Bertha Alicia Torres Blanco
Expediente 1134/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Bertha Alicia Torres Blanco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el informe correspondiente a la suspensión de plano rendido por el Nefrólogo adscrito a Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME), con residencia en esta ciudad; en consecuencia, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos y póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo de su intención. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Bertha Alicia Torres Blanco, a través del cual ocurre a ampliar su demanda de amparo por nueva autoridad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, es conducente tener a la parte agraviada ampliando la misma respecto de los capítulos relativos a las autoridades responsables y aquél de conceptos de violación; por tanto, con copia simple de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, córrase traslado a la totalidad de las partes. Enseguida, se provee sobre la medida cautelar solicitada. La impetrante del amparo señala como actos reclamados, los siguientes: "a) La omisión consistente en no cumplir con su deber legal de brindar una adecuada asistencia médica integral y servicios de salud de calidad, en todas sus formas y niveles para el bienestar físico, mental y emocional de mi persona. b) La omisión de proporcionarme de forma gratuita las hemodiálisis, las cuales por prescripción médica se me deben realizarme los días martes y jueves, y de no hacerlo pone el peligro mi vida. c) La omisión de programar el cambio de catéter conducto indispensable por el cual se me realiza la hemodiálisis, esto de forma gratuita." (Sic) Ahora, en el caso en concreto, la promovente solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que se ordene a la responsable lo siguiente: "Se solicita se otorgue la suspensión de plano respecto de esta nueva autoridad a fin de que sin contratiempo alguno, se me otorgue de forma gratuita el procedimiento de hemodiálisis, en los días martes y jueves, que es como los tengo que recibir." (Sic) En el escrito inicial de demanda, la agraviada manifestó bajo protesta de decir verdad, que en el año en curso comenzó a presentar padecimientos en un riñón, a su decir, derivado de su condición de diabética. Con motivo del padecimiento de riñón, el Doctor Menchaca, médico adscrito al Hospital General de Matamoros "Dr. Alfredo Pumarejo", consideró que se le debía instalar a la agraviada un catéter y realizarle hemodiálisis los días martes y sábados, por lo que desde el diez de mayo de dos mil veintitrés, comenzó con dicho tratamiento; sin embargo, adujo que los procedimientos no le han sido proporcionados de forma gratuita, puesto que ha tenido que pagar un numerario para acceder a ellos. Además, la promovente menciona que también ha tenido que costear el cambio de catéter que necesita para sus tratamientos de hemodiálisis. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados; por lo que la autoridad responsable Titular de la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME), residente en esta localidad, deberá, en forma inmediata, prestar el servicio de salud requerido por la quejosa Bertha Alicia Torres Blanco, ello de acuerdo con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tendrá derecho a la protección de la salud. Asimismo, se concede la suspensión de plano para que la nueva autoridad señalada como responsable realice las gestiones o trámites necesarios para que, en caso de resultar conducente, es decir, previa valoración médica que estime pertinente y adecuada, se programen sus tratamientos de hemodiálisis y cambios de catéter, velando de antemano por la salud de la aquí agraviada Bertha Alicia Torres Blanco. Lo anterior, siempre y cuando se constate fundadamente que ello no vaya en detrimento en su salud o que dichos tratamientos y/o intervenciones la coloquen en riesgo; por lo que, bajo su más estricta responsabilidad, podrán determinar si, efectivamente, las formas de proceder que refiere la quejosa resultan o no factibles que le sean practicadas en los términos en que lo plantea. Así se considera, ya que si bien es cierto que la doliente aduce que un médico adscrito al Hospital General "Dr. Alfredo Pumarejo" consideró que se le debía instalar a la agraviada un catéter y realizarle hemodiálisis los días martes y sábados, también lo es que ello deviene insuficiente para ceñir a la responsable a proceder en la forma solicitada, esto es, a que realice los tratamientos correspondientes, pues es la propia responsable, quien, después de obtener diagnóstico de la ahora agraviada, determinará sobre la eventual procedencia de los tratamientos que refiere Bertha Alicia Torres Blanco, en su demanda de derechos humanos y ampliación de la misma. Para el caso de que no resulten viables los procedimientos antes referidos, procede conceder la suspensión para que se proporcione a la impetrante del amparo el tratamiento médico adecuado que pueda restaurar, en la medida de lo posible, su salud, aminorando sus padecimientos. En el entendido de que todo lo anterior deberá quedar debidamente documentado y justificado. Cabe precisar que se otorga la medida suspensional de plano para salvaguardar la salud y evitar poner en riesgo la salud de la agraviada, acorde a los artículos 1° y 4° Constitucionales, en relación con los numerales 5°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta] y 25, punto número uno, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [aprobada y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho], que contemplan el derecho fundamental que toda persona tiene, relativo a la protección de su salud, cuya finalidad es la de garantizar, por una parte, el disfrute de servicios sanitarios y de asistencia médica a fin de que se avale esa prerrogativa elevada al rango de derecho humano. En torno a la suspensión de plano que se otorga, la autoridad