Bernardo Mercado Jimenez
Expediente 1957/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1957/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2017
Partes del expediente
- Bernardo Mercado Jimenez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. De conformidad con lo previsto en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito remite copia certificada del testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 6/2017, dictada en sesión de diez de febrero de dos mil diecisiete. "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En atención a ello, acúsese el recibo de estilo. Ahora, el estado procesal de los autos evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Por tanto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, inciso I), pues se tuvo por no presentada la demanda. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma, Israel Díaz Reyna, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual comunica que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, mismo que registró bajo el número de recurso de queja 6/2017; por tanto, estese en espera de la determinación que el superior dicte. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el contenido de la constancia de notificación personal practicada al quejoso Bernardo Mercado Jiménez el veintiséis de diciembre del año en curso, de la que se advierte que éste manifestó lo siguiente: "interpongo el recurso de queja". Atento a lo anterior, en relación con el medio de impugnación a que hace alusión el quejoso, en contra de la determinación de veintitrés de los actuales, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 Ley de Amparo, se tiene por presentado; asimismo, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero, del ordinal 101 de la legislación invocada. A fin de resolver dicho medio de impugnación, remítase el original y copia de la constancia de notificación de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo para la substanciación del mismo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Bernardo Mercado Jiménez, por derecho propio, contra actos del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1957/2016-I. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso tilda de inconstitucional: El acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis donde se determinó que el hoy quejoso tendrá intervención en todas y cada una de las diligencias que el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México señale, siempre y cuando atañan a su defensa. En ese sentido, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la interpretación del precepto legal transcrito parcialmente, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III, de su artículo 107, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, para lo que interesa en este estudio, como ya se dijo, conviene invocar la hipótesis normativa contenida en la fracción XVIII, cuyo contenido fue citado en párrafos precedentes. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, si la parte inconforme tilda de inconstitucional el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis emitido en la causa penal 25/2007 y sus acumulados, por el Juez Cuarto de Procesos Penales Federales, mediante el que se determinó que únicamente podría asistir a las diligencias que considerara dicho órgano jurisdiccional y que fueran atinentes a su defensa, éste no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, se estima que la determinación reclamada puede ser modificada, revocada o confirmada a través del recurso de revocación; que dicho supuesto no encuadra en ninguno de los casos contemplados por tal ordenamiento para la procedencia del diverso recurso de apelación. El artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales que dispone lo siguiente: "TITULO DECIMO Recursos CAPITULO I Revocación Artículo 361- Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia." A su vez, el diverso numeral 367 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece los supuestos en los cuales procede el recurso de apelación, como a continuación se ilustra: "Artículo 367- Son apelables en el efecto devolutivo: I. Las sentencias definitivas que absuelven al acusado, excepto las que se pronuncien en relación con delitos punibles con no más de seis meses de prisión o con pena no privativa de libertad, en los términos del primer párrafo del artículo 152; II- Los autos en que se decrete el sobreseimiento en los casos de las fracciones III a VI del artículo 298 y aquéllos en que se niegue el sobreseimiento. III. Los autos en que se niegue o conceda la suspensión del procedimiento judicial; los que concedan o nieguen la acumulación de autos; los que decreten o nieguen la separación de autos; los que concedan o nieguen la recusación; III bis. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional; IV. Los autos de formal prisión; los de sujeción a proceso; los de falta de elementos para procesar; y aquéllos que resuelvan situaciones concernientes a la prueba. V. Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún incidente no especificado; VI. Los autos en que se niegue la orden de aprehensión o se niegue la citación para preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el Ministerio Público. VII. Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial, el arraigo del indiciado o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica; VIII. Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria, o a librar el oficio inhibitorio a que se refiere el artículo 436, y IX. Las demás resoluciones que señala la Ley." Así las cosas, el auto que por esta vía impugna el quejoso, no encuadra dentro de ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Penales; por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra el acto reclamado, pues el artículo 361 código antes referido dispone que los autos contra los cuales no se conceda el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó; por tanto, al establecer la legislación la procedencia de la revocación, resulta evidente que debió interponer el medio de impugnación de referencia.. Se invoca por analogía, la tesis III.2o.P.253 P, visible en la página 2981 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Materia Penal, Novena Época, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. OBLIGA A AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DEL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE QUEJA PROCESAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad contemplado por el artículo 107 de la Constitución Federal, que exime al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, no opera cuando la resolución que se combate consiste en el desechamiento de un recurso de queja procesal, debido a que no incide en la afectación de la libertad, así, previo a acudir al juicio de amparo, se debe agotar el recurso ordinario de revocación que prevé el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque su interposición, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, de existir en ellos algún vicio cuya corrección legal sea procedente, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto; ante lo cual, la omisión de hacer valer el medio de impugnación ordinario de referencia, actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo y obliga a sobreseer en el juicio en términos del numeral 74, fracción III, del invocado ordenamiento legal. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en el recurso de queja se impugne que no se ha dado curso a un incidente de adecuación de la pena; este último que pudiera incidir en la libertad personal y con ello se actualizaría el caso de excepción al principio de definitividad; sin embargo, tal supuesto no acontece, cuando únicamente se reclama el desechamiento de un recurso, porque no tiene que ver con la privación o no de la libertad de la persona, si sólo se trata de una cuestión intraprocesal." Sin que el quejoso se encuentre en alguna de las excepciones que contempla la propia fracción XVIII de la ley de la materia; en tal virtud, el quejoso estaba obligado a combatir la resolución reclamada por medio del recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Bernardo Mercado Jimenez, contra actos del Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, de conformidad con los artículos 61, fracción XVIII, así como 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Domicilio procesal. De conformidad con lo previsto en el ordinal 26, fracción l, inciso c), de la Ley de Amparo, las notificaciones aún las de carácter personal, practíquense al agraviado en el lugar en donde se encuentran recluido. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Bernardo Jiménez Romero112/2017
- Bernardo Lopez Diaz305/2021
- Bernardo Lopez Diaz337/2021
- Bernardo Lujan Lopez1920/2018
- Bernardo Lujan Lopez935/2018
- Bernardo Martinez Chavero410/2022
- Bernardo Nieto De la Cruz87/2014
- Bernardo Quintana Kawage1680/2016
- Bernardo Victor Gómez Villegas710/2017
- Berta Barrera Cid del Prado880/2017
- Berta Perez Lagunas459/2023
- Bertha Albarran Romero1795/2022