Bernardo Segura Molina
Expediente 971/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 46 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Bernardo Segura Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Incidental
Xalapa, Veracruz, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas ni diligencias pendientes de desahogar, se ordena el archivo de este incidente, como asunto concluido.
- Principal
Xalapa, Veracruz, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este asunto; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la sentencia amparadora. Por tales consideraciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y archívese este asunto como concluido.
- Principal
"...Por lo tanto, lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN ESTE ASUNTO. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de QUINCE DÍAS, legalmente computado, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido por los artículos 201, fracción I y 202, ambos de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del mismo, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como corresponda...".
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE TERCERO INTERESADO**********, EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias allegadas por la autoridad responsable en cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, vista que desahogó oportunamente el quejoso por conducto de su autorizado José Luis Jiménez Sada; por tanto, se procede a analizar si la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 1. Para el indicado análisis, debe tenerse en cuenta que, en lo que interesa, el acto reclamado se hizo consistir en: ? La medida cautelar decretada en la audiencia oral el once de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 318/2019, consistente en la prisión preventiva justificada impuesta al aquí quejoso BERNARDO SEGURA MOLINA, por la posible participación de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, así como su ejecución 2. En sentencia de seis de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso respecto del acto reclamado indicado, a fin de que la autoridad responsable Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, realizara lo siguiente: I. Dejará insubsistente la audiencia de medida cautelar de once de octubre de dos mil diecinueve, celebrada en la causa penal 318/2019, así como la resolución que emitió en dicha diligencia, mediante la cual se impuso al imputado, aquí quejoso, la medida cautelar de prisión preventiva con una temporalidad del término de un año, únicamente por lo que hace al quejoso BERNARDO SEGURA MOLINA; y, II. Citara a las partes a una nueva audiencia de medida cautelar, en la que subsanara los vicios de motivación advertidos en la sentencia amparadora, resolviéndose lo conducente sobre la base de los argumentos que fueron expuestos en la audiencia inicial, sin posibilidad que las partes pudieran expresar nuevos argumentos sobre el particular. En el entendido que la resolución que se emitiera, podría ser en el mismo sentido o en diverso, pero en caso de reiterar su decisión, debería dar mayores ??????????????? causas, razones y motivos que justifiquen y sean suficientes para imponer la temporalidad que estime necesaria de la medida cautelar de la prisión preventiva, que es de carácter excepcional. Concesión de amparo que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, al no haberse impugnado por vicios propios, habida cuenta que el acto de la autoridad ordenadora se estimó violatorio del derecho fundamental de legalidad. 3. Inconforme con la sentencia referida, el tercero interesado Fiscal Décimo Segundo de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, bajo el número de amparo en revisión 89/2020. 4. Mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo al Tribunal de mérito informando que en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión mencionado, confirmó la sentencia de seis de marzo de dos mil veinte, emitida por este juzgado, en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso; motivo por el cual, se requirió a las autoridades responsables Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral Distrito Judicial Xalapa y Director del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, ambas con sede en Pacho Viejo, Veracruz, a efecto de que justificaran el cumplimiento dado a la ejecutoria mencionada. 5. En ese sentido, por auto de treinta de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable con sede en Pacho Viejo, Veracruz, informando las acciones relativas al cumplimiento de la sentencia emitida en este asunto y, por diverso proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, el Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral Distrito Judicial Xalapa, informó lo conducente y remitió un disco óptico en relación al cumplimiento. Motivo por el que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, vista que el autorizado del quejoso desahogó mediante escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. 