Bernardo Javier Llaguno Jimenez
Expediente 894/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Bernardo Javier Llaguno Jimenez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 03 DE JUNIO DEL 2022. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y una vez analizadas en su totalidad las constancias que integran el presente juicio de amparo, esta juzgadora considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; motivo por el cual procede decretar el SOBRESEMIENTO DEL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, por los motivos que enseguida se exponen. Lo anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente probado, pues no requiere mayor demostración toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Expuesto lo anterior, se advierte que Daniel Alejandro Calvo Salinas, en representación de sus menores hijas D.I.C.R. y M.A.C.R., promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridades responsables, entre otras, al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de quienes reclamaron: La omisión de aplicar a favor de las menores quejosas, el biológico Pfizer-BioNTech. La omisión de autorizar en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, la aplicación de las vacunas para los adolescentes de doce a diecisiete años. Bajo ese contexto, como quedó establecido en párrafos que anteceden, y tomando en consideración la certificación que antecede, en relación con los actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. El precepto y fracción reglamentarios disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente en el supuesto de que cesen los efectos del acto reclamado. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha causa de improcedencia se actualizará cuando sean destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, de manera que no exista huella de la invasión en la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En ese contexto, el juicio constitucional será improcedente, cuando se hubiese dejado insubsistente el acto o actos reclamados (siendo de carácter positivo), o bien, se cumpla o realice el acto cuya omisión se reclama (siendo negativo, como en la especie), y las violaciones también hayan quedado insubsistentes, como si el amparo se hubiese concedido. Consecuentemente, la causa de improcedencia invocada se surte cuando durante la tramitación del juicio se hubiese colmado la violación alegada, restituyéndose al quejoso en el pleno goce de sus derechos, como si se hubiere otorgado el amparo y protección constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, cabe destacar que dicha causa de improcedencia, necesariamente tiene el carácter de superveniente, pues cuando el juicio de amparo se promueve en contra de un acto existente hasta ese momento, evidentemente todavía no se ha dejado insubsistente sino que, en todo caso, ocurrirá durante la tramitación del juicio de amparo. Ahora, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que, en síntesis, la parte quejosa reclama la omisión de aplicar a favor de los menores quejosos, el biológico Pfizer-BioNTech, así como la omisión de autorizar en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, la aplicación de las vacunas para los adolescentes de doce a diecisiete años; y, virtud a que, de igual forma, las autoridades responsables autorizaron el regreso a clases de manera presencial, y dichos actos ponen en grave riesgo su salud, por el aumento de probabilidades de contraer el citado virus, por estar en contacto con mayor número de personas. Por otra parte, como se advierte de la certificación que antecede, constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, es decir, es una circunstancia del dominio público, la consulta realizada en la página oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, de la cual se advierte que ya se encuentra disponible el registro para que los adolescentes de doce a diecisiete años de edad, con o sin comorbilidades, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19. Ahora bien, de acuerdo con el acta de nacimiento que obra en autos, documental que es valorada de conformidad con los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se advierte que las menores quejosas D.I.C.R. y M.A.C.R., al día de hoy tienen doce y dieciséis años de edad, respectivamente. En ese sentido, es evidente que ya se encuentran dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. En esa virtud, se estima que las omisiones reclamadas en esencia relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de dieciocho años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, además de la diversa omisión de proteger la vida y supervivencia de la parte quejosa, con motivo de la reanudación presencial de las actividades escolares han cesado en sus efectos. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema de vacunación a los menores de doce a diecisiete años de edad, con o sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlo de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa parte quejosa menor de edad. En tal virtud, al actualizarse de forma notoria e indudable la causa de improcedencia en estudio, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo el presente juicio, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto. Finalmente, se ordena glosar a los autos del presente juicio de amparo los oficios que se encuentran en proceso de notificación, por resultar innecesario su envío, dada la determinación adoptada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a la Agente del Ministerio Público de la Federación.
- Principal
Requiérase nuevamente a la parte quejosa para que coadyuve con el cumplimiento a la ejecutoria, ejecutoria, y acuda a la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, a continuar con los trámites necesarios, para el cumplimiento total de la ejecutoria de mérito. Por otro lado, se le requiere al Tesorero Municipal de Monterrey, Nuevo León, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que reciba la notificación del presente proveído, remita las constancias con las cuales acredite el total cumplimento de la ejecutoria de amparo, en el entendido, que deberá justificar con las constancias correspondientes, que la parte quejosa ha recibido la devolución del monto derivado de la boleta de infracción número 194360, como se estableció en la sentencia constitucional.
- Principal
, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba dos copias de su escrito de revisión, por resultar necesarias ya que se destinarán de la siguiente manera; una que se anexará al expediente original, otra se acompañará al escrito original de agravios que se enviará a la Superioridad, y dos para correrles traslado a las autoridades responsables; apercibido de que en caso de no hacerlo dentro del plazo otorgado para ello, se tendrá por no interpuesto el citado medio de impugnación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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