Bersain Díaz López
Expediente 501/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bersain Díaz López
Actuaciones
- Principal
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Causa estado determinación. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de queja contra el auto dictado el nueve de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por *****, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de los mismos se advierte que en auto de nueve del mes actual, se tuvo al quejoso *****,, cumpliendo con la prevención decretada en en auto de veintiocho de abril pasado; indicando que se admitía la demanda de amparo; sin embargo, en los párrafos que le precedieron se infiere que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en este juicio, únicamente en la parte relativa en que se indicó que se admitía la demanda de amparo; ya que la misma fue desechada de plano por notoriamente extemporánea; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. Cumple prevención y se admite demanda. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ****, mediante el cual, cumple con la prevención realizada en auto de veintiocho de abril pasado; y, al efecto manifiestan que el acto reclamado en este juicio de amparo, se hace consistir en: Los autos de formal prisión dictados en las causas penales 143/2017 y su acumulado 54/2009 y 15/2003, del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. En consecuencia, se les tiene dando cumplimiento a la prevención de que fue objeto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I y último párrafo, 2°, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promovió Bersaín Díaz López, contra actos del Juez Primero del Ramo Penal para Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y otra autoridad. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado numeral 113 de la ley de la materia, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas cuya tramitación a la postre resulte ociosa. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el promovente del amparo señala como acto reclamado el siguiente: "Los autos de formal prisión dictados en las causas penales 143/2017 y su acumulado 54/2009 y 15/2003, del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas." El Juez Primero en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en cumplimiento al acuerdo de veintiocho de abril de este año, informó lo siguiente: Con fecha uno de mayo de dos mil tres, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro del Estado de Oaxaca, dictó Auto de Formal Prisión en la causa penal 15/2003 actualmente 54/2009, instruida en contra del quejoso por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y delincuencia organizada. Asimismo, que por el cuatro de noviembre de dos mil tres, el extinto Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del distrito judicial de Tuxtla, dictó auto de formal prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y delincuencia organizada, en la causa penal 75/2003, actualmente 143/2017. Finalmente que actualmente la causa penal 143/2017 se encuentra acumulada a la diversa causa penal 54/2009. Ahora bien, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se expidió la nueva Ley de Amparo, cuyo artículo Transitorio Primero dispone que entró en vigor al día siguiente de su publicación en ese medio de difusión oficial, o sea, el tres de abril de dos mil trece. Ahora, el juicio de amparo inicia con la presentación de la demanda, con independencia del auto que le recaiga por parte del juez constitucional, por lo cual, la normatividad aplicable para proveer en relación a la misma, lo es la nueva Ley de Amparo. En ese sentido, cabe acotar que este juicio de amparo se tramitará atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, pues la demanda de derechos fundamentales se presentó con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, concretamente el veintisiete de abril del año en curso. Bajo ese orden de ideas, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de la materia, con motivo de la oportunidad con que debe promoverse el juicio de garantías. Los mencionados preceptos, literalmente establecen: "17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]". La previsión normativa que contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos consentidos tácitamente, los que se califican como aquellos que no son reclamados en los plazos previstos por los 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, excepto en casos previstos por las fracciones l, ll, lIl y IV del numeral citado en primer término. Tales preceptos contienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo; b) El término perentorio de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso (término aplicable en el presente caso); y c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con el objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión, dejó pasar el plazo previsto para promover su inconformidad, se infiere que está conforme con el acto. Entonces, el término de quince días, es improrrogable y, por tanto, fatal para el quejoso, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. Aunado a lo expuesto en párrafos precedentes, del transcrito numeral 17 de la ley de amparo vigente se desprenden tres supuestos para iniciar el cómputo del plazo para la interposición de la demanda de garantías, a saber: i). Al día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. ii). Al día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. iii). Al día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Cabe precisar que tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la presentación del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Ahora, como se anticipó, el acto reclamado consiste en los autos de formal prisión dictados en las causas penales 143/2017 y su acumulado 54/2009 y 15/2003, del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Sin que se aprecie que el mismo se encuentre en alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, ya que se dicta dentro de un procedimiento judicial, pues con él se abre el periodo de instrucción, el cual forma parte del procedimiento penal, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas. Por tanto, es evidente que al tratarse el acto reclamado de un acto que afecta la libertad personal dentro de un procedimiento, le es aplicable el plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor. No pasa desapercibido que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no establece a partir de cuándo debe computarse el plazo de quince días, para la presentación de la demanda contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento, acontecidos antes de su entrada en