Bertha Alicia Villarreal Solís

Expediente 983/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 44 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
983/2019
Año
2019
Actuaciones
44
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Bertha Alicia Villarreal Solís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    ..agréguese el oficio procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Garantías, Subdirección de Garantías "B" de la Tesorería de la Federación, en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso *****, mediante el cual fue remitido el billete de depósito ****, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito,...

  2. Principal

    ... tomando en consideración se cumplió el plazo otorgado a la parte quejosa, sin que haya solicitado la devolución del billete de trato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, se hace efectiva la garantía de cuenta, por lo que se declara que el certificado en alusión ha prescrito a favor del fisco federal; en tal virtud, se ordena remitir por correo Estafeta el mencionado título de valor al Director General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con sede en Ciudad de México, debidamente endosado, a fin de que ingrese su valor al Erario Federal... Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. ...

  3. Principal

    ... agréguese el oficio del Director Jurídico del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, y en atención a su contenido, hágase de conocimiento de dicha autoridad, el dos de enero de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, reservándose el archivo del presente asunto, en virtud se dio vista a la parte quejosa a efecto dentro del término de dos años gestione la devolución del documento de valor exhibido dentro del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, término que a la fecha se encuentra transcurriendo.

  4. Principal

    SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 983/2019, seguido por Bertha Alicia Villarreal Solís, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, Actuario adscrito a la Central de Actuarios, ambos del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, así como el Director de la Oficina del Registro Público en Victoria, Delegado, Subdelegado de Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, éstos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también del Oficial Primero del Registro Civil, residente en Guadalupe, Nuevo León, estimados violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito turnado el trece de mayo de dos mil diecinueve, a este Juzgado de Distrito, Bertha Alicia Villarreal Solís, reclamó de aquéllas autoridades [ordenadora y ejecutoras], el emplazamiento por edictos al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario 1100/2008; por vía de consecuencia, todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la ejecución de la sentencia allí dictada. SEGUNDO. Admisión y Trámite. Mediante acuerdo de catorce siguiente, se admitió la demanda de amparo; consecuentemente, se dio intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento; se solicitó a las autoridades responsables, el informe con justificación; se emplazó al actor del juicio de origen, [Gerardo González Suárez, a través de su albacea Bertha Alicia González Villarreal], en su calidad de tercero interesado; seguidos los trámites legales, el veintiuno de junio del año en curso, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, sólo por conceptos de violación; posteriormente, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional la cual se verificó al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos Segundo, fracción XIX, y Cuarto, fracción XIX, primer párrafo del Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que tiene ejecución dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la ley de la materia, debe precisarse el acto o actos reclamados, como cuestión previa, porque de ello dependerá la existencia o inexistencia de los mismos. Cobra apoyo la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, visible en la página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Y el diverso que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. VI/2004, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, sujeta a consulta en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la propia demanda de amparo promovida por la parte quejosa, como de las constancias que integran el expediente, dan como acto reclamado: Del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas. El emplazamiento practicado por edictos dentro del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario 1100/2008. Y del Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, así como el Director de la Oficina del Registro Público en Victoria, Delegado, Subdelegado de Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, éstos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Oficial Primero del Registro Civil, residente en Guadalupe, Nuevo León. Por vía de consecuencia todo lo actuado, incluyendo la ejecución de la sentencia allí dictada; actos que no son impugnados por vicios propios, sino como una consecuencia del emplazamiento reclamado. TERCERO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se afirma, pues Bertha Alicia Villarreal Solís [quejosa], tuvo conocimiento del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario 1100/2008, de donde deriva el acto reclamado que consiste en el emplazamiento por edictos y por vía de consecuencia todo lo actuado, del cual tuvo conocimiento el diecisiete de abril de dos mil diecinueve; y, toda vez que la demanda de garantías fue interpuesta el trece de mayo del año en curso, circunstancia que se corrobora con las documentales exhibidas por la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación; por tanto, dicho plazo corrió del veintitrés de abril al catorce de mayo del año que transcurre. Para un mejor aprecio, el siguiente cuadro ilustra el plazo trascurrido: Acto reclamado Fecha que tuvo conocimiento el quejoso: Surtió efectos: Plazo de 15 días transcurrió del: Fecha de presentación de la demanda: Días inhábiles: 24 de febrero de 2009. 