Bertha Agripino Nuñez
Expediente 465/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Bertha Agripino Nuñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
Se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días dé puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se procederá en términos del referido numeral, en relación con el 258 de la ley en comento. Por otro lado, a fin de que la autoridad responsable esté en posibilidad de dar cumplimiento a dicha ejecutoria devuélvansele los autos y anexos que acompañó a su informe justificado, de los que deberá acusar el recibo correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Se tienen a las personas que menciona el tercero interesado para los efectos indicados; no obstante, en tención a que éste y la diversa tercera interesada *** no señalaron ningún domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada por este tribunal y las subsecuentes notificaciones personales háganseles por lista.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA TERCERA INTERESADA, LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Toluca, Estado de México. Dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. V I S T O S para resolver, los autos del amparo directo 465/2019, promovido por*********; y, R E S U L T A N D O : 1. PRIMERO. Mediante demanda presentada ante la autoridad responsable el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, *********solicitó protección constitucional al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en turno, contra el acto de la Primera Sala Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual estimó violatorio de los artículos 3º, 4º y 17 constitucionales, y que hizo consistir en la sentencia definitiva de tres de mayo del año en curso, dictada en el toca de apelación 353/2019. 2. SEGUNDO. Este tribunal colegiado, a quien por turno correspondió conocer del asunto, por auto de presidencia de siete de agosto de dos mil diecinueve admitió en la vía directa la demanda de que se trata. El Ministerio Público no formuló pedimento. 3. La parte tercera interesada no promovió amparo directo adhesivo ni formuló alegatos. 4. Finalmente, por auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve se turnó el asunto al magistrado ponente; y, C O N S I D E R A N D O : 5. PRIMERO. Competencia Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso c), constitucionales; 33, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso c), y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sus puntos primero y tercero, ambos en su fracción II, por reclamarse la sentencia definitiva de una controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, dictada por un órgano jurisdiccional residente en este circuito. 6. SEGUNDO. Informe Justificado Es cierto el acto reclamado de acuerdo al informe justificado de la responsable y los autos originales remitidos. 7. TERCERO. Contexto procesal Demanda Conforme a constancias de autos, por escrito inicial y de desahogo de prevención respectiva, cuyo conocimiento correspondió al Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la vía de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, *********, por propio derecho, y en aquel momento, en representación de su hija *********, demandó de *********, también conocido como *********y de *********: A) la disolución del vínculo matrimonial que unía a la actora con el demandado; B) y C) pensión alimenticia provisional en su favor y de la menor; D) el aseguramiento de dicha pensión; E) guarda y custodia provisional y en su momento la definitiva de su hija; F) de ambos demandados, la nulidad del acta de matrimonio; y, G) la retención del pago proporcional de la pensión alimenticia en el supuesto de que su contraparte gane un juicio laboral que llevaba en contra del *********. 8. Demanda que se sustentó con base en los hechos siguientes: i, ii, iii y iv. El veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y tres contrajo matrimonio con el demandado bajo el régimen de separación de bienes; procrearon a dos hijos de nombres *********e *********, de apellidos ********* (ya mayores de edad), quienes se encontraban estudiando respectivamente; su último domicilio conyugal se ubicó en calle *********, manzana *********, lote *********, colonia *********, en Ecatepec de Morelos, Estado de México; y dijo, todo el tiempo de la relación se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos. v y vi. Manifestó que siempre se llevaron en buenos términos, pero en septiembre de dos mil dos tuvieron problemas que solucionaron y se dieron otra oportunidad para seguir juntos; en el año dos mil tres fue internada debido a que sufrió un *********, lo que la dejó incapacitada. vii. En el año dos mil cuatro fue intervenida quirúrgicamente de una *********, encontrándole *********, por lo que su salud se fue deteriorando gravemente, lo que le impidió trabajar y sufragar gastos. viii. El dieciséis de marzo de dos mil cinco, el demandado se fue del domicilio conyugal, sin volver a hacer vida en común ni convivir con sus hijos. ix y x. Posteriormente, habló con su contrario para acordar sobre los gastos de manutención de sus descendientes, a lo que este aceptó seguir cubriéndolos, pero en abril de dos mil siete ya no los proporcionó y hasta la fecha de presentación de la demanda no había pagado nada, por lo que los padres de la actora comenzaron a ayudarlos y su hijo dio de alta a la actora (sic) para continuar dándole atención médica. xi. Manifestó que desconocía a cuánto ascendían las percepciones económicas del demandado. xii. El diecinueve de febrero de dos mil doce, advirtió que el enjuiciado había contraído nuevas nupcias con *********, el cuatro de enero de dos mil seis. xiii. Asimismo, precisó que el demandado, desde que se casaron, lo conoció como *********, pero con el transcurso de los años advirtió que también se ostentaba como *********. xiv. Manifestó que su contrario tiene un juicio laboral en contra del *********, radicado con el número de expediente 678/2007, del índice de la Junta Federal número 8. xv. Aclaró que la petición de aseguramiento del pago de pensión alimenticia, lo fue en caso de que el demandado ganara el citado juicio. xvi. Finalmente, dijo que su domicilio es el ubicado en calle *********, manzana *********, lote *********, colonia *********, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 9. Asimismo, se hace la precisión en el sentido de que el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se notificó a *********, dada su mayoría de edad, para efectos de que manifestara su interés de continuar o no con la tramitación del juicio promovido a su favor, por lo que por auto de veinte de abril siguiente, al no desahogar la vista, se le tuvo por precluido su derecho y se sobreseyó el asunto por lo que a ella se refirió, dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la forma que mejor le conviniera. Contestación de demanda de *********Negó que la actora tuviera acción y derecho para demandar las prestaciones reclamadas. 10. En cuanto a los hechos i, vii y x, no los afirmó ni los negó. 11. Los hechos ii, iii y ix, fueron ciertos. 12. Referente a los hechos iv y vi eran parcialmente ciertos. 13. Los hechos v, viii, xi, xii, xiii, xiv y xv, dijo que eran falsos y los negó. 14. Finalmente, respecto del hecho xvi, mencionó que la actora siempre tuvo la guarda y custodia de sus hijos, aclarando que cuando trabajaba proporcionó pensión y, cuando perdió su trabajo, acordaron que les dejaría la casa para que vivieran ahí y, en su caso, poder rentar una parte para obtener más dinero. 15. Opuso como excepciones y defensas: falta de personalidad; falta de acción y derecho; las que derivaran de su escrito de contestación; y, oscuridad de la demanda. Contestación de demanda de *********Dijo, la actora se condujo con falsedad y, por tanto, era inadmisible todo lo reclamado. 16. En cuanto a todos los hechos no los afirmó ni los negó por no ser propios, pero dijo que ella no tenía nada que ver en el asunto, por lo que se le causó un daño moral. 17. Opuso como excepciones y defensas: falta de personalidad; falta de acción y derecho; las que derivaran de su escrito de contestación; y, oscuridad de la demanda. 18. Sentencia de quince de marzo de dos mil diecinueve El juez de la causa dictó resolución, en la que decretó el divorcio necesario, precisando que la actora podía contraer nuevo matrimonio y el demandado, al ser cónyuge culpable, no podía casarse sino después de dos años; ordenó enviar oficio al Juez Vigésimo Segundo del Registro Civil de la Ciudad de México, para que diera cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3.33, 3.34 y 4.110 de la ley sustantiva; no hizo pronunciamiento alguno respecto del régimen bajo el cual contrajeron nupcias; estableció una pensión alimenticia definitiva en favor de la enjuiciante, girando oficio al ********* para dar cumplimiento al pago de alimentos; dejó sin efectos las medidas provisionales; absolvió al demandado de las prestaciones D) y G), referentes el aseguramiento de dicha pensión y la retención del pago proporcional de la pensión alimenticia si ganaba un juicio laboral; fue procedente la acción de nulidad y declaró la cancelación del acta de matrimonio celebrada entre********* y*********, por lo que se deberá mandar comunicación al Oficial ********* del Registro Civil de Tultitlán, Estado de México, para que hiciera las anotaciones marginales correspondientes; y, no hizo condena en costas. 19. Acto reclamado CUARTO. Inconformes con lo anterior, la actora y los demandados interpusieron recursos de apelación, de los cuales correspondió conocer a la sala responsable, quien formó el toca ya citado y dictó la sentencia correspondiente, en la que confirmó la resolución impugnada y, no hizo condena en costas. 20. Sentencia que se tiene por reproducida por economía procesal, máxime que no hay obligación legal de transcribirla. 21. QUINTO. Los conceptos de violación constan en el expediente de amparo y se tienen por reproducidos por la referida razón. 22. SEXTO. Antes de abordar el examen de los conceptos de violación es menester sintetizar las consideraciones que dieron sentido al fallo reclamado, en los términos siguientes: 23. La sala, al declararse competente para conocer del asunto, determinó que quedaron intocados los resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DECIMOPRIMERO, DECIMOSEGUNDO y DECIMOTERCERO de la resolución impugnada, atinente al divorcio necesario, retención de pago de alimentos en juicio laboral, nulidad de matrimonio y pago de costas, toda vez que no aparecen controvertidos en sendos recursos interpuestos por la actora ni por la parte demandada, por ende, el sentido de los mismos debía continuar rigiendo, precisando que la materia de los agravios en los recursos de apelación únicamente sería lo relativo al pago de pensión alimenticia reclamada por la actora a cargo de *********. 24. Con la salvedad anterior, analizó los motivos de disenso expuestos; por tanto, la sala inició con el estudio de los agravios de *********. 