Bernardo Gomez Cerrillo
Expediente 563/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Bernardo Gomez Cerrillo
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda, proveniente del Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, y anexo que acompaña, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto número de origen 195/2021, número de orden 195/2021-I, del índice de este Juzgado, que le fue remitido a fin de emplazar al quejoso Bernardo Gómez Cerrillo; esas condiciones, DESE DE BAJA en el libro de exhortos de este juzgado. Ahora bien, en razón de lo anterior, y en atención a que no se pudo notificar al quejoso en el domicilio señalado; en esas condiciones, se ordena notificar el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Lo anterior en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la jurisprudencia número 1ª./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, abril de 2008, página doscientos treinta y ocho, que dispone: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Designación de nuevo titular. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por lista a la parte quejosa. ***auto de 25/08/2021.- "En la Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. ...REGISTRO DE DEMANDA Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, con el número 563/2021-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. ...CAUSAL DE IMPROCEDENCIA De lo anterior, se advierte que los actos que reclama el quejoso, no le ocasionan una afectación de imposible reparación, debido a que no afecta materialmente alguno de sus derechos sustantivos, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE AMPARO, CON RELACIÓN AL NUMERAL 107 FRACCIÓN V, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DEL MISMO ORDENAMIENTO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento; es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este casos los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por la Sala responsable, en el toca 112/2021/2, que declaró improcedente e infundado el recurso de queja por denegada apelación, interpuesto por el actor (aquí quejoso), contra el auto de once de marzo de dos mil veintiuno, que desechó el recurso de apelación interpuesto contra el diverso de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, que tuvo por desierta la prueba pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía ofrecida por el propio impetrante del amparo en los autos del juicio ordinario civil 1188/2017, del índice del Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México; así como su ejecución por parte del Juez y Actuario responsables, se concluye que se trata de una determinación relacionada con el ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de los medios de prueba ofrecido por el quejoso dentro del juicio natural. En tal virtud, el acto que reclama el quejoso en el presente juicio de amparo no lo deja sin defensa ni constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales dentro de la tramitación del juicio de origen, toda vez que no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo aduce, por lo que el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se causa un gravamen de imposible reparación. Por lo que existe, por ende, la posibilidad de que pueda obtener una sentencia favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama y, en caso contrario, tal acto es factible de impugnarse como violación procesal a través del amparo directo que en su caso pueda promover contra la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Asimismo, por identidad, la Tesis 3ª 20/90, con número de registro 207226, sustentada por la otrora Tercera Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, enero-junio de 1990, Octava Época, página 236, que dice: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." También, por identidad de razón, la Jurisprudencia número 244, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Página 164 que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción V, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS Desde este momento se autoriza para que cualquier diligencia que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, en días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. En la inteligencia que en caso de encontrar cerrado el domicilio de la parte quejosa, el Actuario de la adscripción deberá actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, toda vez que el domicilio que señala la quejosa se encuentra fuera de esta jurisdicción (Circuito Circunvalación Poniente número ciento cuarenta y nueve, ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53100), por única ocasión y con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, primer párrafo del artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar al Actuario Judicial de su adscripción notifique al quejoso Bernardo Gómez Cerrillo, el contenido del presente proveído en el domicilio antes precisado; se faculta al Juez exhortado para que en caso de ser necesario realice todas las diligencias necesarias para la práctica de la notificación, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, Por lo que respecta a las demás personas que refiere en su escrito de demanda, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la última parte, segundo párrafo, del artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24, ambos de la Ley de Amparo, por no tener registrada su cédula profesional en el referido Sistema de Profesionales del Derecho. En cuanto a los correos electrónicos que proporciona, ténganse por señalados únicamente para comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y no para realizar notificaciones personales como lo señala. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55 51 33 81 00, extensión 1910, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente por exhorto al quejoso."
- Principal
En la Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente por exhorto al quejoso.
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