Bernardo Mendoza Salles
Expediente 3/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bernardo Mendoza Salles
Actuaciones
- Principal
"... Vista la razón de veintiocho de enero pasado, suscrita por la actuaria judicial adscrita a este juzgado; se aprecia que no le fue posible notificar personalmente al quejoso XXX, el proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano su demanda de amparo; por las razones que expone; en consecuencia... practíquese dicha notificación mediante lista de acuerdos..."
- Principal
"... Vista la demanda de amparo promovida por XXX, contra actos del superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad. Registro. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 3/2021. ...En principio, . procede examinar si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo, los cuales disponen:(...). Respecto al tema materia de este juicio, es decir, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, existe la siguiente jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: (.) Los preceptos y tesis transcritas revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo. Para mayor claridad, existe la siguiente jurisprudencia... Luego, los parámetros que deben satisfacerse para considerar que un acto emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra consonancia con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, donde se establece que autoridad es la que la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De igual manera, contempla la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, entendiéndose que éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos de los demás gobernados. En el caso, no se está en presencia de un acto de autoridad propiamente dicho, como tampoco de un acto de particular que se conduzca con tal carácter, pues como se ve, el quejoso XXX, señala como acto reclamado, el inminente corte de suministro de energía eléctrica. Ello, pues manifiesta que a su domicilio se presentaron unas personas que le informaron ser empleados de la Comisión Federal de Electricidad, y le manifestaron que presentaba un adeudo de tres meses, y que si no realizaba el pago correspondiente dentro del plazo de veinticuatro horas, procederían al corte de la energía eléctrica. De lo anterior, se desprende que el acto aquí reclamado deriva de un contrato de prestación de servicios, donde interviene la voluntad de ambos contratantes, lo que coloca a ambas partes en un plano de igualdad, por ello, el acto que emane de una de las partes, en el caso, de la Comisión Federal de Electricidad, carece de la naturaleza de un acto de autoridad, pues la relación jurídica entre los particulares usuarios del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación) sino a una relación de coordinación entre aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos. De ahí que los referidos actos dentro de esa relación, no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino de la mera consecuencia del contrato de suministro de energía eléctrica; por tanto, se reitera, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sin que pase desapercibido para este Juzgador, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: . Lo anterior, pues en el presente caso, se considera que no se está en un supuesto de excepción, para considerar a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que dicha empresa se encuentre realizando actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes dentro del contrato de servicio de prestación de energía eléctrica, ni mucho menos, se desprende la aplicación de normas que se estimen inconstitucionales, o que se coloque a la impetrante en estado de vulnerabilidad al gobernado. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, y procede desechar de plano, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. . Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizado únicamente para tal efecto a XXX, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni tampoco dato que lo acredite como licenciado en derecho. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. . Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, . hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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