6. Luego, transcurrida la vista que contempla el artículo 196 de la Ley de Amparo, mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, este órgano de control constitucional resolvió que la ejecutoria dictada en este asunto no se encontraba cumplida por las razones ahí expuestas, por lo que con apoyo en los numerales 192 y 193 del referido ordenamiento legal, se requirió al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, para que en el término de tres días, remitiera las constancias que acreditaran el cabal cumplimiento a la sentencia amparadora emitida en este asunto. Así, por determinación de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la citada autoridad responsable informando las medidas tendentes para cumplimentar el fallo protector y por diverso auto de diez siguiente se le tuvo remitiendo el disco óptico de la audiencia llevada a cabo el ocho de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 318/2019 de su índice, en la cual, de acuerdo a su dicho, cumplió con lo ordenado en la ?? sentencia amparadora. 7. Con motivo de lo anterior, nuevamente se otorgó a las partes la vista que contempla el numeral 196 de la Ley de la materia, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, misma que fue desahogada oportunamente por el quejoso por conducto de su autorizado José Luis Jiménez Sada (auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte). 8. Una vez más, transcurrida la vista que contempla el artículo 196 de la Ley de Amparo, mediante auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, este juzgado federal declaró que la ejecutoria dictada en este asunto no se encontraba cumplida, debido a que la responsable no se había ceñido a ninguno de los razonamientos expuestos en sede natural, ni tampoco había atendido la totalidad de los lineamientos expuestos en la ejecutoria de amparo. Motivo por el cual, se le reiteraron los efectos de la sentencia ejecutoriada emitida en este juicio de amparo y, con apoyo en los numerales 192 y 193 del referido ordenamiento legal, se requirió al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, para que en el término de tres días, remitiera las constancias que acreditaran el cabal cumplimiento a la sentencia amparadora emitida en este asunto. 9. Es así que, por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogado el requerimiento aludido en el párrafo que antecede, toda vez que el Juez responsable remitió un disco óptico con el que aludió el cumplimiento a la sentencia de amparo que hoy nos ocupa; por lo que se dio la vista de Ley a las partes y, por diverso auto de diecinueve de los corrientes, se recibió el escrito remitido por el autorizado de la parte quejosa, desahogando oportunamente la vista concedida. Y, por auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, después del respectivo análisis, se tuvo por no cumplida la ejecutoria, por los motivos y fundamentos ahí expuestos. En consecuencia, en auto de misma fecha se requirió una vez más el cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito, haciendo especial mención en los efectos para los que fue concedido el amparo y protección federal. 10. Es así que, por proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el disco óptico con el que la autoridad responsable, adujo el cabal cumplimiento al fallo protector, con el cual se dio vista a las partes por el término de tres días; y, el quince de febrero siguiente, se tuvo por desahogada la vista de mérito, por parte del quejoso, a través de su autorizado. Una vez relatado lo anterior, este juzgado procede a verificar si, contra constancias, la ejecutoria de amparo está cumplida. Ahora, del contenido del disco óptico allegado por la responsable ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se observa, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Mediante audiencia de tres de febrero de dos mil veintiuno, celebrada dentro del proceso penal 318/2019, en el minuto 10:18, el A quo dejó insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, celebrada dentro de la referida causa penal, así como la resolución emitida en dicha diligencia mediante la cual se impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con una temporalidad ??????????????? de un año. Acto seguido, en el minuto 10:52 el juez responsable indicó que procedería a emitir una nueva audiencia de medida cautelar, en la que subsanaría los vicios de motivación advertidos en el fallo emitido en este juicio de amparo 971/2019. También precisó que, en acatamiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, lo anterior se llevaría a cabo, sin que las partes pudieran expresar nuevos argumentos; es decir, que resolvería atendiendo a las manifestaciones que fueron vertidas en audiencia inicial. Por ello, en el minuto 12:09, el juez responsable dejó constancia de lo alegado por las partes en el debate de medidas cautelares, celebrado en la audiencia inicial de once de octubre de dos mil diecinueve; siendo medularmente lo