Berta Romero Canales

Expediente 652/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 47 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
652/2021
Año
2021
Actuaciones
47
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • Berta Romero Canales
  • Berta Romero Canales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de agosto de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió a trámite el recurso de revisión con el número 147/2023; de lo que se adquiere conocimiento. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de mayo de dos mil veintiuno. Téngase a ********** en su carácter de autorizado de la quejosa **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia del dos de febrero del año en curso, dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el escrito que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítansele las constancias que integran el original del juicio de amparo en que se actúa, un tomo de pruebas, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al oficial judicial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del dos de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 652/2021-III, promovido por ********************, por propio derecho, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la quejosa, la tercero interesada y por la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario da cuenta con las manifestaciones formulada por la quejosa y por la tercero interesada. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realzaron la quejosa y la tercero interesada. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 652/2021-III; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el cinco julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el díe siete del mismo mes y año, al día siguiente, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección contra el acto del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. II. Por auto del ********************, este Juzgado registró la demanda de amparo con el número 652/2021-III del índice de este Órgano Jurisdiccional, y previno a la quejosa para que manifestar si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. III. Una vez que la quejosa desahogó la citada prevención, por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se emplazó a la tercero interesada. IV. Por auto de diez de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ordenado su remisión al Juzgado Décimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien mediante auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, determinó no aceptar la competencia declinada. V. Mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, éste Juzgado de Distrito, insistió en sostener su competencia, tocando conocer del conflicto competencial al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quedando registrado con el número de expediente 21/2022 de su índice, quien mediante resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, determinó declarar competente a éste juzgado de Distrito para conocer y resolver el presente asunto. VI. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, por auto del tres de enero de dos mil veintitrés, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados no tienen ejecución, mismos que son atribuidos a una autoridad de carácter administrativo. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa de una revisión integral de la demanda, que el quejoso reclama: ( La omisión de cumplir con la sentencia emitida el ********************, por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente ******************** TERCERO. El Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado, niega el acto que se le atribuye, sin embargo dicha negativa se desvirtúa, ya que como se verá más adelante la citada autoridad aún no cumple con su obligación de dar cumplimiento a la resolución que se le reclama, por tanto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado a dicha autoridad. CUARTO. Previamente al estudio de fondo del juicio, procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. El suscrito advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de ********************, emitida por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente ******************** Al respecto, los preceptos señalados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]". De la transcripción anterior se advierte que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo será improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; por tanto, si el artículo 108, fracción III, del mismo ordenamiento, impone el deber de señalar como autoridades responsables a las que hayan intervenido, emitido o ejecutado el acto reclamado, entonces el juicio de amparo será improcedente en el supuesto que no se satisfaga dicho requisito. Por tanto, si en la presente instancia constitucional la quejosa no señaló como autoridad responsable a la Primera Sala Regional Norte-Este del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien de acuerdo a las constancias remitidas por esta, es la encargada de vigilar y hacer cumplir lo ordenado en la sentencia ejecutoriada dictada dentro del juicio de nulidad ********************, pese a que mediante proveído de ********************, se le previno para tal efecto, y en sus propias palabras manifestó lo siguiente: "no es mi deseo señalar como autoridad responsable a la Primera Sala Regional Norte-Este del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." Luego, resulta evidente que no se puede analizar la constitucionalidad del acto atribuido al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se afirma lo anterior pues, en primer término, se destaca que la intención de la quejosa en el juicio de amparo, radica en obtener el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se le reconoció el derecho a que la autoridad demandad le pague las cantidades que dejó de percibir desde la fecha que le fue suspendida su pensión y hasta la fecha en que la autoridad cumplimente dicha sentencia. Ahora, para la observancia efectiva de una sentencia emitida por alguno de esos tribunales administrativos, deberá estarse a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispositivo que en sus artículos 57 y 58 disponen: "Artículo 57.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana. b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aún cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia." "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga. Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición." De lo transcrito se obtiene que cuando una sentencia ejecutoria es favorable, se requerirá a las autoridades condenadas su acatamiento; asimismo, que si dentro de los cuatro meses siguientes a que causó ejecutoria la sentencia, tratándose de juicios ordinarios (como acontece en el particular), esta no ha sido observada, previo informe que requiera a las mismas, respecto del cumplimiento de la sentencia, se aplicarán las multas de apremio previstos en la propia legislación, además de informar tal circunstancia al superior jerárquico de las mismas. Tal ordenamiento dispone que, si pese a ello persiste la renuencia de las demandadas, la Sala podrá requerir a ese superior jerárquico a cumplir sin demora con la sentencia dictada en el juicio de nulidad; y, para el caso de incumplimiento de esta, también le impondrá la multa de apremio establecida para tal efecto. Asimismo, establece que, de subsistir el incumplimiento por parte de las autoridades, la Sala lo hará del conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que esta determine la responsabilidad del funcionario que ha sido renuente en cumplir con la sentencia dictada en el juicio administrativo. De lo anterior, se concluye que es el órgano jurisdiccional quien debe imponer coactivamente las consecuencias jurídicas dispuestas en la ley a las autoridades que omitan atender los efectos del fallo condenatorio. Así, la obligación de dar cumplimiento a una sentencia nace a partir del análisis realizado en sede jurisdiccional y, aun cuando las autoridades demandadas en el proceso contencioso tienen la obligación de atender la condena judicial, es la propia autoridad jurisdiccional la encargada de velar por la observancia de sus determinaciones porque la legislación que regula ese proceso establece los medios legales a su alcance para exigir coactivamente su efectividad. Con esa base, debe concluirse que la obligación del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa recae no solo en la autoridad demandada, sino también en el propio tribunal en la parte de la vigilancia del correcto y oportuno acatamiento de sus determinaciones judiciales. Ahora bien, es necesario tener presente que dentro del sistema jurídico mexicano, la garantía de tutela jurisdiccional se encuentra prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ésta se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, para plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 124, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172759 de rubro y texto siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Ese derecho está vinculado a la ejecución eficaz de la sentencia, porque agotado el proceso, declarado el derecho (concluida la jurisdicción) y convertida la sentencia de condena en cosa juzgada, es decir, en una entidad indiscutible, debe culminarse con la obtención por parte del actor, del beneficio otorgado en la decisión jurisdiccional. Ante el autoridad jurisdiccional está vinculada ineludiblemente a obtener la eficacia de su resolución, mediante la vigilancia de su cumplimiento. En efecto, el juzgador debe ser celoso de su fallo y adoptar de oficio ?dado que la ejecución de una sentencia es un tema de orden público?, todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución, pues en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en éstas se reconozcan o declaren no serían otra cosa que meras manifestaciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. Hasta aquí, puede advertirse que la eficacia de una sentencia radica en: (1) su observancia oportuna y completa, la que se obtiene a partir de los requerimientos que haga la autoridad jurisdiccional y; (2) la debida atención que la autoridad condenada ponga en estas solicitudes Esa doble perspectiva de las obligaciones de las autoridades inmiscuidas en el cumplimiento ?jurisdiccional y demandada? constituye un vínculo indisoluble, porque ante la reticencia de la autoridad obligada existirá la coacción de la autoridad jurisdiccional para obtener su observancia. En otras palabras, no puede entenderse la obligación de hacer efectiva una sentencia sin la exigencia por parte de la autoridad jurisdiccional, porque el primero se obtiene siempre a consecuencia de lo segundo, de tal modo que para fijar y estudiar las causas de su incumplimiento, forzosamente se verificará el puntual proceder del tribunal que la emitió, a fin de saber si ha ejercido la debida exigencia para ese fin, o ha permitido implícitamente la pasividad de la autoridad obligada. Así, cuando se reclama la omisión de cumplir con una sentencia ejecutoria, habrá necesidad de llamar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, salvo que del examen que se haga del procedimiento de cumplimiento de sentencia en el juicio contencioso administrativo, se advierta agotado todo el procedimiento de ejecución que dispone la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los artículos transcritos con anterioridad, pues en ese supuesto la resistencia de las autoridades demandadas no depende directamente de la actitud asumida por el tribunal administrativo, sino más bien, de la contumacia a cumplir con sus propios deberes, lo cual da lugar a la interposición del juicio biinstancial, por violación directa del derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ello es así, pues si bien las omisiones que se pudieren atribuir a las autoridades obligadas al acatamiento de la ejecutoria y la responsable de obtener esa observancia son distintas, tienen la peculiaridad de haber tenido lugar en el procedimiento de cumplimiento de una sentencia emitida por el tribunal administrativo. Ahora, de las constancias que integran el juicio de nulidad ********************, del índice de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, se desprende que la sentencia de ********************, que condenó a la autoridad demandada -aquí responsable- fue declarada firme el ******************** (foja 179 del tomo I de pruebas) y, a petición de parte, desde el ******************** (foja 210 y vuelta del tomo I de pruebas), se ha requerido a la demandada el cumplimiento de tal fallo. Luego entonces, si en el juicio de nulidad ********************, del índice de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, no se ha agotado el procedimiento de ejecución a que alude el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es inconcuso que la quejosa debió señalar como autoridad responsable a la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, pues con base en las consideraciones expuestas con anterioridad, es ella la encargada de vigilar y hacer cumplir lo ordenado en la sentencia ejecutoriada dictada dentro de ese sumario, sin que de autos se advierte que se haya llevado todo el procedimiento de cumplimiento con el último acto de dicha etapa, como lo es, el poner del conocimiento de la Contraloría correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario que ha sido renuente en cumplir la sentencia respectiva. Por ende, si la participación de la diversa autoridad a la señalada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, fue prevenida mediante auto de ********************, tal circunstancia la obligaba a señalarla como responsable, al ser ésta la encargada de vigilar y hacer cumplir lo ordenado en la sentencia. En consecuencia, si en el caso, no se llamó a juicio a la mencionada autoridad, se hace evidente que ésta no estuvo en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de sus actos; de tal manera, que no es jurídicamente factible analizarlo, pues no se le dio oportunidad de ser oída en esta instancia constitucional. Al caso resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CLXIV/98, con número de registro 194684, visible en la página 113, Tomo IX, enero de 1999, de la Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento.". De la misma forma, es aplicable al caso la Jurisprudencia VI. 3o. J/44, con número de registro 213345, visible en la página 67, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 74, febrero de 1994, Octava Época, que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Por lo anterior, este Juzgado se encuentra impedido para analizar la ilegalidad de la omisión de la autoridad responsable de dar cumplimiento a la sentencia de ********************, dictada dentro del juicio de nulidad ********************, pues se reitera, al no haberse agotado el procedimiento de ejecución a que alude el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resultaba obligatorio para la quejosa señalara a la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, como autoridad responsable, pues el incumplimiento de la sentencia de nulidad, se encuentra directamente relacionada con las acciones desplegadas por el tribunal administrativo de mérito, o bien, por su misma inactividad, pues debe recordarse que es la obligada a velar por el efectivo acatamiento de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, atendiendo a su propia naturaleza y a las atribuciones legales que les han sido conferidas. Al caso es aplicable, por analogía, la jurisprudencia PC.XVI.A. J/30 A (10a.), sostenida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 85, tomo II, página 1229, abril de 2021, de la Décima Época, registro 2023034, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIAS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN EN SU CUMPLIMIENTO DEBE SEÑALÁRSELES COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, SALVO QUE HAYAN AGOTADO TODO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE SEÑALA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA, INCLUIDA, LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS DE APREMIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al analizar si la omisión de la parte quejosa de señalar como autoridad responsable a la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, cuando se reclama la falta de cumplimiento de una ejecutoria, a pesar de haber sido requerida para ello, por sí, da o no lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito establece que cuando se reclama la omisión de la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de cumplir con lo ordenado en la ejecutoria relativa, debe señalársele como autoridad responsable, salvo que se advierta agotado todo el procedimiento de ejecución de la sentencia señalado en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, incluida la aplicación de los medios de apremio a su alcance. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra a favor de los particulares el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, el cual en su tercera etapa, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN.", implica la eficacia de las resoluciones definitivas, la cual entrelaza tanto a la autoridad emisora de la sentencia como a la obligada a su cumplimiento; por tanto, si acorde con los artículos 319 a 327 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se establece una relación tripartita entre la autoridad jurisdiccional, la demandada y el actor, en el cumplimiento de una ejecutoria de nulidad, siendo obligación de la primera velar por el cumplimiento de su sentencia, y de la segunda acatar el fallo condenatorio, con el correlativo derecho del particular a la impartición de justicia, por lo cual es necesario que ambas autoridades sean llamadas al juicio constitucional cuando se señale como acto reclamado la omisión en el cumplimiento de una sentencia de nulidad, salvo que del estudio del procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria se advierta que la primera ha agotado el procedimiento de ejecución, incluida la aplicación de los medios de apremio para lograr su cumplimiento, pues se insiste en esa hipótesis la omisión atribuida a las autoridades demandadas no depende directamente de la actitud asumida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, sino de su propia contumacia a cumplir con sus propios deberes. Además, ello no implica que el juzgador de amparo reemplace al tribunal contencioso local en su obligación de vigilar el correcto y oportuno acatamiento de sus propias determinaciones, pues el hecho de que no se le llame al juicio de amparo porque agotó todos los medios legales a su alcance para alcanzar el cumplimiento de la ejecutoria, no lo exime de seguir responsabilizándose del debido acatamiento del fallo de anulación, en los términos que se fijen en la sentencia que se llegue a emitir en el juicio de derechos, hasta su total observancia y acatamiento." Lo anterior, sin que haya obligación de aplicar la suplencia de la queja a favor de la quejosa, ya que ésta sólo puede aplicarse sobre la exposición de los conceptos de violación, en los casos en que se advierta que existe en su contra una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero de ninguna manera permite al suscrito sustituirse por la solicitante de amparo en el señalamiento de las autoridades