17 de abril de 2019. 22 de abril de 2019. 23 de abril al 14 de mayo de 2019. 13 de mayo de 2019. 27, 8, 1, 4, 5, 11 y 12 de mayo del 2019. Orienta lo expuesto, el criterio jurisprudencial I.5o.P.5 K (10a.), localizable a foja 2927, Libro 12, Noviembre 2014, Tomo IV, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, DEBEN EXCLUIRSE DEL CÓMPUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, LOS DÍAS INHÁBILES, ASÍ COMO LOS NO LABORABLES PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN QUE SE TRAMITA EL JUICIO DE AMPARO. En la jurisprudencia 426 emitida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 453 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, de epígrafe: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.", se estableció el criterio en el sentido de que no debe ser computable para promover el juicio constitucional de amparo, el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, porque es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado y, por tanto, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables que para tal efecto se requiere; entonces, de las razones jurídicas contenidas en dicho criterio, aplicado por analogía, para efecto de computar el plazo para la promoción de la demanda de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe considerar, en términos de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo: a) La fecha en que el quejoso fue notificado del acto reclamado y así iniciar el cómputo al día siguiente (pues en materia penal el día en que se notifica la resolución que constituye el acto, surte sus efectos); b) Los días que conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo son inhábiles y aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional en que se tramita el juicio de amparo, o aquellos en que dicho órgano jurisdiccional no pueda funcionar por causa mayor, en cuyo caso, tales días quedarán excluidos del cómputo relativo; y, c) Los días no laborables para la autoridad responsable, sea por encontrarse de vacaciones o porque así se determinó en algún acuerdo administrativo; estimar lo contrario, haría nugatorio el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y coartaría la posibilidad de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en perjuicio del peticionario del amparo" De ese modo, al presentarse dicha demanda de amparo el trece de mayo del dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en esta localidad, arriba concluirse oportuna su presentación, conforme lo expuesto en los ordinales 18, 19 y 21 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sobre el tema, aplica la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, enero de 2010, página 1931, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Y la tesis aislada IX.1o.81 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, julio de 2004, página 1716, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. EN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN DEBEN DESCONTARSE NO SÓLO LOS DÍAS QUE LA LEY DE LA MATERIA ESTABLECE COMO INHÁBILES SINO TAMBIÉN AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDA SUS LABORES. En el cómputo de los días en que deba promoverse la demanda de amparo, no deben incluirse los que la ley de la materia establece como inhábiles, ni tampoco aquellos en los que la autoridad responsable, de primera o segunda instancia, suspenda sus labores por vacaciones u otro motivo, pues no sería lógico pretender que la demandada que no fue correctamente emplazada al juicio de origen, acuda al juzgado o tribunal a imponerse de los autos correspondientes en días que suspendieron labores." CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, admitió la existencia del acto reclamado; circunstancia, acreditada con las documentales exhibidas y que, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º.. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 278, consultable en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Circunstancia justificada con las documentales exhibidas por dicha autoridad y que, al ser expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones, merece valor probatorio pleno conforme los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. Ahora bien, no obstante el Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, así como el Director de la Oficina del Registro Público en Victoria, Delegado, Subdelegado de Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, éstos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Oficial Primero del Registro Civil, residente en Guadalupe, Nuevo León, al rendir el informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, tal negativa se desvirtúa, y deben tenerse por ciertos los actos de ejecución reclamados, pues les corresponde ejecutar todas las diligencias ordenadas por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, serán quienes cumplirán la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil nueve; por tanto, se tiene por ciertos los actos de ejecución reclamados. Tiene aplicación al caso concreto, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, página 56, a la letra dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la suscrita Juzgadora Federal está obligada a estudiar las causas de improcedencia, sea las hagan valer las partes o las advierta de manera oficiosa, pues su estudio es preferente y de orden público. Aplica la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 201, del Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." Sobre el particular, acorde los sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 135/2019, indicó los Jueces de Distrito deben pronunciarse en la sentencia respecto los alegatos donde planteen cuestiones de improcedencia del juicio. Consideración que dieron origen a la Jurisprudencia 2a./J. 122/2019 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, con epígrafe: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto." De ese modo, en la especie el agente del Ministerio Público de la Federación en su pedimento, concreta su intervención, en señalar no encontrarse actualizada alguna causa de improcedencia previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo; empero, arguye