25. Los agravios expresados por la apelante fueron ineficaces e inoperantes para modificar o revocar la sentencia de primera instancia; los cuales, los estudiaría de forma conjunta dada su estrecha relación, sin que ello implicara infracción alguna, como se establece en la tesis de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". 26. En efecto, conforme al contenido del artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es posible advertir la existencia de dos principio fundamentales o requisitos de fondo, los cuales deben observarse en el dictado de la sentencia: el de congruencia y el de exhaustividad. 27. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda implícito en la disposición legal; así, el principio de congruencia está referido a que la sentencia debe ser congruente no solo consigo misma, sino también con la litis. 28. A su vez, el principio de congruencia se divide en dos: congruencia interna y externa. 29. La congruencia interna hace referencia a que la sentencia no debe contener afirmaciones que se contradigan entre sí; mientras que la externa, alude a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la sentencia no distorsione o altere lo pedido o lo alegado por la defensa, sino que solo se ocupe de las pretensiones de las partes, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio. 30. Por otro lado, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos; es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación, y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva a la parte demandada, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. 31. En relación al pago de pensión alimenticia reclamada por ********* a cargo de *********, en el fallo combatido, el juez de los autos razonó literalmente lo siguiente: "III.4.4. Pensión alimenticia La doctrina y la jurisprudencia han sido coincidentes en definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista, para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, matrimonio o divorcio, y en determinados casos del concubinato. Esto es, el derecho de alimentación proviene de la ley y no de causas contractuales; por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlos jurídicamente, únicamente debe acreditar que es el titular del derecho, para que su acción alimenticia prospere; lo anterior, porque la obligación legal de proporcionar los alimentos, reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes al mismo grupo se deben recíproca asistencia. Ello es así, dado que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual como ya quedó anotado, tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar que presumiblemente lo necesita, lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; la connotación más amplia de este deber es el de asegurar al deudor alimentista los medios de vida suficientes cuando este carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. De ahí que jurisprudencialmente se ha considerado a los alimentos como de interés social y de orden público, lo que resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 4.145 del código civil, aunado a que el derecho de recibir alimentos es irrenunciable, imprescriptible e intransigible. Sirve de apoyo el siguiente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis, cuyo texto se lee: 'ALIMENTO. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL'. (.). En la controversia que se resuelve, destaca la procedencia de la causal de divorcio prevista en el numeral 4.90, fracción XIX, del código civil, lo que conlleva a este juzgador a observar el contenido del diverso 4.99 del mismo ordenamiento en cita, cuyo texto se lee: (.). De acuerdo con el dispositivo legal trascrito, como consecuencia de la procedencia de la causal, el cónyuge culpable cuya conducta motivó el divorcio, recae la subsistencia de una obligación que surgió con el matrimonio, pero debe cumplirse con dos requisitos para que dicha condena sea práctica y opere en beneficio del cónyuge ofendido, a saber: La existencia de la necesidad del cónyuge inocente. La capacidad económica del culpable. Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 'ALIMENTOS. EL DERECHO QUE A ÉSTOS TIENE EL CÓNYUGE INOCENTE, EN EL CASO DE UN DIVORCIO NECESARIO, IMPLICA LA SUBSISTENCIA DE UNA OBLIGACIÓN DEL CÓNYUGE CULPABLE, QUE SURGIÓ CON EL MATRIMONIO, POR LO QUE SU OTORGAMIENTO DEBE SER PROPORCIONAL A LA POSIBILIDAD, DEL QUE DEBE DARLOS Y A LA NECESIDAD DEL QUE DEBE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)' (.). Así las cosas, el suscrito manifiesta la necesidad de hacer ciertas precisiones, en primer lugar: fue deficiente el reclamo de la actora con relación al pago de alimentos porque de manera textual solo reclamó el pago provisional de pensión alimenticia, mas no en forma definitiva. En segundo lugar, a pesar de esa deficiencia, el demandado resultó ser cónyuge culpable por haber operado la causal prevista en el numeral 4.90, fracción XIX, del código civil aplicable al caso, teniendo la obligación de otorgar pensión a favor de la cónyuge inocente, pero no basta tener esa calidad de culpable para que en automático el otro cónyuge acceda a continuar con el pago de alimentos a su favor; ya que debe acreditar en todo caso su necesidad de recibirlos. En tercer lugar, la actora solicitó se rindiera informe sobre su salud ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser derecho habiente, girándose en su momento el oficio, sin que la demandante haya realizado las gestiones necesarias para su diligenciación y por ello, una vez cerrada la etapa de desahogo de pruebas dejó de manifestarse al respecto; por ello, precluyó su derecho para hacerlo, aunque en actuaciones de este expediente, existen documentales públicas exhibidas como anexos de la parte actora al dictamen pericial de trabajo social, donde se advierte una situación de necesidad por el estado de salud. Hechas las precisiones, sin olvidar la deficiencia de la pensión alimentaria por parte de la accionante por ser los alimentos de orden público e interés social, este juzgador determina procedente condenar al demandado culpable del divorcio al pago de una pensión definitiva por existir, disposición expresa en ese sentido, además, en razón de existir elementos probatorios suficientes para ello, como es la existencia de necesidad de alimentos a favor de la actora. En efecto, la actora sostuvo en su demanda estar imposibilitada a trabajar por problemas de salud, cuestión reconocida por el enjuiciado al contestar la demanda, así como por haberse dedicado preponderantemente a las tareas del hogar y cuidado de los hijos, circunstancias también reconocidas por el reo al contestar los hechos IV y VI de la incoada en su contra, es más, al dar respuesta a los hechos VIII y IX, aceptó contribuir para la manutención de sus hijos y cónyuge para que siguieran con el nivel de vida que el demandado les había proporcionado siempre. Esto se corrobora con el dictamen pericial en materia de trabajo social y las constancias o anexos que se adjuntaron a aquel, al reflejar el estado de salud de la accionante; asimismo, se destaca de los anexos las documentales expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social con sellos originales y firmas facsímiles u originales, desprendiéndose el diagnóstico clínico de la actora en fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete: 'Paciente: *********. Diagnóstico de ********* por ********* en tratamiento. Diagnostico en el mes de marzo de *********'. Asimismo, se advierte de la referencia-contrarreferencia de fecha tres de octubre del año dos mil diecinueve, lo siguiente: 'Paciente: *********. Diagnóstico: *********. Diagnóstico subsecuente. Plan.- inicia vigilancia y *********. diarios. Pronóstico reservado a evolución y respuesta a tratamientos. Situación que no fue distorsionada o contradicha por algún medio de prueba aportado por el demandado; bajo esa óptica, se concede valor probatorio a dichas documentales y al dictamen pericial en trabajo social conforme al numeral 1.359 del código de procedimientos civiles al dar elementos de convicción sobre el estado de salud de la actora quien tiene un nivel *********, caracterizado por haber alcanzado un nivel de vida práctica y con ciertas comodidades, con infraestructura básica en entretenimiento y tecnología. Lo anterior permite a este juzgador arribar a la conclusión que no tiene acceso inmediato a un trabajo y está sujeta a tratamiento médico, existiendo otros factores como su edad -se encuentra cerca de convertirse en *********-, su grado de escolaridad con un nivel -*********-, siempre se dedicó al cuidado del hogar y de sus hijos, lo que se infiere, limitó seguir sus estudios sin existir en el sumario algún informe que acredite haber accedido a una fuente laboral, aunque el inmueble donde habita es propio por un convenio judicial con el demandado. Del mismo modo, la capacidad del demandado, también se acredita en autos con los oficios emitidos por la ********* mediante los cuales se informó ser *********el demandado y con la pericial en trabajo social, destacando el nivel donde se ubica el demandado en el nivel ********* (*********), es decir, tiene cubiertas todas sus necesidades de calidad de vida, sin embargo, tiene limitantes para invertir y ahorrar a futuro, tiene ingresos derivados de su *********, aunque tiene varios acreedores, incluyendo hijos de diverso matrimonio y constituye el proveedor del hogar donde vive con su actual pareja *********, aduciendo tener créditos pendientes sin comprobarlo, y presenta un déficit tampoco sin demostrar cómo cubre esos gastos. Así también, tiene un inmueble en ********* donde habita y se encuentra pagando. Bajo esa panorámica, este juzgador determina que hay otros acreedores del demandando, pero al revestir el carácter de cónyuge culpable se condena a pagar de manera definitiva a la actora por concepto de pensión alimenticia el ********* POR CIENTO (*********%) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene como ********* ante el ********* y la cantidad que resulte deberá entregarse en los días y horarios de pago acostumbrados en dicho lugar, ya que existe la necesidad de los alimentos por la actora ante el estado de salud que padece y otros factores como la edad, sin olvidar que durante el matrimonio se hizo cargo del cuidado del hogar y de sus hijos. Por lo anterior, gírese oficio a dicho instituto para que proceda hacer el descuento a favor de ********* y la cantidad que resulte sea entregada a la acreedora citada en los días y horarios acostumbrados de pago en dicho lugar. SE LEVANTA CUALQUIER MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA CON MOTIVO DE LOS ALIMENTOS. 111.4.5 Aseguramiento de la pensión alimenticia Esta circunstancia queda satisfecha con el descuento ordenado en el apartado anterior, absolviendo al demandado de la prestación marcada como D)". 