Berta Salinas Cruz

Expediente 1104/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1104/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Berta Salinas Cruz

Actuaciones

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia fotostática simple de la demanda de amparo tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1104/2023 promovido por ********************, contra los actos reclamados al fiscal General del Estado de Oaxaca y otras autoridades. Con fundamento en lo previsto por los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les deberá acompañar copia de la demanda de amparo. Se hace saber a las autoridades responsables que la no rendición del informe previo se sanciona con multa en términos de lo dispuesto por el arábigo 260, fracción I, de la Ley de Amparo y esa misma omisión permite tener por cierto el acto reclamado, según lo previsto por el numeral 142 de la citada legislación. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. SE NIEGA SUSPENSION PROVICIONAL RESPECTO AL ACTO CONSISTENTE EN EL DESPOJO La parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "La orden verbal o escrita y los actos tendientes a privarme de mi libertad y despojarme de mi posesión, respecto los terrenos ubicados en los parajes "el Arroyito" y "El Maluco o Piedra Cuache", ambos pertenecientes a la comunidad de San Juan Lachao Pueblo Nuevo, los cuales mantengo en posesión a título de dueña." Asimismo, de los antecedentes de los actos reclamados que la justiciable narró bajo protesta de decir verdad se advierte, lo siguiente: En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 54, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, se ventilan dos expedientes, el primero 133/2022, el cual se encuentra en etapa de desahogo de pruebas y es relativo al conflicto por el respeto a la posesión que mantiene con Mericia Angela Reyes también conocida como Angela Reyes Jimenez, respecto del terreno comunal ubicado en el paraje "El Maluco o Piedra Cuache"; el segundo expediente 105/2022, mismo. que se encuentra en el área de estudio y cuenta para el dictado de la sentencia correspondiente, el cual que versa sobre el conflicto por el respeto a la posesión del terreno comunal conocido como "El Arroyito" que sostiene con Elpidio Salinas Cortés. Sin embargo, el viernes trece de octubre del presente año, llegaron a la comunidad de San Juan Lachao Pueblo Nuevo cuatro personas que dijeron pertenecer a la Fiscalía General del Estado, quienes según su dicho tenían la instrucción de poner en posesión su terreno a personas diversas de la quejosa y que si se oponía la detendrían, no obstante que aduce tener la posesión del predio, impusieron postes y alambre de púas en la entrada de sus terrenos, impidiendo así que su ganado entre a pastar. Para acreditar la posesión de sus predios ofrece las siguientes documentales: Copia simple del acta de posesión de dieciocho de febrero de dos mil seis, expedida a Berta Cruz respecto a una fracción de terreno ubicado en "Piedra Cuache", expedida por la Representación de Bienes Comunales de San Juan Lachao. Copia simple del escrito de cesión de derechos a Berta Cruz de veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, respecto a los terrenos ubicados en el paraje "El arroyito" y "Piedra Cuache", suscrito por Miguel Salinas Cortés. Por otra parte, en el capítulo de suspensión la promovente solicita que se conceda la medida cautelar provisional del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y no se violen sus derechos fundamentales. SE NIEGA SUSPENSIÓN RESPECTO A LOS ACTOS TENDENTES A DESPOSEERLA DE LOS TERRENOS QUE ADUCE POSEER En ese contexto, el suscrito considera que debe negarse la suspensión provisional del acto impugnado con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 128 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, debido a que la inconforme no exhibe los documentos idóneos que acrediten al menos de modo presuntivo que es titular o poseedora de los inmuebles que refiere será privada de la posesión con el acto reprochado a las responsables y que por esa razón éstos le causen una afectación a sus derechos. Esto es, la quejosa no acredita cuando menos en forma presuntiva el interés suspensional que tiene para atacar el acto tendente a privarla de la desposesión de los inmuebles que señala que esté sustentado en alguna causa legal que podrá afectarse con la ejecución de esas actuaciones. Se sostiene lo anterior, porque si bien anexó a su ocurso inicial copia simple del acta de posesión respecto a una fracción de terreno ubicado en "Piedra Cuache", expedida por la Representación de Bienes Comunales de San Juan Lachao, así como copia simple del escrito de cesión de derechos, respecto a los terrenos ubicados en el paraje "El arroyito" y "Piedra Cuache", suscrito por Miguel Salinas Cortés, lo cierto es que esas documentales no demuestran de modo presuntivo que es poseedora de los inmuebles que describe. En efecto, son insuficientes para demostrar el interés suspensional de la citada quejosa, ya que el Pleno del Decimotercer Circuito en criterio jurisprudencial vinculante conforme a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo estableció que para que una constancia de esa naturaleza tenga validez y eficacia es necesaria la autorización de la Asamblea de Comuneros, al ser ésta el órgano supremo de la comunidad quien tiene la competencia exclusiva para la regularización de la tenencia de posesionarios, de acuerdo con lo establecido por los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria y en la especie la documental señalada no contiene la autorización indicada; de ahí que carecen de validez y de eficacia para evidenciar el aludido interés en forma presuntiva. