Bernardo Lira Rivera
Expediente 322/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bernardo Lira Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que no se concedió medida cautelar, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 322/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de la autoridad responsable el Juez Primero de lo Familiar del Centro: A).- La medida precautoria dictada por el Juez Primero de lo Familiar, en el expediente número ********************, consistente en librar oficio al Registrador del Distrito Judicial del Centro del Instituto de la Función Registral para que ordenen a quien corresponda, no realice ningún acto traslativo de dominio ni de garantía respecto de un bien inmueble de mi propiedad." Actos que estima violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, la que en veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, asignándole el número de expediente 322/2022; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se emplazó a la tercera interesada, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La medida precautoria consistente en librar oficio al Registrador del Distrito Judicial del Centro del Instituto de la Función Registral para que ordene a quien corresponda, no realice ningún acto traslativo de dominio ni de garantía respecto de un bien inmueble de su propiedad, dictada por el Juez Primero de lo Familiar, en el expediente ******************** de su índice. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo al mismo, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral segundo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, con número de registro 394182, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, página 153, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal de orden público que debe ser examinado de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo, lo aleguen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, atento a lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este órgano jurisdiccional considera se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." [.]" Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La transcrita disposición legal prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; ello, habida cuenta que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, consultable en la página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187016, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el caso, contra el acto reclamado el quejoso debió, en primer lugar, agotar el recurso ordinario previsto en la ley aplicable previo a acudir a esta instancia constitucional ordinaria, tal como lo establecen los artículos 243 y 244 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los cuales establecen: "Artículo 243.- La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria puede reclamarla en cualquier tiempo; pero antes de la sentencia ejecutoria; para ese efecto se le notificará dicha providencia, caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. La reclamación se substanciará en forma incidental. Artículo 244.- Igualmente puede reclamar la providencia precautoria un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Esta reclamación se ventilará por cuaderno separado y en juicio sumario." De los citados preceptos, se desprende con claridad que las providencias cautelares se pueden impugnar mediante el correspondiente incidente de reclamación, el que procede en cualquier tiempo, hasta antes de emitirse la sentencia ejecutoria, en caso de que previamente se haya promovido el juicio correspondiente; medio de defensa idóneo para lograr la modificación o revocación de la resolución reclamada, en efecto, debe puntualizarse que si bien las providencias precautorias se decretan sin audiencia previa, ello no implica que la persona contra la cual se dirige la medida cautelar esté vinculada a soportar la ejecución, o un tercero que aduzca un derecho de posesión sobre el bien inmueble retenido precautoriamente, se encuentren imposibilitados de ejercer su legítimo derecho a defenderse u oponerse, pues ello naturalmente contravendría el derecho fundamental tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que en el caso acontece, ya que de las constancias remitidas por la responsable se obtiene que el juicio civil ******************** del que deriva el acto reclamado, se encuentra en trámite, y hasta este momento no se ha dictado la resolución que culmine ese asunto, entonces el quejoso no tiene la calidad de persona extraña al juicio, porque conoció de la existencia de ese procedimiento, de sus datos de identificación y la autoridad ante la cual se instrumenta antes de que pueda pronunciarse la resolución final respectiva, por lo que está en aptitud de incorporarse al procedimiento respectivo para hacer valer los recursos y los medios ordinarios de defensa previstos por la ley para ejercer su derecho fundamental de defensa. Es aplicable por las razones que la sustentan la Jurisprudencia PC.III.C. J/30 C (10a.), localizable a fojas 1872, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo III, Materias Común, Civil, Décima Época, registro digital 2014524, que establece: "INCIDENTE DE RECLAMACIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 1187 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN SU TEXTO ANTERIOR AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 10 DE ENERO DE 2014. EL AFECTADO CON ALGUNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DEBE CONTROVERTIRLA CON AQUEL MEDIO DE DEFENSA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 526/2013, que dio origen a la tesis aislada 1a. XLVI/2015 (10a), de título y subtítulo: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA. EL DERECHO A RECLAMARLA POR EL AFECTADO NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA DILIGENCIA SE ENTIENDA CON OTRA PERSONA.", estableció, entre otras cosas, que es imperativo legal que la persona contra la que se ordenó la providencia conozca el contenido del acto del Juez en el cual se decretó, para que pueda combatirla eficazmente, si se toma en cuenta que es en ese acto donde el Juez expone las razones y los fundamentos por los cuales consideró procedente otorgar la medida cautelar y que las afectaciones que puedan resentirse con una providencia precautoria más bien derivan de no encontrarse justificadas al no existir algún peligro en la demora o por no acreditarse el interés jurídico del solicitante. De ello, deriva que el incidente de reclamación previsto en el artículo 1187 del Código de Comercio, en su texto anterior al decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, procede contra la providencia precautoria, una vez que la diligencia se practique directamente con el interesado o con su representante, o bien, se le haya notificado su práctica pudiendo, en ese incidente, controvertir directamente la resolución que concedió la medida precautoria y así obtener su revocación, nulificación o modificación; por lo que el perjudicado con el decreto que ordena dicha medida tiene la carga de agotar ese medio ordinario de defensa previo al ejercicio de la acción de amparo en su contra". También es aplicable, por similitud de las legislaciones y por los motivos que la sustentan, la tesis