Bernardo Raymundo Aguilar Jimènez

Expediente 504/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
504/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Bernardo Raymundo Aguilar Jimènez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo solicitado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese este expediente, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el acuerdo en comento artículo 18 penúltimo párrafo. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Devuélvase a la Sala responsable las documentales que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el incidente de nulidad de actuaciones deducido del expediente número 1006/2006 y el Toca Civil de Queja 58/2022, de los cuales se ordenó formar cuaderno de pruebas por separado en dos tomos. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos exhibidos por las partes quejosa y tercera interesada. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con catorce minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 504/2022, promovido por Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, por derecho propio, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo presentada por Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós mediante el cual se previno a la parte promovente, auto admisorio de diez de mayo del año en curso, informe con justificación rendido por la autoridad responsable y en estos momentos se da cuenta con un escrito registrado con el número 13084signado por Celia Aguilar Jiménez albacea provisional de la Sucesión intestamentaria a bienes de Luz María Ángeles Jiménez Jiménez y/o Luz Ma. Jiménez y/o Luz María Jiménez de Aguilar, mediante el cual solicita se le tengan por admitidas las pruebas que ofreció al presente juicio de amparo y ratifica los alegatos que hizo valer. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y la parte tercera interesada Celia Aguilar Jiménez albacea provisional de la Sucesión intestamentaria a bienes de Luz María Ángeles Jiménez Jiménez y/o Luz Ma. Jiménez y/o Luz María Jiménez de Aguilar, se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada. Por otra parte, agréguese el escrito de cuenta signado por por Celia Aguilar Jiménez albacea provisional de la Sucesión intestamentaria a bienes de Luz María Ángeles Jiménez Jiménez y/o Luz Ma. Jiménez y/o Luz María Jiménez de Aguilar, mediante el cual solicita se le tengan por admitidas las pruebas que ofreció al presente juicio de amparo y ratifica los alegatos que hizo valer; el cual se acordará lo que en derecho proceda. Por otro lado, se ordena traer a la vista al momento de resolver el diverso juicio de amparo 337/2019, del índice de este Juzgado, en virtud de que ya se encuentra concluido; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas que ofreció la parte tercera interesada, Celia Aguilar Jiménez albacea provisional de la Sucesión intestamentaria a bienes de Luz María Ángeles Jiménez Jiménez y/o Luz Ma. Jiménez y/o Luz María Jiménez de Aguilar, consistentes en las siguientes: las documentales públicas consistentes en lo actuado en el toca de queja 58/2022, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el expediente natural 1006/2006, el informe con justificación, la instrumental publica de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, y con las documentales públicas que remitió la sala responsable, consistentes en en el expediente relativo al incidente de nulidad de actuaciones deducido del expediente 1006/2006, y el toca civil de queja 58/2022. Y Finalmente, por hecho notorio, se da cuenta con el diverso juicio de amparo 337/2019, del índice de este Juzgado de Distrito. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon y con la circunstancia de que el Agente del Ministerio Público adscrito, no presentó pedimento legal alguno; a lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la constancia en el sentido de que las partes fueron omisos en formular alegatos y por otro lado, se tiene al Agente de Ministerio Público Federal adscrito sin presentar pedimento. En tal virtud, se cierra la presente etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 504/2022, promovido por Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, por derecho propio, en contra del acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D O S : PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veinticinco de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós dictada dentro del toca civil de queja número 58/2022, mediante la cual se confirmó la resolución recurrida de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, por haberse promovido de manera extemporánea. Actos que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza civil; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamado. El acto reclamado por el quejoso Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, consiste en: La resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós dictada dentro del toca civil de queja número 58/2022, mediante la cual se confirmó la resolución recurrida de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, por haberse promovido de manera extemporánea. