Bernardo Magaña Ayuzo

Expediente 243/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
243/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Bernardo Magaña Ayuzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el expediente, se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables las siguientes: Autoridades ordenadoras: Jueces de Control y Juez Coordinador del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca. (Juez de Control de Huajuapán de León, Oaxaca, en su denominación correcta) Autoridades ejecutoras. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentados en el Distrito Judicial de Huajuapán de León, Oaxaca. Vicefiscalía en la Región de la Mixteca. Ahora, en ese contexto, se advierte que la autoridad responsable ordenadora al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso Bernardo Magaña Ayuzo. Con lo anterior, se concluye que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece la inejercitabilidad del juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existen los actos reclamados. No pasa desapercibido para este Juzgado, que las autoridades responsables Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentados en el Distrito Judicial de Huajuapán de León, Oaxaca y Vicefiscalía en la Región de la Mixteca no rindieron sus informes justificados ya que las mismas fueron señaladas como ejecutoras, y en párrafos descritos con anterioridad se advierte que la autoridad ordenadora negó la existencia de los actos reclamados. Bajo ese contexto, se hace extensiva la negativa de la autoridad responsable ordenadora, pues trasciende que las anteriores tienen carácter de ejecutoras; de ahí, que dicha responsables no tienen orden que cumplimentar. Por tanto, ante la inexistencia de los actos que el justiciable reclamó lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el tramo normativo citado. Sin que el sobreseimiento decretado fuera de la audiencia constitucional cause agravios al inconforme o lo prive de su derecho de defensa, ya que ni aun celebrándose esa diligencia el agraviado podría desvirtuar con prueba alguna la hipótesis de sobreseimiento invocada que se torna notoria, manifiesta e indudable debido a que todas las autoridades responsables negaron la existencia de las actuaciones atacadas, razones por las cuales el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional lo procedente es resolver fuera de audiencia. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de impocedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de la decisión adoptada, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las dieciséis horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo del año en curso. Por último, agréguense únicamente para que obren como correspondan los alegatos que formula la Fiscal Federal adscrita a este órgano de control constitucional, en virtud que como se indicó en los párrafos que anteceden, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. No obstante lo anterior, como lo solicita, con fundamento en lo estatuido por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele copia certificada de este proveído. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca, no obstante ya se había recibido en auto veintitrés de marzo pasado; sin embargo, en el informe recibido en el citado proveído se aprecia que fue rendido a nombre de **, siendo lo correcto **, como se desprende de la demanda de amparo y del informe justificado que se agrega en el presente acuerdo. En consecuencia, con lo anterior dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

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