Bernardo Moreno Cervantes

Expediente 1700/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 39 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1700/2017
Año
2017
Actuaciones
39
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Bernardo Moreno Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    MESA 4-A.- Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve (fojas 339 a 343), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; agréguese a sus autos únicamente el original del incidente de suspensión respectivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, generados en los Juzgado de Distrito, en sus puntos Vigésimo, y Vigésimo Primero, en los que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, al ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción IV, párrafo segundo del punto mencionado en último término, se considera que es susceptible de depuración el presente expediente, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdos General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. No obstante lo anterior, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad a la fracción III, párrafo segundo del citado artículo Vigésimo Primero, es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, así como el original del incidente de suspensión, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo aviso a la Dirección General de Estadística y Planeación del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en México, Distrito Federal, mediante oficio, para que esta transfiera en formato digital al programa que administra la Suprema Corte, todas las actuaciones judiciales que lo integran y se encuentren digitalizadas, en términos de los puntos Decimo Primero y Décimo Octavo del Acuerdo General Conjunto en comento, así como previa generación de los documentos que establece el punto Décimo Tercero del referido Acuerdo General. Una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta propia fecha, procédase a la depuración del presente juicio de amparo y destrucción del incidente de suspensión, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el punto Vigésimo Cuarto del Acuerdo General Conjunto de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido. De conformidad con la fracción III del ordinal Vigésimo del Acuerdo General Conjunto referido destrúyase únicamente el duplicado del referido incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en los libros respectivos.

  2. Principal

    MESA 4-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 119/2019 con número de orden 224/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, en esas condiciones, téngase por notificado el quejoso del proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 304 a 305), en el que se ordenó darle vista con los informes del cumplimiento dado al fallo protector de derechos fundamentales por las autoridades responsables. Sin que haya lugar a remitir el acuse de recibo respectivo, debido a que si lo precisa la autoridad oficiante. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de derechos fundamentales. El artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Bien, en la sentencia pronunciada por este órgano de control constitucional con engrose de veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 176 a 182), se negó el amparo de la Justicia Federal al quejoso Bernardo Moreno Cervantes, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; Director General del Centro de Readaptación Social Número Mil, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato y del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS CHIAPAS, en Villa Comaltitlán, Chiapas. Inconforme con dicha resolución, el impetrante de amparo promovió recurso de revisión, mismo que fue radicado bajo el número 365/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien mediante ejecutoria dictada en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el penúltimo considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Bernardo Moreno Cervantes contra los actos y autoridades señaladas en el resultando primero de la sentencia recurrida." Siendo los efectos de la concesión, para que la referida autoridad responsable realizara lo siguiente: a) Dejen insubsistente el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/16512/2016, de doce de abril de dos mil dieciséis, que contiene la orden para que el quejoso Bernardo Moreno Cervantes fuera trasladado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas; y, b) En su lugar emitan otro, en el que en restitución de los derechos fundamentales transgredidos, ordenen trasladar al disconforme Bernardo Moreno Cervantes, bajo su más estricta responsabilidad y tomando las medidas de seguridad y precaución que consideren exige dicho traslado, al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución por no haberse combatido por vicios propios. Mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 232 a 233), se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad; y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mismo que les fue reiterado mediante autos de veintiuno de enero (fojas 237 a 238), siete de febrero (fojas 253 a 254), seis de marzo (fojas 263 a 264), once de marzo (fojas 274 a 275) y veinticinco de marzo (fojas 297 a 298), todos de dos mil diecinueve. Las autoridades responsables rindieron sus informes respecto del cumplimiento dado a la sentencia amparadora de la siguiente manera: 1.- Oficio 5146/2019, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México (fojas 266 a 269). 2.- Oficio 8115/2019, de seis de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS Chiapas, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas (fojas 270 a 273) 3.- Oficio CERSVS-1331/2019, de catorce de marzo de dos mil diecinueve, signado por el Subdirector Jurídico del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato (fojas 301 a 303). Con esos documentos en auto de cuatro de abril del presente año (fojas 304 a 305), mediante exhorto, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del mismo, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, procede se realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. De las constancias que adjuntó el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, se desprende que dicha autoridad con fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, realizó el egreso por traslado del hoy quejoso Bernardo Moreno Cervantes, del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas; para ser ingresado al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, según se aprecia del acta de egreso por traslado 61/2019, que obra a fojas 272 de autos. Lo acreditado permite concluir que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos fundamentales del fallo constitucional, toda vez que, en el caso, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, mediante acta de egreso 61/2019 de veinte de febrero de dos mil diecinueve, realizó el traslado del hoy quejoso Bernardo Moreno Cervantes, del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas; para ser ingresado al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Cuando se otorga el amparo para efectos en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal. De esta manera, si acorde con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita a examinar si es correcta o no la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora, resulta evidente que los agravios en los que se aduzca que la nueva resolución jurisdiccional no cumple con exactitud lo ordenado en la sentencia de amparo deben declararse inoperantes, pues en todo caso ello constituye un cumplimiento defectuoso o con exceso, que debe combatirse a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así como, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, para que en auxilio de las labores de éste órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notificar personalmente al quejoso Bernardo Moreno Cervantes, el contenido del presente proveído en el lugar de su reclusión, siendo este el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago Guanajuato. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de lograr la notificación del referido quejoso. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a la brevedad a éste órgano de control constitucional.

  3. Principal

    MESA 4-A.- Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio signado por el Subdirector Jurídico del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, y al efecto remite copia certificada del oficio de recepción del quejoso al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, de fecha veinte de febrero del año en curso. A fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del comunicado de cuenta y anexos que acompaña, dése vista a la parte quejosa, con la copia certificada del oficio de recepción del quejoso al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, de fecha veinte de febrero del año en curso; así como con el oficio 5146/2019, de veinticinco de febrero del año en curso, signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y anexos, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; en apoyo a esta determinación se cita por identidad jurídica, la tesis VI.1º.P.27 K, visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente:.. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, para que en auxilio de las labores de éste órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notificar personalmente al quejoso ********************, el contenido del presente proveído en el lugar de su reclusión, siendo este el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de lograr la notificación del referido quejoso. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a la brevedad a éste órgano de control constitucional.

  4. Principal

    MESA 4-A Vista la cuenta, con fundamento en los artículos 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene por recibido el oficio signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; mediante el cual se da por notificado del oficio 5741, de siete de febrero del año en curso (foja 255), por el que se le concedió una prórroga de diez día hábiles para que diera total cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales emitido en el presente juicio de amparo; sin que haya lugar a dictar mayor proveído, toda vez que mediante auto de once de marzo actual, se tuvo por rendido su informe respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de once de marzo del año en curso (fojas 274 a 275), se requirió al Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, en el Estado de Guanajuato, para que remitiera copia certificada del acta de ingreso del impetrante de amparo a ese Centro Penitenciario, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En razón de lo anterior, en obvio de dilaciones procesales innecesarias y de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, que establece que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento; requiérase al Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, en el Estado de Guanajuato, para que en el plazo de tres días, contados a partir del momento en que se encuentre notificado del presente auto, remita copia certificada del acta de ingreso del quejoso al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Apercíbase a la citada autoridad que de no cumplir con el fallo protector sin causa justa, en el término indicado, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le impondrá UNA MULTA CONSISTENTE EN CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN; conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de la Medida y Actualización en relación con los numerales 258 y 193 de la Ley de Amparo; asimismo, se requerirá el cumplimiento a través de su superior jerárquico; y, finalmente, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 54/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, tomo I, noviembre de 2014, página 19, número de registro electrónico 2007918, de contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo".

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