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto reclamado; por tanto, debe tenerse como tal; situación que se corrobora con los originales de los expedientes que remitió dicha autoridad; al que se le otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." . CUARTO. Causal de improcedencia del juicio. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. La tercera interesada Celia Aguilar Jiménez albacea provisional de la Sucesión intestamentaria a bienes de Luz María Ángeles Jiménez Jiménez y/o Luz Ma. Jiménez y/o Luz María Jiménez de Aguilar, aduce que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, ya que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XI y XIII, de la ley de Amparo, en virtud de que el quejoso ya promovió un diverso juicio de amparo el cual se registró con el número 337/2019, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Dichas causales de improcedencia son infundadas, tomando en consideración que en la especie, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no fue materia de análisis en el diverso juicio de amparo, ni tampoco se está en presencia de actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Lo anterior, es así ya que en el presente juicio de amparo se reclama la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós dictada dentro del toca civil de queja número 58/2022, por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcla, mediante la cual se confirmó la resolución recurrida de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, por haberse promovido de manera extemporánea; resolución ésta que no se advierte, que se hubiera consentido; y en el diverso juicio de amparo, si bien lo promueve el mismo quejoso; también lo es que en contra de diversas autoridades, como lo son el Juez y Secretaria de Acuerdos adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el Estado de Tlaxcala, a quienes les reclamó las resoluciones dictadas dentro del Juicio Testamentario 1006/2006: a) De veintidós de enero de dos mil siete, en la que puso fin a la primera sección, declarando válido el testamento y reconociendo como única y universal heredera a Luz María Ángeles Jiménez Jiménez y/o Luz Ma. Jiménez y/o Luz María Jiménez de Aguilar, a bienes de Raymundo Aguilar Téllez y designó como albacea testamentario al aquí quejoso Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez. b) De dos de agosto de dos mil siete, en la que puso fin a la segunda sección, aprobó el inventario y avaluó formulado por Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez (hoy quejoso) condenando a los interesados a estar y pasar por él, como si se tratare de cosa juzgada. De lo anterior, se advierte que tal como ya se adelantó las causales de improcedencia que se hicieron valer son infundadas. No existiendo diversa causal de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, lo procedente será analizar los conceptos de violación que se hicieron valer en el escrito inicial de demanda. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto es pertinente narrar los antecedentes que originaron los actos reclamados, los cuales son los siguientes: a) Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, ocurrió a promover incidente de nulidad de actuaciones judiciales, en contra de todas las notificaciones que le fueron prácticadas, en especial la primera notificación de fecha diez de octubre de dos mil seis ordenada dentro del juicio sucesorio testamentario 1006/2006 a bienes de Raymundo Aguilar Téllez (fojas 1 a a 17 del tomo I de pruebas). b) La Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno ordenó admitir el incidente de nulidad en cuestión (foja 69 del tomo I de pruebas). c) Celia Aguilar Jiménez albacea provisional de la sucesión intestamentaria de Luz María Ángeles Jiménez y/o Luz Ma. Jiménez y/o Luz María Jiménez de Aguilar, mediante escrito de dos de junio de dos mil veintiuno, desahogó la vista respecto del incidente de nulidad que nos ocupa (fojas 71 a 77 del tomo I de pruebas). d) Seguida la secuela procesal, el A quo mediante resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, por haberse presentado de manera extemporánea (fojas 173 a 177 del tomo I de pruebas). e) Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, mediante escrito de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, interpuso recurso de queja en contra de la interlocutoria mencionada en el inciso que antecede (fojas 5 a 10 del tomo II de pruebas). n) La Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante interlocutoria de veinticinco de marzo del año en curso, resolvió dicho recurso, considerando en lo conducente lo siguiente: "(.) ANÁLISIS DE AGRAVIOS. De lo manifestado en vía de agravio, así como de las actuaciones del incidente de nulidad de actuaciones judiciales derivado del expediente número 1006/2006, este Tribunal de Alzada, considera que los conceptos de violación expresados por el quejoso, devienen infundados e inoperantes, por las siguientes razones: Aduce el quejoso, que la