Bertha Alicia Palomares Prado
Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Bertha Alicia Palomares Prado
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio 10164/2023, enviado vía juicio en línea y firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que la presidencia de dicho órgano federal admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Bertha Alicia Palomares Prado, contra el auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto, el cual quedó registrado con el número de queja 202/2023; comunicado que se ordena agregar en autos para que obre como corresponda.
- Principal
Téngase recibido el escrito firmado autógrafamente por la quejosa Bertha Alicia Palomares Prado, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En atención a lo antes expuesto y en términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido de SER CIERTO que en auto de veintisiete de julio de la anualidad que transcurre, este juzgado desechó de plano por considerarse improcedente la demanda de amparo promovida por Bertha Alicia Palomares Prado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se pone a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, la consulta del expediente electrónico del que se da noticia a través del Sistema Electrónica del Poder Judicial de la Federación, a fin de qué esté en aptitud de consultarlo y proveer lo que en derecho proceda.
- Principal
PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA: BERTHA ALICIA PALOMARES PRADO TURNO POR INCOMPETENCIA. Téngase recibido el oficio 9637/2023-BIS, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual comunica que dicho órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo directo 1451/2023 de su estadística interna, promovido por Bertha Alicia Palomares Prado, y declinó su conocimiento en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa en Turno, con asiento en esta localidad, del cual correspondió conocer a este juzgado. SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA. En atención a las consideraciones vertidas por la superioridad en el comunicado que se atiende, este juzgado asume el conocimiento del juicio de amparo y acepta la competencia declinada; infórmese lo anterior a la autoridad declinante para los efectos legales a los que haya lugar. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 651/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. DEMANDA DE AMPARO. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Bertha Alicia Palomares Prado, contra actos de la Magistrada de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Magistrada de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el toca F.10/2023 de su índice administrativo, en la cual confirmó el auto apelado de primer grado de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que desechó el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, interpuesto por la aquí promovente. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Ahora bien, la superioridad en el oficio de cuenta, a fin de justificar su declaratoria de incompetencia para conocer del presente asunto, señaló que de las constancias que se acompañan al toca F.10/2023 y del escrito inicial de demanda, se advierte que el hoy tercero interesado Fernando Palomares Prado, demandó en la vía ordinaria familiar a la aquí quejosa Bertha Alicia Palomares Prado y otros, por la nulidad de un testamento. Seguido en sus faces procesales, el nueve de septiembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia en la cual, entre otras cosas, se declaró la nulidad del testamento impugnado. De igual manera, el Tribunal Colegiado declinante, asentó que en contra de esa determinación, la hoy gestionante del amparo interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, bajo el toca de apelación 242/2020; la cual el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dictó sentencia en la que confirmó el fallo recurrido. Asimismo, asentó que con la anterior determinación se dio por concluido el juicio de nulidad de testamento, y que posteriormente, la hoy quejosa interpuso ante el juzgado de origen un incidente por listisconsorcio pasivo necesario; el cual le fue desechado por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, motivo por el cual, en contra de esa determinación judicial, interpuso recurso de apelación del cual tocó conocer a la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, radicándose bajo el toca de apelación 10/2023-F. Así las cosas, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la Sala de Circuito dictó sentencia en la cual confirmó el referido auto de desechamiento del incidente. Tal resolución de alzada constituye el acto reclamado en el presente juicio biinstancial. Extremos, que permiten establecer al suscrito juzgador federal que la resolución que constituye el acto reclamado en el libelo constitucional, deriva del trámite del incidente de litisconsorcio pasivo necesario promovido en etapa de ejecución del juicio de origen, dentro del que la quejosa es parte demandada. En esa tesitura, la lectura integral de la demanda y sus anexos, permiten colegir que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; numerales que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, emitidos fuera de juicio o después de concluido; asimismo, la propia norma establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. O si se trata de procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer, en su caso, las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Aunado a lo anterior, el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo a la ejecución de sentencia, cuando afecten materialmente algún derecho sustantivo de los tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que se derivan; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, pues la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo cual impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. En ese orden de ideas, lo improcedente de la demanda de amparo que nos ocupa deriva del hecho de que la resolución reclamada a la Sala de Circuito señalada como responsable, emitida el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el toca F.10/2023 de su índice administrativo, derivado del juicio de origen 209/2016, que confirma el auto apelado de quince de diciembre de la anualidad pasada, en el que desechó el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, interpuesto por la aquí promovente; por una parte, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. Y por otra parte, tampoco se trata de un acto que, por sí solo, afecte materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera); ya que existe sentencia firme en el procedimiento natural y, justo el caso de excepción de procedencia del juicio de derechos fundamentales, estriba en que la afectación a derechos sustantivos sea ajena a la cosa juzgada, siendo que en el caso particular, la pretensión última de quien promueve el amparo es alterar la cosa juzgada, precisamente porque se intentó un incidente de litisconsorcio pasivo necesario, luego de la existencia de una sentencia ejecutoriada que, al ser cosa juzgada, constituye la verdad legal inmutable. Apoya lo anterior la Jurisprudencia de la Undécima Época, número I.11o.C. J/7 K (11a.), de rubro: ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Por todo lo anterior, deviene improcedente el juicio de amparo que nos ocupa. DESECHAMIENTO. En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Bertha Alicia Palomares Prado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Camarón Sábalo, número 1706, Plaza Sábalo, local 18, fraccionamiento Sábalo country Club, código postal 8121110, en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Francisco Javier Pérez Rubio, quien tiene su cédula profesional 10790797 reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a Rodolfo Antonio Barrón Valdez, por así haberlo solicitado. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause estado la presente determinación que se dicta en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Todo lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso llegaran a derivar de este juicio. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
