Bertha Alicia Rodríguez
Expediente 1321/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1321/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Bertha Alicia Rodríguez
- Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y toda vez que de la misma se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de once de enero del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo auto causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. ******* En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto concluido; háganse la anotación en el libro respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ******* Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. De igual forma, el presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada.
- Principal
al haber cesado los efectos del acto reclamado y, por ende, la actualización de la causal invocada, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la referida Ley.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos de los que se advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Octava Investigadora, del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el tres de diciembre del año en curso, remitió entre otras constancias, copia certificada de la comparecencia de dos de diciembre del presente año, en la que la aquí quejosa Bertha Alicia Rodríguez, ratificó el contenido de su escrito presentado ante dicha representación social el veintiuno de enero de dos mil veinte, mediante el cual solicita la devolución del inmueble ubicado en la calle Independencia, número 113, colonia Tierra y Libertad del Municipio de Meoqui, Chihuahua, diligencia en la cual se hizo de su conocimiento que su solicitud seria atendida por acuerdo separado en un plazo no mayor de cinco días a partir de la citada fecha. En consecuencia, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que quede debidamente notificada del presente acuerdo, informe si ya dio respuesta a la solicitud presentada por la impetrante de la tutela constitucional el veintiuno de enero de dos mil veinte, dentro de la indagatoria A.P. PGR/CHIH/DEL/1030/2012-C, y de ser así remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir en el plazo antes indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 de la citada ley, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medidas y actualización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, por tanto, se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto, Averiguaciones Previas (Sistema Tradicional) Zona Centro y Sur, Subsede Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias solicitadas por este Juzgado en proveído de once de noviembre del año en curso; documentales que se tiene presentadas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional; dese vista a las partes con su contenido para los efectos legales procedentes. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular de este juzgado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó a Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales que haya a lugar
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