Bernardo Montero Villalobos

Expediente 1060/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1060/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Bernardo Montero Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Bernardo Montero Villalobos. Atento a su contenido, téngasele por revocado el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en su demanda de amparo y de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como su nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta. Notifíquese...

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Bernardo Montero Villalobos. Atento a su contenido, téngase por revocado el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en su demanda de amparo y de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como su nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta. En otro orden, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia incidental, se encuentra prevista para esta fecha; asimismo, que las autoridades responsables con residencia en la Ciudad de México, no han rendido sus informes previos, ni tampoco hay constancia en la que se advierta que se encuentran notificados de los oficios 11264-6 y 11265-6, a través de los cuales se les solicitaron, los cuales fueron depositados en el Módulo del Servicio Postal Mexicano ubicado en este Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, el veinticuatro de noviembre del año en curso, según la factura 3775 con los que fueron entregados. En tales condiciones, para dar margen a que las mencionadas autoridades se encuentren debidamente notificadas del auto de referencia, se difiere la audiencia programada para esta fecha, y se señalan para su verificativo las nueve horas con cinco minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este órgano de control constitucional, en relación con la agenda de audiencias de este juzgado, que así lo permite. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el artículo 138 de la Ley de Amparo, establece que la audiencia incidental deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; sin embargo, las referidas autoridades tienen su domicilio fuera de la residencia de este juzgado, lo que trae como consecuencia que no se esté en posibilidad de celebrar la audiencia incidental relativa al presente cuaderno dentro de ese término que establece el numeral antes invocado, en relación con el artículo 17 constitucional, que prevé el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales, y que ésta sea pronta y expedita. En congruencia con lo anterior y atento a los principios generales del derecho de acceso a la justicia y economía procesal, se fija una fecha discrecional para que las autoridades responsables foráneas se encuentren en condiciones de rendir oportunamente su informe previo...

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso Bernardo Montero Villalobos, con ocho copias del mismo, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención efectuada en ato de trece de los actuales, señala como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, en la Ciudad de México, y como acto reclamado falta de emplazamiento, en al Concurso Mercantil 247/2014 del índice de la autoridad responsable. ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, incisos b) y c), VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por Bernardo Montero Villalobos, en contra de las autoridades y actos señalados en su escrito de demanda y escrito aclaratorio. En cumplimiento al artículo 17 constitucional, en aras de una pronta y expedita administración de la Justicia Federal, la denominación de la responsable cuya denominación correcta sea un hecho notorio para el que suscribe, será corregida al emitir el oficio respectivo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por separado y en cuadernillo único fórmese y tramítese el incidente de suspensión del acto reclamado. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, la cual se fija atendiendo la carga de trabajo de acuerdo de este órgano jurisdiccional de acuerdo con la agenda de audiencias. INFORME JUSTIFICADO Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del término de quince días, con estricto apego a lo establecido en los artículos 117, párrafo segundo, 63, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo...INFORMEN SI SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las autoridades responsables para que cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento lo informen de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo; asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, y de ser así indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto; con el apercibimiento de no hacerlo, en términos del precepto 251 de la legislación mencionada se les impondrá multa individualizada equivalente a treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado en materia de amparo, y con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso k) de la propia legislación, notifíquesele personalmente la admisión del presente asunto, corriéndole traslado con copia de la demanda de mérito. En razón de lo anterior, se ordena que dicha notificación y los oficios que se giren el presente asunto les sean notificados vía correo electrónico a la dirección fernando.cesar@.fgr.org.mx; que fue proporcionado para tal efecto; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a efecto de que transmitan, vía correo electrónico, dichas comunicaciones a la dirección indicada, debiendo elaborar constancia correspondiente. TERCERO INTERESADO Se reserva ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto al autoridad responsable rinda su informe justificado de ley. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito de demanda; sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelven los oficios con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlos a las autoridades señaladas como responsables destinatarias por inexistencia de las mismas, se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, y en su oportunidad se tendrán por inexistentes, lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de las autoridades en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. Notifíquese, vía correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo; por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables...