- Principal
TURNO POR INCOMPETENCIA. Téngase recibido el oficio 9637/2023-BIS, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual comunica que dicho órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo directo 1451/2023 de su estadística interna, promovido por Bertha Alicia Palomares Prado, y declinó su conocimiento en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa en Turno, con asiento en esta localidad, del cual correspondió conocer a este juzgado. SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA. En atención a las consideraciones vertidas por la superioridad en el comunicado que se atiende, este juzgado asume el conocimiento del juicio de amparo y acepta la competencia declinada; infórmese lo anterior a la autoridad declinante para los efectos legales a los que haya lugar. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 651/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. DEMANDA DE AMPARO. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Bertha Alicia Palomares Prado, contra actos de la Magistrada de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Magistrada de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el toca F.10/2023 de su índice administrativo, en la cual confirmó el auto apelado de primer grado de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que desechó el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, interpuesto por la aquí promovente. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Ahora bien, la superioridad en el oficio de cuenta, a fin de justificar su declaratoria de incompetencia para conocer del presente asunto, señaló que de las constancias que se acompañan al toca F.10/2023 y del escrito inicial de demanda, se advierte que el hoy tercero interesado Fernando Palomares Prado, demandó en la vía ordinaria familiar a la aquí quejosa Bertha Alicia Palomares Prado y otros, por la nulidad de un testamento. Seguido en sus faces procesales, el nueve de septiembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia en la cual, entre otras cosas, se declaró la nulidad del testamento impugnado. De igual manera, el Tribunal Colegiado declinante, asentó que en contra de esa determinación, la hoy gestionante del amparo interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, bajo el toca de apelación 242/2020; la cual el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dictó sentencia en la que confirmó el fallo recurrido. Asimismo, asentó que con la anterior determinación se dio por concluido el juicio de nulidad de testamento, y que posteriormente, la hoy quejosa interpuso ante el juzgado de origen un incidente por listisconsorcio pasivo necesario; el cual le fue desechado por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, motivo por el cual, en contra de esa determinación judicial, interpuso recurso de apelación del cual tocó conocer a la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, radicándose bajo el toca de apelación 10/2023-F. Así las cosas, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la Sala de Circuito dictó sentencia en la cual confirmó el referido auto de desechamiento del incidente. Tal resolución de alzada constituye el acto reclamado en el presente juicio biinstancial. Extremos, que permiten establecer al suscrito juzgador federal que la resolución que constituye el acto reclamado en el libelo constitucional, deriva del trámite del incidente de litisconsorcio pasivo necesario promovido en etapa de ejecución del juicio de origen, dentro del que la quejosa es parte demandada. En esa tesitura, la lectura integral de la demanda y sus anexos, permiten colegir que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; numerales que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, emitidos fuera de juicio o después de concluido; asimismo, la propia norma establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. O si se trata de procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer, en su caso, las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Aunado a lo anterior, el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo a la ejecución de sentencia, cuando afecten materialmente algún derecho sustantivo de los tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que se derivan; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, pues la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo cual impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. En ese orden de ideas, lo improcedente de la demanda de amparo que nos ocupa deriva del hecho de que la resolución reclamada a la Sala de Circuito señalada como responsable, emitida el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el toca F.10/2023 de su índice administrativo, derivado del juicio de origen 209/2016, que confirma el auto apelado de quince de diciembre de la anualidad pasada, en el que desechó el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, interpuesto por la aquí promovente; por una parte, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. Y por otra parte, tampoco se trata de un acto que, por sí solo, afecte materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera); ya que existe sentencia firme en el procedimiento natural y, justo el caso de excepción de procedencia del juicio de derechos fundamentales, estriba en que la afectación a derechos sustantivos sea ajena a la cosa juzgada, siendo que en el caso particular, la pretensión última de quien promueve el amparo es alterar la cosa juzgada, precisamente porque se intentó un incidente de litisconsorcio pasivo necesario, luego de la existencia de una sentencia ejecutoriada que, al ser cosa juzgada, constituye la verdad legal inmutable. Apoya lo anterior la Jurisprudencia de la Undécima Época, número I.11o.C. J/7 K (11a.), de rubro: ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Por todo lo anterior, deviene improcedente el juicio de amparo que nos ocupa. DESECHAMIENTO. En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Bertha Alicia Palomares Prado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Camarón Sábalo, número 1706, Plaza Sábalo, local 18, fraccionamiento Sábalo country Club, código postal 8121110, en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Francisco Javier Pérez Rubio, quien tiene su cédula profesional 10790797 reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a Rodolfo Antonio Barrón Valdez, por así haberlo solicitado. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause estado la presente determinación que se dicta en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Todo lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso llegaran a derivar de este juicio. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes
- Bernardo Lugo Pereda827/2016
- Bernardo Lugo Pereda803/2016
- Bernardo Velarde Peralta37/2017
- Bernini Cortes Muñoz433/2016
- Bertha Aleida Juárez Uribe63/2016
- Bertha Aleida Juárez Uribe154/2016
- Bertha Alicia Partida Ramírez811/2017
- Bertha Alicia Sarabia Hernández538/2018
- Bertha Alicia Sarabia Hernández380/2014
- Bertha Alicia Suarez Barreto595/2022
- Bertha Canizalez Chávez128/2021
- Bertha Elvira Joachin Hernández610/2021