corresponde a este Juzgado de Distrito pronunciarse de oficio sobre causas de improcedencia, conforme el numeral 62 del cuerpo legal en consulta. Por otro lado, el Titular de la Unidad Jurídica en Tamaulipas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, expone resulta improcedente el juicio de amparo, conforme la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, contra la suspensión de pensión por viudez gozada a partir del cuatro de julio de dos mil diecisiete, bajo folio de pensión 388362. Sobre el tema, la responsable ejecutora, indica tal suspensión deriva esencialmente por sentencia emitida en el sumario 1257/2017, relativo a diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial Ad-perpetuam, donde Ma. Elena de la Rosa acreditó el concubinato surgido con el extinto Gerardo González Suárez, por un periodo aproximado de siete años, contados a partir de la ejecutoria que disolvió el vínculo matrimonial que unía éste último con la ahora quejosa Bertha Alicia Villarreal Solís. Bajo ese contexto, dicha afirmación se desestima, por involucrar cuestiones de fondo, toda vez la sentencia que disolvió el vínculo matrimonial de trato, su escrutinio es materia del presente juicio de amparo, pues la parte quejosa reclama el emplazamiento practicado por edictos dentro del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario 1100/2008, pues la determinación emitida en la jurisdicción voluntaria 1257/2017, que reconoció a Ma. Elena de la Rosa, el carácter de concubina se tomó de base la sentencia pronunciada en el juicio ordinario mencionado, misma que disolvió el vínculo matrimonial de trato, su escrutinio es materia del presente juicio de amparo, dado de éste la parte quejosa reclama el emplazamiento practicado por edictos, así como todo lo actuado; entre dichas actuaciones, la propia sentencia. Luego, de resultar ilegal ese emplazamiento al juicio de origen, los efectos del amparo serán dejar insubsistente el auto de veinticuatro de febrero de dos mil nueve, que ordenó el emplazamiento por edictos a la parte quejosa y todo lo actuado con posterioridad, entre ellos, la sentencia aludida por la responsable ejecutora. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Tomo XV, enero de 2002 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Luego, este órgano judicial no advierta de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia; por tanto, lo procedente es emprender el estudio del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación formulados por la impetrante. SEXTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad expresados por la parte quejosa, son los que se contienen en la demanda de amparo, los cuales no se transcriben en obvio de repeticiones y porque no existe dispositivo que obligue a tal condición. Brinda apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 830, bajo el número 2a./J. 58/2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación hechos valer, resultan fundados y suficientes para conceder la protección de la justicia federal, aunque suplidos en su deficiencia, de conformidad a lo establecido en el numeral 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Obedece, pues la impetrante refiere los actos reclamados vulneran en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a razón del emplazamiento por edictos realizado dentro del juicio natural incumplió con dichas formalidades. En ese sentido, la suscrita Juzgadora Federal suple la deficiencia de la queja, pues el emplazamiento de la parte demandada al juicio constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, ya que, la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de amparo, no pudiendo estimarse inoperantes o infundados los agravios relativos por esa razón. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción P./J/. 149/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 22, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Correlativo al tema, el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." El precepto Constitucional transcrito prevé el derecho fundamental de audiencia, el cual consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y de manera genérica, se traducen en: I. La notificación del demandado del procedimiento y sus consecuencias (emplazamiento); II. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se base la defensa; III. La oportunidad de alegar; y IV. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Cobra orientación, la jurisprudencia 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, correspondiente al mes de diciembre de 1995, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, dispone: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Como se ve, la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que a la demandada se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas estimadas pertinentes, lo cual lógicamente implica colocarla en un serio estado de indefensión. Por tanto, para cumplir con el mínimo requisito de respetar la garantía de audiencia en favor del gobernado, es necesario realizarse una notificación cumpliendo las formalidades establecidas en la Ley; de ahí, sea evidente si ello no se cumplió, entonces, sí existe una vulneración a los derechos fundamentales de la quejosa. Entonces, se tiene presente, la falta de emplazamiento o defectuosa citación a juicio debe analizarse de oficio por el juzgador, por ser la más grave de las irregularidades procesales, lo cual significa su estudio puede realizarse aunque no se alegue por la promovente, o sea, sin existir argumento alguno; por tanto, cuando el acto reclamado es la defectuosa citación a juicio, invocar argumentos no hechos valer por la quejosa no contraviene el principio de igualdad de las partes, pues existe la suplencia de la queja, la cual sólo puede aplicarse en los casos donde quede advertido exista contra la parte peticionaria del amparo o particular recurrente una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa. Así, es necesario precisar lo que se estudiará en el presente asunto es el emplazamiento a juicio, atribuido a la autoridad judicial responsable, en atención a que la quejosa es demandada en el juicio de