Bernardo Lira Ramírez de Aguilar

Expediente 1362/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1362/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Bernardo Lira Ramírez de Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto por el quejoso ************** **** contra la sentencia de veintiocho de febrero de este año, dictada por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le tiene informando que el recurso quedó radicado con el número 186/2023, del índice del citado tribunal; de lo que toma nota este Juzgado, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista electrónica."

  2. Principal

    ° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el escrito suscrito por el quejoso ********************, por su propio derecho, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto el veintiocho de febrero de este año; por lo tanto, distribúyanse entre las demás partes copia del referido escrito y anexo. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias más indispensables. En su oportunidad, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios, al tribunal de alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de mérito. Notifíquese por lista a la parte quejosa, al tener conocimiento del recurso por haberlo interpuesto; personalmente a la parte tercera interesada y agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    notificación a la parte tercera interesada Bernardino lira rivera, por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- ° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el escrito suscrito por el quejoso ********************, por su propio derecho, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto el veintiocho de febrero de este año; por lo tanto, distribúyanse entre las demás partes copia del referido escrito y anexo. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias más indispensables. En su oportunidad, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios, al tribunal de alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de mérito. Notifíquese por lista a la parte quejosa, al tener conocimiento del recurso por haberlo interpuesto; personalmente a la parte tercera interesada y agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 1362/2022, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. ********************, por propio derecho, mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la siguiente autoridad y actos: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como tal al C. Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro (.) IV. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable C. Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro reclamo la sentencia interlocutoria de fecha seis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias, dentro del juicio de alimentos número 591/2010, y sus consecuencias materiales". Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 1362/2022; se ordenó admitir a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó emplazar a este juicio constitucional a los terceros interesados Bernardo Lira Rivera y ********************, lo que se efectuó el veintiocho de noviembre y uno de diciembre de dos mil veintidós; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdiccional territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población. SEGUNDO. Oportunidad. La demanda se promovió en tiempo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el tres de noviembre de dos mil veintidós, notificación que de conformidad con el artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, surtió sus efectos al día siguiente; por tanto, el plazo legal transcurrió del siete al veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; sin contar cinco, seis, doce, trece, diecinueve a veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles; luego, si la demanda se presentó el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, ésta fue oportuna; máxime que no se ofreció prueba alguna que desvirtúe esa circunstancia. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de forma clara y precisa el acto reclamado, por lo que, de la lectura de la demanda de amparo y su aclaración, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias, en el juicio de alimentos 591/2010, en la que se ajustó la planilla de liquidación presentada por la parte actora incidentista y sus consecuencias. Sirve de apoyo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que en el ámbito de su competencia le reclama la parte quejosa, lo cual resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad del mismo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, Materia(s): Común, con registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la Constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, se corrobora con el original del incidente de liquidación de pensión alimenticia, promovido en el expediente 591/2010, de su índice; así como copias certificadas de la sentencia de primera instancia emitida en el juicio natural, y de lo actuado en el tomo III de dicho expediente; que anexó a su informe justificado; probanzas todas que merecen valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVIII, página 171, Materia(s): Común, con registro digital 279433, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. Solo tienen ese carácter, los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." QUINTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de su informe, a las que se otorgó pleno valor probatorio, se advierte que: 1. Sentencia de primera instancia. ********************, por propio derecho y en representación de su hijo ********************, entonces menor de edad, demandó a Bernardo Lira Rivera, el pago de una pensión alimenticia provisional y en su caso la definitiva; razón por la cual, el cuatro de octubre de dos mil diez, se radicó el expediente 591/2010, en el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Seguido el juicio en sus etapas, el trece de septiembre de dos mil trece, se emitió sentencia en el juicio de