Bertha Adanely Salas Peña
Expediente 2048/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2048/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Bertha Adanely Salas Peña
- Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit, "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Tepic, Nayarit, y en atención a su contenido, téngasele informando que quedó controlada la multa impuesta al Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, con el número 5821-IV; lo anterior para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DENOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en representación de dicha dependencia, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en el presente sumario remite copia certificada del auto de uno de noviembre de dos mil veintitrés, en los autos del juicio laboral 95/2008 de su índice. Luego, del auto de referencia se advierte que la autoridad promovente substanciadora del juicio de origen, en atención a lo actuado en la diligencia de ejecución llevada a cabo el trece de octubre del año en curso -misma que obra agregada en autos-, concluyó que el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, continúa con la omisión de acatar cabalmente el cumplimiento al laudo dictado en los autos del juicio laboral de origen, pues refiere que su representante (Síndico) realiza manifestaciones sin sustentar su dicho; por tanto hizo efectivo el apercibimiento realizado en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, a las personas físicas pertenecientes al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, y giró oficio al Director General de Ingresos de Gobierno del Estado de Nayarit, para que mediante el procedimiento coactivo realice el cobro de la multa de referencia.En consecuencia, toda vez que las autoridades responsables no acataron el requerimiento efectuado en auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se impone a la persona física que ocupe el cargo de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, una multa de CIEN Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dicho efecto, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, para que se sirva hacer efectivo el cobro de la referida multa. Asimismo, requiérase a la citada autoridad recaudadora, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, informe el seguimiento de la multa impuesta en el párrafo que antecede. Por otro lado, la autoridad promovente, también informa que señaló las trece horas del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo el requerimiento de pago de la quejosa BERTHA ADANELY SALAS PEÑA, en cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen. En consecuencia requiérase al Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días siguientes a la celebración de la diligencia de requerimiento de pago del citado quejoso, remita copia certificada en la que se acredite el desahogo de la diligencia de mérito. En la inteligencia de que la referida autoridad deberá realizar las gestiones necesarias a fin de que el día y hora señalados para dicha diligencia se lleve a cabo la misma, y no sea diferida por algún motivo imputable a dicha autoridad o a algún funcionario de su adscripción. De igual forma, el Instituto de Justicia Laboral responsable deberá ordenar al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlan del Rio, Nayarit, para que el día y hora señalado, cuente con el numerario suficiente a efecto de hacerle el pago de la cantidad referida en párrafos anteriores, debiendo ordenar la notificación del auto respectivo con la debida oportunidad al referido Ayuntamiento. A fin de lograr lo anterior, deberá hacer uso de las medidas de apremio que al efecto la ley le concede, debiendo acreditar haber hecho efectivos los apercibimientos de multa decretados con anterioridad. Luego, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obstante los múltiples requerimientos que este órgano constitucional ha realizado al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, ha sido omiso en pagar a la quejosa BERTHA ADANELY SALAS PEÑA la cantidad que se le adeuda con motivo del laudo dictado en el juicio laboral de origen, lo que implicó que la ejecutoria de amparo se vea incumplida. En ese sentido, la conducta contumaz de dichas autoridades contraviene lo establecido en el artículo 192 de la Ley de amparo, el cual dispone: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga". De la disposición normativa transcrita se advierte que su espíritu es el de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, las cuales deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. En ese tenor, corresponde a los Juzgadores de Distrito dictar las medidas necesarias a efecto de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el numeral de mérito, esto es, que los fallos protectores dictados en los órganos jurisdiccionales a su cargo sean debidamente cumplimentados sin demora. Luego, como se precisó en párrafos que anteceden, no obstante los requerimientos que se le han realizado al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, por conducto de su Sindico, dicha autoridad ha sido omisa en realizar el pago a la parte quejosa la cantidad que le adeuda con motivo del laudo dictado en el juicio laboral de origen 95/2008. En ese sentido, es evidente la necesidad que existe para que éste juzgador se haga valer de nuevos métodos, que se traduzcan en herramientas efectivas a efecto de hacer cumplir el citado fallo protector. En razón a lo anterior, resulta oportuno traer a contexto lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en específico, su artículo 202, el cual a la letra señala: "ARTÍCULO 202.