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia PC.XIII. J/1 (10a.) emitida por el Pleno del Decimotercer Circuito, que informa: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero." También fortalece lo expuesto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de contenido: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación." En ese sentido, como se señaló en los párrafos que anteceden, la quejosa no acredito el interés para concederle la medida cautelar y de conceder la medida cautelar sin que la promovente acredite al menos de modo indiciario la titularidad del derecho que aduce, se constituiría un derecho no acreditado a su favor, lo que se opondría al interés social, que está por encima del interés personal de la peticionaria del amparo. SE CONCEDE SUSPENSIÓN RESPECTO A LA DETENCIÓN De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la agraviada, existe una orden de detención dictada en su contra, que atribuye a las autoridades administrativas; de ahí que solicite la suspensión provisional. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para que no se ejecute tal acto, quedando la parte quejosa, a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere y de las autoridades administrativas responsables ordenadoras para la continuación del procedimiento que se instaure en su contra. Medida suspensiva que surtirá efectos siempre y cuando dicha orden no haya sido librada por autoridad judicial, no sea sorprendida la quejosa en flagrancia de delito, ni se trate del caso de urgencia a que se refiere el párrafo quinto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; sin que esta suspensión restrinja las facultades de las autoridades en la práctica de diligencias en investigación del delito, lo cual es actividad procesal penal, insuspendible por ser de orden público. Requisitos de eficacia. Esta suspensión que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con las siguientes medidas de aseguramiento. 1) Que ********************, exhiba a favor de este Juzgado dentro del plazo de cinco días una garantía económica por la suma de $******************** (********************), en cualquiera de las formas permitidas por la ley. 2) En el caso de que la garantía se constituya en billete de depósito se hará ante el Banco del Bienestar. En el entendido que dicha garantía se fija al arbitrio del suscrito, tomando como datos los siguientes: 1) Que la disidente señala como responsables ordenadoras a cinco autoridades administrativas, por la que se fijan $******************** (********************), por cada una. 2) Que por el momento no se tiene conocimiento del delito o delitos por el que se libró la orden de captura. 3) Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica de la referida agraviada, por lo cual ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. Garantía que se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte de la quejosa; además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. c) Aunado a lo anterior, dentro del plazo de tres días, luego de que surta efectos la notificación del proveído donde se dé vista con el informe previo de la autoridad ordenadora al momento de aceptar el acto reclamado deberá presentarse ante la responsable para la continuación del procedimiento; con apercibimiento que de no hacerlo se hará efectiva la garantía pecuniaria a favor del Erario Federal y la suspensión aquí decretada será revocada. Una vez transcurrido el plazo concedido a la justiciable para que exhiba la garantía, sin que esto suceda, la medida cautelar dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las autoridades responsables que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de captura combatida, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 136, segundo párrafo, y 150 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 140 de la Ley de Amparo se requiere a las autoridades para que en su informe previo precisen: 1. La naturaleza, modalidades y características del delito que se imputen al disidente (aquí deberá expresarse el monto de la reparación del daño). 2. La situación económica del promovente; y, 3. La posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia (según las constancias o antecedentes del acto). Esta medida cautelar en cuanto a su duración producirá efectos a partir del dictado de este acuerdo y hasta que se notifique a las responsables la interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se decrete en la audiencia incidental. Expedición de copias. Expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, previa identificación y toma de razón de entrega que se deje en autos. Domicilio y autorizados de la quejosa. