Bernardo Salazar Irigoyen
Expediente 1126/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1126/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Bernardo Salazar Irigoyen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 1126/2020-IX, en audiencia pública Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por Óscar Fernando Gámez Bustamante, proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, en el que se admitió la demanda, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las pruebas, así como proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. En período probatorio: La Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza. Periodo de alegatos, abierto éste, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, y que el Fiscal Ejecutivo adscrito no presentó pedimento alguno. El Juez acuerda: Se tiene por desierto el periodo de alegatos. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta, por lo que se dicta sentencia, y; Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1126/2020-IX, promovido por Óscar Fernando Gámez Bustamante, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, turnado a este Juzgado de Distrito en la materia y jurisdicción citados, Óscar Fernando Gámez Bustamante, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo con tal carácter a la siguiente: Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. El Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. IV. ACTO QUE SE RECLAMA. Lo constituye LA OMISIÓN DE CUMPLIR en sus términos y para los efectos en que fueron emitidas, la sentencia y resoluciones dictadas en los autos del juicio de número 7006/19-17-11-18, del índice de la Décima Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, más específicamente de las siguientes: La sentencia de fecha 30 de septiembre del año 2019, emitida por la H. Décima Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la cual se resuelve el juicio de nulidad tramitado bajo el número de expediente 7006/19-17-11-18. El oficio SP/3624/202 de fecha 08 de julio de 2020, notificada con fecha 29 de julio del año 2020 emitida por El Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el cual pretende dar CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA de fecha 30 de septiembre del año 2019. SEGUNDO. Mediante acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda registrada con el número 1126/2020-IX; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención que en derecho corresponde al ahora Fiscal Ejecutivo Federal, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y culmina con la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37, 107, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo; y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos omisivos a diversas autoridades con residencia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, definió la obligación consistente en que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de establecer con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. Dicho criterio es del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (No. Registro: 900,169, Novena Época Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Página: 207) Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que el acto reclamado es: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, e interlocutoria de queja por defecto de treinta de octubre de dos mil veinte, ambas dictadas en el expediente 7006/19- 17-11-8, del índice de la Sala referida. TERCERO. No es cierto al acto reclamado al Director General y al Subdirector de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la omisión de cumplir la sentencia de nulidad de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, e interlocutoria de queja por defecto de treinta de octubre de dos mil veinte, ambas dictadas en el expediente 7006/19-17-11-8, toda vez que así lo precisaron al rendir su informe justificado, sin que exista prueba alguna que desvirtúe la inexistencia expuesta, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de dichas autoridades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo CUARTO. Es cierto el acto reclamado del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en no dar cumplimiento a la sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, e interlocutoria de queja por defecto de treinta de octubre de dos mil veinte, ambas dictadas en el expediente 7006/19-17-11-8, pues si bien al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, lo cierto es que de las copias certificadas que obran por cuerda separada, relativas al referido juicio de nulidad, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se observa que haya cumplido con las sentencias con data anterior a la presentación de la demanda. QUINTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que ordena: Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Precisado lo anterior, debe decirse que este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza, en forma oficiosa, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, respecto de la omisión que reclama la quejosa por parte de las autoridades de dar cumplimiento a la sentencia de anulación. Al respecto, el precepto en cita prevé lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Para mejor comprensión, es oportuno citar los siguientes antecedentes del juicio de anulación del que deriva la omisión reclamada y cuyas constancias fueron remitidas por la sala en copia certificada y que tienen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 1. Mediante escrito recibido el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, Óscar Fernando Gámez Bustamante, promovió demanda de nulidad en contra de la resolución negativa ficta, recaída al escrito presentado el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ante el Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual solicitó se ajustara su cuota diaria pensionaria. 2. Esa demanda se radicó ante la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el número 7006/19-17-11-8. 