Bernardo Sánchez Sánchez

Expediente 39/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
39/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
08/01/2016

Partes del expediente

  • Bernardo Sánchez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el .....Tribunal Colegiado, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión de tres de diciembre de dos mil quince, en el RP. 312/2015, en la que se determinó confirmar la sentencia recurrida, por lo que se sobreseyó en el juicio de amparo y se negó el amparo y protecicón de la Justicia de la Unión a ***** Asimismo, glósese el original del incidente de suspensión y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual, entre otras cosas, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en el que se actúa con un anexo y un disco compacto, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer por el quejoso ******************** por conducto de su autorizado, contra la sentencia terminada de engrosar el veintidós de septiembre del año en curso, el cual quedó registrado con el número R.P. 312/2015; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes

  3. Principal

    Agréguese el escrito firmado por ******, persona autorizada del quejoso *****, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintidós de septiembre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación....

  4. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 39/2015-II, promovido por BERNARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Séptima Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y otras autoridades, el cual considera violatorio de sus garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el nueve de julio de dos mil quince, turnada ese mismo día a este Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, BERNARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Séptima Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y otras autoridades, consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: "Señalo como acto reclamado a la Autoridad señalada como Ordenadora LA EMISIÓN DE AL (sic) RESOLUCIÓN DEFINITIVA DECRETADA EN MI CONTRA CON LA CONSECUENCIA LÓGICA DE PRIVARME DE MI LIBERTAD AMBULATORIA Y ME DETIENE EN EL CENTRO PREVENTIVO SUR DE ESTA CIUDAD Y SE ME HICIERA HECHO DE MI CONOCIMIENTO EN FECHA 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2015." SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de nueve de julio de dos mil quince, se admitió la demanda de garantías, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede, asimismo, por proveído de veintinueve de julio de dos mil quince, se ordenó emplazar como tercera interesada a la representación social adscrita a la Séptima Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos no han afectado la jurisdicción y competencia reconocida en el auto de admisión, este Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es competente para resolver el presente juicio de garantías de acuerdo a lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgado debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de veintidós de junio de dos mil quince, dictada en el toca 472/2015, del índice de la Séptima Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. TERCERO. Autoridades responsables e informes rendidos por las mismas. AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO SÉPTIMA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 108 ACEPTA JUEZ SEXÁGESIMO TERCERO EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 78 ACEPTA DIRECTOR DEL RECLUSORIO PREVENTIVO SUR. 67 ACEPTA COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SENTENCIADOS EN LIBERTAD. 70 INEXISTENTE DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO 65 NIEGA CUARTO. Análisis de la inexistencia del acto reclamado. Del cuadro señalado en el apartado que antecede anterior se observa que el Director Ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, rindió su informe negando la existencia del acto reclamado; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario, tendente a desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto combatido a dicha autoridad y, por ende, de su ejecución, responsables resulta procedente sobreseer en el presente juicio de garantías, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia número 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 209, del último Apéndice editado al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, del texto y rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Análisis de la certeza del acto reclamado. De conformidad con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este resolutor procede fijar la existencia del acto reclamado. Es CIERTO el acto reclamado a la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como autoridad ordenadora, y al Juez Sexagésimo Tercero de lo Penal del Distrito Federal y al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal, como autoridades ejecutoras, por así haberlo aceptado las mismas al rendir su respectivo informe con justificación, a los cuales las dos primeras potestades en mención, adjuntaron en apoyo a los mismos, copia certificada de diversas constancias que integran la causa 175/2008 y del toca UNIT. 472/2015; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo; por ende, se tiene plenamente probado el acto reclamado. