Bertha Alicia Ramírez Lira
Expediente 347/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2023
Partes del expediente
- Bertha Alicia Ramírez Lira
Actuaciones
- Principal
ESTADO PROCESAL..., HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR EL CUAL SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO..., ARCHÍVESE EL PRESENTE SUMARIO..., ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO...
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.
- Principal
SE HACE CONSTAR QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL AVISO FIJADO EN PUERTA EL AUTO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE ESTABLECE: Querétaro, Querétaro, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Bertha Alicia Ramírez Lira, por propio derecho; contra actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas Delegación Estatal en Coahuila, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otras autoridades, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 347/2023, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, una vez analizada la demanda en su integridad, y dado que la misma se considera oscura e irregular, con fundamento en los artículos 108 fracción IV y 114 de la Ley de Amparo fracciones I, II y IV, se previene al promovente, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS por escrito bajo protesta de decir verdad, apercibida de las penas en que incurren los declaran con falsedad ante una autoridad jurisdiccional conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, aclare la demanda de amparo y al efecto: a) Precise si el presente juicio únicamente lo promueve por su propio derecho o también como representante legal de los actores dentro del juicio de nulidad de origen 1153/19-09-04-4, esto último tomando en consideración que manifiesta promover el juicio de amparo con la personalidad que tiene acreditada en el juicio natural; y en caso de promover como representante legal de los actores en tal juicio deberá señalar el nombre de éstos y acreditar su carácter de representante legal en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, dado que aún y cuando acreditara dentro del presente sumario con documento idóneo que en el juicio de origen fue nombrada como representante común de los actores, ello no la faculta para promover el juicio de amparo. Ello es así, en virtud de que si bien la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por el representante común de alguna de las partes (actores o demandados) dentro del controvertido del que emanen los actos demandados, dado que tal carácter no le permita que pueda realizar cualquier acto en nombre de éstas, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador de Amparo no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo. En consecuencia, en el juicio de amparo la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del representante común dentro del controvertido de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la integran la tesis de Jurisprudencia número 97/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. En abundamiento, es dable precisar que el artículo 11 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 11.- Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido (.)" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda reconocer la personalidad de quien se ostenta como apoderado legal del promovente, es imprescindible que éste acredite la misma con constancia idónea, con exclusión de dicha condición a los asuntos en materia penal, en los cuales, únicamente bastará con que se formule tal afirmación, la cual, deberá de ser corroborada posteriormente con la certificación que al efecto remita la responsable, en los términos precisados en el artículo 14 de la Ley de Amparo, por tanto, toda vez que la materia sobre la que versa el acto reclamado en este juicio de amparo es naturaleza Administrativa, supuesto en el cual no aplica la excepción que contempla el artículo 11 de la ley de la materia, al no tratarse de materia penal, de ahí que lo procedente es prevenir al promovente en los términos precisados. Sirve de apoyo la tesis número 336, visible en la página 284, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". b) Exhiba copia o transcriba, tanto la sentencia definitiva de nulidad dictada en fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio de nulidad de origen 1153/19-09-01-4, como de la resolución de queja por omisión de fecha tres de marzo de dos mil veintiuno y del auto de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós. Ello en razón de que de la demanda de amparo no se advierte el contenido de tales determinaciones las cuales son el origen del acto reclamado, necesarias a fin de advertir la naturaleza jurídica de dichas resoluciones. c) Señale en qué consisten las omisiones reclamadas en que han incurrido cada una de las autoridades que señala como responsables pertenecientes a la Delegación Estatal en Coahuila, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, cuál es la obligación que les fue impuesta de forma individual a las autoridades señaladas así en los incisos a), b), y c) del número romano III, de la demanda de amparo que nos ocupa, conforme a la sentencia del juicio de nulidad de origen ... d) Asimismo, en ampliación de sus antecedentes indique y acredite con documento idóneo, en dónde tiene su domicilio habitual, es decir, el lugar en donde cobra y disfruta de su pensión, esto ya que si bien señala domicilio procesal, la quejosa omite precisar su lugar de residencia, lo cual es indispensable para determinar la competencia por razón de territorio. En la inteligencia, que de dar cumplimiento a la prevención que nos ocupa mediante escrito en forma impresa en la oficialía de partes correspondiente, deberá exhibir cinco copias de su escrito de aclaratorio, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: cuatro para correr traslado a cada autoridad que señale como responsable, una para cada tercero interesado, en su caso; y, una para el agente Ministerio Público de la Federación; pues de hacerlo de manera electrónica no será necesaria la exhibición de copias de traslado. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo para ello concedido, se procederá conforme a lo dispuesto por artículo 114 de la Ley de Amparo, y SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- En la inteligencia de que tales requisitos deberán desahogados necesariamente por la parte promovente de la presente acción constitucional, toda vez que éstos constituyen un acto de carácter personalísimo, que sólo puede realizar quien ejercitó la demanda de amparo. Así como la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Por otra parte, atendiendo a lo asentado en la certificación de cuenta, se tiene como autorizados de la parte quejosa José Guadalupe Jiménez Dávila y José Jesús García Rodríguez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en cambio, por lo que ve a Yamara Padrón Rodríguez, Gerardo Alejandro Zintzún Ramírez, Cecilia Contreras Ávila, Claudia Roció Núñez Flores, Paulina Saraí Santana Gutiérrez, Gabriela Azaria Bermúdez Muñoz, María Isabel Rodríguez Vázquez, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el sistema aludido (sin perjuicio de reconocerles la totalidad de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo una vez que acrediten ante este Juzgado estar autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho). Asimismo se tiene como domicilio procesal, el señalado en el proemio de su demanda. De igual modo, se tienen como medios de contacto para establecer comunicaciones no procesales con el promovente, los números telefónicos y correo electrónico que menciona, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Por otro lado, se reserva acordar sobre lo dispuesto por los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hasta en tanto se resuelva sobre la admisión o no de la presente demanda de amparo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.
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