origen, razón por la cual adquiere la calidad de tercera extraña a juicio por equiparación; máxime de constancias se advierte la existencia de dicho emplazamiento por edictos sin que la peticionaria del amparo hubiera comparecido a la controversia. Como sustento, por analogía, es invocada la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5652, tomo LXXIII, Materia Civil, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, registro 352156, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. El concepto de persona extraña al procedimiento, ha sido establecido por la Tercera Sala de la Suprema Corte, en el sentido de que dicha garantía corresponde a cualquiera persona que no tenga la condición de parte constituida en el respectivo juicio contradictorio, lo que no podría ser de otro modo, ya que sólo a las indicadas partes corresponden los derechos y defensas que la ley confiere." De ese modo, para cumplir con el mínimo requisito de respetar la garantía de audiencia a favor de los gobernados, es necesario se realice una notificación cumpliendo las formalidades establecidas en la ley; de ahí sea evidente que si ello no se cumplió, entonces, existirá una vulneración a los derechos fundamentales de la quejosa. En efecto, de las formalidades esenciales mencionadas del procedimiento la más importante es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, además de constituir un requisito indispensable para dar pauta a las otras, y esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. Así, la trascendencia del emplazamiento ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; pues es indudable las formalidades dispuestas en las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizarla, hasta donde racionalmente sea posible, esta para la demandada tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. De lo expuesto, se considera necesario transcribir los artículos 462 y 463 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, donde establecen las formalidades, aplicables a los juicios ordinarios, rezan: "Artículo 462. Se ventilarán en juicio ordinario: I.- Todas las cuestiones entre partes que no tengan señalada en este Código tramitación especial; y, II.- Aquellas para las que la ley determine de manera expresa esta vía." "Artículo 463. Si el juez encontrare la demanda arreglada a derecho, mandará que se corra traslado a la persona contra quien se proponga, con entrega de las copias de ley y que se le emplace para que la conteste dentro del término de diez días." De lo transcrito se obtiene, el numeral 462 prevé los requisitos para tramitar un juicio en la vía ordinaria y el diverso 463 menciona una vez presentada la demanda correspondiente, si el juez la encontrare arreglada a derecho, mandará correr traslado a la parte demandada, con entrega de las copias de ley y se le emplace para dar contestación dentro del plazo de diez días. También se evidencia, que dichos ordinales no establecen de manera particular, las formalidades tendientes a seguir en la primera notificación en este tipo de procedimientos; por tanto, al no existir exigencia específica sobre el tema, se debe atender a las reglas comunes que se prevén, para cualquier llamamiento a juicio en el citado ordenamiento. Bajo ese contexto, el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, dice: "Artículo 67. Los emplazamientos deberán hacerse conforme a las siguientes reglas: I.- Si se tratare de persona física, directamente a ésta, a menos que carezca de capacidad procesal, pues en tal caso se hará a su representante legal. Solo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del tribunal y la persona emplazada viva fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y la persona por emplearse en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazamiento, debiéndose observar lo dispuesto por el Artículo 52. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación; II.- [.] III.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, y será precisamente el lugar en que habita la que deberá ser emplazada, si es persona física, y si jurídica, en el domicilio social, en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios salvo que se trate de sucursales con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por, o con intervención de ellas. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente, en la diligencia, los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; IV.- [.] V.- Cuando la persona a quien deba emplazarse no radique en el lugar del juicio, pero sí dentro del mismo distrito judicial, el juez podrá encomendar la diligencia al inferior más cercano al lugar donde aquélla radique. Si se halla en otro distrito o fuera del Estado pero dentro de la República, y fuere conocido su domicilio, el emplazamiento se le hará por exhorto. Si una vez despachado el exhorto sobreviniere un cambio de domicilio de la persona a quien se pretende emplazar, dentro de la jurisdicción del juez requerido, éste se entenderá facultado para hacer el emplazamiento en el nuevo domicilio, sin necesidad de nuevo exhorto, bastando que así lo pida la parte interesada ante el juez exhortado; él requeriente hará saber tal facultad al requerido; Cuando el exhorto deba ser diligenciado por un órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado o perteneciente a otro Poder Judicial del País, con el que institucionalmente se hubiere convenido el envío electrónico del exhorto, la parte interesada podrá solicitar que su envío se realice a través de la Comunicación Procesal Electrónica y asumirá la obligación de hacer el pago de derechos por las impresiones que, en su caso, el Juez exhortado vaya a realizar para el debido cumplimiento de la encomienda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. VI.- Si se ignorase el domicilio de la persona por emplazar se hará por edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por tres veces consecutivas y se fijarán, además en la puerta del juzgado; se comunicará al interesado que deberá presentar su contestación dentro del término de sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación. En este caso, si el juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho, y se lo mandará practicar en el domicilio ya conocido; y, VII.