32. En ese tenor, dijo la sala, el juez de origen sostuvo los motivos y los fundamentos del fallo en cuestión para establecer que la actora, en su calidad de cónyuge inocente, acreditó la necesidad de recibir alimentos, en razón de estar imposibilitada para trabajar, dado los problemas de salud que presentó y estaba sujeta a tratamiento médico, así como haberse dedicado preponderantemente a las tareas del hogar y cuidado de sus hijos, dado que tales circunstancias fueron reconocidas por el demandado en su escrito de contestación, corroborado con el dictamen pericial en materia de trabajo social y las constancias o anexos que se adjuntaron a dicho estudio expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, destacando el diagnóstico clínico del nueve de agosto de dos mil diecisiete, así como la referencia y contrarreferencia del tres de octubre de dos mil diecinueve (sic); lo que se reforzó por la ausencia de un médico presentado por el enjuiciado que contradijera aquellos medios de prueba. 33. Además, el juez consideró la edad de la actora -en el sentido de que se encuentra cerca de convertirse en *********- y su grado de escolaridad -*********-. 34. Por lo que hizo a la capacidad del demandado para proporcionar alimentos a su adversaria, el juez la tuvo por justificada, especialmente con los oficios emitidos por la ********* y con la pericial en materia de trabajo social. 35. En ese entendido, los argumentos de la impetrante, a través de los cuales afirmó haber demostrado su necesidad de recibir alimentos, en razón de ser una persona*********, su ********* y haberse dedicado a las labores del hogar, son ineficaces, toda vez que el fallo combatido no podría irrogarle agravios a la recurrente en ese sentido, ya que sí lo consideró el juez; eso fue, la existencia de la necesidad de ********* de recibir alimentos ante el estado de salud que padece y otros factores como la edad, así como haberse dedicado al cuidado del hogar y de sus hijos. 36. Entonces, contrario a lo que afirmó la apelante, el a quo sí valoró los elementos que encerraban su estado de salud -que debe tener alimentos y cuidados especiales-, pues hizo referencia a los documentos expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, agregados al estudio de trabajo social, y estableció que la actora estaba imposibilitada para trabajar por problemas de salud, no tenía acceso inmediato a un trabajo y estaba sujeta a un tratamiento médico; tan fue así que, resolvió condenar a ********* al pago de una pensión alimenticia en favor de la actora. 37. No soslayó referir la sala que sobre la justificación de aumento de pensión alimenticia a que hizo referencia la apelante en su pliego de inconformidades, resultó ineficaz, ya que ese tema no fue objeto de la litis, dado que lo planteado en la demanda constreñía a la fijación de una pensión alimenticia, la cual se logró en su beneficio, y no en su incremento e incluso en su disminución, como lo adujo la quejosa; de modo que no fue reprochable para el juez omitir ocuparse de ese tema, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 38. En ese entendido, el fallo combatido no podría irrogar agravio a la apelante en torno a una condena de disminución de alimentos en su perjuicio, pues la sala reiteró que el juez de origen no tenía ninguna obligación de ocuparse de ello, al no ser tema de debate; en todo caso, la modificación de pensión alimenticia provisional a razón del ********* por ciento a la decretada en definitiva (********* por ciento), no significó una condena de disminución, toda vez que la pensión primigeniamente decretada fue con carácter provisional -constituyó una medida cautelar temporal, fijada sin audiencia del deudor- con base en la información que se proporcionó por la actora, con el fin de asegurar su subsistencia mientras se dictaba sentencia definitiva; en tanto, la pensión alimenticia definitiva se fijó hasta el dictado del fallo, por ser en ese momento cuando el juzgador tuvo los elementos suficientes para normar su criterio en ese tema, precisamente con base en los elementos de prueba que aportaron las partes en el juicio. 39. Por tanto, el monto que se decretó en forma provisional no trajo como consecuencia necesaria que la pensión definitiva debiera ser igual a la provisional, pues su fijación dependió del material probatorio aportado y desahogado por las partes. 40. Fueron ilustrativos los criterios que citó la sala: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONSTITUYE UNA PROTECCIÓN URGENTE OTORGADA POR EL LEGISLADOR, A LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA, RESPECTO DE LA CUAL NO PROCEDE LA RESTITUCIÓN DE LOS PAGOS HECHOS POR ESTE CONCEPTO PUES NO SE ESTÁ ANTE UN ENRIQUECIMIENTO ILEGAL" y "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA". 41. Luego, los argumentos de la apelante a través de los cuales solicitó aumento de pensión alimenticia porque afirmó no contar con servicio médico que proporcionaba el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como lo relativo al pago retroactivo de pensión alimenticia, en razón de que el demandado dejó de proporcionarle alimentos desde el año dos mil siete, fueron agravios inoperantes por novedosos, ya que tales circunstancias no se hicieron valer en su escrito de demanda; por ende, no podía analizarse en ese recurso, al no haberse hecho del conocimiento de su contraparte a fin de que ejercitara su derecho de audiencia, y aplicó la tesis de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN". 42. Los agravios en los que la quejosa básicamente refirió que el *********por ciento mensual de los ingresos que como ********* obtenía su oponente, no le alcanzaban para cubrir sus necesidades; que el juzgador le irrogó agravio al decretar la disminución de pensión alimenticia bajo el amparo de que el deudor alimentario tenía otros acreedores, sin justificarse el vínculo que los unía; y, que se dejó de considerar que la capacidad económica del deudor alimentario era mayor a la manifestada por este en la práctica del estudio de trabajo social; fueron insuficientes para que la sala procediera a su estudio de proporcionalidad -necesidad de la acreedora, posibilidad del deudor-, porque omitió especificar los montos o razones suficientes por las que el porcentaje decretado por el juez, por concepto de pensión alimenticia definitiva a razón del ********* por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenía como ********* ante el *********, resultara ilegal en proporción a las necesidades de la acreedora alimentaria y/o capacidades del deudor. 43. Dichos datos específicos de gastos que erogaba la acreedora alimentaria para cubrir sus necesidades, sí resultaban necesarios evidenciar a efecto de verificar si la cantidad equivalente al ********* por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias del demandado, era suficiente o no para cubrir los alimentos de la actora, comprendidos en lo que establece el artículo 4.135 de la ley sustantiva civil; eso fue, todo lo que era necesario para el sustento, alimentación y nutrición, habitación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación. 44. Pues no debía perderse de vista que la institución de los alimentos fue creada por el legislador, no para enriquecer a la acreedora o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que viva con decoro y pudiera atender a su subsistencia. El verdadero y noble fin ético-moral de la institución es el de proteger y salvaguardar la supervivencia de quien no está en posibilidades de allegarse, por medios propios, de los recursos indispensables para el desarrollo normal de ese valor primario que es la vida. 45. Con base en esas particularidades, la sala dijo, resultaron ineficaces los argumentos de la recurrente, a través de los cuales pretendía evidenciar una capacidad mayor del demandado y deudor alimentario a la revelada en autos, pues, pese a que su contrario tuviere una capacidad mayor, ello no produciría, por sí mismo, que la pensión alimenticia debiera ser aumentada, si no hay justificación en el sentido de que la decretada no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de la acreedora. 46. Máxime que la responsable no soslayó que del estudio en materia de trabajo social se encontrara soportada la justificación del porcentaje decretado por el juez, en concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la apelante, sin incluir a la hija de las partes. 47. Por tanto, ningún agravio irrogó a la apelante que el demandado hubiere omitido exhibir actas de nacimiento de quien dijo, eran sus acreedores alimentarios, toda vez que esa circunstancia no representó una razón para fijar la pensión alimenticia definitiva a razón del ********* por ciento; tan fue así, que el juez determinó que el carácter de cónyuge culpable hacía necesaria la condena al pago de alimentos a favor de su oponente, sin tomar en cuenta la existencia de otros acreedores, al expresar: "Bajo esa panorámica, este juzgador determina que hay otros acreedores del demandado, pero al revestir el carácter de cónyuge culpable se condena a pagar de manera definitiva a la actora por concepto de pensión alimenticia el ********* POR CIENTO (*********%) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene como ********* ante el *********". 48. Finalmente, toda vez que en el caso concreto no se ventilaron derechos de menores, incapaces, o bien, se estuviera en presencia de un grupo vulnerable, no fue aplicable la suplencia de la queja para ninguna de las partes, por cuanto que en la especie rige el principio de estricto derecho, y aplicó la tesis de rubro: "ALIMENTOS. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR, DEL DEUDOR ALIMENTISTA O ACREEDOR ALIMENTARIO MAYOR DE EDAD CON CAPACIDAD JURÍDICA, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIONES I O VI, DE LA LEY DE AMPARO". 49. Con vista en lo anterior, no se soslayó que la apelante invocara en su escrito de agravios dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, no tuvieron el alcance que pretendía la recurrente, atento a la serie de razonamientos que quedaron delineados anteriormente; mientras que la última tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Primer Circuito, resultó inaplicable en observancia al artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. 50. Por otra parte, la sala analizó los agravios expuestos por ********* y *********, y dijo que los motivos de disenso planteados por los apelantes fueron ineficaces e inoperantes para modificar o revocar la sentencia de primera instancia, los cuales dada la estrecha relación que guardaban entre sí, los estudió de manera conjunta. 51. En efecto, de la revisión del fallo combatido se advierte que el juez del conocimiento estableció la condena al pago de pensión alimenticia a razón del ********* por ciento a favor de *********, a cargo de *********, bajo el argumento toral de que, además de resultar el demandado cónyuge culpable, la accionante demostró ser una persona enferma y haberse dedicado a las labores del hogar, apoyado esencialmente en la confesión del enjuiciado, derivada de la contestación de los hechos iv, vi, viii, y ix, de la demanda, adminiculado al dictamen pericial en materia de trabajo social y las constancias o anexos expedidas por el Instituto Mexicano Del Seguro Social, con sellos originales y firmas facsímiles u originales [diagnóstico clínico de la actora de nueve de agosto de dos mil diecisiete y referencia-contrarrefencia del tres de octubre de dos mil diecinueve (sic)], que se adjuntaron al mismo, sumado a la ausencia de un medio de prueba que contradijera el contenido de dichas documentales. 