origen, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Este Juzgado fue competente para conocer y resolver del presente juicio de conformidad con los artículos 134, 135, 136, 146, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. SEGUNDO. La vía elegida por la parte actora LILIANA RAMÍREZ DE AGUILAR CONSTANTINO fue la correcta. TERCERO. La personalidad de las partes quedó acreditada en autos en términos del artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. CUARTO. La actora LILIANA RAMÍREZ DE AGUILAR por propio derecho NO PROBÓ los hechos constitutivos de su acción en términos de los artículos 88 y 280 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. SEXTO. (sic) El demandado BERNARDO LIRA RIVERA, contestó su demandado (sic) pero parcialmente probó su defensa. SÉPTIMO. (sic) SE ABSUELVE al demandado BERNARDO LIRA RIVERA del pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de su cónyuge LILIANA RAMÍREZ DE AGUILAR CONSTANTINO. OCTAVO. (sic) Al quedar firme la presente déjese sin efecto la pensión alimenticia provisional fijada por auto de catorce de febrero de dos mil doce a favor de la actora. NOVENO. (sic) La actora LILIANA RAMÍREZ DE AGUILAR en representación de su menor hijo BERNARDO LIRA RAMÍREZ DE AGUILAR PROBÓ los hechos constitutivos de su acción en términos de los artículos 88 y 280 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en consecuencia; DÉCIMO. (sic) SE CONDENA al demandado BERNARDO LIRA RIVERA al pago de una pensión alimenticia definitiva quincenal a favor de su menor hijo BERNARDO LIRA RAMÍREZ DE AGUILAR, consistente en 8 (OCHO) salarios mínimos diarios que en forma quincenal asciende a SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, que resulta de multiplicar el salario mínimo vigente de SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, por ocho salarios mínimos, y a su vez por los quince días de que se compone la quincena, por lo que el demandado deberá depositar la cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, los días quince o treinta de cada mes, o al siguiente día hábil si fuere feriado en la cuenta bancaria de la actora LILIANA RAMÍREZ DE AGUILAR CONSTANTINO a favor de su menor hijo BERNARDO LIRA RAMÍREZ DE AGUILAR, pensión que incrementará en relación al aumento al salario que fija la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. DÉCIMO PRIMERO. (sic) Al quedar firme la presente, se ordena dejar sin efecto la pensión alimenticia provisional fijada en auto de fecha catorce de febrero del año dos mil doce. DÉCIMO SEGUNDO. (sic). Por las razones vertidas en el considerando séptimo, SE ABSUELVE al demandado BERNARDO LIRA RIVERA de las prestaciones marcadas con los incisos c) y d) del escrito de demanda. DÉCIMO TERCERO. (sic) Por las razones vertidas en el considerando octavo de esta sentencia, SE ABSUELVE al demandado BERNARDO LIRA RIVERA de la prestación marcada con el inciso e) del escrito inicial de demanda. DÉCIMO CUARTO. (sic). Por lo que hace al aseguramiento de la pensión reclamada por la actora al no estar acreditado en autos que el demandado posea bienes muebles o inmuebles, por ahora no ha lugar a decretar dicho aseguramiento; sin perjuicio de que en ejecución de sentencia se resuelva lo conducente, cuando se acredite lo anteriormente señalado. DÉCIMO QUINTO. (sic) No se hace especial condena en el pago de las mismas y cada parte deberá absorber las propias. DÉCIMO SEXTO. (sic) En virtud de que ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto al requerimiento que se les hizo en la última parte del acuerdo inicial de demanda, se ordena publicar sus nombres y datos personales de la presente sentencia en el momento oportuno. (.)". 2. Sentencia firme. Después de la emisión de diversos juicios de amparo directos, quedó firme el fallo de cuatro de agosto de dos mil quince, emitido por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia. 3. Incidente de liquidación de pensiones alimenticias. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veinte, ante el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, ********************, por propio derecho y en representación de su entonces menor hijo aquí quejoso, ********************, promovió incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas que el demandado en el juicio de origen, adeudaba a los acreedores alimenticios del uno de julio de dos mil dieciocho al treinta de septiembre de dos mil veinte, por la cantidad total de seiscientos ochenta y nueve mil sesenta y ocho pesos con ochenta centavos, moneda nacional. Incidente que se admitió a trámite el doce de febrero de dos mil veintiuno; una vez que se desahogaron las pruebas y se formularon alegatos, el seis de octubre de dos mil veintidós, se emitió la resolución interlocutoria, en la que se adecuó la planilla de liquidación presentada por la parte actora incidentista, haciéndose líquida la cantidad de trescientos sesenta y tres mil doscientos treinta y nueve pesos, con setenta y seis centavos, moneda nacional. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito estima que, respecto a la resolución reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que regula el principio de definitividad, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Al respecto, se precisa que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, razón por la cual, su concepción está fundamentada en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, entre los que se encuentra el de definitividad, consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. El principio indicado obliga a la parte quejosa a agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado prevea para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que significa que el juicio de amparo indirecto sólo procede en casos excepcionales previstos en la propia norma. Por ello, cuando existe un medio ordinario de impugnación, que no agote previamente la parte quejosa, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia indicada, es necesario que concurran los requisitos