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como su autorizado en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, con cédula profesional ********************, por estar inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, como lo solicita, se autoriza el uso del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el referido usuario ********************, por lo que, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el alta correspondiente. Ahora, respecto al número telefónico y correo electrónico que proporciona, únicamente se tomarán como medios de contacto con este órgano jurisdiccional y no como vía para recibir notificaciones. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ********************, por medio del cual, en cumplimiento a la prevención formulada en auto inicial de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, manifiesta lo siguiente: Reclama de las responsables la orden verbal o escrita y los actos tendientes a privarla de su libertad y despojarla de su posesión, respecto los terrenos ubicados en los parajes "********************" y "********************", ambos pertenecientes a la comunidad de ********************. Lo anterior, ya que fue lo manifestado por las personas que acudieron a realizar los actos de molestia, sin que la quejosa tenga mayores elementos que precisar ya que no se le proporcionó mayor información. Manifiesta que señala como autoridad responsable al magistrado Tribunal Unitario Agrario Distrito 54, de quien reclama el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en los juicios agrarios ******************** y ******************** En consecuencia, se tiene por cumplida la citada prevención, sin embargo, indíquese a la parte quejosa que la demanda de amparo se admitirá respecto a las autoridades responsables y acto reclamado señaladas en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, ya que del escrito aclaratorio se advierte que pretende señalar como responsable al magistrado Tribunal Unitario Agrario Distrito 54, de quien reclama el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, en los mencionados expedientes. Sin embargo, dicho acto reclamado fue emitido con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de noviembre del año en curso). Por tal motivo, no ha lugar a tener por señalada como autoridad responsable al magistrado Tribunal Unitario Agrario Distrito 54 y los actos que le controvierte, pues a la fecha de presentación de la demanda, aún no se dictaban los autos refiere. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que lo anterior implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud que está en aptitud de promover un nuevo juicio de amparo contra el acto reclamado al magistrado Tribunal Unitario Agrario Distrito 54. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos reclamados al fiscal General del Estado de Oaxaca y otras autoridades. Incidente de suspensión. Con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión y fórmese únicamente un cuadernillo, de conformidad con el numeral 128 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan sus informes con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberán exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas de que de no hacerlo así, a la omisa, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Así también, las autoridades deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo contra el mismo acto, o alguno diverso relacionado. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de enero de dos mil veintitrés. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las documentales que exhibe la parte quejosa en su escrito de demanda sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; asimismo, téngase por anunciada la prueba de informes, misma que se reserva su pronunciamiento hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. Emplazamiento del representante social de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto en forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda y entréguesele reproducción íntegra de esta determinación para efectos de su emplazamiento. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 251, 252, 253, 254 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo y regístrese con el progresivo 1104/2023. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existe una irregularidad en ese escrito que necesita enmendarse. El numeral 114 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así, se advierten irregularidades que requieren ser aclaradas, pues conforme al citado precepto 114, en relación con el 108 de la ley de la materia, todo solicitante de la protección de la Justicia Federal debe expresar con precisión en su escrito inicial de demanda, entre otras cosas, el nombre y domicilio del quejoso, el que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; la autoridad o autoridades responsables; se cite el acto que de cada autoridad se reclame, es decir, es necesario que de forma clara señale qué actos se atribuyen a cada una de las autoridades designadas como responsables, la fecha de conocimiento de éste y se narre bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. El arábigo 108, fracciones III y IV de la ley de la materia estatuyen que en la demanda de amparo indirecto deberá expresarse, entre otros aspectos, los siguientes: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] A su vez, el ordinal 5, fracción II, de ese ordenamiento establece que la autoridad responsable tendrá ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, la inconforme no colma íntegramente los requerimientos establecidos por los normativos citados, lo cual da pauta a señalar que la demanda presenta diversas irregularidades. Se sostiene lo anterior, de acuerdo a lo siguiente: En el apartado de autoridades responsables, señala con esa calidad al fiscal General del Estado de Oaxaca, vicefiscal Regional de la Costa, coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, director de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones y fiscal en jefe titular de la Unidad Operativa de Investigación de la Costa, de quienes reclama la orden verbal o escrita para privarla de su libertad y despojarla de su posesión, respecto los terrenos ubicados en los parajes "el Arroyito" y "El Maluco o Piedra Cuache", ambos pertenecientes a la comunidad de San Juan Lachao Pueblo Nuevo. Por su parte, en el apartado de antecedentes refiere lo siguiente: Ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 54, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, se ventilan dos expedientes, el primero 133/2022, el cual se encuentra en etapa de desahogo de pruebas y es relativo al conflicto por el respeto a la posesión que mantiene con Mericia Angela Reyes también conocida como Angela Reyes Jimenez, respecto del terreno comunal ubicado en el paraje "El Maluco o Piedra Cuache"; el segundo expediente 105/2022, mismo que se encuentra en el área de estudio y cuenta para el dictado de la sentencia correspondiente, el cual que versa sobre el conflicto por el respeto a la posesión del terreno comunal conocido como "El Arroyito" que sostiene con Elpidio Salinas Cortés Sin embargo, indica que el viernes trece de octubre del presente año, llegaron a la comunidad de San Juan Lachao Pueblo Nuevo cuatro personas que dijeron pertenecer a la Fiscalía General del Estado, quienes según su dicho tenían la instrucción de poner en posesión su terreno a personas diversas de la quejosa y que si se oponía la detendrían, no obstante que aduce tener la posesión del predio, impusieron postes y alambre de púas en la entrada de sus terrenos, impidiendo así que su ganado entre a pastar. De lo relatado y de las constancias que acompañó al escrito de demanda, se advierte que a la quejosa le asiste el carácter de actora en los juicios señalados, que se siguen ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 54, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, por lo que los actos que reclama (despojo y detención) podrían emanar de alguna determinación dictada por dicho tribunal. Circunstancias, que no permiten determinar con exactitud los actos que reclama y las autoridades responsables. En esos términos, se requiere a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, con las copias necesarias para correr traslado a las partes, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise de manera concreta los actos que reclama a las autoridades que señala como responsables. Indique si es su deseo señalar como autoridad responsable al Tribunal Unitario Agrario Distrito 54, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, para estar en aptitud de identificar a los sujetos que intervendrán en el proceso constitucional e integrar la relación jurídica procesal en este juicio de amparo. En atención a que es parte dentro de los expedientes 133/2022 y 105/2022, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 54, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, informe si conoce de alguna determinación dictada en alguno de ellos que le cause perjuicio y que tenga relación con los actos que se atacan en el presente juicio. Lo anterior, con la finalidad de que este órgano jurisdiccional tenga la certeza de cuáles son las autoridades que señala como responsables y el acto que en concreto combate, y estar en aptitud de fijar la litis constitucional. Se le apercibe que de no cumplir con lo ordenado en el plazo que se indica, de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio y autorizados de la quejosa. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como su autorizado en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, con cédula profesional ********************, por estar inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, como lo solicita, se autoriza el uso del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el referido usuario ********************, por lo que, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el alta correspondiente. Ahora, respecto al número telefónico y correo electrónico que proporciona, únicamente se tomarán como medios de contacto con este órgano jurisdiccional y no como vía para recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. (NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS)

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