vigor. Ciertamente, en el artículo Quinto Transitorio, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor, el legislador dispuso que tratándose de los actos previstos en la fracción III del artículo 17, que se hubiesen dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, esto es, de aquellos que conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo abrogada, podrían ser impugnados en cualquier tiempo, fueran impugnables a través del juicio constitucional dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la ley de la materia; empero, nada dijo respecto a partir de cuándo debe computarse el plazo de quince días, para la presentación de la demanda, contra actos que impliquen un ataque a la libertad personal dentro de un procedimiento, que conforme a la Ley de Amparo abrogada, también se permitía hacerlo en cualquier tiempo. Sin embargo, este juzgador estima que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro de un procedimiento, empieza a contar a partir del tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Amparo, tal como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 366/2013, que dio origen a la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 2006587 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: P./J. 39/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 11 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA SE RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y SI LOS SUPUESTOS QUE DAN INICIO A SU CÓMPUTO EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 18 DE ESE ORDENAMIENTO ACONTECIERON CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, EL REFERIDO PLAZO INICIA A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. Conforme a lo previsto en los artículos transitorios primero al tercero del referido ordenamiento, la regulación aplicable para determinar la oportunidad de una demanda de amparo directo promovida a partir del tres de abril de dos mil trece contra actos dictados antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, necesariamente es la prevista en ese nuevo ordenamiento, al haberse abrogado la anterior Ley de Amparo y determinarse en su artículo tercero transitorio que lo previsto en ésta sólo sería aplicable a los juicios iniciados previamente. Por ende, el plazo para promover una demanda de amparo directo presentada a partir del tres de abril de dos mil trece contra sentencias condenatorias que imponen pena de prisión dictadas antes de esa fecha, es el de ocho años contenido en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, sin menoscabo de que, atendiendo a la interpretación de este ordenamiento conforme al principio de irretroactividad y favoreciendo la protección más amplia a las personas a cuya esfera jurídica trasciende dicho plazo -sentenciados y víctimas-, su cómputo deba iniciarse a partir de la fecha de entrada en vigor de esa Ley, sin que para ello sean aplicables los supuestos señalados en el artículo 18 del mismo ordenamiento, acontecidos previamente, ya que el cómputo respectivo debe iniciarse con base en supuestos suscitados durante la vigencia de la regulación que lo prevé, pues, de lo contrario, para computarlo se tomarían en cuenta días transcurridos antes de su vigencia, lo que resultaría notoriamente retroactivo." Precisado el momento en que empieza a correr el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para los actos que fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo y que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, se procede ahora a verificar si la demanda de garantías fue presentada oportunamente. Ahora bien, del informe rendido por Juez Primero en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se aprecia que los autos de formal prisión reclamado fueron notificados el ocho de mayo de dos mil tres, en la causa penal 15/2003, actualmente 54/2009, y cuatro de mayo de dos mil tres, en la causa penal 75/2003, actualmente 143/2007. Esto es, el quejoso fue notificado antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda empezó a contar a partir del tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Amparo, entonces su conclusión tuvo lugar el veintitrés de ese mes y año, sin contar los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno, por ser sábados y domingos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, si como se advierte de autos, el escrito de demanda que dio origen al presente asunto se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veintisiete de abril del presente año, y fue turnada a la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional en la propia fecha, resulta evidente que tal presentación resulta extemporánea, en tanto que a esa fecha ya había transcurrido con exceso el término de quince días que para tal efecto disponen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. En otras palabras, el acto aquí reclamado se estima consentido tácitamente, pues no se impugnó dentro del plazo señalado en la Ley de Amparo en vigor, sino hasta el día veintinueve de diciembre de dos mil catorce, del término legal con que contaba la parte quejosa para hacerlo. Apoya la anterior determinación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común, visible en la página 1995, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." También es aplicable al caso, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Junio de 1993, Materia Común, visible en la página 235, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En consecuencia, resulta incuestionable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con la diversa IV del numeral 107 de la Ley de Amparo vigente, y por ende, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías, por notoriamente improcedente. Brinda soporte legal a la determinación así asumida el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I , página 38, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." De igual forma, sirve de apoyo, la tesis número XVII.2º.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página seiscientos cuarenta y cuatro, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista el juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Cabe destacar que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo, que promovió ***, contra actos del Juez Primero del ramo penal para atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 501/2022. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Prevención de la demanda. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que existen irregularidades, por lo que a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción I y V, ambos de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que, en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, con las copias necesarias para los traslados a las partes, y bajo protesta de decir verdad, cumpla en los términos siguientes: Toda vez que la parte quejosa aduce como acto reclamado lo siguiente: "...LOS AUTOS DE FORMAL PRISIÓN DICTADOS EN LAS CAUSAS PENALES ** y su ACUMULADO ***, del índice del juzgado Primero del ramo penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas." Asimismo, en el apartado de los antecedentes del acto reclamado manifiesta lo siguiente: "...Me encuentro privado de mi libertad desde el año 2003 y a disposición de la autoridad responsable, en periodo de instrucción, sin que hasta la fecha se me haya cerrado instrucción y mucho menos dictado sentencia; he obtenido dos sentencias protectoras de la Justicia de la Unión en los juicio de amparo ** ambos del índice del Juzgado cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, las cuales obligan a la autoridad responsable a desahogar cualquier prueba o diligencia pendiente, poner los expedientes en cierre de instrucción, y pesar a la etapa de juicio, sin embargo y pese a los apremios del Juzgado de Amparo referido, ellos no ha sido posible.". En tales condiciones, se requiere al promovente, para que dentro de dicho plazo, realice lo siguiente: Deberá precisar si también reclama de la autoridad responsable la dilación procesal en las causas penales **y su acumulado ***, del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, consistente en que a la fecha no ha cerrado instrucción y dictado sentencia; o Solo los autos de formal prisión dictados en las causas penales *** y su acumulado ***, del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; En caso de reclamar únicamente el inciso b); además, deberá precisar la fecha en las que fueron dictados cada uno de los autos de formal prisión reclamados; así como la fecha de notificación de cada uno de los mismos. De la misma manera, si ha promovido juicio de amparo contra los mismos, indicando el número y autoridad que haya conocido de aquellos. Lo anterior, a fin de contar con mayores datos y estar en aptitud de entablar correctamente la litis, de admitirse la demanda, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, con el objeto de que las autoridades responsables defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado; así como para estar en posibilidades de proveer sobre la suspensión provisional solicitada; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para precisar tal circunstancia. Sobre esta prevención, es aplicable, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393 del tomo CVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 368564, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXV, página 3192, con registro 329080 que establece: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Apercibimiento. Apercibiendo a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. En otro orden, al corroborarse la existencia del registro del usuario "***" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el módulo de "Usuarios del juicio en línea", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico en este juicio de amparo, dentro de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del segundo párrafo del artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Lo anterior, no obstante que también señala domicilio físico para tal efecto, toda vez que solicita que las notificaciones personales se le realicen por vía electrónica. Asimismo, téngase por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **, pues no obstante que no se encuentra registrada cédula profesional alguna en su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que la faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; por haber proporcionado el número de cédula profesional a su favor, que la faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho; y al restante únicamente para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse en el citado registro. De igual manera, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, del que se hace saber a la parte quejosa, que sólo será necesario para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Solicitud de constancias. Ahora, en virtud de la materia de la demanda de amparo y a efecto de conocer la verdad de los hechos, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, para que, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la hora en que quede legalmente notificado, se sirva informar la fecha en que fueron dictados los autos de formal prisión en las causas penales ** y su acumulado **, de su índice; asimismo, las fecha en que fueron notificados al aquí quejoso **; adicionalmente, el estado procesal de las citadas causas penales, si promovió juicio de amparo contra las mismas y el juzgado que haya conocido de aquéllos, debiendo justificar su aseveración con las constancias respectivas. Constancias que, en su caso, podrá remitir a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando al número 9515023565 ext. 2101; hecho lo cual será innecesario su presentación física en la Oficialía de Partes Común ubicada en el edificio sede de este órgano jurisdiccional, salvo requerimiento expreso al respecto. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal o material que tuviera para ello, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por analogía es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 27/2004. Época: Novena Época, Registro: 181833, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, Materia(s): Administrativa, Común, Tesis: 2a./J. 27/2004, Página: 354, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa debe atenderse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal que en el artículo 79 establece que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En este contexto, tratándose de la suspensión provisional en el juicio de amparo administrativo, debe considerarse que la regla general es que una vez satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato sobre dicha solicitud; sin embargo, esto no obsta para que cuando se prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad de la demanda, en el mismo acuerdo se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer, pero una vez desahogada la prevención al quejoso, acatado o no el requerimiento formulado a las responsables, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato en relación a la suspensión de los actos reclamados." En razón de lo anterior, se instruye al actuario para que envíe el oficio respectivo vía correo electrónico a la dirección **, debiendo confirmar su recepción al número **. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente.
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