Bernardo Orta Curiel
Expediente 145/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Bernardo Orta Curiel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 87 y 88), se concedió a la parte quejosa el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este juzgado federal, a recoger la constancia original exhibida en este sumario constitucional, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado sería destruida con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado en el proveído de referencia, sin que la indicada parte acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, el documento original que se acompañó al sumario en que se actúa será destruido con el presente expediente. En razón de lo anterior, y toda vez que de autos se desprende que no existe trámite pendiente, se provee: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 75 a 79), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. ....En otro contexto, en virtud de que existe agregada en autos una constancia original exhibida por la parte quejosa en el presente sumario, se ordena notificarle personalmente, para que acuda a este juzgado de distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, la referida documental será destruida con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, una vez que transcurra el citado término se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 75 a 79), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. ....En otro contexto, en virtud de que existe agregada en autos una constancia original exhibida por la parte quejosa en el presente sumario, se ordena notificarle personalmente, para que acuda a este juzgado de distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, la referida documental será destruida con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, una vez que transcurra el citado término se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Bernardo Orta Curiel, mediante el cual da cumplimiento al proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, manifestando que el oficio STC-DGCT-362/2019, de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve; emitido por el Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí, le fue notificado el dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, así como al contenido de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Bernardo Orta Curiel, se hace consistir en: La omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, este juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente; por lo tanto, procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma norma, que a la letra establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Del precepto transcrito, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consecuentemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en mención, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Entendiéndose por estos elementos, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse del contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que la circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia constitucional, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal; pues aun cuando en el caso no se observa que no se ha otorgado al quejoso vista con la respuesta proporcionada por la responsable, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes; toda vez que conforme a sus manifestaciones dicha contestación le fue notificada el dieciocho de junio del presente año, por lo que es claro que al fecha ha transcurrido el término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de amparo; y en ese orden de ideas, ordenar la vista aludida resultaría ocioso, en tanto que ello no podría incidir en el motivo de improcedencia que se actualiza en el presente asunto. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues a nada práctico conduciría otorgar vista al quejoso con la respuesta dada por la autoridad responsable, ni mucho menos esperar a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tal situación, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 991, Tomo XXIV, noviembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 173878, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la omisión de acordar el escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Y por otra parte, que mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (foja 28), signado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí, se exhibió copia simple del oficio STC-DGCT-362/2019 de dieciséis de mayo del año en curso, el cual el quejoso reconoce, en el escrito de cuenta, que le fue notificado el dieciocho de junio de la presente anualidad. En tales condiciones, con independencia del sentido de la resolución dictada, lo objetivamente cierto es que se emitió la contestación correspondiente al el escrito presentado por el peticionario de amparo el catorce de diciembre de dos mil dieciocho; por lo que se concluye que han cesado los efectos de la omisión reclamada a la Junta responsable. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional deja sin efectos la hora y fecha y señaladas para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil diecinueve). No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente.
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