Bertha Aquitania Aceves Sánchez

Expediente 686/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
686/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/04/2019

Partes del expediente

  • Bertha Aquitania Aceves Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja en contra del auto de ocho de abril del dos mil diecinueve, que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el presente como asunto concluido. Destino del cuaderno principal. De conformidad con el acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Transferencia al centro archivístico judicial. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de abril de dos mil diecinueve. Quejoso cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de *** mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en auto del diecinueve de marzo del año en curso -en el que se le dio vista con el dictamen emitido por la perito oficial ***, y se le requirió para que en el término de tres día a partir de la notificación del presente proveído, si a sus intereses convenía, nombrara perito de su parte-, solicita se nombre perito de alguna institución oficial a efecto de que emita un diverso dictamen al que obra en autos. Lo anterior, toda vez que aduce carecer de recursos económicos para cubrir los honorarios de un perito al ser un adulto mayor, en estado de vulnerabilidad generado por su enfermedad, que no puede trabajar ni obtener recursos diversos que no provengan de su pensión, con la cual únicamente procura sus alimentos, los de su esposa, gastos propios de su enfermedad y gastos diarios de su casa. No obstante lo anterior, el quejoso no adjuntó medio probatorio alguno a fin de comprobar su afirmación; sin embargo, a fin de no dejarlo en un estado de indefensión, requiérasele para que en el término de tres días, manifieste y acredite lo siguiente: a. Informe su domicilio actual y correcto. b. Informe las condiciones económicas en las cuales se ubica actualmente, esto es, precise el monto de sus ingresos, y en su caso, lo acredite con las documentales relativas, como pueden ser los recibos de pago de su pensión, o las constancias de ingresos de que se trate -pensión alimenticia, inversiones, seguro de vida, entre otros-, los tres últimos estados de cuenta bancarios en donde se depositen sus ingresos; incluso, pudiendo exhibir una constancia expedida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la que se certifique que no cuenta con algún inmueble inscrito a su nombre, y una diversa constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en la que se haga constar si cuenta con vehículos registrados a su nombre, las que deberán comprender los movimientos de los últimos tres meses. En la inteligencia que los datos señalados deberán manifestarse bajo protesta de decir verdad, y en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, lo anterior en términos del artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" En ese sentido, debe destacarse que las documentales que exhiba quedarán sujetas a la valoración de este juzgado, y en su caso, a la verificación de su autenticidad. Además, se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del plazo otorgado, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el proveído del diecinueve de marzo del año en curso, esto es, se tendrá como único dictamen el exhibido por la perito oficial. Sin desdoro de lo anterior, toda vez que este juzgado federal debe allegarse de los elementos necesarios para verificar la procedencia del juicio conforme a las particularidades del caso, resulta necesario solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), un perito en materia de trabajo social para realizar el estudio socioeconómico respectivo en el domicilio de Salomón Arellano Macedo, para estar en aptitud legal de tener certeza de su situación económica particular. Lo anterior debido a que se estima que una pericial de esta naturaleza se escudriña en el entorno social, familiar o laboral del promovente, ya que el experto, a través de sus sentidos, puede válidamente corroborar dónde, cómo, en qué condiciones vive, a qué se dedica y qué bienes tiene, así como el lugar en que se haya y el estatus económico de la zona, entre otras posibles particularidades. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, se ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de trabajo social; en razón de lo anterior, solicítese al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Puebla, para que en auxilio de la Justicia Federal, en el término de tres días siguientes a la recepción del oficio por el que se notifique el presente proveído, proporcione el nombre de un profesional en materia de trabajo social, que pueda fungir como perito oficial en el presente asunto, y realice el estudio socioeconómico respecto de la situación del quejoso. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento anterior se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Transitorios Segundo, primer párrafo y Tercero, del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, y los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LA SUSPENSIÓN O CORTE DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CUANDO ESOS ACTOS PONGAN EN RIESGO EVIDENTE LA VIDA, LA SALUD O LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN VULNERABLE O ESTÉN IMPOSIBILITADAS PARA PROVEER SU SUBSISTENCIA, EL JUZGADOR DEBE ALLEGARSE DE ELEMENTOS PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO Y NO DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, AL ESTIMAR QUE LA VÍA PROCEDENTE PARA DIRIMIR EL CONFLICTO ES LA ORDINARIA MERCANTIL [APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 30/2018 (10a.)]." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de título y subtítulo: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", determinó que cuando se reclamen actos relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no debe considerarse a la empresa productiva del Estado mencionada como autoridad responsable en el amparo, pues su relación con los usuarios no deriva de un plano de supra a subordinación, porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes, de manera que, al estar ante una relación comercial, la vía procedente para dirimir los conflictos relativos es la ordinaria mercantil. Sin embargo, el Alto Tribunal hizo hincapié en una excepción amplia, cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o aplique normas que se estimen inconstitucionales y, en este evento, la empresa puede equipararse a una autoridad; verbigracia, ante la negativa de reconexión del servicio, es decir, actos que ostensiblemente aparejen situaciones que comprometan derechos constitucional y convencionalmente protegidos y coloquen en estado de vulnerabilidad al gobernado; es decir, cuando la suspensión o corte del servicio ponga en riesgo evidente la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable o estén imposibilitadas para proveer su subsistencia. Por tanto, en esos casos, no se actualiza un motivo notorio y manifiesto de improcedencia que lleve al desechamiento de plano de la demanda de amparo; de ahí que el juzgador debe allegarse de mayores elementos para verificar la procedencia del juicio, conforme a las particularidades del caso." De igual forma, requiérase a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el término de tres días, siguiente a la legal notificación de este proveído, informe si en las instituciones de crédito del país existen cuentas de crédito o de inversión a favor del quejoso Salomón Arellano Macedo. En la inteligencia que en caso de no hacerlo dentro del plazo fijado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizado el diez de enero pasado, vigente a partir del uno de febrero siguiente. En ese orden, este Juzgado proporciona los datos del quejoso, los cuales son los siguientes: *** Al margen de lo anterior, y para dar celeridad al presente asunto, se requiere a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Puebla, al Hospital MAC-Puebla, al Hospital Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de Puebla y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al que tenga conocimiento de este auto, en auxilio de las labores de este juzgado designe un perito en materia de medicina que pueda emitir de manera gratuita un dictamen en relación con el padecimiento de la parte quejosa Salomón Arellano Macedo -en específico que tenga conocimientos relacionados con el padecimiento de peritonitis derivado de la aplicación del procedimiento de diálisis, así como la aplicación del diverso tratamiento de hemodiálisis- y lo haga comparecer ante este Juzgado Federal para los efectos de aceptación, protesta y discernimiento del cargo en términos del artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. En entendido que cuando se presente el profesionista ante este órgano jurisdiccional se le dará acceso al expediente clínico del quejoso y todas las constancias que obren en autos que le permitan emitir su opinión. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo que se solicita o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Difiere audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    I. Acusa recibo Ténganse por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual informa que el oficio 6367/2019, mediante el cual se hizo de su conocimiento el auto de siete de marzo del año en curso, por el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión, fue recibido el trece de marzo de dos mil diecinueve; asimismo, remite copia certificada de la referida comunicación oficial. Por lo que con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante cumpliendo lo solicitado en proveído de referencia. II. Domicilio y delegados Por otra parte, con fundamento en los artículos 9, párrafo primero y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.

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