siguientes: Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por el cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Que la parte quejosa no sea una persona extraña al juicio de origen, o se ubique en algún otro caso de excepción. Tales requisitos se actualizan en el caso concreto, como enseguida se demostrará. El primer requisito, relativo a que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo, se actualiza, porque el acto reclamado es la resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada en un incidente de liquidación de pensiones alimenticias, por el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, relacionado con el expediente familiar 591/2010. El segundo requisito relativo a que proceda algún medio de defensa legal por el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama, también se actualiza, porque contra la resolución interlocutoria reclamada procede el recurso de apelación, en el efecto devolutivo, en términos de los artículos 80, 404, primer párrafo, 405, 670, 673 y 973 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que disponen lo siguiente: "Artículo 80. Las resoluciones judiciales son: I. Simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; II. Sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; III. Autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores." "Artículo 404. Los incidentes que surjan en los juicios, con excepción de los de acumulación y de conexidad, cualquiera que sea su naturaleza, se substanciarán con un escrito de cada parte. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, con todos los elementos necesarios para su desahogo, fijándose los puntos sobre que debe versar; el plazo probatorio no excederá de cinco días y concluido se citará para la audiencia de alegatos, con efectos de citación para sentencia. Dicha audiencia se verificará a más tardar dentro de los tres días siguientes y en ella se dictará la resolución que corresponda. [.]". "Artículo 405. Los autos que resuelvan incidentes serán apelables en el efecto devolutivo". "Artículo 670. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior". "Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia". "Artículo 973. En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza". Como puede verse, las resoluciones judiciales se clasifican en: decretos, que son las determinaciones de simple trámite; sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; y autos, las no comprendidas en las dos anteriores. Los autos son apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Los autos que resuelven los incidentes en general, en los que estaría comprendido el de liquidación de pensiones alimenticias, son apelables en el efecto devolutivo, por existir previsión expresa en el artículo 405 del código adjetivo civil en cita. La naturaleza jurídica de la resolución interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de pensiones alimenticias, según lo establecido por el artículo 80, fracción III, del mencionado código, es la de un auto; al no ser una simple determinación de trámite (decreto), ni la que resuelve el asunto en lo principal (sentencia). Así, respecto del auto que resuelve un incidente de liquidación de pensiones alimenticias, existe disposición expresa en cuando a que en su contra proceda el recurso de apelación. En ese contexto, contra el auto que resolvió el incidente de liquidación de pensiones alimenticias reclamado, era procedente, previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación a que se refieren los artículos 405 y 673 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en el efecto devolutivo, como lo dispone el diverso 973 del mismo ordenamiento legal. Sin que obste a lo anterior que el acto reclamado pueda ser considerado de ejecución irreparable, pues aun cuando el juicio de amparo resulte procedente contra esa clase de actos, ello no releva a la parte quejosa de agotar, previo a la presentación del juicio de amparo, el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción señalados en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Finalmente, el tercero de los requisitos, relativo a que el peticionario de amparo no tenga el carácter de tercero extraño, también se satisface, porque de los tomos de prueba anexos al expediente de amparo se advierte que el quejoso es parte actora en el juicio natural, quien en su momento estuvo representado por su progenitora ********************. Por consiguiente, si la parte quejosa, previo a acudir al presente juicio, no interpuso el recurso de apelación cuyo objeto es que el superior confirme, revoque o modifique la resolución aquí reclamada, según lo dispuesto en el arábigo 670 del código citado, desatendió el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sin que en el caso se actualice alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, ya que el acto reclamado no afecta la libertad de la parte quejosa, no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Tampoco se configura en la hipótesis excepcional de que el recurso de apelación se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, como para estimar que el quejoso tuviera libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, porque, como se ha visto, el artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, regula expresamente la procedencia del recurso de apelación contra la resolución reclamada. En ese contexto, al materializarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. SÉPTIMO. Ley de Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. OCTAVO. Anotaciones y firma de oficios. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se faculta al actuario adscrito para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 76, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, que promovió ********************. SEGUNDO. En su oportunidad dese cumplimiento a lo ordenado en los considerandos octavo y noveno de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable; asimismo, publíquese esta sentencia en la lista electrónica.

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