siguiente: ? Por parte de la Fiscalía: que solicitó la prisión preventiva justificada o necesaria, en contra de BERNARDO SEGURA MOLINA, con el objetivo de asegurar su presencia en el procedimiento; asegurar la seguridad de la víctima, ofendida o testigos, incluso evitar obstaculización del procedimiento. Además, en razón de que el quejoso, cuenta con un procedimiento administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, pendiente de resolverse, razón por la cual, éste podría sustraerse de la acción de la justicia, de conformidad con el artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, porque, según dicha representación social, el aquí impetrante de amparo, tiene las facilidades y solvencia económica suficiente, para abandonar su lugar de residencia y permanecer oculto con la finalidad de evitar el proceso penal instruido en su contra. Por lo cual, a su criterio, otra medida cautelar no sería suficiente para garantizar la presencia del imputado (aquí quejoso), ya que, además, los hechos supuestamente cometidos, fueron en agravio del sector salud, vulnerando el derecho humano de acceso a la salud de las personas. ? Luego, a partir del minuto 14:38, el juez hizo relación de las manifestaciones vertidas por el abogado defensor de BERNARDO SEGURA MOLINA, que acudió a la diligencia de debate de medidas cautelares de once de octubre de dos mil diecinueve, en las que, en lo toral, dicho defensor indicó: Disentía con la petición de la fiscalía, en virtud de que no ajustó su petición al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, expresamente señala que el Ministerio Público sólo puede solicitar la prisión preventiva cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado. Por lo que, a decir del abogado defensor del aquí quejoso, la fiscalía no fundó debidamente su petición, por lo que, con fundamento en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, éste solicitó que se aplicara el criterio de mínima intervención, y se impusiera a BERNARDO, la presentación periódica por cada quince días, ya que el ahí imputado, no tenía la intención de sustraerse de la acción de la justicia. ? Luego, en el minuto 15:23, el juez responsable, con fundamento en los artículos 259, 260 y 261 del ya citado código procesal, hizo relación de los datos de prueba allegados por la defensa en la aludida audiencia inicial, para acreditar el arraigo a esta ??????????????? ciudad del aquí impetrante, los que consistieron en: recibo de suministro de energía eléctrica a nombre del ahí imputado; copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre dicho imputado y la ciudadana Jenny Díaz Medina, así como recibo telefónico a nombre de la consorte de BERNARDO. Por ello, siguió relatando el juez responsable, la defensa, impetró que no se atendiera la solicitud de la fiscalía, ya que dicho ente de representación social, no motivó, sustentó ni fundamentó por qué no existe otra medida cautelar aplicable, ni justificó por qué solicitó la máxima (prisión preventiva), cuando esta es un caso de excepción. En el minuto 17:00 el juez responsable relató que, en replica a lo anterior, la fiscalía refirió que la medida cautelar solicitada (prisión preventiva) se acreditaba atendiendo las facilidades económicas con las que cuenta BERNARDO, para sustraerse de la acción de la justicia, ya que los datos de prueba hechos valer por la defensa, no fueron suficientes para garantizar que el imputado se encuentre en el supuesto domicilio familiar, ubicado en esta ciudad. Además que, a decir de la fiscalía, el aquí quejoso, al haber fungido como servidor público, era sabedor de las sanciones que podía contraer; y que, la medida cautelar de prisión preventiva, también era solicitada con la finalidad de evitar que se siguiera llevando a cabo el desvío de recursos, pues a pesar de no ser servidor público vigente, BERNARDO sigue teniendo acceso y disposición de una cuenta bancaría de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. Hasta aquí las manifestaciones relatadas por el juez responsable, realizadas por las partes el pasado once de octubre de dos mil diecinueve, en la audiencia inicial celebrada en el proceso penal 318/2019. Luego, en el minuto 19:46, el A quo adelantó que el hecho por el cual la fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva necesaria en contra de BERNARDO (aquí quejoso), y por el cual fue vinculado al citado proceso penal, no era de los delitos que requieren que el juez de control, imponga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que descartó la parte conducente del artículo 19 Constitucional. Y que, en consecuencia, únicamente atendería la primera parte del párrafo segundo del citado precepto constitucional, que refiere que, para garantizar la presencia del imputado a las audiencias previstas en Ley, para proteger a víctimas o testigos, o para evitar que obstaculice el procedimiento, medidas cautelares a solicitud del Ministerio Público. Bajo ese orden de ideas, el juez natural manifestó que