Berta Alicia Martinez Diaz
Expediente 5162/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 5162/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/07/2023
Partes del expediente
- Berta Alicia Martinez Diaz
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; a tres de julio de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por medio del cual envía el testimonio correspondiente al recurso de queja 1730/2022 de su índice; en ese sentido, dicho Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de referencia. Acuse de recibo por así haberlo solicitado. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos originales, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días naturales, se presente a recogerlos, en el entendido que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante el cual, informa el contenido del auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el que entre otras cuestiones, informa que el oficio 105287/2022 derivado del juicio de amparo en el que se actúa, no forma parte de la estadística de dicho tribunal; por lo tanto, a efecto de integrar debidamente el presente sumario, reexpídase vía interconexión el oficio en comento y envíese al tribunal correspondiente (Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región). Notifíquese.
- Principal
C iudad de México; diecisiete de junio de dos mil veintidós. Se forman de cuadernos. En cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 752/2020, se integra de manera electrónica, y físicamente por duplicado este incidente de suspensión. Solicitud de informe previo Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas con las constancias que lo sustenten, contadas a partir del que quede legalmente notificadas. Al efecto, remítase copia del ocurso inicial. Fundamento: Artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo. Apercíbase a las autoridades señaladas que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados, podrá imponérseles una multa de cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización. Fundamento: Artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contados a partir del que queden legalmente notificadas, mismo que deberá satisfacer los requisitos previstos en el artículo 138 de la ley de la materia, y en aras de una pronta impartición de justicia podrá ser remitido vía correo electrónico oficial 1jdoaux1cto@correo.cjf.gob.mx, correspondiente a este juzgado de distrito, con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento contenga la firma electrónica del funcionario (firel o e.firma), debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, con la precisión de que se requiere su envío por uno solo de los medios. Fundamento: Acuerdos Generales Plenarios 1/2013 y 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 3 de la Ley de Amparo; y artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con siete minutos del once de julio de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia incidental. Fundamento: Artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que si bien se fijó día y hora para la celebración de la audiencia en cita fuera del plazo legalmente previsto, ello obedece a la saturación excesiva de la agenda correspondiente, aunado a que dicho proceder tiene por objeto de salvaguardar el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva, por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, quien provee considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID-19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia incidental no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 144 de la Ley de Amparo, las partes -se insiste-, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Requisitos de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. Apuntado lo anterior, es de señalar que, conforme a la fracción X del artículo 107 de la Constitución General, en el juicio de amparo es posible suspender los actos que se reclaman y sus efectos, mediante una institución de naturaleza procesal comprendida en las medidas cautelares, y que, acorde con su carácter, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera no llegue a resultar inútil para la quejosa la protección de la Justicia Federal que pretende. Sin embargo, la procedencia de dicha medida cautelar no es ilimitada, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé determinadas restricciones. En efecto, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a. La solicite el quejoso; b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva (interés suspensional). Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Precisión del acto reclamado. Ahora, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, los que se indican a continuación: "(.) ACTOS RECLAMADOS 1. El H. Congreso de la Unión, integrado por: La Cámara de Diputados. (.) De quien se reclama la discusión y aprobación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación; publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 09 de diciembre de 2019 y, específicamente, en cuanto a el artículos (sic) 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación. De quien se reclama la discusión y aprobación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación en cuanto al artículo 17-H-bis. La Cámara de Senadores. (.) De quien se reclama la discusión y aprobación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación en cuanto al artículo 17-H Bis. 2. El C. Presidente de la República. (.) La Promulgación y expedición en fecha 09 de diciembre de 2019 del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación en cuanto al artículo 17-H-Bis, que a la letra indica .. A) CON EL CARÁCTER DE EJECUTORAS: 3. El C. Secretario De Gobernación. (.) La firma del refrendo del referido DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación en cuanto al artículo 17-H-bis, que a la letra indica.. . 6. El C. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. (.) La ejecución o intento de ejecución por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación en cuanto al artículo 17-H-bis, que a la letra indica.. Efectos La parte quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: ".para el efecto de que las autoridades responsables no suspendan los certificados de sello digital que utiliza la quejosa para la expedición de comprobantes fiscales digitales para amparar las operaciones comerciales que efectúa." Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juzgado de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Manifestaciones, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Interés suspensional. En la especie, la parte quejosa aduce ser una persona moral, y que se encuentra inscrita en el Régimen General de Ley Personas Morales, como se advierte de la constancia de situación fiscal que exhibe. Luego, con base en lo anteriormente expuesto, y atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, se estima que se acredita el interés suspensional, al resultar, en apariencia, afectada por las disposiciones cuya inconstitucionalidad reclama. Negativa de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por Jorge Luna Valdez en representación de la persona moral denominada Petroleum Services International, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los efectos para los cuales se solicita la medida, atento a las siguientes consideraciones: El citado artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que, para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Ahora bien, el primero requisito es que la suspensión provisional sea solicitada por la quejosa, situación que en la demanda que nos ocupa acontece. Luego, en segundo término, contempla que no se deberá seguir perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; requisito de procedibilidad que, en el caso a estudio, no se actualiza, toda vez que de concederse la medida cautelar solicitada para que pueda hacer uso del certificado de sello digital contemplado en el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación y posterior a ello, las cosas se mantengan en el estado que guardan; quien provee contrapondría con el interés social, ya que el objeto de dicho precepto es evitar la posible comisión del algún delito fiscal; objetivo que las autoridades responsables pretenden alcanzar en beneficio del interés público. En efecto, en relación con el orden público y el interés social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instituyó en la contradicción de tesis número 266/2007-SS, que dichos conceptos son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese tenor, el Tribunal Supremo del país sostiene que por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, definió que se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se infiere un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa, a la que se niega la medida cautelar. Aún más, el numeral 129 del citado ordenamiento legal, dispone diversos supuestos en los que se considera que se siguen esos perjuicios y se realizan las citadas contravenciones al interés social; sin embargo, el hecho de que el legislador haya indicado algunos supuestos de cuando considera que se vulnera el orden público y el interés social, no quiere decir que haya sido limitativo respecto a los supuestos en los que debe estipularse contravención a la citada porción normativa, sino que únicamente fijó criterios para que el intérprete de la ley delinee cuándo, en el caso concreto, se satisface o no el requisito citado en el artículo 128, fracción II. En efecto, ha sido criterio reiterado que el orden público y el interés social, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al órgano jurisdiccional examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Así, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución; en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Lo anterior, se apoya en la tesis I.3o.A. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, y que ilustra: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Para entender el contenido de la noción de orden público, es menester ponderar las situaciones que se producirían con la suspensión del acto reclamado, esto es, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría. Asimismo, para determinar si existe tal afectación, no basta que la ley en que se funda el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución, son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, y en consecuencia, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados; por tanto, es necesario confrontar el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la quejosa con la ejecución del acto reclamado. Tienen aplicación en lo conducente la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/56, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 986, Tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTAN EL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA. El artículo 124 de la Ley de Amparo condiciona la concesión de la suspensión, además de la solicitud del quejoso, en primer lugar, a que no se afecte el orden público y el interés social, y en segundo, a que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado. Ahora bien, para determinar si existe esa afectación no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Efectivamente, las leyes, en mayor o menor medida, responden a ese interés público, sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en el artículo 16 constitucional, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Así las cosas, para aplicar el criterio de orden público e interés social debe sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con los actos concretos de aplicación, con el perjuicio que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado y el monto de la afectación de sus derechos en disputa." Así, una vez analizadas las premisas atinentes al orden público e interés social, a la luz de los efectos para los cuales se peticiona la medida cautelar, se considera que no se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de otorgarse se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social. Pues de un análisis integral a la exposición de motivos del Decreto impugnado, se advierte que la reforma de mérito tienen como finalidad primordial, en síntesis y de manera enunciativa lo siguiente: Lograr una mayor transparencia eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor control y vigilancia por parte de las instancias competentes para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones para obtener resultados diferentes que permitan ir en contra de los evasores fiscales, pues se generaron de forma excesiva comprobantes fiscales apócrifos por parte de las empresas facturadoras de operaciones simuladas sobre operaciones, compras o servicios no realizados, con el fin de simular aumentos de gastos de operación para pagar menos impuestos; de ahí que se consideró necesaria la implementación de las disposiciones reclamadas. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios; con el objeto de lograr una eficiencia presupuestaria. Combatir las estrategias de planificación fiscal utilizadas para cambiar de manera artificial los beneficios económicos a lugares de escasa o nula tributación, lo que permite eludir casi por completo el pago del Impuesto Sobre la Renta en México. Evitar el uso de estrategias de elusión fiscal. Que la autoridad fiscal se encuentre en posibilidad de realizar los actos necesarios para revisar si las operaciones que se hacen constar en los comprobantes fiscales en realidad se efectuaron y, de concluir en sentido negativo, en consecuencia, se declare la inexistencia de tales operaciones, desconociendo valor alguno a los mencionados comprobantes. Combatir a las empresas que facturan operaciones inexistentes, así como aquellas que dan efectos fiscales a las mismas. Se inhiba que los contribuyentes continúen simulando la realización de operaciones en perjuicio del Fisco Federal. Evitar que las empresas facturadoras de operaciones inexistentes, al momento de realizar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionen datos incorrectos, dentro de los que destaca el referente al domicilio, pues señalan domicilios inexistentes o de difícil localización, que evidentemente no constituyen el asiento o administración principal del negocio del contribuyente, o bien, el lugar en el que desempeñan sus actividades. Que las autoridades correspondientes aún sin ejercer sus facultades de verificación puedan comprobar que los datos proporcionados por el contribuyente como medios de contacto son incorrectos o falsos, situación que en el caso de las empresas facturadoras de operaciones inexistentes es recurrente para evitar que la autoridad les informe que tienen una notificación o mensaje en su buzón tributario, lo que impide que éstos sean notificados por dicho medio. Establecer como supuesto para dejar sin efectos los certificados de sellos digitales, cuando los contribuyentes facturen ingresos o retenciones y éstos no correspondan con la información proporcionada en sus declaraciones, así como de aquella que se encuentre en poder de la autoridad fiscal o a la que tengan acceso, ello aun cuando no se ejerzan las facultades de comprobación por parte de la autoridad, lo cual permitirá evitar la generación de facturas por posibles empresas facturadoras de operaciones inexistentes. Por esas circunstancias, es claro que se le causaría un perjuicio mayor a la sociedad, que los que podría resentir la parte quejosa con la aplicación de dicho numeral, pues como se analizó, con la reforma normativa de referencia, se busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, para erradicar la evasión de los impuestos y combatir la compraventa de facturas falsas, salvaguardando los ingresos públicos del país, su estabilidad y el bienestar de la población. En ese contexto, resulta improcedente la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, en virtud de que el legislador ha considerado relevantes las medidas decretadas, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, en su caso, impedir la evasión fiscal, pues a través de garantizar el ejercicio de las facultades de las autoridades y los mecanismos y sanciones propuestas, se pretende hacer frente a los retos que representa para el país, la creciente evasión y elusión fiscal, además de que se respetan los instrumentos de verificación, los cuales evidentemente constituyen fines que contribuyen al interés de la sociedad, en tanto que es a través del sistema recaudatorio que el Estado se hace de los recursos esenciales para su sostenimiento; de ahí que de otorgarse la medida cautelar solicitada, se permitiría que la finalidad pretendida a través de la modificación legislativa reclamada no fuera satisfecha y podría dar lugar a la realización de las actividades que precisamente se pretenden erradicar. En este aspecto debe resaltarse también que la sociedad y el Estado en general están interesados en evitar prácticas fraudulentas como el incumplimiento de obligaciones fiscales o la obtención de beneficios en forma indebida por parte de los contribuyentes, pues conforme a lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de todo mexicano contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa, lo cual se cumple mediante el pago de impuestos (obligación tributaria). Pruebas. Téngase a la quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que anexó a su demanda de amparo, que en cumplimiento a lo acordado en el cuaderno principal obran en este incidente. Medios de convicción que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia incidental. Expedición de copias. Finalmente, expídase a la parte quejosa, a través de sus autorizados, para el caso de que así lo requieran, copia certificada de esta resolución, previa razón que obre en autos para debida constancia legal. Otras Providencias. Ahora, atento al contenido de las promociones con números de folio 3981 y 4542 del índice del juzgado de origen, se provee: Agréguense a los autos los oficios signados en representación de la Secretaria de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, mediante los cuales rinden su respectivo informe previo; en consecuencia, téngase por recibidos los informes previos que rinden las autoridades responsables. Fundamento: artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del numeral 9 párrafo primero de la ley de la materia se tienen por acreditados como delegados a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,192 expedientes
- Bernardo Herrerias Franco4778/2022
- Bernardo Horacio Castellanos Fernandez5340/2022
- Bernardo Lozano Dubernard646/2023
- Bernardo Miranda Castañeda838/2022
- Bernardo Montemayor Villarreal y Otros.1121/2020
- Bernardo Zambrano Lozano6764/2014
- Berta Celia Bravo Hernandez3111/2022
- Berta Sanchez Garcia5562/2022
- Bertha Alicia Gutierrez Flores1945/2023
- Bertha Alicia Magallanes Torres1368/2023
- Bertha Costemalle Arzola2785/2022
- Bertha Costemalle Arzola542/2023