Bersain Figueroa Perez
Expediente 2253/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2253/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Bersain Figueroa Perez
- Maria Antonieta Perez Ibarias
- Mercedes Emilia Platero Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió la resolución que puso fin al presente juicio de amparo, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y se concedió la suspensión de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la licenciada Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
MESA II-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió la resolución que puso fin al presente juicio de amparo, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y se concedió la suspensión de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la licenciada Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado José Alfonso García López, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 2253/2019, promovido por María Antonieta Pérez Ibarias, Mercedes Emilia Platero López y Bersain Figueroa Pérez, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control Zona 02, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancia de emplazamiento de la Agente del Ministerio Publico de la Federación. 3.- Informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez de Control Región 02 Cero Dos por conducto del Actuario Adscrito a ese Juzgado, Encargado Provisional del Despacho del Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Comandante Regional de la Policía Especializada Zona Fronterizo Costa, Agentes del Ministerio Público Titulares de las Agencias Primera y Tercera Investigadoras y de la Célula Segunda, todos de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República y por el Encargado de la Subsede Tapachula de la Policía Federal Ministerial, todos con sede en esta ciudad. Enseguida, el Juez acuerda: Al respecto, se tiene por realizada la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Luego, no pasa inadvertido para este juzgador que entre la fecha de presentación de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y la de celebración de la audiencia constitucional, no medió un plazo de por lo menos ocho días. Sin embargo, toda vez que no existe una petición expresa [conforme lo dispone el artículo 117[1] de la Ley de Amparo] en el sentido de que se difiera o suspenda la audiencia constitucional; es por lo que se determina procedente continuar con su desahogo. Acto continuo se abre el período de pruebas, en donde se tiene que ninguna de las partes las ofreció; luego al no existir medio de convicción pendiente por desahogar, se concluye esta etapa. A continuación, se abre el periodo de alegatos; teniéndose que ninguna de las partes los formuló; ante ese escenario, se cierra el presente periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 2253/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, María Antonieta Pérez Ibarias, Mercedes Emilia Platero López y Bersain Figueroa Pérez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente 2253/2019, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de noviembre de dos mil diecisiete. Esto, al reclamarse actos de naturaleza administrativa de autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados son los siguientes: Del Juez de Control Región 02 Cero Dos por conducto del Actuario Adscrito a ese Juzgado, Encargado Provisional del Despacho del Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Comandante Regional de la Policía Especializada Zona Fronterizo Costa, Agentes del Ministerio Público Titulares de las Agencias Primera y Tercera Investigadoras y de la Célula Segunda, todos de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República y por el Encargado de la Subsede Tapachula de la Policía Federal Ministerial, todos con sede en esta ciudad: - Las órdenes de presentación, localización y posible orden de aprehensión. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez de Control Región 02 Cero Dos por conducto del Actuario Adscrito a ese Juzgado, Encargado Provisional del Despacho del Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Comandante Regional de la Policía Especializada Zona Fronterizo Costa, Agentes del Ministerio Público Titulares de las Agencias Primera y Tercera Investigadoras y de la Célula Segunda, todos de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República y por el Encargado de la Subsede Tapachula de la Policía Federal Ministerial, todos con sede en esta ciudad, en sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclama. Sin que sea obstáculo a lo anterior que los Agentes del Ministerio Público Titulares de las Agencias Primera y Tercera Investigadoras de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, de esta ciudad, únicamente se hayan pronunciado respecto de los actos reclamados por la quejosa María Antonieta Pérez Ibarias, omitiendo manifestarse por los quejosos Mercedes Emilia Platero López y Bersain Figueroa Pérez, toda vez que la parte quejosa no desvirtuó el contenido de los referidos informes. Además que el Juez de Control Región 02 Cero Dos, de esta ciudad, negó los actos reclamados por los quejosos Mercedes Emilia Platero López y Bersain Figueroa Pérez, así como el Encargado de la Subsede Tapachula de la Policía Federal Ministerial, que es la autoridad encargada de ejecutar los mandamientos de captura de las referidas autoridades ministeriales. En consecuencia, y tomando en cuenta que la parte quejosa no aportó prueba que demostrara lo contrario, se sobresee en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es de puntual aplicación, la jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que señala: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Igualmente es aplicable, a lo antes citado, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Por las razones expuestas y al sobrevenir la causa de improcedencia invocada, con apoyo además en el dispositivo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado; se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por María Antonieta Pérez Ibarias, Mercedes Emilia Platero López y Bersain Figueroa Pérez, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
MESA II-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, y por cuanto en la certificación que antecede se hizo constar que aún no han transcurrido los ocho días dentro de los cuales debe darse vista a las partes con el contenido de los informes justificados a que se refiere el proveído de cinco de noviembre del año en curso; en consecuencia, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada, y se fija como nueva fecha las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Regístrese la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que ya se encuentran emplazadas a juicio y este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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