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio. Los beneficiarios de subsidios, aportaciones o transferencias, otorgados con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos relativos al Ayuntamiento, así como la información y justificación correspondientes en la forma y plazos de ley. El incumplimiento comprobado en la rendición de la cuenta, motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como El reintegro de lo que se haya suministrado." El numeral en cita, establece como regla general que en la administración municipal, ningún gasto público podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice, es decir, como regla general únicamente se podrá destinar el gasto público del Ayuntamiento, siempre y cuando ese gasto se encuentre autorizado en alguna partida del Presupuesto de Egresos Municipal. No obstante lo anterior, la regla antes citada tiene una excepción y esta se encuentra contenida en la segunda parte del primer párrafo del artículo transcrito, en la cual se establece que cuando el Ayuntamiento tenga que cumplir con resoluciones de naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio, se puede hacer uso del presupuesto de egresos aun y cuando no se encuentre autorizado el gasto que implique cumplir con la obligación del pago correspondiente. En ese orden de ideas, si en el juicio laboral de origen 95/2008 se dictó un laudo en el que se condenó al referido Ayuntamiento Constitucional a pagar en su favor diversas prestaciones, por tanto, es evidente que existe una resolución que implica obligaciones de carácter jurisdiccional al Ayuntamiento en cita, sin que hasta el momento haya cumplido con la misma. En ese sentido, a efecto de cumplir con la obligación de mérito dicho Ayuntamiento puede destinar parte de su presupuesto a fin de pagar a la aquí quejosa las prestaciones a que fue condenado en el citado juicio laboral y con ello, cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en autos, sin que exista la obligación de que dicho gasto se encuentre destinado en alguna partida presupuestal, pues se trata de una obligación que surge con motivo de una resolución de naturaleza jurisdiccional. En razón a lo anterior, y en atención a la ejecutoria dictada en autos, se ordena al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, por conducto de su Síndico, a efecto de que realice lo siguiente: Para que en la sesión de cabildo relativa a la aprobación del presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2024, incluya o apruebe indefectiblemente una partida presupuestal para el cumplimiento de obligaciones generadas por resoluciones de carácter jurisdiccional, la cual deberá ser basta y suficiente a efecto de que con el monto que sea aprobado en dicha partida, se cumpla con todas las obligaciones económica surgidas con la emisión del laudo dictado en el expediente laboral número 95/2008. Lo anterior implica, que el monto aprobado deberá cubrir de forma total, tanto la cantidad destinada al pago de las prestaciones a que fue condenado dicho Ayuntamiento. Asimismo, en mérito de lo expuesto, y a fin de lograr el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, también se requiere a todas las autoridades que conforman a la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, representado por su Síndico, para que actúe conforme lo siguiente: Por lo que ve al Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, requiérasele para que: El día y hora señalados por el Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad para la diligencia de ejecución de laudo, esté presente para su desahogo y proceda a realizar el pago a la aquí parte quejosa y a su legal reinstalación, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, es el representante legal del ayuntamiento. Los trámites internos necesarios a efecto de que el día y hora señalado por la autoridad laboral proceda a realizar los trámites necesarios para que se cuente con el numerario suficiente para el cumplimiento del laudo, y la reinstalación de los quejosos, toda vez que de conformidad con el artículo 115 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, es el encargado de realizar la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 178, emitida por la entonces Tercera Sala del más Alto Tribunal del País, consultable en la página 145 y 146, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." En mérito de lo expuesto, se requiere al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, representado por su Síndico, así como al Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, para que informen en el término de tres días las gestiones que se encuentren realizado a efecto de cumplir con los requerimientos de mérito, debiendo acreditar dichas gestiones con constancias debidamente certificadas. Se apercibe a las referidas autoridades que de no dar cumplimiento dentro del término establecido, con fundamento en el precepto legal invocado, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedora a una multa de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia de que dicha multa se ira duplicando con cada requerimiento hasta que dé cumplimiento a dicho requerimiento. En el entendido que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Director Jurídica del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en atención a lo solicitado por oficios 4694-VIII y 5063-VIII, de once y veinte de septiembre de dos mil veintitrés respectivamente, acompaña la diligencia celebrada el trece de octubre del año en curso, relacionada con el auto de ejecución y requerimiento de pago ordenada en los autos del expediente 95/2008 de su índice. Consecuentemente, requiérase a dicha autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, justifique con las constancias respectivas qué acordó en relación a dicha diligencia. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harán acreedoras a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, toda vez que con su actuar, demuestra el retardo para la impartición de justicia que señala el artículo 17° de nuestra carta magna. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, acompaña las constancias de notificación que refiere en su oficio de cuenta, relacionados con los autos del expediente 95/2008 de su índice. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. No obstante, se indica a la autoridad oficiante que queda subsistente el apercibimiento decretado en auto de once de septiembre del año en curso. NOTIFÍQUESE.
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