Bernardo Lorenzo Torralba Castro

Expediente 727/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
727/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Bernardo Lorenzo Torralba Castro
  • Guillermina Vargas Galvez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 19139, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual, informa que toma conocimiento del auto dictado por esta autoridad el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, y en consecuencia, continua con el trámite del juicio de amparo 377/2019 de su índice, señalando las diez horas con cincuenta minutos del treinta de agosto del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, toda vez que no existe trámite pendiente por realizar, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 21425/2019 de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y, en atención a su contenido, téngasele devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 245/2019, número de orden 875/2019, del índice de este juzgado, del que se advierte que el nueve de agosto del presente año, la Actuaria judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional notificó por medio de lista, previo citatorio, a los quejosos Guillermina Vargas Gálvez y Bernardo Lorenzo Torralba Castro, el acuerdo dictado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en el expediente en que se actúa. Dese de baja el exhorto 245/2019, número de orden 875/2019 del índice de este juzgado, tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, pues como la autoridad exhortada lo manifestó, éste se generó automáticamente vía electrónica. Ahora bien, toda vez que por auto de treinta y uno de julio de dos mi diecinueve, se les requirió a los promoventes para que en el término de tres días, señalaran domicilio en esta ciudad de Puebla, toda vez que ese término ha fenecido, se ordena notificar el presente auto y los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES Y RADICACIÓN. Agréguese a los autos el oficio 16518/2019, signado por el secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, al cual adjunta el juicio de amparo 377/2019, promovido por Bernardo Lorenzo Torralba Castro y Guillermina Vargas Gálvez. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 727/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. De dichas constancias se advierte que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Bernandro Lorenzo Torralba Castro y Guillermina Vargas Gálvez, un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, por razón de territorio, al respecto se provee lo siguiente: INCOMPETENCIA. De las constancias que integran el juicio de amparo 377/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, se advierte que mediante proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, el titular de dicho órgano jurisdiccional, tomo como consideraciones para plantear la incompetencia de que se trata, las siguientes: "(.) Así, en el referido auto admisorio, se tuvo por desechada la demanda de amparo respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) que antecede, y se determinó que el presente asunto versaria únicamente respecto de la orden de detención dictada en contra de los impetrantes así como su ejecución. De igual forma, de los antecedentes expresados bajo protesta de decir verdad por los quejosos, se desprende que en diversas partes del escrito de demanda, manifestaron tener su domicilio en calle Potreros de los Tres Pozos sin número, Rancho Potrero de los Tres Pozos Chila, Puebla, como a continuación se transcribe: (.) Máxime, que de los anexos exhibidos con la demanda de amparo se desprenden diversas constancias consistentes en copias simples de su credencial para votar, de las que se aprecia que efectivamente tienen su domicilio particular en Calle potreros de los tres pozos sin número, rancho potrero de los tres pozos chila, Puebla, En ese tenor, si el acto reclamado por el cual versa el presente asunto lo constituye la orden de detención dictada en su contra, así como su ejecución la cual tendría verificativo en el Estado de Puebla, por ser ahí donde los aquí quejosos tienen su domicilio particular, resulta evidente que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Por ello, se estima que este Juzgado carece de competencia para conocer del presente asunto, pues la orden de aprehensión que aquí se combate tendrá en su caso ejecución en el Estado de Puebla; luego entonces, resulta legalmente competente por razón de territorio, para conocer del presente asunto, los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla." Sin embargo, el suscrito Juez de Distrito, muy respetuosamente, no acepta la competencia legal declinada en favor de este Juzgado de Distrito de Amparo Materia Penal en el Estado de Puebla. En primer término, para una mejor comprensión de las razones por las cuales este Juzgado Federal determina no aceptar la competencia legal declinada, conviene narrar las actuaciones que se llevaron a cabo en el juicio de amparo indirecto 377/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, a saber: Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Bernardo Lorenzo Torralba Castro y Guillermina Vargas Gálvez, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Fiscal General del Estado de Oaxaca y otras autoridades, el cual fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. Por auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, realizó lo siguiente: Radicó la demanda bajo el número de amparo 377/2019; Desechó de plano sobre los actos reclamados por los quejosos consistente en la declaración obtenida dentro de la carpeta de investigación número 2812/HL/2018 que está integrando el Titular de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, donde también se pronunció sobre las amenazas psicológicas y físicas, así como tormento y tortura física, psicológica y moral que señalaron los quejosos haber sufrido; y, Admitió a trámite la demanda respecto del acto consistente en la orden de detención y su ejecución. Seguida que fue la secuela procesal, por autos de siete y veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, tuvo por recibidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables (fojas 36 y 38, en su orden, del juicio de amparo 377/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec). Mediante proveído de veintiocho de junio pasado (foja 64 del juicio de amparo 377/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec), señaló las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional; y, El doce de julio del actual (fojas 73 a 76 del juicio de amparo 377/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec), se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Bernardo Lorenzo Torralba Castro y Guillermina Vargas Gálvez, los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, al considerar que los actos de ejecución se llevarán a cabo en el Estado de Puebla. Ahora bien, el suscrito juzgador respetuosamente