Berta Celia Bravo Hernández y Otros.

Expediente 474/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
474/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Berta Celia Bravo Hernández y Otros.
  • Berta Celia Bravo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que los quejosos interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe. ESPERANZA FUENTES

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 474/2020, promovido por BERTA DELIA BRAVO HERNÁNDEZ y otros, contra actos del Presidente de la República Mexicana y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto del dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno al día siguiente hábil, BERTA CELIA BRAVO HERNÁNDEZ, DALIA SALMERÓN DURÁN, RAMIRO AYALA ÁVILA, MARÍA DEL CARMEN VOIROL AYAL y FERNANDO CALDERÓN LÓPEZ, por su propio derecho, promovieron demanda de amparo indirecto contra actos del Presidente de la República Mexicana y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma con el número de expediente 474/2020; se designó como representante común de los quejosos a la primera de las nombradas, se solicitó de las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna una norma general expedida y aplicable dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, los cuales, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, así como las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que reclama lo siguiente: El acuerdo publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De los informes justificados rendidos por el Secretario de la Defensa Nacional y Secretario de Gobernación, se advierte que negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Las referidas negativas se corroboran, pues de la norma impugnada no se observa que dichas autoridades hayan tenido intervención en la creación de la misma, ni en su aplicación. En mérito de lo anterior, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio, respecto de los actos atribuidos a dichas autoridades, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Seguridad, y Protección Ciudadana, Secretario de Marina y Director del Diario Oficial de la Federación, en sus respectivas esferas de competencia, consistentes en el proceso legislativo que culminó con el acuerdo tildado de inconstitucional. Además, se determina la anterior certeza en el actuar de las autoridades responsables, pues se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes, puesto que para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En ese sentido, este juzgador advierte que respecto del acuerdo reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 y la fracción I del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, pues como se demostrará a continuación, la parte quejosa no demostró que se hubiere aplicado el mismo en su perjuicio. Para una mejor comprensión de la causal de mérito, se transcriben los numerales antes citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." De dichos preceptos legales se obtiene que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). La autoaplicación de las leyes, se actualiza cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna y, en tal virtud, el juicio podrá ser promovido desde ese instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer, no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso de aplicación que la condicione, por lo que será hasta ese momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 55/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En estrecha relación con lo anterior, cabe señalar que en diversos criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla (por regla general) con las condiciones siguientes: 1. La existencia del acto concreto de aplicación de la ley controvertida. 2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado. 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. 4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de amparo. Congruente con ello, si no existe el acto de aplicación, el quejoso estará imposibilitado para combatir la ley con ese motivo, por ser requisito indispensable que demuestre la existencia de la aplicación de la norma en su perjuicio, ya que ese acto es lo que le otorga la posibilidad para combatirla en el juicio. Bajo ese contexto, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Aérea Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte. Sin embargo, de las constancias de autos, no se advierte que se haya aplicado el acuerdo que la parte quejosa reclama de inconstitucional, ni del contenido integral de su libelo constitucional se observa que haya manifestado a través de qué acto se aplicó dicha norma, ni en qué consistió la afectación que con ello se hubiere ocasionado a la esfera jurídica del peticionario del amparo. En ese orden, al no desprenderse claramente la aplicación material de la norma en cita, se concluye que la parte quejosa no está legitimada para combatir la misma, pues para ello era necesario que se demostrara, fehacientemente, la aplicación de los artículos contenidos en dicho acuerdo en su perjuicio, lo cual no puede derivar de presunciones o afirmaciones contenidas en la demanda, sino del contenido del supuesto acto de aplicación. Asimismo, se estima aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196641 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Marzo de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 12/98 Página: 323 LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. Amparo en revisión 2412/96. José María Samper y Porta y otro. 24 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 291/96. Estela Aguilar Peña. 4 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 481/97. Eréndira López López. 9 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 853/97. Ricardo Margain Berlanga. 10 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Tesis de jurisprudencia 12/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano.". Entonces, de todo lo expuesto con anterioridad, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por BERTA CELIA BRAVO HERNÁNDEZ, DALIA SALMERÓN DURÁN, RAMIRO AYALA ÁVILA, MARÍA DEL CARMEN VOIROL AYAL y FERNANDO CALDERÓN LÓPEZ, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veinte. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veinte. INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguense a los presentes autos los dos primeros oficios de cuenta, con los que las autoridades que los suscriben rinden informes justificados en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. INFORMA EN QUIEN RECAE LA REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN ESTE JUICIO. Agréguese a los presentes autos la copia del oficio que remite el Consejero Adjunto, mediante el cual informa que otorgó la representación presidencial a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, sin que proceda hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de veintiocho de septiembre de la presente anualidad, se tuvo a la oficiante informando tal determinación y se proveyó lo conducente. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a que la parte quejosa se imponga de contenido de los informes justificados que en este auto se tuvieron por rendidos, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Femmg

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