Bertha Alicia Abazan Moreno
Expediente 646/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bertha Alicia Abazan Moreno
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, infórmese a las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Titular de este órgano jurisdiccional es la Jueza Esthela Pedroza Díaz, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de octubre del presente año, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/704/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En razón de que la parte quejosa ALICIA ABAZAN MORENO, no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el diecisiete de noviembre del año en curso; por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. PROVEIDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual transcribe el acuerdo que dictó el cuatro de noviembre de este año en su cuaderno de varios, por el que remite el escrito firmado por la quejosa Bertha Alicia Abazan Moreno; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, atento al contenido del escrito firmado por la quejosa Bertha Alicia Abazan Moreno y vista la certificación que que antecede, téngasele cumpliendo en tiempo con las prevenciones contenidas en auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, y al efecto manifiesta que el estado actual del juicio ejecutivo mercantil número 67/2021 del que deriva el acto reclamado se encuentra en ejecución de sentencia y que el auto de treinta y uno de agosto de este año -que constituye el acto reclamado- fue dictado en dicha etapa; manifestaciones que se tienen por hechas para los efectos legales consiguientes. En principio, es conveniente precisar que del estudio integral de la demanda de amparo y escrito de cuenta, se tiene que la quejosa, por esta vía constitucional, reclama lo siguiente: El auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 67/2021, en el que se requiere a la parte demandada -aquí quejosa- para que dentro del término tres días cumpla voluntariamente con la sentencia dictada en dicho juicio, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa. Al respecto, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ... Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia... Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia... Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos fuera de juicio, al tenor siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Del estudio correlativo de la fracción antes transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos de ejecución de sentencia, cuando se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; de igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el caso concreto que nos ocupa, a fin de sustentar la improcedencia del juicio de amparo resulta necesario precisar que del estudio integral del escrito de demanda de amparo, analizado como un todo, se tiene que Bertha Alicia Abazan Moreno, por su propio derecho, comparece a reclamar: El auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 67/2021, en el que se requiere a la parte demandada -aquí quejosa- para que dentro del término tres días cumpla voluntariamente con la sentencia dictada en dicho juicio, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa. Cabe destacar que el estudio que se realiza, se efectúa en términos de la jurisprudencia ... Cabe destacar que de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, así como los anexos que adjunto a la misma, se advierte que el juicio natural, del cual deriva el acto reclamado, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en el cual se requiere a la quejosa para que cumpla voluntariamente con la sentencia dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa, tal y como se advierte de la demanda y del escrito aclaratorio respectivo. Entonces, de lo anterior, se evidencia que el acto aquí reclamado, no es el último acto de ejecución, ya que la última resolución en los procedimientos judiciales, para efectos del juicio de amparo, es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, bien, la que declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; de igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De ahí que el acto que pretende combatir la parte demandada en el juicio natural, ahora quejoso, no encuadra en los supuestos de lo que se entiende por última resolución en etapa de ejecución para efectos del juicio de amparo. Así las cosas, no procede la vía constitucional biinstancial, pues el procedimiento se encuentra en fase de ejecución de la sentencia, y el acto reclamado no es la última resolución, en forma definitiva, que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, en lo conducente, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:... De igual forma, la jurisprudencia emitida por... Habida cuenta de todo lo expuesto, se estima que las posibles infracciones que pudiera contener el acto recamado serían, en todo caso, meramente adjetivas o procesales pues no afectan de manera directa o indirecta derechos consagrados por la Carta Magna, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Máxime que, de las manifestaciones que hace el quejoso en su demanda de amparo, no se advierte que se hubieran afectado derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, por lo que, el caso que nos ocupa no puede excluirse de la cosa juzgada y, por ende, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, las violaciones que aduce el quejoso solo podrán recelarse junto con la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Es aplicable la jurisprudencia ... Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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