Bersain Martínez López

Expediente 1661/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1661/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Bersain Martínez López
  • Fiscal General del Estado de Tabasco.

Actuaciones

  1. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Bersain Martínez López, transcurrió del siete al trece de enero del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales que ameriten su devolución, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la??????? fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso Bersain Martínez López, del que se advierte que en cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, manifiesta lo siguiente: "..El acto reclamado que solicito es que la Autoridad Responsable, Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, determine EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, dentro de la Carpeta de Investigación CI-TA-I-532/2021(.). Sin omitir manifestar que el acto señalado se le reclama al Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, NO al FISCAL GENERAL DEL ESTADO, por lo que, deberá dejarse de tener por Autoridad Responsable Ordenadora." Por lo tanto, se tiene al promovente Bersain Martínez López, desahogando la prevención realizada por este órgano jurisdiccional en proveído de veintidós de los cursantes. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es???? decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La integración de la carpeta de investigación CITA- I-532/2021, en la cual solicita que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, determine EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, toda vez que aduce se trata de un asunto de materia civil. En el caso que nos ocupa la suscrita considera que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que es el previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los ARMANDO BLANCO PALMEROS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b3.27 14/02/22 11:33:32 procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Por su parte, el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.???? El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, virtud a que prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. Luego, por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo anterior se explica en virtud que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el juicio de amparo como un medio de defensa de los derechos sustantivos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos fundamentales. Al respecto conviene precisar, que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Ahora bien, en relación con esto último, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público". Del texto constitucional trascrito se desprende que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público en representación de la sociedad; por lo tanto, debe colegirse que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no forma parte de los derechos fundamentales de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. De ahí, que las actuaciones de las autoridades responsables tendentes a la integración y consignación de averiguación previa o carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, pues son de orden público, excepción hecha cuando en aquella se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos.???? En esas condiciones, el acto reclamado en el presente asunto consistente en la integración de la carpeta de investigación CI-TA-I-532/2021, en la cual el impetrante solicita que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, determine EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, no le depara perjuicio alguno al solicitante del amparo, ya que dichas actuaciones no implican que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, como ya se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica de los quejosos, sino que es un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a la institución mencionada; por lo que debe decirse, la resolución sobre el ejercicio de aquélla, no le irroga perjuicio alguno, en virtud a que ésta se materializaría una vez que la autoridad judicial que conozca de la causa penal, determine si resuelve procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, con motivo de la integración de dicha carpeta. Resulta aplicable la tesis aislada VI.3o.8 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203374 de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." En ese sentido, la integración de la carpeta de investigación CI-TA-I-532/2021, en la cual el impetrante solicita que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, determine EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, pues en todo caso, forma parte de la facultad de investigación de la Fiscalía del Ministerio Público. Ello es así, puesto que dichas actuaciones no tienen como finalidad restringir la libertad personal de la parte quejosa, ni siquiera de manera momentánea, sino la de allegarse de elementos a fin de estar en aptitud de determinar si se configuran o no los ilícitos materia de la indagatoria, de ahí que no se esté en presencia de un acto que afecte a las personas involucradas en la misma. De igual forma tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 226462, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de??? diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." De ahí que la averiguación previa o fase previa de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales, en ejercicio de las funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional de la autoridad investigadora. Resulta ilustrativa por las razones en ella expuesta la tesis 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 180028, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Asimismo, la diversa tesis XXVII.3o.48 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Consultable en la página 1947, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, registro 2015500, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de??????? la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda en cuestión. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso Bersain Martínez López, del que se advierte que en cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, manifiesta lo siguiente: "..El acto reclamado que solicito es que la Autoridad Responsable, Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, determine EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, dentro de la Carpeta de Investigación CI-TA-I-532/2021(.). Sin omitir manifestar que el acto señalado se le reclama al Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, NO al FISCAL GENERAL DEL ESTADO, por lo que, deberá dejarse de tener por Autoridad Responsable Ordenadora." Por lo tanto, se tiene al promovente Bersain Martínez López, desahogando la prevención realizada por este órgano jurisdiccional en proveído de veintidós de los cursantes. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La integración de la carpeta de investigación CITA-I-532/2021, en la cual solicita que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, determine EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, toda vez que aduce se trata de un asunto de materia civil. En el caso que nos ocupa la suscrita considera que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que es el previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Por su parte, el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, virtud a que prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. Luego, por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo anterior se explica en virtud que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el juicio de amparo como un medio de defensa de los derechos sustantivos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos fundamentales. Al respecto conviene precisar, que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Ahora bien, en relación con esto último, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público". Del texto constitucional trascrito se desprende que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público en representación de la sociedad; por lo tanto, debe colegirse que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no forma parte de los derechos fundamentales de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. De ahí, que las actuaciones de las autoridades responsables tendentes a la integración y consignación de averiguación previa o carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, pues son de orden público, excepción hecha cuando en aquella se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones, el acto reclamado en el presente asunto consistente en la integración de la carpeta de investigación CI-TA-I-532/2021, en la cual el impetrante solicita que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, determine EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, no le depara perjuicio alguno al solicitante del amparo, ya que dichas actuaciones no implican que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, como ya se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica de los quejosos, sino que es un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a la institución mencionada; por lo que debe decirse, la resolución sobre el ejercicio de aquélla, no le irroga perjuicio alguno, en virtud a que ésta se materializaría una vez que la autoridad judicial que conozca de la causa penal, determine si resuelve procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, con motivo de la integración de dicha carpeta. Resulta aplicable la tesis aislada VI.3o.8 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203374 de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." En ese sentido, la integración de la carpeta de investigación CI-TA-I-532/2021, en la cual el impetrante solicita que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, determine EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, pues en todo caso, forma parte de la facultad de investigación de la Fiscalía del Ministerio Público. Ello es así, puesto que dichas actuaciones no tienen como finalidad restringir la libertad personal de la parte quejosa, ni siquiera de manera momentánea, sino la de allegarse de elementos a fin de estar en aptitud de determinar si se configuran o no los ilícitos materia de la indagatoria, de ahí que no se esté en presencia de un acto que afecte a las personas involucradas en la misma. De igual forma tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 226462, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." De ahí que la averiguación previa o fase previa de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales, en ejercicio de las funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional de la autoridad investigadora. Resulta ilustrativa por las razones en ella expuesta la tesis 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 180028, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Asimismo, la diversa tesis XXVII.3o.48 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Consultable en la página 1947, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, registro 2015500, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda en cuestión. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Bersain Martínez López, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1661/2021-6. PREVENCION. Ahora, de conformidad con el artículo 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; IV. No se hubiera expresado con precisión el acto reclamado: [.]" Establecido lo anterior, cabe precisar que el artículo 108, fracción IV, de la Ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. [.]." En esas condiciones, antes de proveer sobre su admisión requiérase al quejoso Bersain Martínez López, para que de conformidad con lo previsto por los artículos 114 fracciones I, II y IV y 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Precise de manera clara cuál es el acto que reclama y a que autoridad en específico se lo reclama. Es decir, si reclama de las autoridades responsables la resolución en la que se determina el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación CI-TA-I-532/2021, o bien, si solicita que se determine el no ejercicio de la acción penal en la citada carpeta. Lo anterior obedece, a que en el apartado de "acto reclamado" manifiesta de manera genérica reclamar la determinación del no ejercicio de la acción penal, emitida en la carpeta de investigación de origen, mientras que en el capítulo de garantías constitucionales violadas en el último párrafo manifiesta que el Fiscal de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco, deberá abstenerse de continuar conociendo de la carpeta de investigación señalada en líneas anteriores, determinando el no ejercicio de la acción penal, por tratarse de un asunto de materia civil. SEGUNDO. Señale qué acto en específico le reclama a la autoridad ordenadora Fiscal General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Lo anterior, en virtud que la carpeta de investigación CI-TA-I-532/2021, de la cual emanan los actos reclamados en el presente asunto, es decir, por si reclama la emisión del no ejercicio de la acción penal del cual se duele, es del índice del Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata de Tacotalpa, Tabasco; por tanto, no se advierte de manera clara el acto que le reclama a la diversa fiscalía responsable. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". De igual forma, hágase saber a la promovente del amparo el contenido del artículo 261 de la ley de la materia, que prevé las sanciones para la parte quejosa, para su abogado autorizado o para ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado; numeral que al efecto se transcribe: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En la inteligencia de que la prevención deberá desahogarse necesariamente por la parte promovente de la presente acción constitucional, toda vez que ésta constituye un acto de carácter personalísimo, que sólo puede realizar quien ejercitó la demanda de amparo. Encuentra apoyo lo anterior la Jurisprudencia 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, en la jurisprudencia 2ª./J 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, julio de 2006, página 348, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". APERCIBIMIENTO Quedando apercibida la parte quejosa, que de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con el penúltimo párrafo del referido numeral. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizado a Jesús Daniel Andrade Ramírez en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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