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 278, visible a páginas 231 y 232, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucional o inconstitucional de ese acto". SEXTO. No se actualiza alguna causa de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio advierta este órgano de control constitucional, en virtud de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia, ni este resolutor advierte que se actualice alguna, procede al estudio de fondo de la resolución reclamada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. El quejoso expresó como conceptos de violación los contenidos en su demanda de garantías, los cuales se dan por reproducidos en este apartado en obvio de repeticiones, pues no hay precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Así como lo expuesto en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". OCTAVO. Determinación que adopta este juzgado. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el promovente del juicio, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección de la Justicia Federal que se solicita. A fin de evidenciar lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los antecedentes de la resolución reclamada, que son los siguientes: El cinco de septiembre de dos mil ocho, en la causa penal 175/2008, que se instruyó contra el amparista por el delito de robo agravado, el juez responsable emitió sentencia condenatoria en su contra, en la que le impuso, entre otras, la pena privativa de libertad de cuatro años seis meses, asimismo, le concedió alternativamente el sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad o el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena (fojas 1 a 26, Anexo 1). Inconformes con dicha determinación, el quejoso, su defensor particular y el agente del Ministerio Público (únicamente por lo que respecta a las penas impuestas), interpusieron recurso de apelación, del cual conoció la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien mediante resolución de veintiuno de noviembre de dos mil nueve, dictada en el toca 1090/2008, modificó la sentencia de primera instancia, imponiéndole al quejoso, entre otras, la pena de cinco años un mes tres días de prisión y negándole el otorgamiento del sustitutivo y/o beneficio (fojas 52 a 87, Anexo 1). El impetrante de garantías promovió amparo directo, por lo que en sesión de trece de marzo de dos mil nueve, en el D.P. 405/2008, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se resolvió amparar al promovente del amparo (fojas 92 a 138, Anexo 1). En consecuencia, el veintisiete de marzo de dos mil nueve, la sala responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil ocho, y emitió una nueva en la que confirmó la sentencia de primer grado (fojas 144 a 185, Anexo 1). Así, por auto de tres de abril de dos mil nueve, dictado en la causa penal de origen, se tuvo por acogido al demandante de garantías a la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta (foja 190, Anexo 1). El dieciocho de mayo de dos mil diez y el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, mediante oficios SG/DESP/CES/JUDCSL/5842/2010 y SG/SSP/DECSSL/CCSEMEPP/4196/2014, el Director Ejecutivo de Sanciones Penales el Coordinador de la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno, informaron que el amparista sólo se había presentado a realizar el trámite de alta respecto de la suspensión condicional de la pena, el veinte de abril de dos mil ocho, asimismo, la segunda autoridad en mención, comunicó que el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, el sentenciado se había presentado ante dicha unidad a darse de alta con motivo del beneficio penitenciario de la remisión parcial de la pena que le fue concedido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito Federal, derivado de la causa penal 138/2009, del índice del Juzgado Quincuagésimo de lo Penal del Distrito Federal, sanción que extinguiría el veinticinco de marzo de dos mil quince (fojas 206 y 234, Anexo 1). Derivado de dicha información, y previo trámite que estimó indispensable, el seis de octubre de dos mil catorce, el Juez Sexagésimo Tercero de lo Penal del Distrito Federal, revocó al quejoso el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión y ordenó la reaprehensión del justiciable (foja 237, Anexo 1), la cual fue cumplimentada el veintitrés de marzo de dos mil quince, por lo que previa constatación de su identidad, se le dejó a disposición de la autoridad ejecutora de sanciones (foja 251, Anexo 1). Así, por proveído de siete de abril del año en curso, (foja 336, Anexo 1), el sentenciado interpuso incidente no especificado para efectos de solicitar la sustitución de la pena de prisión por el sustitutivo de tratamiento el libertad, asimismo, solicitó se tuviera por prescrita la potestad para ejecutar la pena de privativa de libertad impuesta. Mediante resolución de veintidós de abril de la presente anualidad, el juez de la causa resolvió que no eran procedentes las peticiones formuladas por el sentenciado (foja 336, Anexo 1) Determinación en contra de la cual el ahora quejoso y su defensor interpusieron recurso de apelación, medio de impugnación que fue resuelto el veintidós de junio del año en curso, en el toca UNIT 472/2015, del índice de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que confirmó la resolución incidental dictada en la causa penal de origen. Siendo esta determinación la que constituye el acto que por esta vía se reclama (foja 79). Del análisis realizado a dicha resolución, se advierte que se encuentra suficientemente fundada y motivada, por lo que válidamente se puede concluir que no transgrede