52. Al efecto, razonó literalmente lo siguiente: "(.). En efecto, la actora sostuvo en su demanda estar imposibilitada a trabajar por problemas de salud, cuestión reconocida por el enjuiciado al contestar la demanda, así como por haberse dedicado preponderantemente a las tareas del hogar y cuidado de los hijos, circunstancias también reconocidas por el reo al contestar los hechos IV y VI de la incoada en su contra, es más, al dar respuesta a los hechos VIII y IX, aceptó contribuir para la manutención de sus hijos y cónyuge para que siguieran con el nivel de vida que el demandado les había proporcionado siempre. Esto se corrobora con el dictamen pericial en materia de trabajo social y las constancias o anexos que se adjuntaron a aquel, al reflejar el estado de salud de la accionante; asimismo, se destaca de los anexos las documentales expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social con sellos originales y firmas facsímiles u originales, desprendiéndose el diagnóstico clínico de la actora en fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete: 'Paciente: *********. Diagnóstico de ********* por ********* en tratamiento. Diagnostico en el mes de marzo de *********'. Asimismo, se advierte la referencia-contrarreferencia de fecha tres de octubre del año dos mil diecinueve (sic), lo siguiente: 'Paciente: *********. Diagnóstico: *********. Diagnóstico subsecuente. Plan.- inicia vigilancia y *********. diarios. Pronóstico reservado a evolución y respuesta a tratamientos (sic). Situación que no fue distorsionada o contradicha por algún medio de prueba aportado por el demandado; bajo esa óptica, se concede valor probatorio a dichas documentales y al dictamen pericial en trabajo social conforme al numeral 1.359 del código de procedimientos civiles al dar elementos de convicción sobre el estado de salud de la actora quien tiene un nivel *********, caracterizado por haber alcanzado un nivel de vida práctica y con ciertas comodidades, con infraestructura básica en entretenimiento y tecnología. Lo anterior permite a este juzgador arribar a la conclusión que no tiene acceso inmediato a un trabajo y está sujeta a tratamiento médico, existiendo otros factores como su edad -se encuentra cerca de convertirse en *********-, su grado de escolaridad con un nivel -*********-, siempre se dedicó al cuidado del hogar y de sus hijos, lo que se infiere, limitó seguir sus estudios sin existir en el sumario algún informe que acredite haber accedido a una fuente laboral, aunque el inmueble donde habita es propio por un convenio judicial con el demandado". 53. El caso fue que, en contra de las razones expresadas por el juez del conocimiento, la parte demandada únicamente se quejó en el sentido de que la enfermedad que la actora sostuvo padecer con el fin de recibir alimentos no era válido tenerla por demostrada con la copia simple de resumen médico de fecha doce de abril de dos mil once y, agregaron que los documentos exhibidos en el dictamen pericial en materia de trabajo social, tampoco acreditaron el hecho pretendido porque no fueron concatenados con medio probatorio alguno. 54. Sin embargo, dicha copia simple del resumen médico de doce de abril de dos mil once, a la que hacen referencia, no fue valorada por el juez a favor de su contraparte; por ende, resultó equivocado que el juzgador hubiere estimado dicho medio de prueba para conceder los alimentos a favor de la demandante; consecuentemente, la sentencia apelada no podría irrogar agravio a los inconformes en ese sentido. 55. Por otro lado, en oposición a lo aseverado por los apelantes, del fallo impugnado se advirtió que el juez no solo tomó en cuenta las documentales expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para decretar el acogimiento de la pensión alimenticia, sino que dichas pruebas las encontró concatenadas con lo manifestado por la parte reo en el escrito de contestación de demanda, considerando que ********* reconoció que la actora estaba imposibilitada para trabajar por problemas de salud, así como que se dedicó preponderantemente a las tareas del hogar y cuidado de sus hijos. 56. Siendo que del contenido de los agravios expuestos por los apelantes, se advirtió que omitieron combatir dicha consideración toral, en la cual, el juzgador se apoyó para determinar la justificación de la enfermedad alegada por la acreedora alimentaria, tan fue así, que se limitaron a referir que el juez tuvo por acreditada las manifestaciones de su adversaria solo con su dicho; sin embargo, omitieron atacar las consideraciones que el juez abordó en torno al escrito de contestación de demanda, aunado a que no indicaron nada respecto a la edad avanzada que también fue tomada en cuenta para el pago de alimentos; la omisión de que se trató, produjo per se, la eficacia jurídica de lo sentenciado. 57. Aunado a lo anterior, los impetrantes tampoco combatieron las razones por las cuales el a quo estableció la autenticidad de los documentos anexados al dictamen de trabajo social, consistentes en el diagnóstico clínico de la actora de nueve de agosto de dos mil diecisiete y referencia-contrarrefencia de tres de octubre de dos mil diecinueve (sic), por contener sellos originales y firmas facsímiles u originales. 58. Sin perjuicio de lo anterior, convino referir que los documentos públicos gozan de valor probatorio pleno en términos del artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cuya autenticidad se demuestra por sus sellos, firmas u otros signos exteriores que prevengan las leyes, conforme lo establece el numeral 1.293 del citado código. 59. Bajo esa línea argumentativa, los documentos anexados al estudio de trabajo social, sí resultaron suficientes para demostrar lo que en ellos se contenía, y se apoyó en la tesis de rubro: "DOCUMENTO PÚBLICO, ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTE CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO EN EJERCICIO PARA QUE SEA AUTENTICO EL". 60. En esas condiciones, los motivos de disenso en los que básicamente los recurrentes arguyeron que en autos no se justificó la necesidad de la actora de recibir alimentos, resultaron inoperantes, porque como ya lo había dicho la responsable, los argumentos en que el juez de origen sustentó su decisión, no fueron combatidos por los impugnantes; aplicó las tesis de rubros: "AGRAVIOS INOPERANTES, LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ESTOS SEAN INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO" y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA". 61. Eso fue así, porque los agravios deberán consistir en razonamientos lógico jurídicos tendentes a poner de manifiesto que las consideraciones de la sentencia recurrida eran contrarias a la ley o a su interpretación jurídica, bien, porque no se aplicó un precepto legal o no se hizo de manera adecuada; de tal manera que los apelantes tenían que impugnar todos los argumentos del juzgador, pues en caso contrario, debiendo quedar intocado alguno de ellos, resultarían insuficientes las inconformidades planteadas para analizar el fallo impugnado, y aplico la tesis de título: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN". 62. En mérito de lo anterior, el criterio del Segundo Circuito, correspondiente a ese tribunal, no tuvo el alcance pretendido por los impetrantes; en tanto que el resto de los invocados correspondientes a diversos circuitos, son inaplicables en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. 63. Finalmente, al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no condenó en costas en esa segunda instancia. 64. Análisis de las violaciones procesales SÉPTIMO. Es menester precisar que de las constancias que integran el juicio de origen no se advierte la comisión de alguna violación procesal que haya dejado a la quejosa sin defensa y amerite ser examinada en suplencia de la queja y tampoco fue alegada por las partes. 65. Exposición de los conceptos de violación OCTAVO. Después de sintetizar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, la quejosa estima que le causa daño el que se calificaran de ineficaces e inoperantes sus inconformidades, en cuanto a que en su escrito de demanda solo expuso en sus prestaciones una pensión provisional y no definitiva; sin embargo, cuando se solicita el pago de una pensión alimenticia definitiva en el inicio del juicio, la autoridad siempre otorga una pensión alimenticia provisional, como medida cautelar, entonces por qué la autoridad, en dicho razonamiento, dice que sus argumentos son inoperantes e ineficaces; de ahí que se vulnere el principio de congruencia y exhaustividad, pues se analiza someramente una prestación de pensión provisional, sin hacer un estudio profundo de sus necesidades económicas por el estado de salud en que está viviendo, y este fue motivo en que solicitó el aumento (sic) de pensión alimenticia, ya que sus manifestaciones y medios de prueba acreditan su necesidad de recibirlos, ante tal situación insiste- la sala responsable no cumple con lo establecido en el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (lo transcribe). 66. La disconforme agrega que si bien la sala responsable indica que el juez de primer grado sí valoró los elementos de su enfermedad, la edad, así como que siempre se dedicó al hogar, y que por esos motivos decidió condenar al demandado al pago de una pensión alimenticia a su favor; sin embargo, sobre la petición del "aumento" de la pensión alimenticia, se determinó que no era materia del asunto, aunque lo cierto es que al establecerse desde primera instancia la pensión alimenticia, entonces sí se encuentra en estudio de la litis. 67. En ese sentido -agrega la inconforme-, sus agravios no son inoperantes, pues acreditó que no cuenta con servicio médico, ya que su hijo se encuentra aún desempleado, el costo de sus medicinas y tratamientos son elevados, y su enfermedad no le permite trabajar, aunado a que siempre se dedicó al cuidado de los hijos y al hogar, además, dentro de poco será un *********. Y si bien, el juez natural los mencionó, lo cierto es que nunca hizo un estudio real, solo en su resolución se basó en que el demandado tiene obligación con otros deudores y, con ello, se le pide que acredite su acción jurídica para solicitar el aumento (sic) de pensión alimenticia; entonces, por qué se atiende al dicho del demandado, quien con una simple manifestación de que tiene otros deudores alimentarios, sin acreditarlo con documento público y que en la prueba pericial manifiesta que tiene muchos gastos, sin demostrarlo, o si tiene deudas, solo le dan pleno valor probatorio, a pesar de que la quejosa ha manifestado que el deudor recibió la cantidad de ********* pesos, lo cual se acreditó con el informe de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con lo que se desacredita el empobrecimiento alegado por el deudor alimentario, por eso, insiste en señalar que se vulnera el principio de congruencia e igualdad, al no otorgarse valor probatorio al informe de hacienda (sic). 68. Al respecto, invoca la tesis de rubro: "ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)". 