resolución que impugna no se encuentra fundada ni motivada, ya que no establece de forma clara las razones fundadas y específicas por las cuales debe declararse improcedente el incidente de nulidad de actuaciones judiciales, que no se realiza un estudio acorde a sus manifestaciones, que el Juez del conocimiento no toma en consideración lo que manifestó al referir que la Diligenciaria no realizó las notificaciones correspondientes en observancia a lo establecido por los artículos 93, 95 y 97 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala. Manifestaciones que se estiman infundadas e inoperantes, pues contrario a lo que sostiene el quejoso la resolución de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, sí se encuentra debidamente fundada y motivada, como se desprende de su considerando II; en el que la Jueza declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por haberse presentado de manera extemporánea, es decir, posterior al término de tres días que establece el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, pues el tres de enero de dos mil siete BERNARDO RAYMUNDO AGUILAR JIMÉNEZ, compareció a la junta testamentaria y con fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, presentó el citado incidente, por lo que ya había precluído el término al haber transcurrido más de tres días, tan es así, que estaba enterado de las actuaciones, lo que se convalida con su comparecencia a la junta de herederos. De lo analizado con antelación, esta Sala concluye que las expresiones que en vía de agravio señala el quejoso, no se pueden conceptualizar como tales, pues no expone razonamiento lógico jurídico que tienda a combatir lo aducido por la inferior, y por ende, a demostrar y puntualizar la violación por la inexacta aplicación que de la Ley le atribuye, pues se concreta a señalar que la inferior debió tomar en consideración que la Diligenciaria no realizó las notificaciones correspondientes en observancia a lo establecido por los artículos 93, 95 y 97 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; en este contexto, los argumentos en cuestión no atacan en modo alguno lo decidido por la resolutora, consistente en haber declarado improcedente el Incidente de Nulidad de Notificaciones por haber precluido el término de tres días para interponerlo, de ahí que los agravios que se hagan valer en un recurso, deben contener aquellos razonamientos relacionados con las circunstancias de hecho, en un caso jurídico determinado que tiendan a demostrar y puntualizar la violación o la inexacta aplicación de la ley, y como consecuencia de los preceptos que debieron fundar o fundaron la recurrida. Luego entonces, todas aquellas manifestaciones de inconformidad que ataquen otras cuestiones que ninguna relación tengan con la combatida o que no impugnen los razonamientos, ni fundamentos que sirvieron de base para dictarla, como es en el presente caso, la Jueza de origen, determinó en la interlocutoria que se combate que el término para presentar el referido incidente había precluido ya que no se interpuso dentro de los tres días a que tuvo conocimiento el actor incidentista, razón por la cual se declaró improcedente, circunstancia que en ningún momento el hoy quejoso controvierte de manera categórica ni expone los razonamientos lógicos jurídicos tendientes a demostrar que dicho recurso sí fue presentado de manera oportuna, pues sólo se limita a realizar manifestaciones ambiguas y enfocándose a combatir circunstancias ajenas a las que sostuvo el A quo para declarar la improcedencia del recurso, como se advierte de los agravios expuestos por el hoy recurrente, realizando aseveraciones en torno al actuar de la Diligenciaria controvirtiendo la ilegalidad de las notificaciones al practicarse en un domicilio diverso, argumentos que no combaten la determinación de la improcedencia del recurso que lo declaró extemporáneo, de ahí que los agravios deben desestimarse por inoperantes, sustenta lo anterior la tesis cuyo rubro y texto dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGANDA. (SE TRANSCRIBE)". Finalmente, el recurrente manifiesta que la resolutora deja de observar lo establecido en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violentando de manera grave al principio de debido proceso, seguridad jurídica y Administración de Justicia; sin que al respecto determine mediante razonamientos lógico jurídicos de qué manera se actualizan dichas violaciones, de ahí que deviene lo improcedente de sus agravios. Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios jurisprudenciales que a continuación se citan: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. (SE TRANSCRIBE)". "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. (SE TRANSCRIBE)". IV. SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN. En mérito de las consideraciones expuestas, lo procedente en el presente caso es confirmar la resolución interlocutoria, de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por sus propios y legales fundamentos (.)". SEXTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. En este considerando se tienen por reproducidos los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, sin que para examinarlos haya necesidad de transcribirlos, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia 477, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 414 y siguiente, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación son inoperantes, de conformidad con las consideraciones siguientes. El quejoso aduce sustancialmente que la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales, en virtud de que dentro del considerando tercero, relativo al análisis de los agravios que señaló, determina que sus argumentos devienen infundados e inoperantes, ya que la responsable establece que contrario a lo que sostuvo dicho quejoso, la resolución sí se encontraba debidamente fundada y motivada, ya que la juez declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por haberse presentado de manera extemporánea, es decir, posterior al término de tres días que establece el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles en Estado, y que por tanto ya había precluido el término al haber transcurrido más de tres días, además determinó que en virtud de sus consideraciones devenían improcedentes sus agravios. De lo anterior, aduce el quejoso, que la autoridad responsable no tomó en consideración que promovió el recurso de queja, ya que la interlocutoria no consideró que le causaba un agravio y violación a derechos humanos la omisión de realizar las notificaciones a las partes con observancia a lo establecido por los artículos 93, 95 y 97 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tlaxcala, situaciones que no fueron tomadas en consideración por el juez de origen y mucho menos por la sala responsable, y las cuales se consideran de gran magnitud ya que ésta violación se generó desde el principio de la notificación pues al ser la primera se violentaron derechos humanos de audiencia y seguridad jurídica, en razón de que la autoridad debe realizar todos sus actos de manera fundada y motivada, pero además con estricto apego a derecho; sin embargo, la responsable omitió considerar lo planteado por dicho quejoso en cuanto a las notificaciones realizadas y que las mismas trascendían al resultado del actual estado del juicio, ya que en virtud de esas violaciones a derechos humanos se ha vulnerado tanto lo dispuesto por el de cujus o autor del juicio testamentario en cuanto a su última voluntad, pues no se ha cumplido con el testamento, lo que ha originado violación a derechos de propiedad de los legatarios a quienes se les dejó en testamento la nuda propiedad de un inmueble que forma parte del acervo hereditario. También alega en su segundo concepto de violación que se le causa agravio la resolución reclamada, ya que la responsable determina que los agravios resultan infundados e inoperantes, sin embargo la sentencia que se combate determina confirmar la resolución impugnada a pesar de que ésta fue incongruente y no se pronunció respecto de las manifestaciones realizadas por dicho quejoso, ya que no consideran las mismas, ni realizan argumento tendiente a determinar el por qué no los considera, ya que como se manifestó al tratarse de notificaciones relevantes debió determinar por qué estos agravios no fueron considerados y estudiados. Finalmente, en su tercer concepto de violación aduce que al confirmar la resolución impugnada genera una violación de manera irreparable, en razón de que la responsable también olvidó pronunciarse respecto a sus manifestaciones, por lo que hace a que fueron asesorados al principio por abogados integrantes de la Institución de Asistencia Jurídica Social de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, pensando que éstos abogados los asesorarían correctamente y conforme a derecho, asimismo que señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, quienes nunca les comunicaron realmente lo que sucedía dentro del juicio testamentario y siempre dijeron que todo estaba correcto y que incluso ya estaba todo arreglado para que los legatarios adquirieran el inmueble; sin embargo esto no fue así ya que a la fecha tiene conocimiento que aun cuando se declaró válido el testamento y se les reconocieron sus derechos como legatarios en sentencia no se realizó el pronunciamiento de los legatarios y la nuda propiedad a su favor, y es por eso que como tal no tenían conocimiento claro de lo que sucedía en el juicio, además de que las notificaciones resultaban ilegales, es por lo que se promovió el incidente de nulidad, sin embargo esos argumentos que sí fueron hechos valer no fueron tomados en consideración por el juez de origen y muchos por la sala responsable, toda vez que lo que realiza es una confirmación de la resolución impugnada, situación que le causa una violación de imposible reparación ya que se está violentando su derecho de propiedad por las diversas violaciones que han trascendido al fallo y que tienen estrecha relación con las notificaciones ilegales que se le practicaron. Que la interlocutoria que se combate no se encuentra debidamente fundada ni