Bernardo Valenzuela Caro
Expediente 2699/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2699/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/04/2019
Partes del expediente
- Bernardo Valenzuela Caro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el once de abril del año en curso, dentro del recurso de queja 27/2019; en el que resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Se declara Infundado el recurso de queja interpuesto por Bernardo Valenzuela Caro, contra el acuerdo de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 2699/2018." Acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese a los autos el citado testimonio. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se desechó el presente juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Por otra parte, hágase del conocimiento que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta que remite Luz del Carmen Guzmán Puga, en su carácter de delegada de la autoridad responsable Fiscal del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación al requerimiento que le fue formulado en auto de catorce de enero del año en curso, y al respecto refiere, en lo que aquí interesa, que a fin de que pueda dar cumplimiento a la sentencia de amparo es necesario vincular a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, a efecto de que a la brevedad posible libere los recursos suficientes, para acatar el fallo protector. En consecuencia, es menester precisarle a la autoridad referida que ya se le han realizado diversos requerimientos y prórrogas con el ánimo de cumpla con la sentencia de amparo, empero, no ha acreditado con ningún medio de convicción suficiente con el que se justifique que efectivamente éste realizando las gestiones conducentes a fin de poder proveer favorable a su petición, toda vez, que la autoridad que refiere ya se encuentra vinculada al cumplimiento, entonces, como el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable; por consiguiente, en atención a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de catorce de enero del año en curso, y se le impone al Fiscal del Gobierno del Estado de Jalisco, una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional); establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, se ordena girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación Jalisco "2", para que haga efectiva la misma, en el domicilio oficial de dicha autoridad, y en el supuesto de no localizar al mismo en el recinto de mérito, realice la investigación correspondiente en su base de datos, con la finalidad de encontrar el lugar de residencia del sancionado. Asimismo, se requiere a la administración de referencia para que dentro del término de tres días siguientes al en que haga efectiva la multa respectiva remita las constancias fehacientes donde acredite lo anterior. Con independencia de lo anterior, con fundamento en los preceptos legales previamente invocados, se requiere a la citada autoridad Fiscal del Gobierno del Estado de Jalisco, para que dentro del término improrrogable de diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, lleve a cabo lo siguiente: Acredite fehacientemente con las constancias que considere necesarias, a fin de cumplir con la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, y realice el pago de $1´173,435.27 un millón ciento setenta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos con veintisiete centavos en moneda nacional, al quejoso Jaime Sebastián Alonso Hernández. Asimismo, se requiere al Titular de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, a efecto de que, de no tener inconveniente legal alguno, dentro de los tres días siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a esta autoridad, los datos siguientes de quien sea el Titular de dicha Fiscalía : Clave Única de Registro de Población. Registro Federal de Contribuyentes. Domicilio Finalmente, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que le ordene realizar las gestiones conducentes a fin de cumplir con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías. Cabe precisar que no es óbice a lo anterior, la eventual circunstancia de que el Gobernador del Estado de Jalisco, no hubiese figurado con el carácter de responsable en el presente juicio de garantías, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ella, y que, por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, tal y como se ha determinado en la jurisprudencia 236, que aparece publicada en la compilación de 1995, Tomo VI, página 159, cuyo contenido a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO.- Las ejecutorias de amparo deben de ser inmediatamente cumplidas por la autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la ley orgánica del los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Se apercibe a las referidas autoridades que, de no cumplir en los lapsos antes indicados, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras cada una a una multa por la cantidad de doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $16,120.00 (dieciséis mil ciento veinte pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
ESTE ASUNTO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL PERITO OFICIAL ARTURO SALDAÑA MADRIGAL EL AUTO DE 04/01/2019, QUE DICE: Téngase por recibido el escrito del perito oficial en topografía ***, por medio del cual solicita una prórroga a efecto de poder desahogar la prueba pericial derivada del presente asunto, por lo que ve a las adiciones formuladas por la autoridad responsable Comisión Estatal del Agua en Jalisco, al cuestionario propuesto por la parte quejosa. En esas condiciones, como lo solicita, de conformidad con el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le otorga una prórroga de diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, con la finalidad de que emita su opinión técnica correspondiente, y dentro de los tres días siguientes a su presentación, lo ratifique ante la presencia judicial, apercibido que de no hacerlo en el lapso indicado, se hará acreedor a una multa por el importe de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que se encuentra pendiente de integrar la prueba pericial en materia de topografía, por lo que ve a las adiciones formuladas por la autoridad responsable Comisión Estatal del Agua en Jalisco, al cuestionario propuesto por la parte quejosa; por tanto, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, relativa a los dos incidentes por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano y, en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del once de febrero de dos mil diecinueve. Finalmente, se tiene por recibido el escrito signado por el apoderado general del quejoso, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista dada en veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mismas que se analizarán y valoraran en el momento de resolver éste juicio.
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