- Cuando se trate de personas inciertas o ignoradas, el emplazamiento se hará por edictos en la forma que se prescribe en la fracción anterior; pero en este caso los edictos deberán contener, además, datos bastantes para que las personas inciertas o ignoradas puedan identificar su interés en el negocio de que se trate. En todos los casos de emplazamiento, los jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que aquél se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado; tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites." [Lo subrayado es propio]. Del precepto legal transcrito se obtiene, en el supuesto donde se ignore el domicilio de la persona a emplazar, se hará por edictos que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación, fijándose además, en la puerta del juzgado o tribunal; se comunicará al interesado que deberá presentar su contestación dentro del plazo de sesenta días, a partir de la última publicación; y sí el juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de tal persona, o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya conocido. Incluso se agrega en todos los casos de emplazamiento los jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que aquél se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en el precepto transcrito, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado; y tiene facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de continuar el juicio en sus trámites. Ahora bien, el desconocimiento al cual refiere el precepto aludido, debe entenderse de manera general; es decir, la ignorancia del domicilio debe ser atribuible no sólo al actor, sino también a todas aquéllas personas de quienes se pudiera obtener esa información, pues de estimarse lo contrario y no colmarse esa exigencia, se privaría del derecho de audiencia al demandado para que acudiera a juicio y opusiera las excepciones y defensas estimadas pertinentes. Como se dijo, el emplazamiento a juicio entraña una formalidad esencial de los procedimientos, ya que salvaguarda la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, de lo cual la autoridad debe velar por su correcta verificación, circunstancia que justifica el uso de los medios y recursos legales al alcance para lograr ese objetivo; es decir, incluso puede optar por realizar el emplazamiento por edictos ante el desconocimiento o ignorancia general del domicilio del demandado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de la materia para su investigación, a fin de lograr el equilibrio constitucional que debe regir en todo juicio. Al efecto, es oportuno establecer lo que es un edicto. En el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la voz EDICTO, se lee: "I. (Del latín edictum y éste de dico, dicere, decir, afirmar, advertir. Edico es proclamar, es decir en voz alta). El edicto es, en todo caso, mandamiento de autoridad dado a conocer públicamente para la información de una colectividad o de una o más personas a quienes afecta.- Por otra parte, esta palabra tiene un significado histórico de relevante importancia en el derecho romano y otro, menos antiguo, que se mantiene hasta el presente, y es el de un acto de comunicación procesal." Eduardo Pallares, en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, vigésima quinta edición, define a los edictos como: "Las publicaciones ordenadas por el tribunal para practicar una notificación o convocar a determinadas personas, a fin de que comparezcan a ejercitar sus derechos en un proceso. El Diccionario dice que edicto es "el mandato o decreto publicado con autoridad de príncipe o magistrado", y el escrito que se hace ostensible en los estrados del juzgado o tribunal, y en ocasiones se publica, además, en los periódicos oficiales para conocimiento de las personas interesadas en los asuntos que éstos carecen de representante o cuyo domicilio se ignora." Así, puede decirse los edictos judiciales son medios de comunicación procesal ordenados por el juez o tribunal, que deben realizarse mediante publicaciones para hacer saber a las partes o a terceros, resoluciones que afectan a sus intereses en un proceso determinado. Esta clase de comunicación puede comprender emplazamientos, notificaciones, citaciones, requerimientos, etcétera, se efectúa en los casos taxativamente señalados por la ley y cuando no es posible llevarlos a cabo mediante notificaciones personales a los destinatarios. Por eso, es válido afirmar, procede la notificación por edictos cuando se desconoce el domicilio de la persona cierta a quien va destinada la notificación, por lo general es la contraparte de quien hace esa manifestación. De tal manera, la difusión reiterada de la publicación de que se trata, tiende a asegurar la mayor probabilidad de que él o los destinatarios, lleguen a tomar efectivo conocimiento de su contenido. Los medios que el legislador ha considerado más eficaces para ese objeto son las publicaciones en periódicos oficiales y en los diarios de mayor circulación. Por esa situación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a las notificaciones y emplazamientos por edictos, sostuvo la tesis número 786, localizable en la página 1302, del Tomo Parte II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1988, Quinta Época, bajo el epígrafe: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. No basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio del demandado, para que el emplazamiento se haga por edictos, sino que es indispensable que ese desconocimiento, tanto del actor como de las personas de quienes se pudiera obtener información, haga imposible la localización del reo." En ese sentido, arriba concluir para que el juez de instancia, ordene el emplazamiento a juicio de la parte demandada, por medio de edictos, se requiere desconozca en qué punto se encuentra el demandado o bien, que se ignore su habitación o domicilio. De esta manera, si bien no existe precepto legal alguno en el Código Procesal Civil para el Estado de Tamaulipas, donde establezca algún parámetro que permita calificar la eficacia para investigar el domicilio de una persona, también lo es que sí es posible