motivada, ya que lo que realiza es confirmar la sentencia que se combatió y no realiza también el análisis específico de lo alegado por dicho quejoso, ni establece claramente las consideraciones o motivos específicos y claros del por qué toma tal determinación, violando su derecho de audiencia, debido proceso y propiedad y que es de imposible reparación en razón de que de acuerdo a las condiciones del juicio esto afectará gravemente los derechos de propiedad de los legatarios a quienes no se estableció claramente lo relativo a la nuda propiedad del bien inmueble legado y que al confirmar la interlocutoria se vulnera su derecho, ya que el juicio se debió llevar a cabo conforme a las formalidades establecidas previamente a fin de no vulnerar su derecho de propiedad por lo que debe ordenarse dictar una resolución distinta a fin de que se ordene reponer el procedimiento a partir de la notificación ilegal a fin de no vulnerar derechos humanos de propiedad y audiencia. Dichos conceptos de violación se dice que son inoperantes en virtud de que no combaten las consideraciones esenciales en las que se apoyó la Sala responsable, para confirmar la resolución recurrida, como lo son: a) Que aduce el quejoso, que la resolución que impugna no se encuentra fundada ni motivada, ya que no establece de forma clara las razones fundadas y específicas por las cuales debe declararse improcedente el incidente de nulidad de actuaciones judiciales, que no se realiza un estudio acorde a sus manifestaciones, que el Juez del conocimiento no toma en consideración lo que manifestó al referir que la Diligenciaria no realizó las notificaciones correspondientes en observancia a lo establecido por los artículos 93, 95 y 97 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala; manifestaciones que se estiman infundadas e inoperantes, pues contrario a lo que sostenía el quejoso la resolución de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, sí se encuentra debidamente fundada y motivada, como se desprende de su considerando II, en el que la Jueza declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por haberse presentado de manera extemporánea, es decir, posterior al término de tres días que establece el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, pues el tres de enero de dos mil siete BERNARDO RAYMUNDO AGUILAR JIMÉNEZ, compareció a la junta testamentaria y con fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, presentó el citado incidente, por lo que ya había precluído el término al haber transcurrido más de tres días, tan es así, que estaba enterado de las actuaciones, lo que se convalida con su comparecencia a la junta de herederos. b) Que de lo analizado con antelación, la Sala concluye que las expresiones que en vía de agravio señala el quejoso, no se pueden conceptualizar como tales, pues no expone razonamiento lógico jurídico que tienda a combatir lo aducido por la inferior, y por ende, a demostrar y puntualizar la violación por la inexacta aplicación que de la Ley le atribuye, pues se concreta a señalar que la inferior debió tomar en consideración que la Diligenciaria no realizó las notificaciones correspondientes en observancia a lo establecido por los artículos 93, 95 y 97 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; en este contexto, los argumentos en cuestión no atacan en modo alguno lo decidido por la resolutora, consistente en haber declarado improcedente el Incidente de Nulidad de Notificaciones por haber precluido el término de tres días para interponerlo, de ahí que los agravios que se hagan valer en un recurso, deben contener aquellos razonamientos relacionados con las circunstancias de hecho, en un caso jurídico determinado que tiendan a demostrar y puntualizar la violación o la inexacta aplicación de la ley, y como consecuencia de los preceptos que debieron fundar o fundaron la recurrida. c) Que todas aquellas manifestaciones de inconformidad que ataquen otras cuestiones que ninguna relación tengan con la combatida o que no impugnen los razonamientos, ni fundamentos que sirvieron de base para dictarla, como es en el presente caso, la Jueza de origen, determinó en la interlocutoria que se combate que el término para presentar el referido incidente había precluido ya que no se interpuso dentro de los tres días a que tuvo conocimiento el actor incidentista, razón por la cual se declaró improcedente, circunstancia que en ningún momento el hoy quejoso controvierte de manera categórica ni expone los razonamientos lógicos jurídicos tendientes a demostrar que dicho recurso sí fue presentado de manera oportuna, pues sólo se limita a realizar manifestaciones ambiguas y enfocándose a combatir circunstancias ajenas a las que sostuvo el A quo para declarar la improcedencia del recurso, como se advierte de los agravios expuestos por el hoy recurrente, realizando aseveraciones en torno al actuar de la Diligenciaria controvirtiendo la ilegalidad de las notificaciones al practicarse en un domicilio diverso, argumentos que no combaten la determinación de la improcedencia del recurso que lo