Bernardo Mendoza Pedroza
Expediente 969/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Bernardo Mendoza Pedroza
- Comisión Federal Para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en apoyo a su ordinal 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por EL ACTUARIO JUDICIAL DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, mediante el cual remite transcripción del proveído dictado el veintidós de agosto del año en curso, dentro del recurso de queja 222/2019, de su índice, a través del que declara firme el auto por el cual desecho dicho recurso, promovido por el quejoso. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo General de mérito, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de agosto de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 24013/2019 mediante el cual se remitieron copias certificadas del juicio de garantas en que se actúa así como de diversas constancias que refiere al Tribunal de Alzada en cita y asimismo comunica a este Juzgado Federal que esa superioridad desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto dictado el veintidós de julio del dos mil diecinueve en el presente incidente de suspensión; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2125/2019 de esa fecha), ante Julián Pantaleón Suarez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. VJRH
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil diecinueve. Por recibido el escrito de Bernardo Mendoza Pedroza, directo quejoso, mediante el cual refiere interponer recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la presente demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de veintidós de julio actual, por la que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Materias Penal y Administrativa en turno, copia certificada del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja, así como de las demás constancias necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. VJRH
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo presentada por BERNARDO MENDOZA PEDROZA, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Fórmese el expediente 969/2019 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. SE DESECHA LA DEMANDA. Ahora, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, la parte promovente señala como autoridades responsables y acto reclamado en la demanda de amparo los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: Única. La comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, con domicilio ubicado en Oklahoma número 14, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Cd. De México, C.P. 03810. IV.-ACTOS RECLAMADOS: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE 1.- La negativa a otorgarme a mi favor una autorización para el consumo individual del estupefaciente conocido y denominado como Cannabis Sativa (indica americana o mariguana, su resina, preparados y semilla, así como psicotrópico, THC, (tetra hidrocanabinol, y los isómeros A6a (10., A6a (7) A7, A8, A9 (11) Y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente mariguana o cannabis), 2. La negativa a que dicha autorización, señale que el Suscrito pueda de manera efectiva consumir mariguana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos y recreativos. 3.- Así mismo se me negó la autorización para ejercer los derechos correlativos al auto consumo de la mariguana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento posesión, transporte en cualquier forma, empleo uso, consumo y en general todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de la mariguana, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución enajenación y transferencia de la misma. Negativa que se me dio, mediante oficio número 193300 EL350343, de fecha 17 de junio del 2019, que me fue notificado el 2 de julio del presente año. Así, es importante precisar que del estudio integral del escrito inicial de demanda y de la causa de pedir contenida en ésta, se puede deducir que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en el oficio número 193300EL350343, de diecisiete de junio del dos mil diecinueve, emitido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el que le negó al quejoso la autorización solicitada. Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda y sus respectivos anexos, con apoyo en lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna, en relación con los artículos 61, fracción XX, y 113 de la ley de la materia, este órgano constitucional estima que debe desecharse el libelo de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución" LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" [.]" De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en esta materia, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Es oportuno precisar, que si de acuerdo a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan", entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En apoyo a tal consideración, cabe citar por analogía la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 18, en la página 27, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000, actualización 2001, al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Bajo esa premisa, resulta pertinente traer a colación los artículos 17 bis y 438 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro que señala: LEY GENERAL DE SALUD "ARTÍCULO 17 bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. [.] ARTÍCULO 438. Contra actos y resoluciones de las autoridades sanitarias que con motivo de la aplicación de esta Ley den fin a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados podrán interponer el recurso de inconformidad." De los numerales transcritos se puede advertir que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, y que sus atribuciones se ejercen con base en lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como demás ordenamientos aplicables que le sean correspondientes. Asimismo, el artículo 438 establece que en contra de los actos y resoluciones emitidos por las autoridades sanitarias previstas por la Ley General de Salud, como es el caso de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, procederá el recurso de inconformidad. Por otra parte, el artículo 3º, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el artículo 23, fracción III, inciso 1), inciso d), del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establecen: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; (.)" Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa "Artículo 23.- El Tribunal contará con Salas Regionales Especializadas cuya denominación, sede, competencia y materia de conocimiento será la siguiente: (.) III.