no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante, ya que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Lo anterior, lleva a establecer que un juzgador puede abstenerse de conocer de un asunto por incompetencia en razón de territorio, materia, cuantía o grado, siempre y cuando se haga en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda, ya que en atención al principio, previsto implícitamente en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de que los órganos jurisdiccionales no pueden revocar sus propias determinaciones, una vez aceptada tácita o expresamente la competencia por parte de un Juez de Distrito éste, de manera oficiosa, no puede declinar aquélla a favor de otro, sino hasta que se dicte sentencia y en ésta estudie nuevamente el tema. De lo contrario, se contravendrían las garantías del debido proceso y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la parte quejosa no tendría certeza de qué autoridad es la que tramitará el juicio que promovió, pues a discreción y en cualquier momento procesal, se analizarían cuestiones relativas a la competencia. Así, en el caso se advierte que en proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, se avocó al conocimiento del asunto, tan es así que, por un lado, desechó de plano la demanda y por otro lado, admitió a trámite la misma; actuaciones con las que indudablemente asumió tácitamente la competencia para conocer de la demanda planteada. Máxime, que el artículo 48 de la Ley de Amparo prevé expresamente que, en el caso de que se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito que estime carecer de competencia, éste la remitirá de plano, con sus anexos, al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, lo cual no ocurrió en el caso que se analiza, pues el Juez declinante admitió la demanda de amparo de estudio. A mayor abundamiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la referida ley, el Juez de Distrito tiene un plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, para resolver si desecha, previene o admite, lo que en el caso no aconteció, pues dicho plazo fue claramente excedido, al haberse presentado la demanda el dos de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, la cual fue turnada el mismo día, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. Luego, de los antecedentes que se precisaron en párrafos anteriores, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente concluye que el trámite dado al asunto no se ajustó al procedimiento establecido en el numeral precisado, respecto al tópico que se analiza. Por lo que, esta autoridad Federal considera que, a efecto de dar certeza jurídica al justiciable Bernardo Lorenzo Torralba Castro y Guillermina Vargas Gálvez, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, será quien debe continuar con la tramitación del juicio y, una vez que celebre la audiencia constitucional, si determina que carece de competencia legal para resolver el asunto, entonces pronunciarse al respecto, ya que al haberse admitido la demanda de amparo en estudio el dos de mayo pasado, el juez declinante aceptó su competencia legal para conocer del asunto. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN TÁCITA. Tratándose de conflictos competenciales entre tribunales sujetos a diferente régimen, si el tribunal en favor del cual se declina la competencia, al recibir el oficio del declinante, no se pronuncia expresamente sobre su competencia, pero dicta un proveído previniendo a la parte actora para que ajuste su demanda a los requisitos legales establecidos por la ley que regula el régimen al que se encuentra sujeto, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda, es indudable que tal auto constituye aceptación tácita de su competencia. Lo anterior porque al ser la competencia un presupuesto procesal de análisis preferencial a la procedencia o improcedencia de la demanda, de considerarse incompetente el tribunal lo hubiera declarado así, en vez de dictar un proveído por el que se decidirá el destino de la demanda, el cual sólo puede llevar a cabo el órgano jurisdiccional que se considera competente para conocer del negocio, pues en tal hipótesis es claro que el auto de prevención no puede tener como finalidad únicamente la de allegarse información, incluso para saber si se es competente o no, en virtud de los términos en que se sustenta la incompetencia del declinante por razón del régimen y en atención a la materia de la reclamación. Consecuentemente, atendiendo a las peculiaridades de este tipo de cuestiones competenciales por declinatoria no jurisdiccionales, debe considerarse que el auto de prevención dictado por el tribunal en favor del cual se declina una competencia para que la parte actora ajuste su demanda a los requisitos previstos en la ley que funda la competencia del tribunal, constituye el acto de aplicación que actualiza el perjuicio que la ley le causa para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente, no comparte las consideraciones que esgrimió el juez oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Bernardo Lorenzo Torralba Castro y Guillermina Vargas Gálvez, contra la orden de detención dictada en su contra y su ejecución. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase el expediente recibido; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo e informe la determinación que adopte sobre la competencia planteada. DOMICILIO. Toda vez que los quejosos señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ignacio de la Llave 107 de la colonia Reforma Agraria, en la ciudad de Oaxaca, se provee: Con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON SEDE EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, EN TURNO, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: Notifique este auto a los quejosos Bernardo Lorenzo Torralba Castro y Guillermina Vargas Gálvez, en el domicilio ubicado en calle Ignacio de la Llave 107 de la colonia Reforma Agraria, en la ciudad de Oaxaca. Corra traslado con copia autorizada del presente acuerdo; Los requiera en el acto de la diligencia o le haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, comparezcan ante este Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, y señalen domicilio donde reciban sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla. Apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar; y, En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese vía electrónica el exhorto de referencia. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. AUTORIZADOS. En términos del párrafo segundo, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las personas designadas, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no haber proporcionado los datos necesarios para tal efecto. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a los quejosos, vía exhorto, y mediante oficio al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec.

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