Bernardo Reyes Morales

Expediente 141/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
141/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Bernardo Reyes Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, mediante el cual remite el juicio de amparo en el que se actúa e informa que la ejecutoria pronunciada el uno de septiembre de dos mil veintidós, dentro del incidente de inejecución de sentencia 16/2022; fue resuelta bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara improcedente el presente incidente de inejecución de sentencia." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese de recibo y se ordena glosar únicamente las constancias originales que obren en el expedientillo formado con motivo del citado medio de impugnación. En tales condiciones, atendiendo a lo establecido por el tribunal colegiado en la ejecutoria de cuenta, se precede a resolver lo que en derecho corresponde. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Ahora, el acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la omisión de desahogar la audiencia de ley dentro del juicio laboral D- 7/04/2020, del índice de la junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por resolución dictada el seis de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Bernardo Reyes Morales, contra los actos de la junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para el efecto siguiente: "[.] 1. De forma inmediata de impulso procesal al juicio laboral D- 7/04/2020 de su índice y al efecto, dentro del plazo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; 2. Tome las medidas necesarias a fin de que se lleve a cabo la audiencia de ley en las fechas que haya designado." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el treinta de abril de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Posteriormente, previos requerimientos la junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio 004/2022, recibido en la oficialía de este Juzgado el seis de enero de dos mil veintidós, remitió copia certificada del auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el que las partes comparecieron a ratificar el convenio exhibido dentro del juicio laboral D-7/04/2020, por lo que, se le entregó al actor ******* -aquí parte quejosa- la cantidad de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos cero centavos, moneda nacional), y se ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Por lo anterior, el siete de enero de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el diecisiete de enero del año en curso. En las relatadas condiciones, se declara sin materia el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio. Lo anterior, ya que al haberse celebrado un convenio entre las partes que dio por terminado el juicio laboral del que derivó el acto reclamado, sólo genera la posibilidad de que el fallo protector quede sin materia. En consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por medio del cual informa que por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dicho tribunal admitió el incidente de inejecución de sentencia 16/2022, de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa las partes no se inconformaron en contra de la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual se declaró imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, en relación con el 193, ambos de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno, para que en términos de lo dispuesto en los numerales en cita resuelva lo conducente respecto de la imposibilidad jurídica que existe por parte de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esa tesitura, se ordena formar cuaderno de antecedentes con los insertos necesarios para la debida constancia legal.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa alegara el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la omisión de desahogar la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-7/04/2020, del índice de la junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por resolución dictada el seis de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa *****, contra los actos de la junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para el efecto siguiente: "[.] 1. De forma inmediata de impulso procesal al juicio laboral D-7/04/2020 de su índice y al efecto, dentro del plazo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones 2. Tome las medidas necesarias a fin de que se lleve a cabo la audiencia de ley en las fechas que haya designado." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el treinta de abril de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Posteriormente, previos requerimientos la junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por oficio 1021/2021 recibido el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral D-7/04/2020, en la que las partes celebraron un convenio. Luego, mediante oficio 004/2022, recibido en la oficialía de este Juzgado el seis de enero de dos mil veintidós, la junta responsable remitió copia certificada del auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el que las partes comparecieron a ratificar el convenio celebrado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral D-7/04/2020, por lo que, se le entregó al actor *****-aquí parte quejosa- la cantidad de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos cero centavos, moneda nacional), y se ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido, por carecer de materia para su prosecución. En esa tesitura, respecto al procedimiento de ejecución de sentencias dentro del juicio constitucional, conviene exponer que las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a sus consideraciones y a sus lineamientos, porque éstas constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de aquéllas, lo que acota la discrecionalidad que poseen con motivo de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos fundamentales de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna. En ese contexto, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la ley de la material, el juzgador de amparo tiene el deber de verificar, de oficio, que todos los extremos del fallo protector queden cumplidos correctamente, sin excesos ni defectos y con ello determinar por cumplida la sentencia, para lo cual se debe analizar si las autoridades responsables atendieron los términos (consideraciones y lineamientos) en que se concedió la protección constitucional. Así, la imposibilidad jurídica o material para cumplir una sentencia de amparo se actualiza cuando concurren circunstancias de derecho o de hecho que impiden restituir plenamente al quejoso en el goce del derecho fundamental trasgredido tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado, frente a lo cual el incumplimiento de la autoridad o autoridades vinculadas se torna excusable desde una perspectiva jurídica y material, pues existe una razón válida que dispensa la omisión en la satisfacción de las obligaciones que se les impusieron en la sentencia de amparo. En el caso, se actualiza la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo para que la autoridad responsable junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla lo llevara a cabo, en específico en desahogar la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-7/04/2020. Por tanto, si el efecto de la concesión del amparo fue para que la aludida junta señalara nueva fecha y hora para la audiencia conciliación, demanda y excepciones, así como el desahogo de la misma y, en audiencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, comparecieron las partes y celebraron un convenio, el cual fue ratificado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que, se ordenó el archivo del juicio laboral D-7/04/2020 como asunto totalmente concluido, por carecer de materia para su prosecución. En consecuencia, resulta inconcuso que existe imposibilidad jurídica para este juzgado federal declarar cumplida la aludida ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector.

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