responsable Titular de la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME), residente en esta localidad, deberá informar a este órgano de control constitucional, dentro del término de veinticuatro horas, el cumplimiento que haya dado a dicha medida; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que de conformidad con la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, de no obedecer esta medida suspensional, se hará acreedoras a una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Encuentra apoyo lo anterior la tesis sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III Libro 68, del mes de Julio de dos mil diecinueve, la cual dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud." Por otra parte, en términos del artículo 117 de la ley de la materia, pídase el informe justificado a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME), residente en esta localidad, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, allegar las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, o no enviar la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos) moneda nacional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a las autoridades responsables, para que informen oportunamente a este Juzgado federal, si cesaron los efectos de los actos reclamados o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100) moneda nacional, equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Hágase saber a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME), residente en esta localidad, que se encuentran señaladas las diez horas con quince minutos del trece de diciembre del año en curso, a efecto de llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Por lo que respecta a la prueba documental que adjuntó la parte agraviada a su escrito de ampliación de demanda, téngase por admitida y desahogada desde este momento por su propia y especial naturaleza, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, la que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno; sin perjuicio de relacionarla nuevamente al celebrarse la audiencia constitucional. En otro contexto, del estado de autos, se advierte que en proveído de trece de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte agraviada para que en el término de tres días manifestara lo de su intención respecto de la inexistencia de la autoridad que denominó en su demanda de amparo bajo el título Coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante, de esta ciudad; sin embargo, no se mandó practicar la notificación correspondiente. Finalmente, atento a lo expuesto en el apartado que precede, se ordena a la actuaria de la adscripción realice la notificación de la determinación señalada en el párrafo que antecede (trece de noviembre de dos mil veintitrés); de igual manera deberá notificarle el presente proveído. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante oficio 2298/2023 (foja 24), se tuvo al Director del Hospital General de Matamoros rindiendo su informe respecto de la suspensión de plano otorgada en este asunto; además, apuntó que ese hospital a su cargo no cuenta con Coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante, por lo que no es posible dar cumplimiento a los requerimientos respecto de dicha denominación. En consecuencia, dése vista a la agraviada para que en el término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo precisado anteriormente; con el apercibimiento que en caso de no realizar expresión alguna se tendrá por inexistente a la responsable aludida; en el entendido de que desde este momento se suspende toda comunicación con la misma. Por otra parte, del estado de autos se aprecia que las autoridades responsables Titular de la Dirección General Adjunta de Salud Pública y Comité Interno de Coordinación, ambas de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, no han rendido su informe justificado, como tampoco obra constancia que acredite que quedaron enteradas de los oficios 28288/2023 y 28289/2023, de once de octubre de dos mil veintitrés, con los que se ordenó su emplazamiento a esta contienda constitucional, respectivamente. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior y así este expediente se integre debidamente, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan para su celebración las diez horas con quince minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan los autos relativos al juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que las autoridades responsables presidenta y representantes de los trabajadores y patrones, todos adscritos a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, no han informado las gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este asunto. Consecuentemente, toda vez que dentro del presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables citadas en el párrafo que antecede, para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informen sobre el total cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada de mérito; apercibidas que de no dar cumplimiento dentro de dicho plazo, se les aplicará la medida de apremio con que fueron conminadas en el proveído de diez de julio de dos mil veintitrés (fojas 71 y 72) y se remitirá el expediente a la superioridad para el trámite de inejecución correspondiente. Por último, hágase saber a las autoridades responsables que este requerimiento se les ha hecho en cuatro ocasiones, mediante autos de diez de julio, ocho de agosto, seis de septiembre y cuatro de octubre, todos del año actual (fojas 26, 27, 31, 33, y 81); es decir, esta es la quinta vez que se les efectúa, por lo que se les exhorta a que lleven a cabo la labor que les ha sido encomendada conforme a derecho, en virtud de que con su actitud omisiva retrasan la impartición de justicia, la cual debe de ser pronta y expedita, atento a lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.
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