Bertha Alicia Chacón de García
Expediente 60/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Bertha Alicia Chacón de García
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, doce de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón que antecede, levantada por la Actuaria Judicial adscrita el diez de enero del año en curso, se advierte que no fue posible notificar el auto de esa misma data, a los quejosos directos ********************y********************, toda vez que no fueron localizados en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad. Ahora bien, en proveído de esa misma fecha, se previno a quien promovió la demanda de amparo, que se tendría como no presentada la misma, en el supuesto que los quejosos directos no fueran localizados como recluidos o albergados en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. Por tanto, se hace efectivo el citado apercibimiento y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por ********************, en favor de los nombrados quejosos, quedando sin efectos las providencias dictadas en auto de diez de enero actual. Hágase las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y dése noticia de ello en la estadística. En la inteligencia que no se remite oficio para conocimiento de la autoridad responsable, toda vez que de la certificación levantada por la Actuaria de la adscripción, se advierte que no fue entregado el oficio donde se decretó la suspensión de plano. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Salvador Flores Velázquez a favor de William Orlando Benítez Ayala y Bertha Alicia Chacón de García, contra actos del Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 60/2023-1-M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. De la demanda se advierte que los quejosos se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como acto reclamado la privación de la libertad, deportación, o expulsión del país e incomunicación, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Ante ello, se precisa que solo se tendrá como responsable al Representante Local de la dependencia antes señalada, por ser hecho notorio que es la autoridad encargada del alojamiento de migrantes en esta localidad, sin perjuicio de que los interesados insistan en incluir más autoridades como parte en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto que de no existir causa legal que lo impida, la autoridad migratoria se abstenga de incomunicar, deportar, rechazar, expulsar o devolver a los directos quejosos a su país de origen. De igual manera, deberá instruirse la inmediata libertad de William Orlando Benítez Ayala y Bertha Alicia Chacón de García, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, mediante la satisfacción ante la autoridad responsable de los supuestos siguientes: a) Deberán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán, del que no deberán ausentarse sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. c) Sin que se le requiera garantía alguna, dada la calidad de migrante. Ello no implica que los quejosos puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a los agraviados circular en esta localidad. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si los quejosos no acreditan que iniciaron el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidos por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. Tampoco surtirá efectos dicha suspensión, si los quejosos, una vez liberados, en lugar de optar por regularizar su situación migratoria en el país, se compromete a abandonarlo por la frontera sur, por sus propios medios y dentro del término de los treinta días, la autoridad migratoria demuestra con documento fehaciente que incumplió con dicha condición, ya sea porque transcurrió dicho lapso sin haber abandonado territorio nacional, o porque posteriormente hayan sido sorprendidos intentándolo ingresar a los Estados Unidos de América o luego de ser deportados por autoridades migratorias de ese país. Cabe precisar, que si los quejosos fueron privados de la libertad por la comisión de delito, la suspensión de plano decretada, será para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de éste. De existir flagrancia o urgencia, el efecto de esta suspensión será para que sin exceder de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que los justiciables fueron puestos a su disposición, se ordene su libertad o sean puestos a disposición de las autoridades competentes. En la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se les requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Se previene a la autoridad, que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de los quejosos, el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, y se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. Se instruye al Actuario adscrito para que se constituya en la Estación Migratoria ubicada en esta ciudad, o en diverso lugar de albergue de extranjeros, para verificar la estancia de los directos agraviados, a fin de notificarles personalmente el presente proveído, con asistencia de traductor en caso necesario, certificando el estado físico en que se encuentran, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste si ratifican o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que los quejosos directos no sean localizados como recluidos o albergados en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que los quejosos hubiesen sido puestos a disposición de una autoridad distinta a la responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; debiendo requerirlo para que manifiesten si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición se encuentre, y en tal supuesto, proceder a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Desde ahora, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios de este órgano jurisdiccional para que actúen en horas y días inhábiles si fuere necesario. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, además, conforme a la Circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, se autoriza a las partes el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que, en el supuesto de que los directos quejosos no ratifiquen la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares, o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor, según sea el caso, a una multa equivalente a treinta o cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 240, en relación con el 11, y 259, en relación con el 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Se tiene al promovente, señalando en su demanda domicilio ubicado calle Zacatecas, número 930, entre las calles Saltillo y Monterrey de la colonia Rodríguez, en esta ciudad, correo electrónico sflores281@hotmail.com para oír y recibir notificaciones. Además, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico solicitado, para los efectos que indica, con el nombre de usuario sflores1966 y el correo electrónico sflores281@hotmail.com, por lo que se comisiona a la Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico SISE), para que realice las gestiones administrativas tendientes a dar cumplimiento a esta determinación. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente a los quejosos.
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