responsables. Tiene aplicación al respecto el criterio que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LV/95, con número de registro 200805, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, página 236, que establece: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables." De igual forma, tampoco se soslaya lo expuesto en la jurisprudencia PC.I.A. J/168 A (10a.), con número de registro 2023272, sostenida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativa a que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclame el incumplimiento a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por parte de las autoridades administrativas, invocada por el quejoso. No obstante, se precisa que tal criterio jurisprudencial versa en torno a la oportunidad que tiene el gobernado para acudir al juicio de amparo, sin necesidad de agotar el recurso de queja previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; es decir, únicamente hace referencia a la procedencia de este juicio biinstancial, sin necesidad de agotar el principio de definitividad. Contrario a lo establecido en la diversa jurisprudencia PC.XVI.A. J/30 A (10a), la cual fue invocada en párrafos precedentes, pues ésta se encuentra encaminada a analizar el fondo del asunto, al establecer el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2020 - la cual dio origen a criterio citado-, que es el Juez de Distrito quien debe analizar íntegramente el procedimiento de ejecución de la sentencia respectiva, a fin de dilucidar si el incumplimiento atribuido a las autoridades demandadas -aquí responsables-, respecto de los deberes establecidos en el fallo de nulidad, dependen de las acciones u omisiones al respecto desplegadas por el tribunal administrativo de mérito, o bien, de su propia contumacia. Aunado a ello, la jurisprudencia PC.I.A. J/168 A (10a.), solamente es aplicable cuando las autoridades administrativas son contumaces para cumplir con las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un juicio contencioso administrativo federal. De modo que, si en el presente juicio quedó evidenciado que tal contumacia, no es propia, sino que puede derivar de la falta de acción por parte de ese tribunal administrativo, para desplegar su autoridad a efecto de hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************, es inconcuso que sobre el particular no puede aplicarse tal criterio jurisprudencial, amén de que, para que exista contumacia o renuencia por parte de las autoridades demandas en el juicio de origen, es necesario que, previo a ello, se haya agotado el procedimiento de ejecución establecido en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo cual, ante el incumplimiento de esas potestades de acatar la sentencia que le fue favorable al gobernado, daría pauta a interponer el recurso de queja a que alude ese precepto, o bien, el juicio de amparo indirecto, que es precisamente el tema que aborda dicho criterio jurisprudencial. De la misma manera, tampoco se soslaya la diversa jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), registro 2000211, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que las dependencias públicas y sus auxiliares, las cuales figuraron como potestades demandadas ante un Tribunal Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto cuando se reclame el incumplimiento de la sentencia dictada por ese órgano jurisdiccional, como acontece en el particular. No obstante, se precisa que este Juzgado de modo alguno está restando el carácter del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como autoridad responsable; sino que, como ya se estableció en párrafos precedentes, era necesario que la quejosa también señalara a la Primera Sala Regional Norte-Este del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como responsable, a efecto de que el suscrito pudiera analizar la conducta de estas frente al incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad ******************** Lo anterior es así, en razón de que, como quedó expuesto con anterioridad, es dicho Tribunal quien tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la sentencia dictada por él, conducta que no puede quedar desvinculada de los actos reprochados a la demanda en el juicio de origen, atento a que, mientras que a la primera le corresponde verificar que sus resoluciones sean cumplidas, a la segunda le toca acatar el fallo al que fue condenada. Dicho de otro modo, tanto el órgano jurisdiccional como la parte vencida en juicio (demandado), actúan de manera conjunta en la etapa de "cumplimiento de la sentencia"; luego entonces, si ambas tienen participación al momento de culminar tal objetivo -cumplimiento-; es inconcuso que además de la dependencia pública aquí señalada como responsable, la quejosa debía atribuirle ese carácter a la Primera Sala Regional Norte-Este del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que este juzgado pudiera constatar si su actuar (de ambos), implica el incumplimiento de la sentencia reclamada. Máxime que, se reitera, al no haberse agotado el procedimiento al que alude el precepto 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la quejosa se encontraba obligada a señalar a tal Tribunal como responsable, pues de las constancias que obran en autos se desprende que la contumacia de la demanda en el sumario de origen para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************, no es propia, sino que, deriva del actuar de ese órgano jurisdiccional. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la legislación de la materia. Por tanto, atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa en su escrito inicial de demanda, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Al caso se invoca, la jurisprudencia VI. 1o.J/23, con número de registro 226555, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, página 252, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." De la misma forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, con número de registro 394984, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, página 708, que indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones contenidas en el último considerando, de la presente resolución. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de **********, autorizado de la parte quejosa **********, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, las cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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