I.10o.C.15 C, visible en la página 1763, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materias Común, Civil, Décima Época, registro digital: 2011214, que señala: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE EL MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO IDÓNEO PARA IMPUGNARLAS, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Es de explorado derecho que, en la generalidad de los casos, las medidas o providencias precautorias se decretan sin audiencia previa, esto es, sin que el órgano judicial que las ordena oiga previamente a la persona contra la cual van dirigidas, debido a la existencia de los presupuestos de cautela, urgencia y peligro en la demora, que justifican ampliamente que se altere la necesaria bilateralidad que debe presidir el dictado de toda resolución judicial ya que, en caso contrario, se prevendría al afectado con la correspondiente notificación de lo solicitado, lo que frustraría la finalidad urgente y cautelar de la medida. Lo anterior no quiere decir que la persona contra la cual se dirige la providencia o medida cautelar esté vinculada a soportar la ejecución de ésta sin la posibilidad de ejercer su legítimo derecho a defenderse u oponerse, pues ello contravendría el derecho fundamental respectivo, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así como reconoce y tutela el derecho de acción -como la cautelar, entre otras-, hace lo propio con el derecho a defenderse u oponerse al ejercicio de ese derecho público subjetivo. En ese sentido, a fin de no afectar el derecho constitucional de defensa en juicio, ni el principio de bilateralidad, que subyacen de lo dispuesto por el primer párrafo del referido artículo 17, lo adecuado y recomendable es que el propio ordenamiento que prevé la posibilidad de decretar una medida cautelar contemple, a la vez, un medio de defensa ordinario mediante el cual la persona contra la cual se dirige esté en aptitud de controvertirla y obtener su revocación o modificación, so pena que, de no ser así, el ordenamiento legal respectivo adolezca del vicio de inconstitucionalidad, al no establecer un mecanismo ordinario que tutele el derecho de defensa de la parte afectada por la providencia cautelar. En este contexto se sitúa el incidente de reclamación a que alude el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que constituye el medio de defensa garante del derecho del afectado a ser oído dentro del procedimiento en el cual se dictó la providencia respectiva, lo que supone, a la vez, la tutela de su derecho de defensa; esto, si se parte del hecho de que el trámite de dicha incidencia, según se advierte del artículo 88 del ordenamiento invocado, le permite postular una pretensión opositora a la providencia cautelar, ofrecer pruebas para demostrarla y alegar lo que a su derecho convenga, con lo cual, se satisface plenamente el derecho de acción y defensa tutelado por el citado artículo 17, aunado al hecho de que el medio de defensa en contra de una providencia precautoria debe estar estatuido por el propio ordenamiento que la contempla, pues es en éste donde debe materializarse la tutela ordinaria del derecho a defenderse de la providencia respectiva. Pensar en sentido diverso, esto es, que el incidente en cuestión no conforma el medio de defensa ordinario idóneo para controvertir una providencia precautoria, implicaría aceptar que ésta es impugnable a través de alguno de los recursos ordinarios establecidos por el ordenamiento legal en consulta, o bien, a través del juicio de amparo -sin necesidad de agotar recursos de manera previa-, lo que supondría, en ambos casos, establecer un límite al derecho de impugnación, si se parte del hecho de que, en ambos casos, la posibilidad de ofrecer pruebas se encuentra limitada. En los recursos ordinarios esto ocurre debido a su propia naturaleza, pues constituyen sólo una instancia revisora del actuar del Juez de primer grado y, en el caso del juicio de amparo, por disposición expresa de la ley de la materia, que en su artículo 75 establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, lo que limita, como lo señala el propio precepto, la facultad de las partes para ofrecer pruebas cuando no hayan sido rendidas ante la autoridad responsable. Aunque ciertamente el segundo párrafo del referido artículo 75 prevé la posibilidad de que las partes ofrezcan pruebas en amparo indirecto, cuando no hubieren tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; no obstante, en el caso, ello sí resulta factible para el quejoso, pues cuenta con el derecho a promover el mencionado incidente de inconformidad previsto para la tutela ordinaria de su derecho de defensa en contra de la providencia precautoria respectiva". Lo anterior, sin que se en el caso se actualicen las excepciones al principio de definitividad establecidas en la referida fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la especie no se reclaman actos en materia penal (vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad del encausado), o que afecten la vida o libertad fuera de procedimiento, o bien, que sean de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el quejoso no es tercero extraño al procedimiento pues no se ostentó así; tampoco se actualiza la excepción a que alude el último párrafo del citado precepto legal, pues la procedencia del incidente de reclamación es categórico y no deja lugar a dudas, pues basta imponerse del contenido del artículo 243 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, para comprender la impugnabilidad del acto aquí reclamado, ante la propia autoridad ordinaria, por lo que no puede afirmarse que tal fundamento legal sea insuficiente para identificar el derecho a interponer el medio anulatorio, ni es necesario realizar ninguna conjetura o compleja interpretación adicional para hacerlo. Se cita en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2018, página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2017117, de título y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En consecuencia, si previo a la promoción del presente juicio de amparo, el quejoso debió impugnar vía incidental la medida cautelar de la que se duele, y no lo hizo, es inconcuso que no observó el principio de definitividad y, por ende, el juicio de amparo resulta improcedente. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ********************, respecto de los actos señalados en el considerando segundo de este fallo, reclamados al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en términos del último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta signado por Liliana Ramírez de Aguilar Constantino, téngasele apersonando al presente juicio de amparo con el carácter de tercera interesada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo a José Alberto Ramírez de Aguilar Méndez, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizó registro de su cédula profesional, y a las restantes personas únicamente para oír y recibir notificaciones. De igual manera, se le tiene como medios de contacto para entablar comunicación no procesal en el presente asunto el número telefónico 9511251429 y correo electrónico jaram2@yahoo.com.mx, que proporciona. NOTIFÍQUESE.
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