69. La quejosa señala que en las jurisprudencias que se mencionan en la sentencia reclamada, se refieren a la igualdad y a la obligación del demandado de dar una pensión alimenticia acorde a sus posibilidades, por lo que con la documental pública consistente en el informe de hacienda (sic), se acredita que su contrario tiene la capacidad económica de poder proporcionarle un aumento (sic) en su pensión alimenticia de manera digna, ya que ambas autoridades no se han puesto a estudiar e investigar que sus enfermedades son crónicas, como el ********* y la *********, ya que precisamente por esos padecimientos, es prioritaria su necesidad de pedir el aumento (sic) de pensión alimenticia. 70. El deudor alimentario -señala la quejosa-, en la contestación de la demanda nunca mencionó que tuviera deudores alimentarios, y dentro de sus excepciones y defensas nunca destruyó con algún medio legal, que la actora no tuviera la personalidad (sic) de demandar; entonces, cómo se toma en cuenta que el demandado tiene hijos si no se encuentra una prueba contundente, sino que solo se basó en un dicho, aunado a que se resuelve sobre cuestiones que el enjuiciado nunca planteó en su escrito de contestación de demanda. 71. En cuanto a que la figura de pensión alimenticia fue creada no para enriquecer a la acreedora o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, simplemente para que viva con decoro y pueda atender su subsistencia, la quejosa expresa que no desea enriquecerse con la pensión alimenticia, pues se acreditó dentro de la secuela procesal que el demandado se le determinó una pensión alimenticia de *********, porque en ese momento de la demanda inicial no tenía conocimiento de su fuente de ingresos; asimismo, dentro de la secuela procesal, esto es, en el dos mil trece, se hicieron diversas investigaciones que obran en el expediente, la cual arrojó que el ********* siempre lo encubrió, pues de los informes emitidos por la institución gubernamental se advertía que no se encontraban los datos, que él no pertenecía a la plantilla de los trabajadores del *********, hasta que llegó el informe de hacienda (sic), donde se dijo que él era un ********* de esa institución de seguridad social y que había sido trabajador de la misma, años que el demandado evadió su responsabilidad, además, a pesar de que tenía una obligación en ese momento con sus menores hijos, jamás cumplió en entregarles una pensión alimenticia y mucho menos a la propia quejosa -afirma-, ya que en ese tiempo se encontraba delicada de salud, con la enfermedad de *********, de la cual se encuentra en tratamiento médico. 72. La peticionaria del amparo agrega, conforme a lo antes explicado, no pretende enriquecerse, si durante diez años nunca recibió pensión alimenticia del demandado, aunado a que le quitó el seguro social, y con su familia y amistades se encuentra endeudada, pues su hijo tuvo que dejar de estudiar para que le pudiera otorgar seguridad social; por lo cual, se debió considerar la confesional judicial expresa del demandado, ya que nunca acreditó que le diera una pensión alimenticia, y a pesar de todos estos elementos de prueba, la autoridad tiene la firme idea que se quiere enriquecer, lo cual atenta contra la equidad jurídica. 73. La inconforme señala que le causa agravio que se considerara que pretendía evidenciar una capacidad mayor del demandado y deudor alimentario a la revelada en autos, pues, pese a que este tenga una capacidad superior, ello no produce, por sí mismo, que la pensión alimenticia sea mayor, si no hay justificación; sin embargo, las enfermedades que padece son crónicas y costosas, aunado a que no cuenta con seguridad social, y con la pensión que tiene no llega a cubrir los costos de hospitalización, medicinas o una cirugía. 74. Finalmente, la quejosa solicita que se supla la queja deficiente de sus conceptos de violación y cita la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LAS PARTES EN SUS PLANTEAMIENTOS DE DERECHO EN MATERIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 941 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO, PERMITE AL JUZGADOR DAR CURSO AL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD QUE NO FUERAN SUBSANABLES POR DICHA INSTITUCIÓN". 75. Estudio de los argumentos Los conceptos de violación antes sintetizados se analizan en su conjunto con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. 76. En ese sentido, asiste razón a la quejosa al señalar que en la sentencia reclamada no se analizaron en sus términos los agravios que planteó en el recurso de apelación. 77. Se afirma lo anterior, pues en la sentencia de primera instancia, en torno al tema relativo a la determinación de la pensión alimenticia, se consideró literalmente lo siguiente: "III.4.4. Pensión alimenticia La doctrina y la jurisprudencia han sido coincidentes en definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista, para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, matrimonio o divorcio, y en determinados casos del concubinato. Esto es, el derecho de alimentación proviene de la ley y no de causas contractuales; por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlos jurídicamente, únicamente debe acreditar que es el titular del derecho, para que su acción alimenticia prospere; lo anterior, porque la obligación legal de proporcionar los alimentos, reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes al mismo grupo se deben recíproca asistencia. Ello es así, dado que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual como ya quedó anotado, tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar que presumiblemente lo necesita, lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; la connotación más amplia de este deber es el de asegurar al deudor alimentista los medios de vida suficientes cuando este carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. De ahí que jurisprudencialmente se ha considerado a los alimentos como de interés social y de orden público, lo que resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 4.145 del código civil, aunado a que el derecho de recibir alimentos es irrenunciable, imprescriptible e intransigible. Sirve de apoyo el siguiente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis, cuyo texto se lee: 'ALIMENTO. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL'. (.). En la controversia que se resuelve, destaca la procedencia de la causal de divorcio prevista en el numeral 4.90, fracción XIX, del código civil, lo que conlleva a que este juzgador a observar el contenido del diverso 4.99 del mismo ordenamiento en cita, cuyo texto se lee: (.). De acuerdo con el dispositivo legal trascrito, como consecuencia de la procedencia de la causal, el cónyuge culpable cuya conducta motivó el divorcio, recae la subsistencia de una obligación que surgió con el matrimonio, pero debe cumplirse con dos requisitos para que dicha condena sea práctica y opere en beneficio del cónyuge ofendido, a saber: La existencia de la necesidad del concluye inocente; La capacidad económica del culpable. Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 'ALIMENTOS. EL DERECHO QUE A ÉSTOS TIENE EL CÓNYUGE INOCENTE, EN EL CASO DE UN DIVORCIO NECESARIO, IMPLICA LA SUBSISTENCIA DE UNA OBLIGACIÓN DEL CÓNYUGE CULPABLE, QUE SURGIÓ CON EL MATRIMONIO, POR LO QUE SU OTORGAMIENTO DEBE SER PROPORCIONAL A LA POSIBILIDAD, DEL QUE DEBE DARLOS Y A LA NECESIDAD DEL QUE DEBE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)' (.). Así las cosas, el suscrito manifiesta la necesidad de hacer ciertas precisiones, en primer lugar; fue deficiente el reclamo de la actora con relación al pago de alimentos porque de manera textual solo reclamó el pago provisional de pensión alimenticia, mas no en forma definitiva. En segundo lugar, a pesar de esa deficiencia, el demandado resultó ser cónyuge culpable por haber operado la causal prevista en el numeral 4.90, fracción XIX, del código civil aplicable al caso, teniendo la obligación de otorgar pensión a favor de la cónyuge inocente, pero no basta tener esa calidad de culpable para que en automático el otro cónyuge acceda a continuar con el pago de alimentos a su favor; ya que debe acreditar en todo caso su necesidad de recibirlos. En tercer lugar, la actora solicitó se rindiera informe sobre su salud ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser derecho habiente, girándose en su momento el oficio, sin que la demandante haya realizado las gestiones necesarias para su diligenciación y por ello, una vez cerrada la etapa de desahogo de pruebas dejó de manifestarse al respecto; por ello, precluyó su derecho para hacerlo, aunque en actuaciones de este expediente, existen documentales públicas exhibidas como anexos de la parte actora al dictamen pericial de trabajo social, donde se advierte una situación de necesidad por el estado de salud. Hechas las precisiones, sin olvidar la deficiencia de la pensión alimentaria por parte de la accionante por ser los alimentos de orden público e interés social, este juzgador determina procedente condenar al demandado culpable del divorcio al pago de una pensión definitiva por existir, disposición expresa en ese sentido, además, en razón de existir elementos probatorios suficientes para ello, como es la existencia de necesidad de alimentos a favor de la actora. En efecto, la actora sostuvo en su demanda estar imposibilitada a trabajar por problemas de salud, cuestión reconocida por el enjuiciado al contestar la demanda, así como por haberse dedicado preponderantemente a las tareas del hogar y cuidado de los hijos, circunstancias también reconocidas por el reo al contestar los hechos IV y VI de incoada en su contra, es más, al dar respuesta a los hechos VIII y IX, aceptó contribuir para la manutención de sus hijos y cónyuge para que siguieran con el nivel de vida que el demandado les había proporcionado siempre. Esto se corrobora con el dictamen pericial en materia de trabajo social y las constancias o anexos que se adjuntaron a aquel, al reflejar el estado de salud de la accionante; asimismo, se destaca de los anexos las documentales expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social con sellos originales y firmas facsímiles u originales, desprendiéndose el diagnóstico clínico de la actora en fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete: 'Paciente: *********. Diagnóstico de ********* por ********* en tratamiento. Diagnostico en el mes de marzo de *********'. Asimismo, se advierte la referencia-contrarreferencia de fecha tres de octubre del año dos mil diecinueve, lo siguiente: 'Paciente: *********. Diagnóstico: *********. Diagnóstico subsecuente. Plan.