Bertha Alicia Gutiérrez Escobar

Expediente 923/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
923/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Bertha Alicia Gutiérrez Escobar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes, no se inconformaron en contra del proveído de uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por consentida la determinación aludida. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA QUEJOSA BERTHA ALICIA GUTIÉRREZ ESCOBAR, EL AUTO DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL DICE: Mexicali, Baja California, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes, no se inconformaron en contra del proveído de uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por consentida la determinación aludida. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite el delegado de las autoridades responsables Junta Directiva y Dirección de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta localidad, mediante el cual solicita una prórroga, para efecto de dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de agosto del año en curso. En consecuencia, como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga a la autoridad responsable de referencia, el plazo de veinte días hábiles, computados legalmente, a fin dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo de remitir copias certificadas de las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con el numeral 258 de la Ley de la Materia, además, se procederá en términos de los artículos 192, 193 y 197 del precepto legal en comento.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido y agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta procedente del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, al cual anexó copia autorizada del testimonio de la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativo 116/2019, interpuesto por el quejoso, así como la autoridad responsable el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo 923/2018-2A. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En diverso aspecto, intégrese al juicio en que se actúa, el cuadernillo que quedó en sustitución del original, con excepción de las fotocopias obtenidas para abrir dicho cuaderno y destrúyanse las mismas, a fin de no engrosar este expediente excesivamente, conforme al principio de economía procesal. Por otra parte, por lo que hace a la materia del recurso de revisión administrativo, se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Bertha Alicia Gutiérrez Escobar, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta ejecutoria; para los efectos establecidos en el considerando quinto de la sentencia que se revisa. TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por Bertha Alicia Gutiérrez Escobar. [.]" SE REQUIERE CUMPLIMIENTO Ahora, en atención a lo resuelto por el citado Tribunal Colegiado, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con el fallo protector, por lo que deberán informar a este Juzgado, lo que hicieron en acatamiento al mismo; lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, 192 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los efectos del fallo protector son los siguientes: ".Por ende, lo procedente es conceder a la quejosa BERTHA ALICIA GUTIÉRREZ ESCOBAR, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridades responsables Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, inmediatamente resuelvan la solicitud presentada por la quejosa el siete de septiembre de dos mil dieciocho, ello tomando en cuenta que transcurrió en demasía el plazo previsto por el numeral 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. En el entendido de que la presente concesión no constriñe a las autoridades responsables a resolver en determinado sentido, pues la presente concesión es consecuencia de que se conculcaron los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8 y 17 de la Carta Magna, y en específico al término que prevé el precepto 58 de la referida ley estatal; por lo cual, basta que con que se resuelva la solicitud formulada por la quejosa para tener por satisfecho el derecho fundamental vulnerado." APERCIBIMIENTO Se apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo ordenado, se harán acreedoras de una multa por el equivalente al valor de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, además de que, se procederá en términos de los artículos 192 párrafo segundo y tercero, 197, de la Ley de Amparo, esto es, se les requiera por conducto de su superior jerárquico, remitiéndose el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. Apoya lo anterior la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, por ende, su aplicación y observancia obligatoria, en la que instituyeron los lineamientos a seguir, para el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, que se identifica por el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." ANOTACIONES EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

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