Bertha Avalos Torres
Expediente 644/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bertha Avalos Torres
- Marco Antonio Avalos Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
II. Uruapan, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Del estado procesal de autos se desprende que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, tal como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que el respectivo proveído únicamente sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a la autoridad responsable...
- Principal
II. Uruapan, Michoacán, doce de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta, a través del cual, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en atención a la vista otorgada mediante proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (foja 43), informa que remitió las constancias que estimó pertinentes al Subdelegado de Procedimientos Penales "C" de la Procuraduría General de la República, con sede en Morelia, Michoacán, a fin de que inicie la investigación correspondiente sobre los hechos relacionados con las lesiones que el quejoso sufrió en su integridad física, como consecuencia de su detención que originó el presente juicio; y al efecto remite las constancias relativas; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
II. Uruapan, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Director del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruíz", de esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de trece de febrero pasado, se le tiene informando que el quejoso directo Marco Antonio Ávalos Torres, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, ingreso a ese centro penitenciario a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, con sede en esta ciudad, ante quien se le instruye la causa penal 197/2018, por el delito de homicidio calificado, dentro del cual, el veintidós del referido mes y año fue vinculado a proceso, decretándose en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, que ante el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en Michoacán, con residencia en Morelia, se le instruye la carpeta administrativa 546/2018, dentro de la cual, el trece de febrero anterior se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada; situación que actualmente guarda. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, al actualizarse un cambio de situación jurídica respecto de la persona del quejoso directo Marco Antonio Ávalos Torres. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Cabe hace notar, que el cambio de situación jurídica significa que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por virtud de una diversa resolución, el quejoso recibe una afectación jurídicamente distinta del acto que reclamó, la cual, aunque esté vinculada a los hechos que lo originaron, es autónoma e independiente, porque puede subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tal situación impide el pronunciamiento respecto de la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que una resolución en ese sentido afectaría la nueva situación jurídica, razón por la cual, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo respecto del acto de autoridad reclamado, lo que actualiza la citada causal de improcedencia. Apoya lo anterior, por analogía jurídica, la tesis IV.2º.P.43 P, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en la página 1373 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, Materia Penal, que dispone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en la detención administrativa del quejoso directo Marco Antonio Ávalos Torres, y sus consecuencias, ejecutada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, por elementos de la Policía Michoacán, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y vialidad Municipal, con sede en esta ciudad. Del informe justificado rendido por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, residente en esta ciudad (fojas 61 a 63), se advierte la existencia de tal acto de molestia, pues no obstante de haber negado su existencia, exteriorizó que el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, existió una detención administrativa en contra del referido peticionario de amparo, registrada bajo el número de folio 2862, en virtud de haber infringido el artículo 58 del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan, Michoacán, siendo ingresado al área de barandilla de esa dependencia; lo que se robustece con la documental remitida por dicho funcionario, consistente en copia certificadas de la boleta de ingreso correspondiente (fojas 64 y 65). Constancia de referencia que adquiere eficacia probatoria plena, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, como se advierte de la información proporcionada por la diversa autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", con residencia en esta ciudad, el quejoso directo Marco Antonio Ávalos Torres, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, ingreso a ese centro penitenciario a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, de esta localidad, derivado de la causa penal 197/2018, que se le instruye por el delito de homicidio calificado, dentro del cual, el veintidós del referido mes y año fue vinculado a proceso, decretándose en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De igual manera, que en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en Michoacán, con residencia en Morelia, se instruye en su contra la carpeta administrativa 546/2018, en la que el trece de febrero de dos mil dieciocho, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada; situación que actualmente guarda. Entonces, es inconcuso que se está ante un cambio de situación jurídica en la persona del quejoso directo; de ahí que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la detención de diecinueve de diciembre del año anterior y consecuencias legales, que se reclama a las autoridades responsables, habida cuenta que se trata de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, como lo es la detención administrativa del quejoso directo Marco Antonio Ávalos Torres, realizada fuera de procedimiento legal, según lo indicó el promovente del amparo, así como su ejecución; por ende, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia. Tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia I.7o.P.J/3, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1600, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Septiembre de 2004, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con veinte minutos del cinco de marzo del presente año. Por otra parte, del contenido del proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 42 A 46), relativo a la admisión a trámite de la demanda de garantías, se advierte que con motivo de las manifestaciones realizadas por el quejoso directo Marco Antonio Ávalos Torres, en el sentido de que, con motivo de su detención administrativa, fue golpeado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y en el área de detenciones de la Fiscalía Regional, por elementos ministeriales y policía municipal, se determinó dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Tribunal, con las correspondientes copias certificadas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación en consulta, requiérase a la referida fiscal para que dentro del término de tres días, computados legalmente, informe a este Tribunal las gestiones que haya realizado con motivo de las lesiones sufridas por el quejoso directo en su integridad física, como consecuencia de su detención, y en su caso, exhiba las constancias que así lo justifiquen; apercibida que de no hacerlo, se determinará lo conducente. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes; mediante oficio a las autoridades responsables...
- Principal
II. Uruapan, Michoacán, trece de febrero de dos mil diecinueve. Del estado procesal de autos se advierte que el quejoso Marco Antonio Ávalos Torres, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz", de esta ciudad, donde ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por Bertha Ávalos Torres (foja 35); asimismo, mediante oficio ER/DIR/4955/2018, el Director de ese Centro informó sobre la atención médica que proporcionó al citado Ávalos Torres, anexando las constancias correspondientes, de las que se advierte que se le imputa el delito de homicidio, sin que se desprenda mayor dato al respecto. En consecuencia, a efecto de integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Director del aludido Centro Penitenciario, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, informe bajo qué autoridad se encuentra a disposición el quejoso directo Marco Antonio Ávalos Torres, el proceso penal que se le instruye, así como la situación jurídica de éste, debiendo remitir copia certificada que sustenten su iformación. Apercibido que de no hacerlo o no informar el impedimento legal o materia que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación de salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para esta fecha, se difiere y en su lugar se programan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOSMIL DIECINUEVE, para su celebración.
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