Bertha Adacrid Cruz López

Expediente 255/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
255/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/05/2019

Partes del expediente

  • Bertha Adacrid Cruz López

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de mayo de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que desahogara la prevención formulada en proveído de uno del mes en curso, sin que lo hubiese hecho en sus términos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que con fundamento en el penúltimo párrafo del dispositivo 114, de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda.

  3. Principal

    Ciudad de México, a primero de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Bertha Adacrid Cruz Lopez, contra actos del Juez Primero en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 255/2019. Previo al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase a la justiciable para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, subsane las omisiones en que incurrió, esto es, realice por escrito y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: I. Deberá narrar como parte de los hechos o abstenciones que le consten y que constituyan los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, las razones por las que señaló como responsables a la totalidad de las autoridades que precisa en el escrito de demanda, ya que de los antecedentes que narra, no se advierte en modo alguno los motivos por los que la quejosa considera que dichas autoridades tienen intervención en la emisión y ejecución de los actos reclamados, ni tampoco se advierte el motivo del señalamiento de autoridades tanto del fuero común como del fuero federal. Lo anterior es así, porque de los antecedentes de los actos reclamados refirió que el "veintidós de Marzo del año dos mil diecinueve, se comunico conmigo vía telefónica la señorita ROSA MARÍA JIMÉNEZ BECERRA, quien es amistad y radica en la Ciudad de Tepic, para comentarme que el pasado veintiuno de marzo del año en curso, al encontrarse fuera de su lugar de trabajo, el cual se encuentra frente a la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT, se percato que el señor RENE BERNAL MATA, se encontraba realizando unos trámites en dicha Fiscalía, sin poder decir el asunto de que se tratara" (sic), y que en su ".domicilio ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, en el cual yo vivo; me comentó mi hermano que habían ido a preguntar por mí, dos sujetos con apariencia de ser policías o ministeriales; mencionando que querían notificarme una diligencia de Nayarit.", es decir, no se aprecia motivo alguno que justifique que las órdenes que reclama pudieron haber sido libradas y ejecutadas por las autoridades que señala. Además, de que la obligación prevista en la fracción V del artículo 108 de la ley de la materia, relativo a la expresión de los antecedentes de los actos reclamados, implica que se expresen con puntualidad todos los acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos combatidos, que por su estrecha vinculación con ellos resulten relevantes para el juicio. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que si bien la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, lo cierto es que en este momento resulta legalmente imposible pronunciarse en cuanto a si es procedente o no, medularmente por la forma en que está redactada. Lo expuesto, en virtud de que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el dispositivo 79, fracción III, inciso a), de la ley reglamentaria, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la parte quejosa señaló, como lo es la indicación de las autoridades responsables. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo la quejosa, no así sus autorizados, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 348 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". II. En la inteligencia que al desahogar tales requerimientos, deberá proporcionar las copias de demanda que sean necesarias para correr traslado a las autoridades que señale, así como para tramitar el incidente de suspensión que solicita. Con la precisión de que con el original del escrito de desahogo se deberán exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes. No es obstáculo para prevenir a la justiciable, el hecho de que haya solicitado que se autorizara ".de manera oficiosa las copias de traslado para las autoridades, en términos de lo establecido en el artículo 110.", porque a criterio de este juzgado lo que dispone el citado precepto, en específico en su segundo párrafo, debe interpretarse no de manera aislada, sino de forma integral y sistemática con el diverso 20 de la misma legislación, como se hace enseguida. El precepto primeramente citado, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio". De la lectura de este artículo, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: 1. Establece las formas en que puede presentarse la demanda de amparo, bajo dos supuestos, a saber: a) Por escrito; y b) Por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. 2. Determina que cuando se presente en forma escrita, la parte quejosa debe exhibir las copias a que se refiere el primer párrafo. 3. Dispone la expedición oficiosa de tales copias en los casos indicados en el segundo párrafo, que es el que da lugar a la interpretación que se realiza. Así, este órgano de control constitucional estima que cuando la demanda se presente en forma escrita, la parte quejosa está obligada a exhibir las copias respectivas, como lo establece claramente -sin que tenga duda alguna al respecto-, el primer párrafo en consulta. Por otra parte, también considera que cuando la demanda se presente por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, el órgano jurisdiccional de amparo expedirá oficiosamente las copias correspondientes, en los siguientes supuestos: a) En asuntos del orden penal; b) En asuntos del orden laboral, tratándose de trabajadores; c) Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; d) Cuando se puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y e) Cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Luego, en el primer supuesto indicado, que es el que interesa, esto es, "en asuntos del orden penal", la disposición en consulta debe interpretarse -a criterio de este juzgado-, en estricta vinculación con el anunciado artículo 20, que dispone: "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". Con base en lo expuesto, la interpretación conjunta de los numerales de que se trata, lleva a este órgano de control constitucional a considerar que, en asuntos del orden penal, la expedición oficiosa de copias resulta exclusiva para los supuestos a que alude este último precepto, con independencia de la forma de presentación de la demanda, lo que se justifica dada la trascendencia de la afectación en la esfera jurídica del quejoso y la urgencia que el caso amerita. A criterio de este juzgado, considerar lo contrario podría llevar a innumerables abusos por parte de los gobernados demandantes de amparo que no se encuentren en los supuestos del artículo último en cita, pues cuando en un "asunto del orden penal" se reclamen, verbigracia, el no ejercicio de la acción penal, la determinación de reserva, la negativa a expedir copias en una averiguación previa o proceso, la violación al derecho de petición, e incluso con mayor ejemplificación de los abusos mencionados el supuesto de la orden de aprehensión reclamada de múltiples autoridades, en que ha habido situaciones que superan las quinientas, entre otros muy variados casos, ya que en tales hipótesis bastaría que la parte quejosa presentara únicamente el original de la demanda, sin copia alguna, para que se tuviera que ordenar su expedición oficiosa, cuando no existe justificación para ello. Lo anterior se estima así, porque en primer lugar, si bien es cierto que la redacción del segundo párrafo del artículo 110 que se comenta no establece excepción alguna en cuanto al tema de que se trata, esto es, la expedición oficiosa de copias al disponer de manera genérica "lo mismo que en asuntos del orden penal", no menos cierto resulta que tampoco establece que esa expedición de copias deba hacerse en todo caso, de ahí la interpretación que se realiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número electrónico 2010048, del rubro siguiente: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIRLAS, POR SUS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 110 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibida que de no desahogar las anteriores prevenciones, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como autorizada en los términos que se precisan a la persona de la que se proporcionan los datos para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de quienes pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. En otro aspecto, permítase la consulta vía electrónica del expediente, ya que se proporcionó usuario autenticado. Asimismo, como se solicita, practíquense a la parte quejosa todas las notificaciones vía electrónica.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano