Bertha Alicia Hermosillo

Expediente 79/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
79/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
29/03/2016

Partes del expediente

  • Bertha Alicia Hermosillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de tres de marzo de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos los informes justificados rendidos por parte de las autoridades responsables, Fiscal General de la Zona Norte, Coordinador de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Policía Estatal Única División de Investigación y Coordinador Estatal División Investigación y Persecución del Delito; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **************. Doy fe.*

  3. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; once de febrero de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 79/2016-II, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el tres de febrero del año en curso, ************** solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Fiscal General de la Zona Norte, Coordinador de Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Policía Estatal Única División de Investigación y Coordinador Estatal División Investigación y Persecución del Delito, residentes en esta ciudad, a quienes les reclamó la orden de detención y su respectiva ejecución SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Fiscal General de la Zona Norte, Coordinador de Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Policía Estatal Única División de Investigación y el Coordinador Estatal División Investigación y Persecución del Delito, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclamaron consistentes la orden de detención y su respectiva ejecución, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar tales negativas, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó Bertha Alicia Hermosillo. Sirve de apoyo a lo antes considerado la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE ÚNICO. Se niega a **************, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado **************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **************. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de febrero de dos mil dieciséis. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 79/2016, promovido por ***************, contra actos del Fiscal General de la Zona Norte, y otras autoridades, de quienes reclama la orden de detención, así como su ejecución. En el caso, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, lo solicitó la parte quejosa, con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa señala el diverso artículo 129 de la ley de la materia. De conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, la medida suspensional se concede para el efecto, de que no se prive de la libertad a Bertha Alicia Hermosillo. Ahora bien, en caso de haberse llevado a cabo la detención, sin dilación, la quejosa deberá ser puesta a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el artículo 16 Constitucional lo permite, o su consignación, según corresponda. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que la parte quejosa es omisa en precisar el delito por el que se le sigue la averiguación de la que derivan los actos reclamados, las circunstancias del caso, la situación económica en que vive actualmente, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el suscrito, estima prudente fijar a la parte accionante una garantía por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos moneda nacional), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Apoya lo anterior el contenido de la tesis de jurisprudencia 66/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de dos mil uno, página 436, del rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. En la inteligencia de que la medida que se concede, no surtirá efectos si se trata de orden de detención dictada por autoridad judicial competente, se sorprenda a la quejosa en flagrante delito, se trate de un caso urgente previsto en el quinto párrafo, del artículo 16 de la Constitución General de la República, en cuyos casos podrá ser capturado. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión provisional otorgada a la parte quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión 79/2016; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". También debe precisarse que esta medida cautelar no surte efecto si la orden reclamada obedece a un acto diverso del reclamado, dictado por distinta autoridad o si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito. Asimismo, a fin de que este juzgador de amparo en el momento de decidir sobre la suspensión definitiva se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a lo previsto en la fracción I, del artículo 168, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe previo, precisen la naturaleza, modalidades y características del delito por el que se le sigue investigación a la quejosa, así como el monto de la reparación del daño si es el caso, siempre y cuando ese concepto se encuentre cuantificado en autos. Lo anterior para estar en posibilidad de fijar en la suspensión definitiva las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime convenientes, a fin de que la parte quejosa no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado los actos reclamados, con apoyo en la facultad que le concede al juez de amparo el artículo 136 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de febrero de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Asimismo, de conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberá remitirse copia de la demanda. En el entendido que en el informe cada autoridad se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrá indicar las razones que estime sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar y aducirá el o los delitos de que se trate, la disposición legal en que quede comprendido para su penalidad y, en su caso, el monto del daño causado o el beneficio económico obtenido por la quejosa, lo anterior con fundamento en el artículo 142, primer párrafo de la Ley de Amparo vigente. En términos del numeral 142 de la Ley de Amparo vigente, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe se presumirá cierto el acto que se les endilga, además se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 238, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 12 y 27, fracción I de la ley de la materia, se le tiene autorizando a los profesionistas que refiere en su ocurso, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Para la práctica de las diligencias a las que haya lugar, se habilitan días y horas inhábiles para su desahogo; con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, segundo párrafo, expídasele por duplicado copia certificada del presente auto, autorizando para recibirla a las personas que refiere, previa toma de recibo quede asentada en autos como debida constancia. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Notifíquese. Lo proveyó y firmó el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, quien actúa ante el Secretario del juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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