Bertha Basilio Carrillo

Expediente 563/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
563/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Bertha Basilio Carrillo
  • Cecilia Basilio Carrillo
  • Bertha Basilio Carrillo y Otros.
  • Moises Basilio Carrillo
  • Cecilia Basilio Carrillo y Otros.
  • Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Sindica Procuradora y Representante legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero, en virtud de que no es autoridad responsable ni parte en el presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 18, inciso b), del capítulo séptimo, relativo a la depuración de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído; por tanto, se conservarán únicamente la demanda y sentencia respectivas. Se instruye al actuario que para realizar las notificaciones que surjan de este proveído, deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 23 del multicitado Acuerdo General 21/2020.[1] Igualmente para que tratándose de los oficios girados a las autoridades responsables que aún no hayan reanudado labores porque las dependencias se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID-19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    ESTRADOS...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS TERCEROS INTERESADAS...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución autorizada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, concedió la protección constitucional a los quejosos Bertha, Cecilia y Moisés de apellidos Basilio Carrillo, para el efecto de que la autoridad responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja 43/2020, de su índice; y, En su lugar, emita una nueva resolución en la que atendiendo a los lineamientos planteados en esta sentencia, parta de la premisa que el recurso de queja previsto en el artículo 399, inciso b), en relación con el diverso 389, último párrafo, ambos del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364, es procedente para impugnar el auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 118/2018-I; y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a sus atribuciones legales, pero de manera fundada y motivada, para lo cual deberá exponer claramente las circunstancias especiales y razones particulares del sentido de su determinación." Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, a través del oficio 451, recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificadas de la resolución dictada el veinticinco de octubre del citado año, en el toca de origen 43/2020, en la cual dejó insubsistente la diversa de trece de marzo de dos mil veinte, procediendo a emitir una nueva determinación, atendiendo a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, resolvió con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada, exponiendo claramente las circunstancias especiales y razones particulares del sentido de su fallo; documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2. Mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a los peticionarios del amparo con las constancias que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó personalmente al autorizado del quejoso el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, es evidente que la autoridad responsable al dejar insubsistente la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, procediendo a emitir una nueva atendiendo a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, resolviendo con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada, exponiendo claramente las circunstancias especiales y razones particulares del sentido de su determinación, restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados en la sentencia impugnada; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma, sin exceso o defecto. En otro orden de ideas, vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/1171/2021, se hizo del conocimiento a la Jueza Haydee Guadalupe Rodríguez Hernández, que en sesión ordinaria de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó su adscripción como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del presente año, en sustitución del Juez Jacinto Figueroa Salmorán. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que de ser el caso hagan valer lo que conforme a derecho corresponda. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, visible en la página 312, con número de registro 164217, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Se instruye al actuario que para realizar las notificaciones que surjan de este proveído, deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020,[1] motivo por el cual en caso de que se cuente con algún punto de contacto de alguna de las partes, también se le faculta para que las lleve a cabo por cualquier medio electrónico. Lo anterior tiene la finalidad de proteger la salud de quienes intervengan en la diligencia y de impartir justicia pronta y expedita. Igualmente, para que tratándose de los oficios girados a las autoridades responsables que aún no hayan reanudado labores porque se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID-19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público.

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