- inicia vigilancia y *********. diarios. Pronóstico reservado a evolución y respuesta a tratamientos (sic). Situación que no fue distorsionada o contradicha por algún medio de prueba aportado por el demandado; bajo esa óptica, se concede valor probatorio a dichas documentales y al dictamen pericial en trabajo social conforme al numeral 1.359 del Código de Procedimientos Civiles al dar elementos de convicción sobre el estado de salud de la actora quien tiene un nivel *********, caracterizado por haber alcanzado un nivel de vida práctica y con ciertas comodidades, con infraestructura básica en entretenimiento y tecnología. Lo anterior permite a este juzgador arribar a la conclusión que no tiene acceso inmediato a un trabajo y está sujeta a tratamiento médico, existiendo otros factores como su edad -se encuentra cerca de convertirse en *********-, su grado de escolaridad con un nivel -*********-, siempre se dedicó al cuidado del hogar y de sus hijos, lo que se infiere, limitó seguir sus estudios sin existir en el sumario algún informe que acredite haber accedido a una fuente laboral, aunque el inmueble donde habita es propio por un convenio judicial con el demandado. Del mismo modo, la capacidad del demandado, también se acredita en autos con los oficios emitidos por la ********* mediante los cuales se informó ser *********el demandado y con la pericial en trabajo social, destacando el nivel donde se ubica el demandado en el nivel ********* (*********), es decir, tiene cubiertas todas sus necesidades de calidad de vida, sin embargo, tiene limitantes para invertir y ahorrar a futuro, tiene ingresos derivados de su *********, aunque tiene varios acreedores, incluyendo hijos de diverso matrimonio y constituye el proveedor del hogar donde vive con su actual pareja *********, aduciendo tener créditos pendientes sin comprobarlo, y presenta un déficit tampoco sin demostrar cómo cubre esos gastos. Así también, tiene un inmueble en ********* donde habita y se encuentra pagando. Bajo esa panorámica, este juzgador determina que hay otros acreedores del demandando, pero al revestir el carácter de cónyuge culpable se condena a pagar de manera definitiva a la actora por concepto de pensión alimenticia el ********* POR CIENTO (*********%) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene como ********* ante el ********* y la cantidad que resulte deberá entregarse en los días y horarios de pago acostumbrados en dicho lugar, ya que existe la necesidad de los alimentos por la actora ante el estado de salud que padece y otros factores como la edad, sin olvidar que durante el matrimonio se hizo cargo del cuidado del hogar y de sus hijos. Por lo anterior, gírese oficio a dicho instituto para que proceda hacer el descuento a favor de ********* y la cantidad que resulte sea entregada a la acreedora citada en los días y horarios acostumbrados de pago en dicho lugar. SE LEVANTA CUALQUIER MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA CON MOTIVO DE LOS ALIMENTOS". 78. En contra de tales consideraciones, la ahora quejosa, en su recurso de apelación, planteó los agravios siguientes: "AGRAVIOS. PRIMERO. Los conceptos de agravios que violan mis derechos constituciones en el resolutivo marcado con el número QUINTO en el número marcado con III. 4. 4 de PENSIÓN ALIMENTICIA, con este resolutivo perjudican el apelante y los consideramos que viola el principio de congruencia de la sentencia, a lo que se necesita ir alegando las violaciones de la sentencia de fecha 15 de marzo de 2019, con el fin de demostrar que la misma ha sido injusta y lesiva para el apelante, ya que como lo acredité por ser una persona enferma, ya que de mi primera enfermedad sigo en tratamiento médico de diagnóstico de ********* ********* en TRATAMIENTO, esto quiere decir que no me he han dado de alta y que de dicha enfermedad sigo en proceso médico. Asimismo también en el mes de marzo de 2016, me diagnosticaron ********* y diagnostico ********* *********, parte no especificadas, el diagnóstico es RESERVADO. Ya que estas enfermedades que padezco son crónicas. Esto lo acredito con la valoración médica que tengo ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; además, se exhibió en la prueba de trabajó social con la perita, donde se acredita que me encuentro en tratamiento de *********, y demás tratamiento médico, con eso confirmo que me veo en la necesidad de pedir pensión alimenticia, y además un aumento de la pensión alimenticia. Anexos que fueron exhibidos en original en la prueba de trabajo social de mi tratamiento médico, ya que con estos dos tratamientos y LO AVANZADO DE MI EDAD, que soy una persona que en poco me convertiré en ********* y como lo acredité, siempre me dediqué al hogar y carezco de experiencia laboral, por lo que me veo en la necesidad de acudir a las instancias judiciales para solicitarla el aumento de pensión alimenticia. Además, desde que me casé con el demandado y hasta el día de hoy, siempre me he dedicado a las tareas del hogar, al cuidado de mis hijos y a la administración del hogar, y que por mi enfermedad me veo imposibilidad hacer esfuerzo, ya que tengo ********* y esta enfermedad me prohíbe realizar esfuerzo por que se pueden reventar, esto que al reventarse me puede asfixiar con mi sangre y volver a tener otro episodio de una *********, y no con lo delicado de mi salud agregado el *********, las radioterapias que me han hecho me encuentro en un estado de salud delicado, ya que el ********* solo es controlable con los medicamentos y tratamientos que me proporciona el Instituto. He de resaltar que la parte demanda jamás objetó la documental pública en término y forma a pesar de haber sido sabedor de mi diagnóstico médico emitido por el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, dando pleno valor probatorio a dicha documental, esto lo fundamentó en el artículo 1.302 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que dice: (lo transcribió). Con el cúmulo de diversos medios de prueba, le pido a su señoría se me aumente la pensión alimenticia ya que como lo manifesté en mi escrito inicial de demandada, el demandado me proporcionaba seguro social, pero sin motivo aparente me dio de baja, esto lo acredito que en mi primer diagnóstico médico estoy con su número de seguridad social, ante tal situación mi hijo me tuvo que dar de alta ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, para poder llevar mi tratamiento médico, por tal situación es una violación a mis garantías individuales de que el a quo me haya disminuido mi pensión alimenticia, ya que por lo de mis enfermedades debo tener alimentos especiales y como es sabido el seguro social carece de los medicamentos, así que luego tengo que adquirirlos por fuera y lo que se refiere al ********* son de alto costo, que al disminuirlos me quedaría sin mis medicamentos que me ayudan a vivir de una manera un poco más saludable. ARTÍCULO 4.138 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, PÁRRAFO 1, 2, 3 Y 4., (lo transcribió). Resaltando la siguiente jurisprudencia que se transcribe: 'ALIMENTOS. EL DERECHO QUE A ÉSTOS TIENE EL CÓNYUGE INOCENTE, EN EL CASO DE UN DIVORCIO NECESARIO, IMPLICA LA SUBSISTENCIA DE UNA OBLIGACIÓN DEL CÓNYUGE CULPABLE, QUE SURGIÓ CON EL MATRIMONIO, POR LO QUE SU OTORGAMIENTO DEBE SER PROPORCIONAL A LA POSIBILIDAD DEL QUE DEBE DARLOS Y A LA NECESIDAD DEL QUE DEBE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)'. También es importante señalar que mi hijo *********, fue despedido el día 28 de febrero de 2019, esto lo acredito con la carta donde fue separado de su fuente de trabajo, ante tal situación, ya no tengo servicio médico del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, y todavía tengo diversos tratamientos médicos, y ahora que no tengo el servicio en el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, tengo que llevarlos con médicos particulares, esa situación tengo que pagar citas, medicamentos, laboratorios y demás tratamientos médicos. Ante tal situación en que el a quo al haberme disminuido mi pensión alimenticia viola mis derechos humanos, el de tener servicios de salud adecuados a mis tratamientos médicos. Anexando la carta de despido de mi hijo de nombre *********. Ahora bien, también es viable manifestar que el juez natural mencionó los problemas de salud, en que se encuentra la suscrita, más la mayoría de edad y que siempre me he dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, porque al hacer su estudio, no valoró los elementos que encierra mi estado de salud, que debo de tener alimentos especiales, cuidados especiales y tratamientos para poder llevar una vida lo más tranquila, ante tal situación el a quo violó el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, CONDENÁNDOME A UNA DISMINUCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. Sustentando la siguiente jurisprudencia: 'PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE LOS JUICIOS DE DIVORCIO. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA ACORDE AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS)'. SEGUNDO AGRAVIO. Aduciendo a las violaciones en que incurrió el juez natural al condenarnos a una disminución de la pensión alimenticia dictada en la sentencia definitiva de fecha 15 de marzo de 2019, por lo que se refiere de la capacidad del demandado, manifiesta que el demandado tiene el nivel ********* (*********), es decir, tiene cubiertas todas sus necesidades de calidad de vida, sin embargo tiene limitantes para invertir y ahorrar a futuro, tiene diversos acreedores incluyendo los hijos que tuvo con la señora *********; con este razonamiento el juez natural toma en cuenta para disminuirme la pensión alimenticia, pero como se desprende de la contestación de la demanda, de autos y de la misma prueba pericial, no hay actas de nacimiento certificadas de los supuestos hijos que tiene con la señora *********, violando claramente diversos fundamentos legales, en primer término violando los artículos 1.250 y 1.251 en su primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, donde el juez natural solo se basó con la simple manifestación del demandado sin darse a la terea de conocer la verdad o cualquier otro medio legal, inserto los artículos que a la letra dicen: (los transcribió). También violó el artículo 2.115 y 2.116 del código adjetivo para esta entidad, donde los requisitos para una contestación de demanda deben incluir los documentos públicos donde acredite lo de sus menores hijos o donde manifieste en sus excepciones y defensas que tiene otros acreedores alimentarios, asimismo tuvo los días que la ley concede para acreditar con sus excepciones y defensas Y QUE DICHO DERECHO YA SE LE PRECLUYÓ Y TAMBIÉN PARA OFRECER PRUEBAS, YA QUE EN SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA NO SE DENOTA QUE HAYA HECHO UNA MANIFESTACIÓN SOBRE SUS HIJOS O ACREDITAR CON DOCUMENTOS IDÓNEO. Sin soslayar que el demandado mintió en su prueba de trabajo social respecto a las limitantes para invertir y ahorrar a futuro, ya que el demandado recibió diversas cantidades de dinero, esto lo acredito con el oficio de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA QUE PERTENECE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, donde el a quo no tomó el valor probatorio de que él tiene una capacidad económica suficiente para sufragar los gastos, donde el señor *********, TAMBIÉN CONOCIDO COMO *********, tiene suficiente solvencia económica recibiendo las cantidades que se describen en el tomo II: 1.- De enero - diciembre de 2013 recibió $********* 2.- De enero - diciembre de 2014 recibió $********* 3.- De enero - diciembre de 2015 recibió $*********4.