosto de dos mil diecinueve (foja 35), se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable mediante el cual se desprende que el quince de julio de dos mil diecinueve, proveyó del escrito de veintidós de mayo de año actual, dictando auto de ejecución con efectos de mandamiento en el expediente laboral *******del índice de la responsable. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama en esta vía constitucional lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada como responsable, la omisión de la JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, pues la autoridad señalada como responsable recepcióno el día 22 de Mayo del año 2019, en el expediente *******; la solicitud por escrito de EIECUCION DE LAUDO; sin que a la presentación de este recurso haya acordado lo conducente, notificando a las partes en conflicto; por lo que dicho acto viola el ARTICULO 885 DE LA Ley Federal del Trabajo en mi perjuicio y los principios de CELERIDAD, EQUIDAD PROCESAL Y SEGURIDAD JURIDICA, toda vez que de acuerdo a nuestras leyes la JUSTICIA DEBE SER PRONTA Y EXPEDITA, siendo además de que el numeral 685 de la Ley Federal del Trabajo, señala que, el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, INMEDIATO predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, CONCENTRACIÓN y sencillez del proceso, por lo tanto y análogamente, considero que se ha conculcado lo establecido en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, así como también la violación de las garantías de Legalidad y Seguridad jurídica, y las garantías Sociales del Trabajo y la Previsión Social, contenidas en la Constitución las cuales garantizan principios de equidad y debido proceso en los términos establecidos". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de acordar su escrito de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el que requirió emita auto de ejecución con efectos de mandamiento, dentro de los autos juicio laboral *******, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte que el quince de julio de dos mil diecinueve, proveyó lo solicitado mediante escrito de veintidós de mayo del año en curso, emitiendo auto de ejecución con efectos de mandamiento, en el juicio laboral*******, asimismo, comisionó al actuario, a efecto de que llevara a cabo la diligencia encomendada en forma personal y en compañía de la actora, para constituirse en el domicilio de la parte demandada, (foja 31-34). Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que se agregan en esta propia fecha, se advierte que remite copia certificada del aviso de suspensión de labores de doce de agosto de dos mil diecinueve, y auto de diecinueve de agosto del año en curso, mediante el cual se desprende que regularizó el procedimiento y dictó de nueva cuenta auto de ejecución con efectos de mandamiento, a efecto de señalar nueva fecha y hora para que se lleve a cabo la reinstalación de la parte quejosa (fojas 38-40). De lo antes señalado se aprecia que en fecha posterior a la presentación de la demanda,*******la autoridad responsable subsanó la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de proveer del escrito de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el que requirió a la autoridad responsable dictar auto de ejecución, dentro de los autos juicio laboral*******, de su índice, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del dos de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado; asimismo, por medio de lista a los terceros interesados y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por conducto del Presidente y secretario auxiliar de amparos, residente en esta ciudad, y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que anexa la autoridad respónsale, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

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