Bernardo Martínez Ocampo
Expediente 416/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Bernardo Martínez Ocampo
- BERNARDO MARTÍNEZ OCAMPO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, vista que fue desahogada por los quejosos Bernardo Martínez Ocampo y Sergio Jiménez Ocampo; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el JUEZ SEXTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, realizara lo siguiente: ... Ahora bien, de las constancias que envió el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se advierte que en el proceso 90/2016 de su índice, realizó lo siguiente: 1. Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de este año dejó insubsistente el punto SEGUNDO del acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciséis emitido en dicha causa, en el cual proveyó los careos e interrogatorios ofrecidos por el defensor de los inculpados y, en su lugar, habilitó al personal judicial actuante para que se constituyen en la rejilla de prácticas del juzgado habilitado a fin de que los procesados, asociados de su defensor particular, manifestaran de viva voz si persistían o no con el desahogo de tales medios. 2. Siendo las diecinueve horas de la misma data los quejosos Bernardo Martínez Ocampo y Sergio Jiménez Ocampo, así como su defensor particular, se desistieron del desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del término constitucional. 3. El veintiocho de septiembre pasado: Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado emitido en contra de los quejosos el trece de marzo de dos mil dieciséis, así como el diverso de veintidós de agosto de este año, por el cual pretendió acatar la ejecutoria de amparo. Dejó insubsistente la declaración preparatoria rendida por el indiciado Sergio Jiménez Ocampo, el dieciséis de agosto de la presente anualidad. Ordenó la inmediata presentación del citado inconforme a fin de recabar su declaración preparatoria. A las dieciséis horas de la misma data el quejoso Sergio Jiménez Ocampo rindió su declaración preparatoria, en la cual manifestó entender y hablar perfectamente el idioma español (castellano) y que no es su deseo que se notifique a la embajada o consulado Estadounidense. 4. Finalmente, el veintiocho de septiembre de este año resolvió la situación jurídica de los inconformes en la que: Determinó que deberán aplicarse las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza de los ilícitos concretados, es decir, para el delito de trata de personas, la adecuación normativa tendrá fundamento en la legislación especial y en lo no previsto en la misma conforme a los ordenamientos aplicables supletoriamente, mientras que para el delito local, el ordenamiento jurídico penal del Estado de Puebla. II. Estableció que el proceso deberá regirse por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente. III. Prescindió de tomar en consideración la declaración ministerial de Sergio Jiménez Ocampo, al tratarse de una prueba obtenida en forma ilícita. IV. Excluyó, de citar como sustento, el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos. 5. Notificó dicha resolución a los quejosos y a su defensor. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Puebla, en cumplimiento a la ejecutora de amparo, informó quedar enterado de la determinación adoptada por la juez responsable en cumplimiento al fallo protector. En las condiciones relatadas y con independencia de que sea correcto o no el estudio de fondo del auto de formal prisión, pues ese tema no fue motivo de estudio en la sentencia al no haberse considerado necesario, este juzgado estima que la sentencia dictada se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable ordenadora; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de los quejosos Bernardo Martínez Ocampo y Sergio Jiménez Ocampo en el sentido de que la ejecutoria no se encuentra cumplida por los motivos siguientes: Que la juez responsable, al momento de resolver su situación jurídica, debió tomar en consideración la determinación de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en el toca 380/2016, de la cual adjuntaron copia certificada, en la cual se advirtió una afectación al derecho humano de la libertad respecto de su coprocesada Karen Daniela Castro Bárcenas, ordenándose su inmediata libertad. Que la autoridad responsable, al resolver la situación jurídica de los inconformes, soslayó lo resuelto al dar cumplimiento a los diversos juicios de amparo 414/2016 y 343/2016 de esta estadística, en los cuales dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, puesto que tomó en consideración los lineamientos establecidos en la determinación de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en el toca 380/2016. Que la juez responsable no aplicó los mismos criterios para resolver la situación jurídica de los aquí quejosos y la de sus coprocesados, pues se trata de los mismos hechos. Ahora bien, los aspectos aducidos por los quejosos no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad responsable: Dejara insubsistente el acto reclamado. Atendiera la violación procesal destacada. Aplicara