- Una Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, con sede en el Distrito Federal, que tendrá competencia material en todo el territorio nacional para: 1) Tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que encuadren en los supuestos previstos por las fracciones III, XI, XII y XIV, penúltimo y último párrafo, del artículo 14 de la Ley, dictadas por los Órganos Reguladores a que se refiere esta fracción, Secretarías de Estado, entidades de la Administración Pública Federal, así como por las entidades federativas en los casos de coordinación y concurrencia previamente establecidos en la legislación correspondiente, directamente relacionadas con las materias que sean competencia de los Órganos Reguladores de la Actividad del Estado. Para los efectos de esta fracción, los Órganos Reguladores de la Actividad del Estado son únicamente los siguientes: (.) d) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en lo que resulte competente y no sea del conocimiento de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual". En términos del numeral 3°, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se establece la procedencia del juicio de nulidad en contra de resoluciones que resuelvan recursos administrativos. Asimismo, de conformidad con el artículo 23, fracción III, inciso 1), inciso d), del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho órgano cuenta con una Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, la cual conocerá de los actos que dicten los Órganos Reguladores de la Actividad del Estado y, que en términos del inciso d) transcrito lo será de los actos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Atento a ello, este Juzgado de Distrito estima que previamente a impugnarse en la presente instancia constitucional el acto aquí reclamado, debió combatirse a través del recurso de inconformidad previsto en la Ley General de Salud y, en su caso, lo resuelto en dicho recurso administrativo, podrá ser impugnado mediante el juicio de nulidad en términos del citado artículo 3°, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se estima lo anterior, en virtud de que por una parte, la referida Ley General de Salud, prevé la procedencia del recurso de inconformidad contra actos de las autoridades sanitarias y por otra, la ley orgánica del tribunal en comento, precisa que el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es procedente contra resoluciones dictadas en los recursos administrativos. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del recurso de inconformidad y, en su caso, el juicio de nulidad, si estos no se agotan previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad como lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo antes expuesto, se puede concluir que el acto reclamado en el presente juicio de amparo puede y debe ser impugnado mediante el recurso de inconformidad y, en su caso, mediante el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a los artículos 438 de la Ley General de Salud, y 3°, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, máxime que los requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión de la ejecución de los actos, en términos de los numerales 24 a 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no son mayores para obsequiar la medida suspensional a lo que establecen los numerales 125, 128, 129, 131, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo. Ello es así, en la medida de que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse; sin que para ello sea obstáculo, que en el artículo 75 de la citada Ley de Justicia Administrativa, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. En las relatadas condiciones, en contra del acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en el oficio 193300EL350343, de diecisiete de junio del dos mil diecinueve, emitido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el que le negó a la quejosa la autorización solicitada, procede el recurso de inconformidad previsto en el artículo 438 de la Ley General de Salud y, en su caso, el juicio de nulidad a que se refiere el artículo 3°, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en consecuencia, la parte quejosa está obligada a respetar el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo que significa que es improcedente el juicio de amparo en esta vía bi-instancial, ya que el referido acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común en términos de los preceptos citados en párrafos precedentes, ya que son estos los que en su caso rigen al acto reclamado y podrían modificar o revocar o, en su caso, decretar su nulidad. Cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, en primer lugar, porque como ya se dijo, a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el uno de diciembre de dos mil cinco, prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, en términos de los artículos 24 a 28, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirven de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J27/2016 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, decima época, libro 28, marzo de 2016, tomo II, pagina 1194, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." En otro punto, tampoco se actualiza la excepción de falta de fundamentación, porque de la lectura al oficio número 193300EL350343, de diecisiete de junio del dos mil diecinueve, se advierte que no carece de fundamentación, pues se encuentra fundado en los artículos 4º, párrafo cuarto, 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º, fracción I, 14, 17, 26 y 39, fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 1, 3, fracciones I, XXII y XXVIII, 4 fracción III, 13, inciso a), fracciones IX y X, 17 bis, fracción IV, 194 último párrafo, 194 bis, 197, 204, 212, 221, 222, 222 bis, 223, 368, 371, 376, 376 bis, fracción I, 378 y 393 de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15, 15-A y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c), fracción x, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 2, 8, 10, 16, 153, 155, 167, 173, 174, 177, 185, 186, 187 y 188 del Reglamento de Insumos para la Salud; 1, 3, fracción I, inciso b, fracciones VII y XIII, 4, fracción II, inciso c, 11, fracciones VI, XI y 14, fracción I, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; lo que lleva a la convicción, sin prejuzgar sobre su eficacia, que el acto no adolece de la cita de dispositivos legales y las razones que lo sustentan, por lo que, en su caso, podría configurarse una indebida o incorrecta fundamentación y motivación, en cuyo supuesto, la parte demandante está obligada a respetar el principio de definitividad. De este modo, queda claro que la parte quejosa conoce los fundamentos que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en una indebida y no en una falta de fundamentación. Sirve de apoyo el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época con número de registro 230849, publicada