determinarla, teniendo en cuenta su propósito y trascendencia; es decir, permitir hacer patente que se intentó su localización, y el resultado de la búsqueda de una persona cuyo domicilio se ignora, fue infructuosa; ya que sólo debido al desconocimiento fehaciente de su domicilio, se permitirá ordenar el emplazamiento por medio de edictos. Además, como autoridad jurisdiccional, resulta claro que tiene los medios a su alcance para hacer valer sus determinaciones; por tanto, mayor aún para dictar las medidas pertinentes con el propósito de investigar un domicilio, por ejemplo, a través de oficios que se giren a diversas instituciones o dependencias, como a la Dirección de Tránsito Municipal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Registro Público de la Propiedad, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Oficina Fiscal, al Servicio de Administración Tributaria, a la Tesorería del Estado de Tamaulipas, a la Comisión Federal de Electricidad y a Teléfonos de México; lo que conlleva la obligación de realizar las indagaciones correspondientes a ese fin y agotar los medios al alcance del Juez de esa instancia tendentes a localizar el lugar donde habite la persona contra quien se incoa una demanda, como ya se dijo, a través de los medios idóneos que conduzcan a comprobarlo fehacientemente. Pues de otra forma se dejaría al arbitrio de una de las partes el emplazamiento por edictos, con la sola expresión de ignorar el domicilio de su contraparte. Orienta la tesis P. XCVI/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, Tomo XI, Junio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con epígrafe: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA QUE FACULTA AL PROMOVENTE PARA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SEÑALE QUE DESCONOCE EL DOMICILIO DEL DEMANDADO Y QUE POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 50 DEL MISMO ORDENAMIENTO SE LE EMPLACE POR ESE MEDIO, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. La garantía de audiencia consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Fundamental contiene como punto medular la limitación de procedimiento para las autoridades de que previamente al acto privativo se lleve a cabo un procedimiento seguido en forma de juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las que permiten una adecuada defensa. El artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla viola la referida garantía constitucional al establecer que basta la manifestación del promovente bajo protesta de decir verdad de que ignora el domicilio del demandado para que por efectos del numeral 50 del mismo ordenamiento, el emplazamiento se efectúe por edictos. En efecto, el precepto señalado en primer lugar viola la principal formalidad esencial del procedimiento, pues deja en estado de indefensión al demandado, dado que la forma de llevar a cabo el emplazamiento queda al arbitrio de su contraparte. La notificación por edictos debe realizarse sólo cuando exista desconocimiento del domicilio del demandado una vez que se hayan agotado los medios para conocerlo y no pueda deducirse por ningún medio." Énfasis no es de origen. En base al cuadro normativo destacado, e impuesta la suscrita Juzgadora Federal de las constancias relativas al juicio ordinario civil 1100/2008 [Divorcio necesario], valoradas en líneas precedentes, se estima la notificación por edictos practicada a Bertha Alicia Villarreal Solís [quejosa] no se encuentra ajustada a derecho. Para justificar tal acertó, se obtiene el siete de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, previo análisis sobre admisión del escrito de demanda, requirió a Gerardo González Suárez, señalara el último domicilio donde haya tenido conocimiento vivió la parte demandada [Bertha Alicia Villarreal Solís]; ello, a fin de girar oficios de localización al Instituto Federal Electoral y a la Policía Ministerial del Estado. Desahogada la prevención, mediante auto de catorce de noviembre de esa anualidad, se dio trámite a la demanda de divorcio necesario contra Bertha Alicia Villarreal Solís [quejosa], de quien fue reservado su emplazamiento, hasta existiera los informes solicitados al Instituto Federal Electoral y a la Policía Ministerial del Estado, respecto de su domicilio. Ante los resultados negativos, dados por dichas autoridades, y a solicitud del actor Gerardo González Suárez, el veinticuatro de febrero de dos mil nueve, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, ordenó emplazar a la demandada Bertha Alicia Villarreal Solís [quejosa], por medio de edictos. Seguidos los trámites legales del juicio, el treinta de noviembre de dos mil nueve, se emitió sentencia donde entre otras cosas, disolvió el vínculo matrimonial reclamado y por consecuencia, la sociedad conyugal previo incidente de liquidación, en ejecución de sentencia. Asentados tales precedentes, dan noticia no haber quedado actualizado el supuesto de que se ignore el domicilio, pues la autoridad responsable se limitó pedir información sólo al Instituto Federal Electoral y a la Policía Ministerial del Estado, que en apreciación de esta Juzgadora Federal resultan insuficientes para tener por demostrado la responsable haya realizado una verdadera y eficiente investigación para localizar el paradero de la interesada, que la conllevara a determinar el desconocimiento del domicilio de la demandada, motivo por el cual es inconcuso, que el emplazamiento por edictos no se llevó a cabo cumpliendo con las formalidades de ley; lo que vulneró en perjuicio de la peticionaria los derechos de audiencia y de debida defensa consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucional. En tanto, existen diversas instituciones o dependencias, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección de Tránsito Municipal, Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Público de la Propiedad, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Oficina Fiscal, Servicio de Administración Tributaria, Tesorería del Estado de Tamaulipas, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México, también empresas proveedoras de señales de Internet y televisión, por mencionar algunas, pudieran tener datos para la