ponderaría la solicitud de la fiscalía, escucharía las manifestaciones allegadas por el defensor del quejoso en audiencia inicial, valorando datos de prueba, y resolver sobre qué medida cautelar se le impondría a BERNARDO, verificando el por qué se debe de imponer la medida cautelar que solicitó la representación social, o en su caso, otra que pudiera ser conforme a la normatividad, atendiendo el artículo 1° Constitucional. Bajo la misma tesitura, en el minuto 21:17, el juez explicó que existen una diversidad de derechos de las personas que son investigadas por el Ministerio Público, a las que se les denomina como imputados, siendo el primero y más importante de esos derechos (elevado a rango Constitucional, de conformidad con el artículo 113, ??????????????? fracción I, del Máximo ordenamiento), el de presunción de inocencia; del cual goza el quejoso, hasta que se demuestre su responsabilidad plena dentro del proceso penal instruido en su contra. Lo cual, valoraría al momento de resolver, en acato al fallo protector dictado por este órgano de control constitucional. En el minuto 23:16, el A quo, externó que resolvería lo conducente en lo relativo a la medida cautelar, verificando que fuese la menos lesiva, en atención al derecho humano a la presunción de inocencia de BERNARDO. Posteriormente, en el minuto 23:31, acotó que, en atención al código procesal y a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio 971/2019, verificaría el principio de proporcionalidad, de conformidad con el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual le obliga a observar la pertinencia e idoneidad de la medida cautelar que solicite el Ministerio Público, así como que, la lesividad que ocasione dicha medida fuese la mínima. Asimismo, que observaría los datos de prueba (documentales) aportados, consistentes en recibo de suministro de energía eléctrica a nombre del ahí imputado; copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre dicho imputado y la ciudadana Jenny Díaz Medina, así como recibo telefónico a nombre de la consorte de BERNARDO. Ello, en atención al aludido mandato constitucional, para establecer si resultaban suficientes, pertinentes e idóneas, para establecer un arraigo en el domicilio conyugal que aparece en la carpeta de investigación. ? Ahora bien, en lo medular, se tiene que el juez responsable en el minutos 32:55, al momento de resolver sobre la aludida medida cautelar consistente en prisión preventiva necesaria, solicitada por la representación social, precisó encontró que la fiscalía refirió que es necesario garantizar la comparecencia de BERNARDO, a las audiencias previstas en Ley. También, que se garantice lo relativo a la protección de víctimas, así como la obstaculización del procedimiento. ? Al respecto, dicho juez indicó que no encontró cómo el aquí quejoso, pudiera afectar a víctimas en los hechos que se investigan en el expediente 318/2019, ni tampoco encontró alguna persona que BERNARDO pudiera buscar, agredir; en resumen, que no encontró una víctima real a la cual proteger, como lo establece el artículo 19 Constitucional, párrafo segundo, en su parte inicial. Acotó que, en efecto, existen testigos registrados en la carpeta de investigación; sin embargo, que la fiscalía no estableció que dichos testigos corrieran peligro respecto del aquí impetrante. Máxime que, de acuerdo a los datos que aportó al proceso, no le consideró una persona de peligro para dichas personas. Además que, tampoco encontró cómo el aquí quejoso pudiera obstaculizar el procedimiento. Enseguida, en el minuto 35:12, el A quo explicó que en términos de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla el sistema acusatorio que se encuentra vigente en todo el país, derivado de la reforma del artículo 20 Constitucional, el procedimiento penal busca esclarecer los hechos, que el delito no quede impune, y que se repare el daño. Empero, también, que se proteja el derecho humano de protección al inocente. Bajo esa tesitura, refirió que el aquí quejoso ??????????????? BERNARDO, debía ser considerado inocente, hasta que se emita la sentencia definitiva ejecutoriada en el expediente 318/2019 y/o en el que corresponda a la secuela procesal que corresponda a la etapa de juicio. De igual forma, reiteró que si bien, en términos de lo dispuesto por los numerales 20 y 21 Constitucionales, el sistema acusatorio busca el esclarecimiento de los hechos, a partir de la carga de la prueba que corresponde a la representación social; dicho sistema también busca proteger los derechos humanos del imputado, de conformidad con el artículo 1° del Máximo Ordenamiento. En el minuto 38:42, el juez destacó que, los datos de prueba allegados por la defensa, son parcialmente idóneos y suficientes para acreditar el arraigo de BERNARDO en esta ciudad, ya que la prueba idónea era una constancia de residencia con fecha actualizada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, estableció que el arraigo parciamente acreditado, se complementaba con la