- De enero - diciembre de 2016 recibió $*********Sumando la cantidad de $********* (*********PESOS *********/100 M.N.), QUE EL DEMANDADO RECIBIÓ CANTIDADES FUERTES DE DINERO y su señoría jamás lo tomó en cuenta, esto se encuentra ubicado en fojas de la 850 a la 857, CON ESTE INFORME ACREDITO QUE TIENE LA CAPACIDAD ECONÓMICA, Y NO LO QUE SOLO MANIFIESTA SIMPLE Y LLANA EL DEMANDADO, QUE NO PUEDE AHORRAR Y QUE ADEMÁS NUNCA PROBÓ COMO CUBRE ESE DÉFICIT, LO QUE SE DENOTA QUE EL DEMANDADO OCULTA INFORMACIÓN, TAMBIÉN ESTO LO ACREDITO CON LA COMPRA DE DOS AUTOMÓVILES, UNO DE LA MARCA *********, DE LA LÍNEA *********, AÑO *********, CON UN VALOR DE $*********(*********PESOS *********/100 M.N.) Y TAMBIÉN DE LA MARCA *********, LÍNEA *********, MODELO *********, CON UN VALOR DE $*********(*********PESOS *********/100) que se encuentran en fojas 816 a la 819, del segundo tomo del expediente 606/2012. TERCER AGRAVIO.- Pues también es viable señalar que el demandado nunca acreditó que desde que dejó el hogar en el año de 2007, me dio una pensión alimenticia a la suscrita y aún en ese tiempo eran menores mis hijos, porque en la secuela procesal nunca comprobó con cualquier medio de convicción que me diera dinero para cubrir mis necesidades básica, ya que en su contestación de demanda aceptó que no podía pasarle pensión por haberse quedado sin trabajo, pero que le dejaba en garantía la casa en convenio verbal que dentro de la secuela procesal jamás probó el demandado, ya que nunca existió. DESPUÉS INDICA QUE FUE REINSTALADO EN LA FUENTE DE TRABAJO, TAMPOCO MANIFIESTA LA FECHA EN QUE FUE REINSTALADO. Asimismo, manifestó que les otorgaba a sus hijos una pensión alimenticia quincenalmente, que tampoco acreditó, contradiciéndose en sus dichos ya que manifestó que en el mes de abril de 2007, lo despidieron definitivamente del trabajo, o lo habían reinstalado o lo habían despedido También el demandado reconoció que la actora durante su relación marital NUNCA TRABAJÓ Y SE DEDICÓ AL HOGAR, esto confirma que tenía que otorgar alimentos a su contraparte, ya que la suscrita siempre ha tenido la necesidad de recibirlos. Asimismo, el demandado en su escrito de contestación de demandada tuvo la oportunidad de acreditar sus excepciones y defensas, ya que no aporta ningún medio de convicción para acreditar que siempre cumplió con la obligación de otorgar alimentos a su antagonista. Ahora el señor *********, las pruebas que ofreció fue LA DECLARACIÓN DE PARTE A CARGO DE LA SEÑORA *********, ya que en su declaración manifestó que desde su separación del domicilio conyugal el demandado no cumplió con el pago de la pensión alimenticia. Asimismo, en su contestación de demandad aceptó que no podía pagar pensión alimenticia por haberse quedado sin trabajo, teniendo una confesión judicial expresa por parte del demandado. Por lo que desde este momento solicito los retroactivos del año 2007, ya que con todo lo argumentado en la secuela procesal, se acredita que desde que el demandado abandonó el domicilio conyugal, nunca cumplió con la obligación de la pensión alimenticia, dejándome a mí en estado de abandono y dejándome en un estado de insolvencia y teniendo deuda con mis familiares que a la fecha me siguen ayudando con los gastos, ya que la pensión alimenticia del *********% mensual no me alcanza a cubrir mis gastos, ante tal situación me vi en la necesidad de pedir los retroactivos, ya que con todo el cumulo de probanzas, para hacer frente a las deudas que adquirí con mis familiares, por ende el a quo viola mis garantías individuales contempladas en el artículo 4º, párrafo 3 y 4 y el 17, en el párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también viola lo fundamentado en el artículo 4.146, del Código Civil del Estado de México, que a la letra dice: (los transcribió)"; (sic). 79. Y respecto de ellos, la sala responsable consideró, medularmente, lo siguiente: Luego de aludir a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, así como de transcribir las consideraciones del fallo de primer grado en torno al tema de la pensión alimenticia, la sala responsable advirtió que el juez de origen sostuvo los motivos y los fundamentos del fallo en cuestión para establecer que la actora, en su calidad de cónyuge inocente, acreditó la necesidad de recibir alimentos, en razón de estar imposibilitada para trabajar dado los problemas de salud que presentó y estaba sujeta a tratamiento médico, así como haberse dedicado preponderantemente a las tareas del hogar y cuidado de sus hijos, dado que tales circunstancias fueron reconocidas por el demandado en su escrito de contestación, corroborado con el dictamen pericial en materia de trabajo social y las constancias o anexos que se adjuntaron a dicho estudio expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, destacando el diagnóstico clínico del nueve de agosto de dos mil diecisiete y la referencia y contrarreferencia del tres de octubre de dos mil diecinueve (sic); lo que se reforzó por la ausencia de un informe médico aportado por el enjuiciado que contradijera aquellos medios de prueba. También, la sala responsable destacó que el juez de origen consideró la edad de la actora -en el sentido de que se encuentra cerca de convertirse en *********- y su grado de escolaridad -*********-. Respecto a la capacidad del demandado para proporcionar alimentos a su adversaria, la sala responsable hizo notar que el juez natural la tuvo por justificada, especialmente con los oficios emitidos por la ********* y con la pericial en materia de trabajo social. En ese entendido, los agravios a través de los cuales afirmó haber demostrado su necesidad de recibir alimentos, en razón de ser una persona*********, su ********* y haberse dedicado a las labores del hogar, se calificaron de ineficaces, toda vez que se afirmó que el fallo combatido no podría irrogarle agravios a la recurrente en ese sentido, ya que así lo consideró el juez; es decir, la existencia de la necesidad de ********* de recibir alimentos ante el estado de salud que padece y otros factores como la edad, haberse dedicado al cuidado del hogar y de sus hijos. Entonces, contrario a lo que afirmó la apelante, la sala responsable expuso que el juez de origen sí valoró los elementos que encerraban su estado de salud -que debe tener alimentos y cuidados especiales-, pues hizo referencia a los documentos expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, agregados al estudio de trabajo social, y estableció que la actora estaba imposibilitada para trabajar por problemas de salud, no tenía acceso inmediato a un trabajo y estaba sujeta a un tratamiento médico; tan fue así que resolvió condenar a ********* al pago de una pensión alimenticia en favor de la actora. No soslayó referir la sala, que sobre la justificación de aumento (sic) de pensión alimenticia a que hizo referencia la apelante en su pliego de inconformidades, resultó ineficaz, ya que ese tema no fue objeto de la litis, dado que lo planteado en la demanda constreñía a la fijación de una pensión alimenticia, la cual se logró en su beneficio, y no en su incremento e incluso, en su disminución, como lo adujo la quejosa; de modo que no fue reprochable para el juez omitir ocuparse de ese tema, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En ese entendido, el fallo apelado -consideró la sala responsable- no podría irrogar agravio a la apelante en torno a una condena de disminución de alimentos en su perjuicio, porque el juez de origen no tenía ninguna obligación de ocuparse de ello, al no ser tema de debate, en todo caso, la modificación de pensión alimenticia provisional a razón del ********* por ciento a la decretada en definitiva (********* por ciento), no significó una condena de disminución, toda vez que la pensión primigeniamente decretada fue con carácter provisional -constituyó una medida cautelar de carácter temporal, fijada sin audiencia del deudor- con base en la información que se proporcionó por la actora, con el fin de asegurar su subsistencia mientras se dictaba sentencia; en tanto que la pensión alimenticia definitiva se fijó hasta el dictado del fallo, por ser en ese momento cuando el juzgador tuvo los elementos suficientes para normar su criterio en ese tema, precisamente con base en los elementos de prueba que aportaron las partes en el juicio. Por tanto, el monto que se decretó en forma provisional no trajo como consecuencia necesaria que la pensión definitiva debiera ser igual a la provisional, pues su fijación dependió del material probatorio aportado y desahogado por las partes. Luego, los argumentos de la apelante a través de los cuales solicitó aumento (sic) de pensión alimenticia porque afirmó no contar con servicio médico que proporcionaba el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como lo relativo al pago retroactivo de pensión alimenticia, en razón de que el demandado dejó de proporcionarle alimentos desde el dos mil siete, fueron agravios inoperantes por novedosos, ya que tales circunstancias no se hicieron valer en su escrito de demanda; por ende, no podía estimarse en ese recurso, al no haberse hecho del conocimiento de su contraparte a fin de que ejercitara su derecho de audiencia. Ahora bien, la porción de agravios en los que la quejosa básicamente refirió que el *********por ciento mensual de los ingresos que como ********* obtiene su oponente, no le alcanzaban para cubrir sus necesidades; que el juzgador le irroga agravio al decretar la disminución de pensión alimenticia bajo el amparo de que el deudor alimentario tiene otros acreedores, sin justificarse el vínculo que los unía -calidad de hijos-; y, que se dejó de considerar que la capacidad económica del deudor alimentario es mayor a la manifestada por este en la práctica del estudio de trabajo social; fueron insuficientes para que la sala procediera a su estudio de proporcionalidad -necesidad de la acreedora y posibilidad del deudor-, porque omitió especificar los montos o razones suficientes por las que el porcentaje decretado por el juez, por concepto de pensión alimenticia definitiva a razón del ********* por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenía como ********* ante el *********, resultara ilegal en proporción a las necesidades de la acreedora alimentaria y/o capacidades del deudor. Cuyos datos específicos (gastos que eroga la acreedora alimentaria para cubrir sus necesidades) -expuso la sala responsable- sí resultaban necesarios evidenciar a efecto de verificar si la cantidad equivalente al ********* por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias del demandado, era suficiente, o no para cubrir los alimentos de la actora, comprendidos en lo que establece el artículo 4.135 de la ley sustantiva civil; eso fue, todo lo que era necesario para el sustento, alimentación y nutrición habitación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación. Pues no debía perderse de vista que la institución de los alimentos fue creada por el legislador, no para enriquecer a la acreedora o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que viva con decoro y pudiera atender a su subsistencia. El verdadero y noble fin ético-moral de la institución es el de proteger y salvaguardar la supervivencia de quien no está en posibilidades de allegarse por propios medios de los