localización del domicilio de la demandada; empero, fue omisa en requerirles tal información. Por tanto, dado se soslayó la pluralidad de fuentes de información accesibles, a razón de dejarse efectuar una investigación exhaustiva del domicilio del demandado, antes de ordenar su emplazamiento por edictos; de ahí la sola posibilidad de que otra dependencia pública o privada posea registro de algún domicilio de la persona a emplazar, conlleva a que deba agotarse la investigación en ese sentido. De ese modo, el juzgador debe agotar la investigación del domicilio en forma completa, para lo cual debe acudir a diversas instancias, con el objeto de considerar que la ignorancia del domicilio de la aludida parte demandada, fue en forma general. Por estas razones, el emplazamiento por edictos reclamado, se realizó sin un previo esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto de Bertha Alicia Villarreal Solís [quejosa], a pesar de que es obligación de la responsable el investigar hasta donde sea posible el domicilio correcto de la demandada, antes de proceder a una notificación de dicha naturaleza, por tratarse de una vía de notificación excepcional. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis aislada IX.1o.9 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2014, Tomo III, Libro 10, Pag. 2419, registro 2007524, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO. INSTITUCIONES A LAS QUE EL JUEZ DE DISTRITO, PREVIO A ORDENARLOS, PUEDE SOLICITAR DATOS PARA LA LOCALIZACIÓN DEL DOMICILIO BUSCADO EN ARAS DE HACER EFECTIVO EL DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por otro lado, previo a ordenarse la práctica del emplazamiento por edictos al tercero interesado, el Juez de Distrito no debe limitarse a pedir información a determinadas instituciones respecto del o los domicilios que tuvieran registrados de aquélla, pues existen otras como la Comisión Federal de Electricidad, la delegación respectiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado correspondiente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y empresas proveedoras de señales de Internet y televisión, que pudieran tener datos para la localización del domicilio buscado. Lo anterior es así, porque para que el juzgador haga efectivo el derecho a una justicia pronta y expedita, en términos del precepto constitucional aludido, debe procurar la debida integración jurídico-procesal en el juicio, y realizar cabalmente el llamado a éste de las terceras interesadas agotando los medios a su alcance para localizarlas y evitar que, sin mayor trámite, se imponga al quejoso la responsabilidad de que sea él quien soporte la carga procesal y económica de una incompleta o deficiente investigación de los domicilios mencionados, ya que de acuerdo con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el emplazamiento por edictos debe llevarse de manera especialísima, como una verdadera excepción a la regla general de la notificación personal, y no como un recurso inmediato." A la par, para efectos meramente ilustrativos se invoca la tesis 1a. CXXXIX/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 859, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS SIN PREVIA INVESTIGACIÓN O ESFUERZO DE BÚSQUEDA DEL DOMICILIO CORRECTO DEL DEMANDADO. EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE LO PERMITE CUANDO EL DOMICILIO PACTADO EN EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, NO CORRESPONDA AL DE LA DEMANDADA, RESULTA INCONSTITUCIONAL. El quinto párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio resulta inconstitucional y violatorio de la garantía de audiencia previa; y, por consecuencia, de las garantías de legalidad y debido proceso, protegidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, al permitir que, sin un esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto en que deba ser notificada la parte demandada, se permita su emplazamiento por edictos en los casos en que intentada la notificación en el domicilio convencional pactado en el documento base de la acción, no corresponda. Lo anterior, toda vez que, si bien la notificación por edictos constituye una forma legal aceptada para la realización de notificaciones, dicha vía debe entenderse reservada para aquellos casos en que tras un esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto en que pueda ser notificada personalmente una persona, no sea posible ubicarlo, de ahí que la notificación por edictos representa más bien una vía de notificación excepcional o de último recurso para informar respecto del inicio de un juicio, siendo obligado para el respectivo juzgador, el investigar hasta donde sea posible el domicilio correcto del demandado, antes de proceder a una notificación de dicha naturaleza." De ahí lo actuado por el juzgador responsable no constituye una investigación exhaustiva con el objeto de ubicar el domicilio de la peticionaria de amparo, pues una investigación de tal naturaleza y atendiendo a la trascendencia del emplazamiento a juicio, implica que la autoridad encargada de ordenar dicho emplazamiento antes de recurrir a los edictos, debe agotar todos los medios a su alcance a fin de obtener el domicilio del demandado, o concluir en la imposibilidad de hacerlo, lo cual no se advierte en autos lo haya realizado el juez natural. Por ende, al no haberlo hecho así, es evidente la investigación realizada por la autoridad responsable, no proporciona la convicción suficiente para estimar haberse realizado las actuaciones necesarias para localizar el domicilio de la demandada y a pesar de ello no se logró su notificación personal; máxime porque de los escasos informes girados, se aprecia lo infructuoso de la búsqueda, lo cual obedece a la insuficiencia de los datos proporcionados, lo que origina una vulneración a las reglas del procedimiento que indica la notificación por edictos debe realizarse solo cuando se desconozca de manera total el domicilio del demandado; de ahí es evidente que el juzgador debió agotar todos los medios necesarias a su alcance, pues como se ha razonado, él es garante de salvaguardar se cumpla la expectativa de la demandada de ocurrir al juicio de origen. Bajo este orden de ideas, es posible