presunción de inocencia de la que goza el multicitado quejoso, aludida en párrafos que preceden. Así pues, llegado el minuto 40:39, ponderó que hasta el momento en que se celebró la audiencia que aquí se analiza, no estaba plenamente acreditado que lo asentado en la carpeta de investigación, ocurrió en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que refirió la fiscalía; y que, tampoco estaba plenamente probado, que el impetrante vivía o sigue viviendo en su supuesto domicilio conyugal en esta ciudad. Así, refirió que, bajo una igualdad procesal; una ponderación de presunción de inocencia; y atendiendo a la obligación de observar la medida cautelar menos lesiva, consideró que los datos de prueba allegados por la defensa resultaron suficientes para acreditar de manera parcial la posibilidad de que BERNARDO tiene su arraigo en esta ciudad. Asimismo, refirió que la observancia al principio de proporcionalidad, y requisito de idoneidad y ponderación, previstos en la Ley procesal, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cumplimentaban, toda vez que la medida cautelar que le impondría al ahí imputado, era la menos lesiva y más viable para garantizar su comparecencia a las audiencias previstas en Ley. En el minuto 44:50, el A quo invocó el contenido del artículo 168, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, para destacar que con la información aportada por la fiscalía, no encontró por qué debía valorar el máximo de la pena que, en su caso, se llegara a imponer al multicitado impetrante, ni tampoco el comportamiento del imputado, en lo relativo al procedimiento administrativo que se le sigue en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado, ya que la normatividad establece que las personas pueden tener distintos tipos de responsabilidades (administrativas, civiles, penales); por lo que en caso concreto, únicamente debía ceñirse a las penales. Por todo lo anterior, en el minuto 47:35, el juez responsable, con fundamento en los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 19, párrafo segundo, en su parte inicial, Constitucionales; 153, 154, fracciones I y II; 155, fracciones I y II; 156 y 168, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, impuso a BERNARDO SEGURA MOLINA, las medidas ??????????????? cautelares consistentes en: 1) Firma periódica que deberá realizar una vez al mes, cada primer lunes de cada mes, ante la unidad de medidas cautelares adscrita al órgano jurisdiccional responsable, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en los términos que ahí expuso. 2) La imposición de una garantía económica por la cantidad de $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), en los términos ahí apuntados. Lo anterior, a decir del juez responsable, para garantizar la comparecencia del aquí quejoso en el proceso penal que se le instruye; con el apercibimiento que, de incumplir con dichas medidas, se hará efectiva la garantía económica y se ordenará su presentación con los medios necesarios para continuar con la secuela procesal. Finalmente el Juez responsable manifestó que la vigencia de la medida cautelar, era de dos años, contados a partir del once de octubre de dos mil diecinueve. Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad federal considera que la responsable sí atendió los lineamientos que le fueron indicados en la sentencia amparadora puesto que hizo un razonamiento lógico jurídico válido para aseverar que la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, no cumplía con los aspectos de proporcionalidad e idoneidad, explicó el motivo, por el cual no atendió el argumento por parte de la fiscalía de valorar el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a dictarse y observó los diversos principios de necesidad y ponderación; así como también, justificó las razones por las cuales la medida cautelar consistente en firma periódica y garantía económica, eran las que resultaron menos lesiva para el imputado. De igual forma, explicó por qué los datos de prueba aportados por la defensa del imputado, fueron parcialmente suficientes para garantizar su comparecencia en el proceso y demostrar su arraigo a esta demarcación territorial. Por lo tanto, lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN ESTE ASUNTO. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de QUINCE DÍAS, legalmente computado, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido por los artículos 201, fracción I y 202, ambos de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del mismo, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma electrónicamente Carlos Sebastián Casados González, Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81,fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo, por licencia del titular, autorizada mediante oficio CCJ/ST/0262/2021, de quince de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial ??????????????? del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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