el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El precepto legal transcrito consagra el derecho fundamental de legalidad, consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Por lo primero, se entiende que el acto de autoridad se sustente en una disposición legal de carácter general, o bien, la ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, esto es, debe existir una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por lo segundo, el indicar las circunstancias y modalidades del caso particular, por las cuales se considera que los hechos encuadran en el marco general correspondiente establecido por la ley; así, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la disposición legal fundatoria del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o surtir efectos. Para que una autoridad cumpla con la fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirven de apoyo y expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto encuadra en los supuestos de la norma invocada. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". De la lectura de la resolución reclamada, se advierte que la autoridad responsable de manera acertada hizo del conocimiento del amparista que estaba de acuerdo con el criterio del juez de primera instancia, quien determinó no se acordaba de conformidad la solicitud formulada a efecto de que se concediera el sustitutivo de tratamiento en libertad al quejoso ni se decretara la prescripción de la potestad del Estado para ejecutar la pena de prisión impuesta. El argumento toral de dicha estimación radicó en que en la sentencia de primer instancia y la cual fue confirmada, el enjuiciado tuvo la oportunidad de elegir entre el beneficio y el sustitutivo concedido por el juez de la causa, ya que éste se los concedió de forma alternativa, es decir, tenía que escoger entre uno u otro, sin que implicara que ante el incumplimiento de uno de ellos, pudiera elegir el otro, criterio que apoyó la sala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual establece: "ARTÍCULO 91 (Efectos y duración de la suspensión). La suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa. En cuanto a las demás sanciones impuestas, el juez o Tribunal resolverá según las circunstancias del caso. La suspensión tendrá una duración igual a la de la pena suspendida. Una vez transcurrida ésta, se considerará extinguida la pena impuesta, siempre que durante ese término el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria. En este último caso, el juzgador tomando en cuenta las circunstancias y gravedad del delito, resolverá si debe aplicarse o no la pena suspendida. Los hechos que originan el nuevo proceso interrumpen el plazo de la suspensión, tanto si se trata de delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia ejecutoria. Si el sentenciado falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas, el Juez o Tribunal podrá hacer efectiva la pena suspendida o apercibirlo de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena. A los delincuentes que se les haya suspendido la ejecución de la sentencia, se les hará saber lo dispuesto en este artículo, lo que se asentará en diligencia formal, sin que la falta de ésta impida, en su caso, la aplicación de lo previsto en este artículo". (Lo subrayado no es de origen). De lo que se infiere que la regla sobre el cumplimiento de la pena de prisión con motivo de acogerse a algún beneficio o sustitutivo es claro, ya que éste sólo se dará cuando el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que culmine con sentencia condenatoria, lo que en la especie aconteció, pues el impetrante de garantías no pudo efectuar las obligaciones inherentes al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que obtuvo el tres de abril de dos mil nueve, en la causa 175/2015 del índice del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Penal del Distrito Federal, y del cual realizó los trámites de alta correspondientes ante la autoridad ejecutora el veinte siguiente, pues el once de mayo de esa anualidad fue detenido con motivo de la diversa causa penal 138/2015, registro del Juzgado Quincuagésimo de lo Penal del Distrito Federal, en el que se dictó en su contra sentencia, por lo cual, con dicha circunstancia agotó la oportunidad de cumplir con la pena de prisión bajo la ayuda de algún beneficio o sustitutivo. En esa misma tesitura cabe destacar, que como bien lo determinó la alzada en la resolución impugnada, el artículo transcrito en líneas precedentes, también establece que los hechos que originaron el nuevo proceso interrumpieron el plazo de la suspensión de la pena de prisión, aunado a que la potestad para ejecutar la pena o medida privativa de la libertad, sólo se interrumpe con la aprehensión del sentenciado, aunque se ejecute por otro delito diverso, lo que en el presente caso sucedió y así fue ponderado por la responsable en el acto reclamado, pues como quedó evidenciado en la reseña de antecedentes del acto reclamado y en el párrafo precedente, el promovente del amparo no pudo dar cumplimiento a la suspensión condicional, pues fue detenido con motivo de diverso procedimiento penal. Es decir, del veintiuno de abril de dos mil nueve, día siguiente al en que el sentenciado se sustrajo de la justicia y en la que comenzó a correr el término para la prescripción, al once de mayo de la misma anualidad, data en la que se vio interrumpida la prescripción porque el quejoso fue detenido por diverso delito, no transcurrieron los tres años, ocho meses y veintiún