las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza de los ilícitos concretados. Rigiera el proceso penal por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente. Finalmente, prescindiera de citar como sustento del acto reclamado el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, así como la declaración ministerial de Sergio Jiménez Ocampo, al tratarse de una prueba obtenida en forma ilícita. Por tanto, si en el caso la autoridad responsable mediante resolución de veintiocho de septiembre de este año determinó dictar auto de formal prisión contra Bernardo Martínez Ocampo y Sergio Jiménez Ocampo, al señalar que las pruebas que obran en la indagatoria son suficientes para acreditar los elementos del cuerpo de los delitos de trata de personas y corrupción de menores, así como la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión, ello no contraviene lo establecido en el fallo protector, pues lo que alega son cuestiones de legalidad y ajenas que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, ya que, previo a concluir en los términos que lo hizo, atendió la violación procesal destacada y, con posterioridad, dejó insubsistente la resolución tildada de inconstitucional, aplicó las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza de los ilícitos concretados, rigió el proceso penal por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente y, finalmente prescindió de citar como sustento del acto reclamado el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, así como la declaración ministerial de Sergio Jiménez Ocampo, al tratarse de una prueba obtenida en forma ilícita, tal y como se le estableció en la sentencia amparadora. Por tanto, el actuar de la juez responsable no conlleva a determinar que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, puesto que en la ejecutoria nada se dijo en el sentido de que el juez responsable se encontraba constreñido a actuar en algún sentido, es decir, acogerse a lo establecido por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en el toca 380/2016. Entonces, al no haberse fijado lineamentos en los términos antes establecidos, previo a acatar lo citado en el fallo protector, el juez responsable se encontraba en posibilidad de actuar con libertad de jurisdicción, como aconteció. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LA DIVERSA TERCERA INTERESADA.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, vista que fue desahogada por los quejosos Bernardo Martínez Ocampo y Sergio Jiménez Ocampo; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el JUEZ SEXTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, realizara lo siguiente: ... Ahora bien, de las constancias que envió el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se advierte que en el proceso 90/2016 de su índice, realizó lo siguiente: 1. Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de este año dejó insubsistente el punto SEGUNDO del acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciséis emitido en dicha causa, en el cual proveyó los careos e interrogatorios ofrecidos por el defensor de los inculpados y, en su lugar, habilitó al personal judicial actuante para que se constituyen en la rejilla de prácticas del juzgado habilitado a fin de que los procesados, asociados de su defensor particular, manifestaran de viva voz si persistían o no con el desahogo de tales medios. 2. Siendo las diecinueve horas de la misma data los quejosos Bernardo Martínez Ocampo y Sergio Jiménez Ocampo, así como su defensor particular, se desistieron del desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del término constitucional. 3. El veintiocho de septiembre pasado: Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado emitido en contra de los quejosos el trece de marzo de dos mil dieciséis, así como el diverso de veintidós de agosto de este año, por el cual pretendió acatar la ejecutoria de amparo. Dejó insubsistente la declaración preparatoria rendida por el indiciado Sergio Jiménez Ocampo, el dieciséis de agosto de la presente anualidad. Ordenó la inmediata presentación del citado inconforme a fin de recabar su declaración preparatoria. A las dieciséis horas de la misma data el quejoso Sergio Jiménez Ocampo rindió su declaración preparatoria, en la cual manifestó entender y hablar perfectamente el idioma español (castellano) y que no es su deseo que se notifique a la embajada o consulado Estadounidense. 4. Finalmente, el veintiocho de septiembre de este año resolvió la situación jurídica de los inconformes en la que: Determinó que deberán aplicarse las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza de los ilícitos concretados, es decir, para el delito de trata de personas, la adecuación normativa tendrá fundamento en la legislación especial y en lo no previsto en la misma conforme a los ordenamientos aplicables supletoriamente, mientras que para el delito local, el ordenamiento jurídico penal del Estado de Puebla. II. Estableció que el proceso deberá regirse por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente. III. Prescindió de tomar en consideración la declaración ministerial de Sergio Jiménez Ocampo, al tratarse de una prueba obtenida en forma ilícita. IV. Excluyó, de citar como sustento, el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos. 5. Notificó dicha resolución a los quejosos y a su defensor. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Puebla, en cumplimiento a la ejecutora de amparo, informó quedar enterado de la determinación adoptada por la juez responsable en cumplimiento al fallo protector. En las condiciones relatadas y con independencia de que sea correcto o no el estudio de fondo del auto de formal prisión, pues ese tema no fue motivo de estudio en la sentencia al no haberse considerado necesario, este juzgado estima que la sentencia dictada se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable ordenadora; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de los quejosos Bernardo Martínez Ocampo y Sergio Jiménez Ocampo en el sentido de que la ejecutoria no se encuentra cumplida por los motivos siguientes: Que la juez responsable, al momento de resolver su situación jurídica, debió tomar en consideración la determinación de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en el toca 380/2016, de la cual adjuntaron copia certificada, en la cual se advirtió una afectación al derecho humano de la libertad respecto de su coprocesada Karen Daniela Castro Bárcenas, ordenándose su inmediata libertad. Que la autoridad responsable, al resolver la situación jurídica de los inconformes, soslayó lo resuelto al dar cumplimiento a los diversos juicios de amparo 414/2016 y 343/2016 de esta estadística, en los cuales dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, puesto que tomó en consideración los lineamientos establecidos en la determinación de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en el toca 380/2016. Que la juez responsable no aplicó los mismos criterios para resolver la situación jurídica de los aquí quejosos y la de sus coprocesados, pues se trata de los mismos hechos. Ahora bien, los aspectos aducidos por los quejosos no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad responsable: Dejara insubsistente el acto reclamado. Atendiera la violación procesal destacada. Aplicara las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza de los ilícitos concretados. Rigiera el proceso penal por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente. Finalmente, prescindiera de citar como sustento del acto reclamado el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, así como la declaración ministerial de Sergio Jiménez Ocampo, al tratarse de una prueba obtenida en forma ilícita. Por tanto, si en el caso la autoridad responsable mediante resolución de veintiocho de septiembre de este año determinó dictar auto de formal prisión contra Bernardo Martínez Ocampo y Sergio Jiménez Ocampo, al señalar que las pruebas que obran en la indagatoria son suficientes para acreditar los elementos del cuerpo de los delitos de trata de personas y corrupción de menores, así como la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión, ello no contraviene lo establecido en el fallo protector, pues lo que alega son cuestiones de legalidad y ajenas que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, ya que, previo a concluir en los términos que lo hizo, atendió la violación procesal destacada y, con posterioridad, dejó insubsistente la resolución tildada de inconstitucional, aplicó las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza de los ilícitos concretados, rigió el proceso penal por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente y, finalmente prescindió de citar como sustento del acto reclamado el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, así como la declaración ministerial de Sergio Jiménez Ocampo, al tratarse de una prueba obtenida en forma ilícita, tal y como se le estableció en la sentencia amparadora. Por tanto, el actuar de la juez responsable no conlleva a determinar que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, puesto que en la ejecutoria nada se dijo en el sentido de que el juez responsable se encontraba constreñido a actuar en algún sentido, es decir, acogerse a lo establecido por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en el toca 380/2016. Entonces, al no haberse fijado lineamentos en los términos antes establecidos, previo a acatar lo citado en el fallo protector, el juez responsable se encontraba en posibilidad de actuar con libertad de jurisdicción, como aconteció. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LA DIVERSA TERCERA INTERESADA.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de los inconformes xxx con un anexo; visto su contenido, téngasele haciendo diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución que determine si la ejecutoria está cumplida o no.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, así como con los diversos con registro 26590 y 29199, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LA DIVERSA TERCERA INTERESADA.
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