Bernardo Navarrete Pérez

Expediente 108/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
108/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Bernardo Navarrete Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, del estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 de dicho Acuerdo. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo indicado en el párrafo que antecede; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta asentada por la actuaria judicial de la adscripción, se advierte que con el objeto de notificar a ****, remitió al correo electrónico ******, el proveído de cinco de marzo pasado; asimismo, le envió mensaje de texto al número telefónico proporcionado por el quejoso en su demanda de amparo, el ocho de marzo siguiente a efecto de que tuviera conocimiento de la misma, sin que se haya recibido acuse por vía correo electrónico o telefónico. En consecuencia, toda vez que mediante proveído de cinco de marzo del año que transcurre, se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones, del quejoso *******, entre otro, el correo electrónico señalado por este, dicha circunstancia fue autorizada en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país, y teniendo como contacto el número telefónico que proporcionó; téngase por hecha la notificación del auto de cinco de marzo pasado, al quejoso de mérito, para los efectos a que haya lugar.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de El Oro y otras; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 108/2021-I. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, presentada por el quejoso de mérito, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio, salvo que se trate de alguno de los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En la especie, la demanda de amparo presentada es promovida por *****; sin embargo, la misma carece de firma autógrafa existiendo únicamente una firma facsimilar debido a que el escrito respectivo fue presentado en copia simple, lo que se corrobora con lo expuesto por la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el sello que se agrega a la demanda de amparo en la cual se asentó: "La firma del quejoso en copia". En consecuencia, no se advierte la manifestación de voluntad de la parte promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo que se pretende promover, sin la firma autógrafa de la parte quejosa, ésta, no expresa su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con la misma se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; sin embargo, la demanda de amparo que se presenta no se cuenta con la misma; además, tampoco se aprecia que se esté bajo el supuesto expreso en el artículo 109 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la siguiente tesis aislada, por identidad jurídica que establece: "FIRMA FACSIMILAR. EL DOCUMENTO EN QUE SE CONTIENE CARECE DE VALIDEZ. De la definición proporcionada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, del vocablo firma, consistente en: "El nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena para darle autenticidad o para obligarle a lo que en él se dice.", se concluye que el documento en que aparece una firma facsimilar carece de validez, habida cuenta de que ésta consiste en una imitación o reproducción de la firma autógrafa, por lo que en esa hipótesis no es posible atribuir la autoría de tal documento a la persona cuya firma en facsímil fue estampada, pues es evidente que el sello en que se contiene pudo inclusive asentarse sin su consentimiento." Robustece lo anterior la tesis por identidad jurídica que dice: "DESISTIMIENTO TÁCITO, FALTA DE VALOR DE LAS FIRMAS CON FACSIMIL. Es indudable que el espíritu del artículo 4o., transitorio, de la Ley de Amparo, fue que los interesados, con el carácter de quejoso o con el de parte recurrente, hicieran una manifestación auténtica de su propósito de que fueran continuadas las revisiones o los juicios directos pendientes de resolución, y no puede considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna de ese propósito de las partes, un documento que no esté calzado con la firma de quien tiene derecho para promover, porque es de explorado derecho que en los juicios, las promociones deben ser hechas por las partes y calzadas con los autógrafos de sus firmas, que demuestren el propósito o voluntad de que se acuerde tal o cual petición; por tanto, la promoción hecha por una autoridad responsable y no firmada personalmente, sino calzada por un facsímil, es insuficiente para que se prosiga un juicio de amparo, y se le debe tener por desistido de acuerdo con el mencionado artículo 4o., transitorio." En consecuencia, se procede desechar la demanda de amparo presentada, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y en términos del artículo 24 de la legislación citada a las demás personas que refiere, por así haberlo solicitado en su escrito inicial de demanda. Asimismo, téngase el correo electrónico que señala, como domicilio para oír y recibir notificaciones, dicha circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país, por lo que una vez que se levante el estado de contingencia se reanudarán las notificaciones por los medios tradicionales que contempla la Ley de Amparo, y respecto del número telefónico que proporciona únicamente se tendrá como contacto del mismo. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.

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