Bernardo Navarro Tovar

Expediente 2209/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2209/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Director General del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, ciudad
  • Bernardo Navarro Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que las autoridades responsables están obligadas a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".Emitir una respuesta completa y congruente a la solicitud respecto del trámite de solicitud de prórroga del título de concesión ******************** presentado el seis de enero de dos mil veintiuno. En la inteligencia de que, deberá notificarle la respuesta recaída a esa petición.." Sin que haya lugar a requerir a las autoridades responsables, atendiendo a que se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada del memorando número B00.804.02.-193/2023 de fecha diez de marzo de dos mil veintitrés, así como del oficio número OCGN/B00.804.02-097-2023, de fecha uno de marzo de dos mil veintitrés, así como de su constancia de notificación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONALProm. En Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con treinta minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo********************, promovido por ********************; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria de este Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obran agregados en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 40137/2022 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CIUDAD CIERTO 40138/2022 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CIUDAD CIERTO A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa con su demanda de amparo y con las constancias remitidas por la autoridad responsable en justificación de sus actos. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria da nueva cuenta con el escrito de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, signado por el Fiscal Revisor Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo adscrito a este juzgado. El Juez acuerda: Ténganse por hechas las manifestaciones a que se contrae el escrito de referencia. Como no se formularon más alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, firmando electrónicamente al calce los que en ella intervinieron; en la inteligencia de que se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo********************, promovido por ********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad y turnado a este juzgado, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Director General del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua y Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 4, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que hizo consistir en: "La falta de expedición y notificación de acuerdo o resolución de la solicitud de Prórroga del título de concesión ******************** presentado por el suscrito por escrito ante las responsables en fecha 6 de enero de 2021, violentándose en mi perjuicio el derecho de petición consagrado por el artículo 8 Constitucional." SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número********************; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que al Director General del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua y Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, se les reclama: La falta de expedición y notificación de acuerdo o resolución de la solicitud de prórroga del título de concesión ******************** presentado el seis de enero de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se les atribuye; por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Al no advertirse causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la promovente del amparo, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación son fundados, por las razones que enseguida se expondrán. La parte quejosa aduce que se vulnera en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las autoridades señaladas como responsables no se han pronunciado en torno a su petición de dar respuesta a la solicitud de prórroga del título de concesión ******************** presentado el seis de enero de dos mil veintiuno. A efecto de explicar las razones en las que se sustenta dicha conclusión, es conveniente dilucidar el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se consagra el derecho de petición, de cuya transgresión se duele la parte quejosa. El cual dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del numeral transcrito se colige que toda autoridad ante la petición que algún gobernado le realice por escrito, siempre que sea de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar una respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del interesado, también por escrito, el resultado de su solicitud; entendiendo por "congruente", que la respuesta relativa debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión y sin consideraciones contrarias entre sí y por "breve término", el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Así, del precepto constitucional destacado, se obtiene que el derecho de petición se integra con las siguientes premisas: Del particular: a).- La existencia de una petición ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; Las correlativas obligaciones de la autoridad: b).- De emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada, y, c).- De notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Por tanto, el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado en general, se erige como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud por escrito, que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera; por virtud de la cual el Estado y sus autoridades -sus funcionarios y empleados-, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que aquél les eleve, el cual, debe serle dado a conocer en breve término. Este derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve. Deriva de lo anterior, que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se haga al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho, en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia número P./J. 42/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, materia común, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.". Es corolario, que el derecho de petición contiene dos obligaciones por parte de las autoridades; a saber, dar respuesta congruente a la petición de los particulares, y hacerla de su conocimiento en breve término. El acuerdo en mención, constituye el parecer de la autoridad sobre la petición formulada, mas no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la petición; circunstancia que ha sido corroborada, entre otros criterios, por la jurisprudencia número 2a./J. 1/2001, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, página 203, cuyo rubro señala: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Consecuentemente, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Ley Fundamental, al dictar un acuerdo congruente y expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. También robustece la consideración anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 86, tomo III, Sexta Época del Apéndice de 1995, Parte SCJN, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO.- La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación.". Asimismo, es menester destacar que cuando la tramitación de la solicitud requiera legalmente que el particular satisfaga determinados requisitos, la garantía constitucional sólo es respetada por la autoridad cuando realiza lo siguiente: -En breve término realiza los requerimientos necesarios al solicitante, para integrar el trámite relativo; -Además, en un breve término también va proveyendo lo necesario a las promociones de la interesada; y, -Por último, en un término que también sea razonablemente breve, dicta la resolución definitiva a la solicitud mencionada. Pues cuando la autoridad es lenta en la tramitación de la solicitud y en cada uno de los trámites correspondientes, y da la impresión de ser renuente en cuanto a llegar a la resolución final del asunto, no puede decirse que se esté respetando por ella el orden constitucional, por lo que hace al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 526, Séptima Época, registro: 391603, Tomo III, Parte TCC, Apéndice de 1995, del tenor siguiente: "PETICION, DERECHO DE. TRAMITES SUCESIVOS. El artículo 8o. constitucional establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, cuando la petición consiste en una solicitud para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, o para una autorización similar, y cuando la tramitación de esa solicitud requiera legalmente que el particular satisfaga determinados requisitos, la garantía constitucional sólo es respetada por la autoridad cuando hace en un breve término los requerimientos necesarios al solicitante, para integrar el trámite relativo, y además, en un breve término también va proveyendo lo necesario a las promociones de la interesada y, por último, en un término que también sea razonablemente breve, dicta la resolución definitiva a la solicitud mencionada. Pues cuando la autoridad es lenta en la tramitación de la solicitud y en cada uno de los trámites correspondientes, y da la impresión de ser renuente en cuanto a llegar a la resolución final del asunto, no puede decirse que se esté respetando por ella el orden constitucional, por lo que hace al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal". En el caso, la parte quejosa hizo llegar a la presente instancia con su escrito de demanda, la constancia con la que acredita que en ejercicio de su derecho de petición, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal, elevó ante las autoridades responsables, una solicitud respecto de solicitud de prórroga del título de concesión ******************** presentado el seis de enero de dos mil veintiuno. Con lo anterior, la parte quejosa comprobó que existe una obligación legal de las responsables para emitir actuaciones como consecuencia de la promoción elevada. Elevada ante un ente público del Estado; sustenta ello, por analogía la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 898, Décima Época, registro: 2011948, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo.". Sin embargo, a la fecha en que se dicta la presente sentencia, el Director General del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua y Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, no han acreditado en autos haber dado respuesta a la petición de la parte quejosa, no obstante haberla recibido desde el seis de enero de dos mil veintiuno. De ahí que se advierta ha transcurrido el breve término en que se debió responder la petición; aunado a ello, mucho menos existe la notificación a la parte quejosa la respuesta dada a su solicitud. Lo anterior es así, pues existe una obligación por parte de las autoridades ante la que se elevó la petición de dar respuesta a la solicitud presentada por la parte promovente. En esas condiciones, como la abstención de las responsables, de dar contestación congruente a lo solicitado por la quejosa en su solicitud respecto de la solicitud de prórroga del título de concesión ******************** presentado el seis de enero de dos mil veintiuno, resulta violatorio de derechos fundamentales, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa. SEXTO. Efectos del fallo. El Director General del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua y Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, deberán: Emitir una respuesta completa y congruente a la solicitud respecto del trámite de solicitud de prórroga del título de concesión ******************** presentado el seis de enero de dos mil veintiuno. En la inteligencia de que, deberá notificarle la respuesta recaída a esa petición. En el entendido que los efectos de la concesión de amparo no implica que las autoridades responsables acuerden favorablemente la solicitud de la parte quejosa, sino únicamente que den contestación coherente, fundada y motivada en la ley correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Décimo Sexto Circuito, registro digital: 2015181, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1738, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado". Así como lo previsto en la tesis jurisprudencial publicada en la página ochenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, del mes de Abril, Octava Época, Tercera Sala, cuyo rubro y texto, es: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8º constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten". Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. En los términos y para el efecto que se precisa en la parte final del último considerando, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de la omisión atribuida a las autoridades responsables Director General del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua y Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, por las razones que se exponen en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Director General y el Director de Administración de dicha Comisión, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Ténganse como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas que se indican en el informe que se provee, en términos del artículo 9 de la Ley de la Materia, asimismo, téngase a la autoridad en comento señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos dentro del presente asunto, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a las autoridades responsables Director General del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua y Director de Administración de Cuenca Golfo Norte de dicha Comisión, ambos con residencia en esta ciudad, a efecto de que rindan el informe justificado que les fue solicitado por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, notificados el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. En tal virtud, no se está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). En el entendido de que la audiencia constitucional se llevará a cabo sin la presencia física de las partes en las instalaciones del órgano jurisdiccional; no obstante, podrán comparecer vía ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings, o bien, a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Lo anterior, en términos de la fracción II del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, que dispone: "Artículo 257. Los órganos jurisdiccionales procurarán utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: II.- (.) Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes." Finalmente, de conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese.

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