declaró extemporáneo, de ahí que los agravios deben desestimarse por inoperantes Que sustenta lo anterior la tesis cuyo rubro y texto dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGANDA. (SE TRANSCRIBE)". d) Que el recurrente manifiesta que la resolutora deja de observar lo establecido en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violentando de manera grave al principio de debido proceso, seguridad jurídica y Administración de Justicia; sin que al respecto determine mediante razonamientos lógico jurídicos de qué manera se actualizan dichas violaciones, de ahí que deviene lo improcedente de sus agravios. Que sirven de apoyo a lo anterior, los criterios jurisprudenciales que a continuación se citan: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. (SE TRANSCRIBE)". "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. (SE TRANSCRIBE)". Consideraciones éstas que deben seguir rigiendo el sentido del fallo, al no haberse impugnado por el quejoso en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 173, publicada en el Tomo VI del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que prescribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.- Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 501, visible en la página 439, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY.- Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada". También es aplicable al respecto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, número II.2o.C.T.2 K, visible en la página 483, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.- Los conceptos de violación deben consistir en razonamientos de carácter lógico jurídico, tendientes a poner de manifiesto que las consideraciones que rigen la sentencia reclamada, son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica, por lo que los afectados tienen el deber de combatir la totalidad de los argumentos en que la responsable se apoyó para fallar en determinado sentido". Asimismo, es aplicable por analogía, al respecto la Jurisprudencia sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número I.6o.C. J/20, visible en la página 25, Tomo 86, Febrero de 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA.- Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste." En las relacionadas condiciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación que se hicieron valer, y al no advertirse deficiencia de la queja que suplir, lo procedente será negar el amparo solicitado. Atenta la conclusión alcanzada resulta inneceario realizar un análisis exhaustivo de las pruebas desahogadas en autos; ya que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 77, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Bernardo Raymundo Aguilar Jiménez, en contra del acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; precisado en el resultando primero de esta resolución; en términos del considerando séptimo de la misma. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercera interesada Celia Aguilar Jiménez, mediante el cual ofrece pruebas y formula alegatos; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte las documentales públicas consistentes en lo actuado en el toca de queja 58/2022, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el expediente natural 1006/2006, el informe con justificación, la instrumental publica de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, así como por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de hacer relación de dichas probanzas y alegatos, al momento de celebrarse la continuación de la audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en diligencia de diez de junio del año en curso, se le corrió traslado a la tercera interesada Celia Aguilar Jiménez con la copia simple de la demanda de amparo, consecuentemente, para no dejarla en estado de indefensión y violar las leyes del procedimiento, así como evitar una posible reposición al procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos la razón actuarial signada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, en la cual se hace constar que no le fue posible emplazar a juicio a la tercera interesada Celia Aguilar Jiménez, en su carácter de albacea provisional a bienes de Luz María Ángeles Jiménez Jiménez y/o Luz Ma. Jiménez y/o Luz María Jiménez de Aguilar, ya que al constituirse en el domicilio señalado para tales efectos, fue informada que el inmueble buscado tiene aproximadamente seis meses que se encuentra desocupado y en venta y que no conocen a la tercera interesada buscada. Visto lo anterior, se ordena glosar la razón actuarial únicamente para que obre como corresponda, ya que mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la referida tercera interesada apersonándose al presente juicio de amparo; asimismo, en diligencia de diez de junio del año en curso, se entregó a su autorizado para oír y recibir notificaciones, copia simple de la demanda de amparo que dio origen a este asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar, que autoriza y da fe.

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