Bernardo Israel Bagundo Perez

Expediente 427/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
427/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Bernardo Israel Bagundo Perez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    MESA VII. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA VII-A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE PROMOVENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE"Vista la demanda de amparo formulada por Bernardo Israel Bagundo Pérez contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tampico, Tamaulipas; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 427/2016-VII-A. En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: -El cambio de sus condiciones laborales realizada por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tampico, Tamaulipas, en su calidad de patrón, en específico, la modificación del horario laboral en que venía prestando sus servicios como trabajador de base adscrito a dicho Instituto. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. DESECHAMIENTO Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación de estos numerales se deduce que el juicio de garantías tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad contraventores de la Constitución, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos fundamentales tutelados constitucionalmente a través de las garantías individuales. De ahí que, de una intelección de dichos numerales, también se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente cuando en éste no se reclamen actos de autoridad, misma que para efectos de este juicio es la que teniendo las características de órgano público que le confieren las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Asimismo, en la especie, resulta conveniente tener presente los requisitos que debe reunir el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", a saber: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) Que la relación tenga nacimiento en la ley y que el ente tenga facultad administrativa; 3) Que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales por medio de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; 4) Que para emitir esos actos no se requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera de la aceptación de la voluntad del afectado. En el mismo sentido, debe decirse que en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que ha integrado, sostiene que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. De modo que, el concepto de autoridad para efectos del amparo, excluye los actos respecto de los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de garantías determinan que éste es improcedente. Lo anterior, toda vez que respecto a las relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, de acuerdo con la doctrina, existen relaciones de coordinación y relaciones de supra a subordinación; las primeras son los vínculos que se entablan por diversas causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, mientras que las segundas son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En estas últimas relaciones la autoridad emite frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que afectan de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, que se imponen contra y sobre su voluntad; así, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, entre sujetos colocados en diferentes planos. Por tanto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En virtud de lo anterior, se itera, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, pues el aquí quejoso en su escrito de demanda manifestó que comparecía en su carácter de "..trabajador del Hospital General Regional número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Madero."; a promover juicio de garantías en contra del referido Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en Tampico, Tamaulipas, de quien reclama el acto que hace consistir en el cambio de sus condiciones laborales realizada por esa Institución, en su calidad de patrón, en específico, la modificación del horario laboral en que, según su dicho, venía prestando desde hace más de cuatro años sus servicios como trabajador de base adscrito a dicho Instituto; por lo que resulta evidente que este último no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues el acto que se reclama lo emitió con el cárter de patrón, es decir, dentro del ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Bernardo Israel Bagundo Pérez. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos del artículo 12, de la citada Ley, a Moisés Mar Salas, toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales.

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