Bernardo Vega Cruz
Expediente 1543/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1543/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2017
Partes del expediente
- Bernardo Vega Cruz y Otros.
- Bernardo Vega Cruz
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de los autos, este juzgado procede emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo... se advierte la imposibilidad material que tiene el Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Agencia Sexta Investigadora de la Unidad de Investigación y litigación en el Estado de Querétaro para dar cumplimiento al efecto materia de concesión en el presente juicio de amparo, pues mediante diligencia de dieciséis de agosto del año en curso, la aquí quejosa voluntariamente se presentó a declarar en la agencia a su cargo... se declara sin materia el cumplimiento al fallo dictado en este juicio... En tales condiciones, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda... Tomando en consideración que el cuaderno original del incidente de suspensión, se encuentra en el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, para la substanciación del recurso de revisión hechos valer por la parte quejosa, resérvese acordar lo atinente al archivo del presente juicio de amparo y de los cuadernos incidentales, hasta en tanto, sea devuelto el referido cuadernillo por el Tribunal de alzada...
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de deicisiete de noviembre de dos mil dieciséis: "RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por Bernardo Vega Cruz, por su propio derecho, contra actos del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1543/2017; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. ACTOS RECLAMADOS De la lectura del acto reclamado y conceptos de violación vertidos en el escrito de la demanda, se advierte que la promovente del amparo reclama esencialmente de las autoridades señaladas como responsable: La resolución número 17/23 166 01, de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la autoridad señalada como responsable, a través de la que se revoca la pensión de cesantía en edad avanzada otorgada al disidente. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En el caso, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional advierte la existencia de un motivo que involucra su improcedencia, en virtud de que el acto reclamado consistente en la resolución en que se revoca al disidente la pensión de cesantía en edad avanzada, de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Querétaro, no constituye uno de autoridad, de ahí que se estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, al no tener el referido ente emisor el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, debido a que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social a través del Consejo Técnico, derivados de su carácter de ente asegurador, que impliquen una afectación a las prestaciones en dinero o en especie derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, no constituyen ni son equiparables a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por ser materia de seguridad social. En efecto, los artículos citados son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" De la interpretación sistemática de los anteriores preceptos, se desprende que cuando el acto u omisión no proviene de una autoridad a la que se le deba dar tal carácter para efectos del juicio constitucional el mismo se debe declarar improcedente. El concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es una noción autónoma, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y en general, de otras materias, el cual no se encuentra expresamente regulado por la ley de la materia, sino que su definición se ha venido dando a partir de la evolución que ha tenido la jurisprudencia al respecto. En últimos tiempos, el criterio que ha imperado para distinguir si un acto puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo es el establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ello a partir del tipo de relaciones jurídicas entabladas entre los organismos públicos y los particulares, situación que ha permitido establecer a nuestro Máximo Tribunal del País que son actos de autoridad para efectos del amparo solamente aquellos que implican el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, los que suponen el ejercicio de facultades que otorgan a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social. Ahora bien, debe recordarse, los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, a efecto de identificar en el presente asunto la que corresponde atento a la naturaleza del acto reclamado. Al respecto, destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina constitucional, han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, la de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Por último, tenemos las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Ahora bien, los anteriores criterios fueron emitidos en interpretación de la Ley de Amparo de 1936, vigente hasta el dos de abril de 2013, concretamente en torno al artículo 11 que establecía las notas distintivas de la autoridad; sin embargo, resultan útiles e ilustrativos para detectar las notas distintivas de los actos de autoridad así como los criterios que han orientado sus características, los cuales fueron acogidos en gran medida, por el texto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, vigente a partir del 3 de abril de 2013. En efecto, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable, la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así mismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Tal prevención se encuentra contenida en los términos siguientes: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [..]" Como se advierte, a través de la disposición recién transcrita el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, como se advierte, del proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. Ahora bien, en el presente caso la resolución 17/23 166 01, de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Querétaro, constituyen actos en materia de seguridad social; de ahí que, en la especie el acto reclamado a la autoridad responsable emisora en su carácter de ente asegurador, no constituyen ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Máxime, que como ya se precisó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en lo conducente, que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que impliquen una afectación a las prestaciones en dinero o en especie derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben considerarse de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, así como de sus beneficiarios, en razón del derecho que corresponde a éste por el régimen obligatorio del seguro social. Bajo esta tesitura, si en el caso, el promovente impugna la resolución número 17/23 166 01, de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la autoridad señalada como responsable, a través de la cual, revoca la pensión de cesantía en edad avanzada otorgada, al no reunir lo establecido en el artículo 145 de la Ley de Instituto Mexicano del Seguro Social régimen 1973, es inconcuso que el solicitante de amparo encuadra en la hipótesis de un beneficiario que se encuentra en un trámite administrativo encaminado a preservar derechos laborales que quedaron enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, es decir, tiene la naturaleza de prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio de seguridad social, de ahí, que no tenga el carácter ajeno que eventualmente pudiera estimarse para en todo caso establecer que no se trata de un derecho relacionado con la seguridad social. Asimismo, debe decirse que dicho acto se generó a consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador -aquí quejoso- y la autoridad señalada anteriormente, por virtud de la pensión por vejez. Hipótesis en la cual, no se está ante una relación de supra a subordinación, entre una autoridad y un gobernado, sino que tanto el particular como la autoridad actúan en un plano de igualdad; es decir, se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares patrón y trabajador, en la que éstos actúan en un mismo plano, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. De ahí, que deba concluirse que el acto que en esta instancia se duele el promovente no es un acto de autoridad sino que tiene naturaleza laboral, acorde con el marco jurídico que define la relación preexistente entre el promovente y la dependencia patronal, así como particularmente al hecho de que se trata de una información derivada en torno a un derecho del cual el agraviado es beneficiario con anterioridad, siendo una cuestión independiente y, de fondo, si su proceder fue correcto o no, de ahí que no puede ser ventilado mediante juicio de amparo, por no tratarse de un acto de autoridad. En tales condiciones, al haberse actualizado las causales de improcedencia en análisis, establecidas en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente de conformidad con el diverso 113 de la ley de la materia, es desechar el presente juicio de amparo. Cabe abundar que la presente determinación, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********************, y en términos del numeral 24 de la invocada ley, a la diversa persona que refiere, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Notifíquese; personalmente a la parte promovente. ".
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