en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, página 48, cuyo texto y rubro son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL. NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN. La violación directa de la Constitución sólo ocurre en primer lugar, cuando se reclama exclusivamente violación a la garantía de audiencia y en segundo cuando se señala que el acto reclamado se encuentra absolutamente infundado e inmotivado, de tal manera que el agraviado se encuentra en estado de indefensión al no contar con los datos suficientes para elegir el medio de defensa ordinario, por desconocer en qué se apoya el acto de molestia." Por otro lado, en relación de que no es obligación del promovente agotar los recursos o medios de defensa cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, al respecto, la parte quejosa aduce violaciones a los artículos 1, párrafo primero, segundo y tercero, 6, 14, 16, 17 y 18, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, no debe considerarse una violación directa al texto constitucional, porque las violaciones que alega el quejoso se actualizan únicamente por la aplicación de la prohibición que existe al consumo lúdico de la cannabis sativa prevista en la Ley General de Salud; por lo que son de considerarse violaciones indirectas; de suerte que tampoco se actualiza esta excepción al principio en estudio. Lo anterior pone de manifiesto que efectivamente la parte agraviada si bien aduce violaciones directas a la Constitución General de la República, de igual forma hace valer cuestiones de legalidad o violaciones indirectas, lo cual tiene singular relevancia, porque como se explicó en los párrafos que anteceden si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Carta Magna, no opera excepción alguna al principio de definitividad. Debe decirse que la parte quejosa no se ubica en este caso de excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se impugna al mismo tiempo en la demanda de amparo, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. Esto es así, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, en virtud de que la parte agraviada sólo puede atacar adecuadamente el acto ante el Juez de Distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, como ocurre en el caso, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito. Cobra aplicación, por su contenido y alcance, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." De igual manera, el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época con número de registro 230849, publicada en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, página 48, cuyo texto y rubro son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL. NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN. La violación directa de la Constitución sólo ocurre en primer lugar, cuando se reclama exclusivamente violación a la garantía de audiencia y en segundo cuando se señala que el acto reclamado se encuentra absolutamente infundado e inmotivado, de tal manera que el agraviado se encuentra en estado de indefensión al no contar con los datos suficientes para elegir el medio de defensa ordinario, por desconocer en qué se apoya el acto de molestia." Por otro lado, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales. Consecuentemente, debe determinarse a continuación si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo de su primera aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación; en ese sentido, de la demanda de cuenta no se advierte que el promovente reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. 2. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, si bien la parte quejosa aduce violaciones a sus derechos fundamentales; es de apreciarse que no le asiste el carácter de tercero extraño, ya que el acto que por esta vía reclama no emana de un procedimiento administrativo seguido en su contra en forma de juicio, ya que únicamente deriva de una solicitud que presentó el siete de febrero de dos mil diecinueve, ante la Comisión Federal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Secretaria de Salud. Aunado a que el acto reclamado se encuentra dirigido a la aquí quejoso Bernardo Mendoza Pedroza, por lo que es inconcuso que no es tercera extraña para efectos del juicio de amparo, pues el acto aquí combatido le fue entregado jurídica y materialmente. Así, se observa la parte quejosa conoce plenamente del acto reclamado, lo que corrobora y deja entrever que no tiene el carácter de tercero extraño, sin menoscabo de que está en aptitud de acudir ante la autoridad responsable a efecto de interponer el recurso administrativo procedente, o bien, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según se vio, a exponer sus defensas. Sirve de apoyo, por identidad de razones, la Jurisprudencia 50, de la Novena Época, con registro número 920720, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice (actualización 2001), Tomo VI, Común, página 67, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Consecuentemente, ya que no se verificó excepción alguna al principio de definitividad, se estima que debió promoverse el recurso de inconformidad o en su caso, juicio de nulidad antes de acudir a la instancia constitucional. Así, la parte promovente está obligada a agotar el principio de definitividad que rige la materia, en tanto que el hecho de que el acto reclamado pueda obtener la cualidad de ser irreparable, no la exime de hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en su contra, como es precisamente el recurso de inconformidad o bien el juicio de nulidad, ya que la definitividad se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados. Corolario de lo expuesto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Es aplicable al presente asunto, por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea por que se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio , ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir un ajusticia pronta y expedita." Cabe destacar que la determinación anterior no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Se estima pertinente citar la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." DOMICILIO. Por otra parte, en relación al número telefónico que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar a tener dicho medio de comunicación para los fines que refiere, lo anterior toda vez no cumple con las reglas que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo, motivo por el cual las notificaciones que resulten de carácter personal se le efectuaran por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. HABILITACIÓN ACTUARIOS. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. TRANSPARENCIA. se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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