días que le faltaba por compurgar de la pena de prisión impuesta en la causa penal 175/2008, del índice del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Penal del Distrito Federal; por lo que no está prescrita la ejecución de la misma. Sin que al efecto, como lo argumenta el amparista, se debiera tomar en consideración la fecha en que causó ejecutoria el fallo condenatorio dictado en su contra, pues con independencia del tiempo que purgó su condena, e incluso con motivo de la suspensión condicional, la actuación determinante para tomar como referencia el inicio del término prescriptivo, se constituye por el ingreso que tuvo al centro carcelario por diversa causa penal seguida en su contra y no por aquel pronunciamiento. También es erróneo el argumento del amparista respecto a que el juez de la causa debió de revocar el beneficio otorgado hasta que la autoridad administrativa le informara el incumplimiento al mismo y tuviera conocimiento de las actuaciones de la causa del Juzgado Quincuagésimo de lo Penal, para advertir la situación jurídica del quejoso, sin embargo, como ya se expuso, la prescripción tiene como datas para su cómputo desde el día siguiente al que se sustrajo de la acción de la justicia (veintiuno de abril de dos mil nueve) hasta que fue ingresado a un centro de reclusión, por diverso proceso penal (once de mayo de dos mil nueve), independientemente de la determinación de revocación del beneficio. Por otra parte, no asiste la razón al quejoso en su alegato relativo a que se viola en su perjuicio el precepto 14 constitucional, pues considera que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento; se afirma lo anterior, en virtud de que dada la naturaleza de su petición y el sentido de la resolución a la misma, dichas formalidades no son susceptibles de aplicación al caso de que se trata. Al respecto, es orientadora la tesis CXLIX/2000, emitida por el Pleno del Alto Tribunal de justicia de la república, consultable en la página 36 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Septiembre de 2000, que dispone: "PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El citado dispositivo, al facultar a los tribunales para rechazar de plano los incidentes, recursos o promociones notoriamente frívolos o improcedentes, sin necesidad de sustanciar artículo, pero notificando a las partes, no transgrede la garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, en virtud de que se trata de un precepto que tiene como fin acelerar el curso del procedimiento penal federal, en concordancia con lo que dispone el artículo 17 de la propia Carta Magna, evitando la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, bien porque tengan un evidente propósito dilatorio o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen; de ahí que no resulte indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo correspondiente, por la improcedencia misma de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, ya que si falta el supuesto que condiciona la vigencia de la referida garantía, no se pueden producir las consecuencias que prevé el precepto constitucional que la establece. Además, el artículo 41 en cita no impide que el particular, ante la afectación de sus derechos, se defienda presentando las promociones que estime conducentes y haciendo valer los medios de defensa establecidos por la ley, sino que únicamente garantiza una pronta, completa, imparcial y gratuita impartición de justicia, evitando trámites ociosos y dilaciones improcedentes". Sin que resulte tampoco trascienda a la determinación del presente asunto, el argumento del quejoso respecto a la violación a su derecho humano a la igualdad jurídica y a la aplicación del control de constitucionalidad y de convencionalidad, lo anterior, ya que este órgano judicial no advierte disconformidad entre el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por BERNARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, contra la resolución de veintidós de junio de dos mil quince, emitida por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca UNIT 472/2015, en que se determinó confirmar la determinación de veintidós de abril del año en curso, emitida por el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Penal del Distrito Federal, en la que resolvió que no era procedente conceder al peticionario del amparo el sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad o beneficio alguno y que no había prescrito la potestad de ejecutar la pena de prisión que se le impuso. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Sexagésimo Tercero de lo Penal del Distrito Federal y al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en esta ciudad, en virtud de que no se reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia 91 visible en la página 72, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo contra el acto y autoridad precisados en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a BERNARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ contra el acto y autoridades precisadas en el considerando octavo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado RICARDO DELGADO QUIRÓZ, Juez Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, asistido de la licenciada Lizbeth Martínez Arias, Secretaria que autoriza y da fe; hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil quince, en que las labores del juzgado permitieron concluir el engrose respectivo. Doy fe.

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