3. La Sala, treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitió sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, para los siguientes efectos "De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: a. Explique año con año y acredite, cuáles han sido los porcentajes de incremento aplicados a la pensión de la demandante, desde la fecha en la que se otorgó hasta el año en que se presentó la solicitud respectiva; b. Tome en consideración la constancia de evolución salarial aplicable al puesto de la actora, exhibida en el presente juicio, y según la información advertida, haga una comparativa entre el porcentaje otorgado a la pensión del actor y el concedido a la plaza que ocupó; c. Luego de realizar la comparativa anterior, defina si se le concedió de manera correcta el porcentaje que debía aplicarse año con año a la pensión de la demandante; d. Aplique el porcentaje de incremento a la cuota de pensión que en cada periodo resulte más benéfico a la parte demandante desde luego bajo el criterio de los sueldos de los trabajadores en activo; e. Precise la cuota diaria de pensión al inicio del periodo que corresponda, así como la cuota diaria incrementada; f. Reconozca el adeudo que en su caso se presente y, consecuentemente, realice el pago de las diferencias que se hayan generado, incluyendo la gratificación anual (aguinaldo), únicamente respecto de los cinco años previo a que se formuló el reclamo, según el periodo mencionado en este fallo; g. Asimismo, en caso de que haya incrementado la pensión de un porcentaje mayor al debido, reitere dichas consideraciones, incluyendo la gratificación anual (aguinaldo), al no estar la autoridad facultada para revocar por sí y ante sí las resoluciones favorables a un particular, considerando además que ello no formó parte de la Litis de este juicio; y, 2. Notifique a la actora la resolución que emita, acompañando a la misma copia de la información utilizada. Todo lo anterior, en el entendido de que si y sólo si los incrementos que ya realizó son inferiores a los que debió efectuar conforme a los porcentajes expuestos en este fallo, deberá realizar ajuste correspondiente y pagar las diferencias generadas con motivo de su omisión, en los términos indicados en esta sentencia. 4. La sentencia supra citada fue confirmada en la revisión fiscal R.489/2019, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5. Seguida la sustanciación del juicio, ante el pretendido cumplimiento de la autoridad demandada, el aquí quejoso interpuso queja por cumplimiento defectuoso, interlocutoria que fue resuelta parcialmente fundada el treinta de octubre de dos mil veinte, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo de anulación. 6. En atención a la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, fue emitido el oficio SP/1517/2021, de siete de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el Subdirector de Pensiones supracitado, el cual fue exhibido en este juicio, así como el cheque 0826920, a favor del quejoso por un millón ochocientos cuarenta y nueve mil dieciocho pesos 04/100 moneda nacional; constancias respecto de las cuales este Juzgado Federal requirió a la Sala de origen para que informara del cumplimiento a la sentencia de nulidad. 7. En desahogo a lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el seis de agosto de dos mil veintiuno, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, precisó: ".en tales consideraciones, se colige que la autoridad demandada dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva y la resolución de queja dictadas por esta Sala, al aplicar el incremento a la cuota pensionaria de la parte actora, y reiterar los incrementos que, siendo mayores, ya había aplicado." Lo anterior permite establecer la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que se advierte que mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintiuno, la Sala de anulación determinó tener por cumplida la sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, previo estudio de las constancias que fueron remitidas por las autoridades obligadas al cumplimiento del fallo de nulidad, consistentes en el oficio número SP/1517/2021, de siete de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el Subdirector de Pensiones supracitado, así como el cheque 0826920, a favor del quejoso por un millón ochocientos cuarenta y nueve mil dieciocho pesos 04/100 moneda nacional, por ende resulta evidente que el derecho que estimó transgredido la promovente (artículo 17 constitucional) relativo al incumplimiento de sentencia que reclamó, quedó sin efectos como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. Ello es así, pues lo que se pretendía con el derecho constitucional anteriormente citado, es la exigencia por parte de las responsables de dar cumplimiento a la sentencia de anulación, lo que ya se logró, como, incluso, lo decidió la sala de nulidad, de manera que si ese hecho se dio en data posterior a la de la presentación de la demanda de amparo, es evidente que han cesado los efectos del acto de omisión reclamado y respeto del derecho constitucional que se estimó violado. En consecuencia, como ya se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V de la ley en mención, respecto del acto reclamado. Sobre el particular, cobra aplicación, aplicada por analogía, la jurisprudencia siguiente. SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (Novena Época, Registro: 196820, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 9/98, Página: 210). Así como, la tesis número P.CL/97, por analogía, que se localiza a fojas setenta y uno (71), Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además en los artículos 61, 63, 72 a 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Nancy Alejandra Magos Jurado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, seis de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente y Secretaría de Acuerdos, ambos de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de quince de julio del presente año, remiten copia certificada del auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual, se determinó que la autoridad demandada dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 7006/19-17-11-8, de su índice. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias que se agregan, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional. En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de quince de julio del presente año, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado proveído. Se precisa que la vista antes ordenada, no implica que se tenga que correr traslado con copia de las documentales aludidas a las partes, sino que pueden imponerse de las mismas, consultando el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por Blanca Estela Banda Córdoba delegada del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y del Subdirector de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual, en alcance al oficio 600.602/SC/CFP/18857/2021 de dieciocho de junio del dos mil veintiuno, remite copia certificada del título de crédito número 0826920, por la cantidad de $1,849,018.04 (un millón ochocientos cuarenta y nueve mil dieciocho pesos 04/100 M.N), a favor de Bernardo Salazar Irigoyen; asimismo solicita se sobresea el presente juicio por las razones que expone; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla nuevamente y darle el valor que les corresponda en el momento procesal oportuno. En términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia de ley. Sirve de apoyo la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro siguiente: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.(No. Registro: 204616, Tesis, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594) Notifíquese personalmente al quejoso Oscar Fernando Gamez Bustamante, en el domicilio ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número mil trescientos treinta y ocho 1338), despacho 201 y 405-A, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
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