recursos indispensables para el desarrollo normal de ese valor primario que es la vida. Con base en esas particularidades, la sala dijo, resultaron ineficaces los argumentos de la recurrente a través de los cuales pretendía evidenciar una capacidad mayor del demandado y deudor alimentario a la revelada en autos, pues, pese a que su contrario tuviere una capacidad mayor, ello no produce por sí mismo que la pensión alimenticia deba incrementarse, si no hay justificación en el sentido de que la decretada no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de la acreedora alimentarla. Máxime que la responsable no soslayó que del estudio en materia de trabajo social se encontrara soportada la justificación del porcentaje decretado por el juez, en concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la apelante, sin incluir a la hija de las partes. Por tanto, ningún agravio irrogaba a la apelante que el demandado haya omitido exhibir las actas de nacimiento de quien dijo, son sus acreedores alimentarios, toda vez que esa circunstancia no representó una razón para fijar la pensión alimenticia definitiva a razón del ********* por ciento; tan fue así, que el juez determinó que el carácter de cónyuge culpable hacía necesaria la condena al pago de alimentos a favor de su oponente, sin tomar en cuenta la existencia de otros acreedores, al expresar: "Bajo esa panorámica, este juzgador determina que hay otros acreedores del demandado, pero al revestir el carácter de cónyuge culpable se condena a pagar de manera definitiva a la actora por concepto de pensión alimenticia el ********* POR CIENTO (*********%) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene como ********* ante el *********". 80. De lo antes precisado, es dable advertir que aunque en los agravios se aludió al "aumento" de la pensión alimenticia, ello no obedeció al hecho de que se hubiere fijado en un juicio previo algún monto, para que de ello se solicitara su incremento, sino que atendiendo a la causa de pedir, la inconforme se refirió al emplear ese término, a la insuficiencia del monto que por concepto de pensión alimenticia se fijó en la sentencia recurrida, pues precisamente esta constituyó la materia de la apelación. 81. Asimismo, de los agravios expuestos se evidencia que si bien se aludió a la necesidad del acreedor y capacidad económica del deudor alimentario, derivado del hecho de las condiciones particulares de la quejosa y de las circunstancias propias del tercero interesado, tal expresión contiene la causa de pedir para hacer patente que en la sentencia de primera instancia no se hizo alusión concreta a esos conceptos, pues de tal resolución -según se advierte de su transcripción-, únicamente se establece el derecho a recibir alimentos, como consecuencia de la procedencia de la causal del cónyuge culpable cuya conducta motivó el divorcio, para luego establecer la "existencia de necesidad de alimentos a favor de la actora", haciendo mención de la imposibilidad de trabajar por problemas de salud, cuestión reconocida por el enjuiciado al contestar a la demanda, así como por haberse dedicado preponderantemente a las tareas del hogar y cuidado de los hijos, lo que también se reconoció en la contestación respectiva. 82. Además, en la propia sentencia de primer grado, se hizo mención al dictamen pericial en materia de trabajo social, pero únicamente en cuanto a que ahí se anexaron constancias del estado de salud de la actora. Todo lo cual permitió concluir que la quejosa no tiene acceso inmediato a un trabajo y está sujeta a tratamiento médico, existiendo otros factores como su edad, su grado de escolaridad (*********), siempre se dedicó al hogar y a sus hijos, lo cual la limitó para seguir sus estudios, aunque el inmueble que habita es propio por convenio judicial con el demandado. 83. Y, por otra parte, el juez de primer grado se refirió a la capacidad del demandado, la que tuvo por acreditada con los oficios de la *********, por la que se informó que era ********* y con la pericial en materia de trabajo social, en donde se destacó el nivel donde se ubica el demandado (*********), al tener cubiertas todas sus necesidades de calidad de vida, aunque tiene limitantes para invertir y ahorrar a futuro, tiene ingresos derivados de su*********, con varios acreedores incluyendo hijos de diverso matrimonio y constituye el proveedor del hogar donde vive con su actual pareja, "aduciendo tener créditos pendientes sin comprobarlo y presenta un déficit tampoco sin demostrar cómo cubre esos gastos", aunado a que tiene un inmueble en *********, donde habita y se encuentra pagando. 84. Lo anterior fue lo único que se consideró para fijar el ********* por ciento del sueldo y demás prestaciones que obtiene como *********, como pensión alimenticia. 85. Ante ese panorama, los agravios que aducen a que se debió incrementar la pensión, tomando en cuenta su necesidad de alimentos y la capacidad económica del deudor -se insiste-, contiene la causa de pedir para evidenciar que se inconformaba con la forma en que se determinó dicha cantidad, sin necesidad incluso de exponer los montos específicos, pues precisamente en el fallo de primera instancia no se adujo a ninguna de ellas, esto es, no se establece en concreto cuáles eran las necesidades de la quejosa y las percepciones concretas del demandado, para establecer así, de manera objetiva, fundada y motivada, si la cantidad fijada en porcentaje cubría o no las necesidades de la acreedora alimentaria, en función de la capacidad real económica del deudor. 86. Debiéndose tomar en consideración, en este último aspecto, que desde la sentencia de primer grado nada se expone en torno a cuáles eran los ingresos reales del demandado y así determinar su capacidad económica, pues incluso se reconoce que presentaba un déficit en sus gastos, respecto de los cuales no había demostrado la forma en que los cubría, y referente a esa circunstancia no se expresó nada. 87. Tales omisiones fueron convalidadas por la sala al desestimar los agravios planteados, sin atender a su causa de pedir, pues la responsable tampoco establece, en concreto, a cuánto ascienden las necesidades de la quejosa, y si estas se cubren o no en función del porcentaje fijado al deudor alimentario, de quien tampoco se establece si sus ingresos como ********* son los únicos o no, en tanto que de este se hizo notar un déficit para cubrir sus gastos. 88. Lo anterior, pone en evidencia la falta de congruencia y exhaustividad de las sentencias a que alude la quejosa, ante la falta de estudio efectivo de los motivos de inconformidad que expresó en su recurso de apelación, lo que se traduce en la falta de fundamentación y motivación de ese acto reclamado. 89. Las consideraciones previas permiten considerar innecesario el análisis de los argumentos que expone la quejosa, relativos al fondo del asunto, pues la responsable deberá, en primer lugar, subsanar las omisiones de forma en que incurrió, relativa a la falta de fundamentación y motivación, e incongruencia en el estudio de los agravios. 90. Es aplicable, la jurisprudencia 110, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en la página ochenta y ocho, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro electrónico 917644, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo". 91. Además, al haberse omitido la exposición de fundamentos y motivos en el estudio de agravios en la sentencia reclamada, ello amerita el análisis e interpretación de la litis, así como la valoración de diversas pruebas, lo cual implica que los puntos controvertidos están abiertos a una pluralidad de opciones interpretativas e impone resolver a favor del reenvío del asunto, al existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión o incluso permitir a los tribunales a explorar distintas respuestas normativas. 92. Tiene aplicación la tesis 1a. I/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos setenta y siete, libro 38, enero de dos mil diecisiete, tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro electrónico: 2013369, del rubro y contenido siguientes: "AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por regla general, ante la constatación de una omisión de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquélla para determinar por sí el sentido de la eventual decisión, ya que los principios federal, de división de poderes y de defensa de las partes exigen que sean los tribunales ordinarios los que resuelvan primeramente las preguntas jurídicas y exploren distintos métodos interpretativos; por tanto, ante la omisión lo que procede es el reenvío y no la sustitución. No obstante, el presupuesto del reenvío es la probabilidad razonable de que al emitirse una nueva resolución, pueda cambiar el sentido de la decisión. Así, cuando no exista la posibilidad de un efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar retardar la administración de justicia y, por economía procesal, negar el amparo, lo que debe realizar desarrollando las razones objetivas de su decisión. El tribunal de amparo debe considerar que a medida que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opciones interpretativas, existe una presunción a favor del reenvío del asunto, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta firme y objetiva, entonces, esa presunción será más débil, al no existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas normativas. Por tanto, los jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes". 93. Decisión Por tanto, al ponerse de manifiesto que la sentencia reclamada transgrede los derechos fundamentales de la quejosa, es procedente conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable: 1) Dicte una nueva resolución en la cual deje insubsistente la aquí reclamada; 2) Enseguida, reitere lo que no es materia de la concesión, incluyendo el derecho de la quejosa a recibir alimentos; 3) Al examinar los agravios de la inconforme, se pronuncie sobre las necesidades concretas de la quejosa y la capacidad económica del deudor alimentario, de quien se advirtió un déficit en sus gastos, atendiendo al material probatorio y exponiendo los fundamentos y motivos de su análisis; y, 4) Con libertad de jurisdicción resuelva lo que corresponda. 94. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Para los efectos precisados al final de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a *********, en contra del acto y por la autoridad precisados en el resultando primero de este fallo constitucional. Notifíquese personalmente; y, a la autoridad responsable con testimonio autorizado de esta resolución para que, una vez que cause ejecutoria la presente, se le devuelvan los autos y se le requiera de su cumplimiento. En su oportunidad, archívese este asunto como concluido. Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados presidente Ricardo Romero Vázquez, ponente Jacinto Juárez Rosas, y Virginia Gutiérrez Cisneros, secretaria autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar funciones de magistrada de circuito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quienes firman con el secretario de acuerdos que da fe.
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