concluir el auto de veinticuatro de febrero de dos mil nueve, mediante el cual se ordenó el emplazamiento a la demandada Bertha Alicia Villarreal Solís, por medio de edictos, resulta ilegal, puesto la ignorancia en cuanto su domicilio no fue general de forma que hiciera imposible su localización, dejándola en estado de indefensión. Al respecto, resultan aplicables en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, localizable a página 1317 del Tomo XIX junio del dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PREVIAMENTE A SU PRÁCTICA EL JUZGADOR DEBE DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS CORPORACIONES OFICIALES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Este órgano jurisdiccional federal sustentó el criterio que se refleja en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1372, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PARA SU PROCEDENCIA SÓLO DEBEN SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVIOS QUE ESTABLECE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", en la cual estableció que para ordenar el emplazamiento por edictos no era necesario cumplir más requisitos que los establecidos por el artículo 117 de la legislación adjetiva civil local y que, por tal motivo, no había necesidad de ordenar otros trámites previos, como son recabar los informes de diversas dependencias y corporaciones respecto de la residencia de la parte demandada. Sin embargo, una nueva reflexión en torno a este tópico, apoyada en la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya violación es la más significativa del procedimiento, porque impide al demandado realizar la defensa de sus intereses, lleva a considerar que cuando los informes rendidos por las corporaciones oficiales, verbigracia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o bien, el Instituto Federal Electoral, no sean suficientes para considerar que se agotaron los medios para la localización del demandado, esto es, cuando contengan datos imprecisos y no se efectúen las investigaciones correspondientes, esa información es insuficiente y no da lugar a ordenar el emplazamiento por edictos, habida cuenta que el desconocimiento del domicilio debe ser general. Ahora bien, aun cuando no existe un parámetro que permita calificar la eficacia de los informes rendidos por las distintas corporaciones oficiales, o cómo se deben realizar al investigar el domicilio de una persona, lo relevante es que el juzgador está facultado para ello, y es quien tiene el deber de determinar su eficacia, tomando en cuenta su importancia y trascendencia, que no es otra que la de hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora fue infructuosa, debido al desconocimiento general de su paradero. Ello permitirá al juzgador, en cada caso, ordenar el emplazamiento por edictos, pues en atención al contenido de cada informe, podrá establecer la pertinencia de las investigaciones efectuadas y lo fundado de sus conclusiones." Y la tesis aislada localizable a página 326 del Tomo: XIV, Septiembre de 1994, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS, LEGALIDAD DEL. Para estimar legal un emplazamiento por edictos, no basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio, pues es indispensable que lo desconozca, tanto el actor, como las personas de quienes se pudiera obtener información y haga imposible su localización, es decir que sea general, para lo cual, el juez, de oficio, debe investigar, agotando los medios pertinentes." En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Concesión que se hace extensiva respecto a los actos de ejecución reclamados al Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, así como al Director de la Oficina del Registro Público en Victoria, Delegado, Subdelegado de Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, éstos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al Oficial Primero del Registro Civil, residente en Guadalupe, Nuevo León [consistentes esencialmente en la ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario 1100/2018, entre ellas, la ejecución forzosa, anotaciones marginales en el registro civil] por resultar una consecuencia lógico-jurídica de la tutela constitucional. En otro contexto, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos emitidos en vía alegatos por el Ministerio Público adscrito, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, máxime aún que dicha parte procesal no hace valer causas de improcedencia; lo anterior, de acuerdo al criterio sustentado por Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 23/93. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." OCTAVO. Precisión de los efectos del fallo protector. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa los efectos de la presente sentencia que deberá acatar el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, consiste en: * Dejar insubsistente el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil nueve, mediante el cual se ordenó emplazar a la demandada Bertha Alicia Villarreal Solís, por medio de edictos, dentro del juicio ordinario civil 1100/2008 [Divorcio necesario] y todo lo actuado con posterioridad. Por lo antes expuesto y fundado; se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Bertha Alicia Villarreal Solís, contra los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, Actuario adscrito a la Central de Actuarios, ambos del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, así como el Director de la Oficina del Registro Público en Victoria, Delegado, Subdelegado de Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, éstos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también del Oficial Primero del Registro Civil, residente en Guadalupe, Nuevo León, por los motivos precisados en el considerando séptimo, para los efectos expuestos en el último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resuelve y firma Rosa María Cortés Torres, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante el secretario Pedro Armendáriz Alvizo, que autoriza y da fe, hasta hoy veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. J´RMCT/Ap13-Elmer

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