  4. Incidental

    ...Con una copia simple de la demanda de derechos fundamentales y del escrito de cumplimiento de prevención de demanda, como se ordena en el cuaderno principal, fórmese y tramítese en cuadernillo único el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1060/2023-6, promovido por Bernardo Montero Villalobos, por propio derecho, en contra de las autoridades y actos señalados en el escrito de demanda. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, quien deberá rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de su notificación, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, ubicado en Su Santidad Juan Pablo II, 646, esquina Tiburón, Fraccionamiento Costa de Oro en Boca del Río, Veracruz, enviándoles para tal efecto copia de la demanda; en el que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, asimismo, se le impondrá una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, lo anterior, con fundamento en los artículos 142, 238 y 260 fracción I, de la misma legislación. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO A efecto de proveer sobre la suspensión provisional solicitada, es oportuno precisar que del análisis integral de la demanda de protección de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente: a) La falta de emplazamiento al Concurso Mercantil 247/2014, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y b) Como consecuencia, de ello, las actuaciones emitidas con posterioridad en ese expediente, como la sentencia de quiebra en la que se determinó el listado de trabajadores acreedores de GEO VERACRUZ, Sociedad Anónima de Capital Variable, y su carácter de acreedores preferenciales al pago, sin incluir al hoy quejoso. SUSPENSIÓN PROVISIONAL: Se afirma lo anterior, pues de la lectura de la Ley de Concursos Mercantiles, específicamente de sus numerales 1º y 2º, se pone de manifiesto que la misma constituye un ordenamiento legal de interés público que tiene por objeto regular el concurso mercantil, el que a su vez tiene como finalidad conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago, se ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios; asimismo, que el concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra, estableciéndose en la propia ley los diversos procedimientos correspondientes a esas etapas. Luego, debe señalarse que la suspensión de los actos reclamados está sujeta a requisitos de procedencia y de efectividad que se deben cumplir en su integridad para que el juzgador esté en aptitud de concederla, mismos que se pueden definir en: "a).- Requisitos de procedencia, los cuales están constituidos por aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión." "b).- Requisitos de efectividad, los que implican aquellas exigencias que el agraviado o quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión otorgada. De ahí que la procedencia de la suspensión debe fundarse en tres condiciones concurrentes que son: a) Que los actos contra los cuales se haya solicitado dicha medida cautelar sean ciertos; b) Que la naturaleza de los mismos permita su paralización; y, c) Que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, que lo solicite el quejoso, y no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese mismo aspecto, el ordinal 129, último párrafo, de la ley de la materia, dispone que excepcionalmente podrá concederse la suspensión, si a juicio de la autoridad de amparo con la negativa de la medida suspensional puede causarse mayor afectación al interés social. En relación con lo anterior, es de señalarse también que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero, tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por ende, por disposiciones de orden público, deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio; en tanto, por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un trastorno o un mal público. En esa medida, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese orden de ideas, de concederse la suspensión solicitada por el impetrante del amparo, indudablemente se paralizaría el procedimiento de concurso mercantil, puesto que el Juez de Distrito del conocimiento no podría continuar con las siguientes etapas señaladas en la ley respectiva, infringiéndose con ello lo dispuesto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, puesto que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de los procedimientos judiciales, como en el caso lo es el procedimiento de los concursos mercantiles por sus distintas fases; de manera que no es jurídicamente viable conceder la suspensión definitiva solicitada por la impetrante, ya que de hacerlo se causarían mayores daños a la colectividad que los que se quieren eludir con esa medida cautelar, pues por encima de todo interés particular debe prevalecer el de la sociedad... En consecuencia, se niega la suspensión provisional solicitada por el quejoso Bernardo Montero Villalobos, ya que no se cumple el requisito a que se refiere la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el señalado en su escrito de demanda de amparo. Asimismo, téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Vázquez López, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, por cuanto hace al correo electrónico y número de teléfono que proporciona, serán utilizados como medios de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. INEXISTENCIA AUTORIDAD RESPONSABLE Infórmese a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelven el oficio con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo a la autoridad señalada como responsable destinataria por inexistencia de la misma, se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, y en su oportunidad se tendrá por inexistente, lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la autoridad en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente le será notificada por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese

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